¿El fin del rentable negocio de la muerte?

El 2 de abril de 2013 la Asamblea General de la ONU presentaba una resolución para amparar el primer acuerdo global sobre el comercio de armas. Ésta no sería la primera vez: tras varios años de negociaciones, la ONU ya había propuesto un borrador en julio de 2012, pero éste no fue admitido por algunos países, entre ellos Rusia y Estados Unidos, que solicitaron más tiempo. Sin embargo, en esta ocasión la respuesta fue muy distinta y la mayoría de los países apoyó la adopción de la medida. Los 155 votos a favor mitigaron las 22 abstenciones y el “no” de tres Estados contrarios a la regulación de las armas (Irán, Siria y Corea del Norte) consiguiendo que se aprobase el texto que abría la puerta al Tratado sobre el Comercio de Armas.

A pesar de la aparente victoria, la resolución no podía adoptarse hasta que fuese ratificada por al menos medio centenar de países, cifra que se alcanzó el 25 de septiembre de 2014. Tras 90 días, el 24 de diciembre, y sólo 18 meses después de la resolución presentada por la Asamblea General, el tratado entraba en vigor. El nuevo marco legal sobre el comercio de armas, pionero a nivel internacional, se ponía en marcha para intentar evitar la falta de transparencia en un negocio que mueve importantes sumas de dinero y es responsable de miles de muertes y abusos al año.

El documento de la ONU encierra una serie de normas para evitar que las transacciones armamentistas incurran en una violación de los derechos humanos. Entre las medidas destaca la conocida como regla de oro. De acuerdo con esta norma, los países exportadores han de evaluar la posibilidad de que el material esté destinado a cometer crímenes de guerra, ataques a la población o genocidios. En ese caso, el país no podrá autorizar la transacción. Además, los países serán considerados responsables de estos intercambios y como tal deberán responder sobre las irregularidades que se cometan.

Llama la atención que Estados Unidos, principal exportador de armas del mundo, haya apoyado la resolución cuando en 2012 se había opuesto al borrador. Sin embargo, el respaldo de Estados Unidos es lógico dado que la legislación no hace referencia al negocio armamentista en el interior del país y sigue permitiendo un comercio legal. En palabras del secretario de Estado estadunidense, John Kerry, se trata de “un pacto fuerte que puede robustecer la seguridad global mientras se protege el derecho soberano de los Estados a llevar a cabo un tráfico legítimo de armas”. Las medidas vienen sólo a mejorar y endurecer las legislaciones nacionales que ya existen sobre la materia en algunos países que, aunque necesarias, en la mayoría de los casos son insuficientes o de escasa aplicación. Y es que los controles excesivamente permisivos y la diversa procedencia de los componentes de cada arma hace imposible que un sólo país pueda evitar dichas transacciones.

Es significativo el caso de España, uno de los primeros en ratificar el TCA y que ya regulaba el negocio con leyes internas. Sin embargo, ocupa el séptimo lugar en la lista de exportadores mundiales. En 2013 España duplicó la venta de material militar hasta alcanzar los 3 mil 907 millones de euros. Un fiel reflejo de lo que podría pasar en los demás casos: una regulación que no siempre se cumple en un negocio que aporta cuantiosos beneficios.

Sólo el tiempo dirá si el TCA ha conseguido la misión más difícil: trasladarse del papel a la práctica y que todos los Estados, exportadores, intermediarios y compradores por igual, acaten las reglas. Que los beneficios económicos no se pongan por encima de los derechos humanos. Porque en el negocio de la muerte, no todo vale.