La defensa del ambiente necesita de los movimientos sociales

Como muchas naciones con abundantes recursos naturales, Honduras –en el corazón de América Central– es un país que padece la maldición de los recursos. Sus bosques llaman a los intereses madereros a la explotación, sus minerales son codiciados por intereses mineros, sus caudalosos ríos invitan a las grandes represas y sus fértiles llanuras costeras son ideales para la agricultura industrial.

Honduras también es el país más violento del hemisferio occidental. La violencia está vinculada en gran parte a la delincuencia y a que la oligarquía política mantiene gran parte de la riqueza del país y el poder está en manos de unos pocos. Cuando los ricos recursos del país están en juego, los ambientalistas también suelen ser blancos frecuentes de esos mismos intereses.

Algunas de las áreas mejor preservadas del país se encuentran en territorio de los indígenas lenca, quienes construyeron su cultura en torno a la tierra; los bosques y los ríos fueron su sustento durante milenios.

En 1993, luego del 500 aniversario del “descubrimiento de América”, cuando indígenas de América comenzaron a crear federaciones nacionales e internacionales para reclamar su soberanía, el territorio lenca dio a luz al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

En estos 22 años, los dirigentes de la lucha popular del Copinh lo convirtieron en el motor de la conservación del patrimonio ambiental y cultural del país, lo que le valió la ira de madereros, constructores de represas, intereses de la palma aceitera y de otros cuyas riquezas dependen de la depredación del ambiente y de sus defensores.

Desde la década de 1990, el Copinh forzó la cancelación de decenas de operaciones madereras. Creó varias áreas boscosas protegidas, desarrolló planes municipales de gestión de bosques y aseguró más de 100 títulos de propiedad para las comunidades indígenas, en algunos casos abarcando municipalidades enteras.

Uno de los últimos triunfos, el que le valió a Berta Cáceres, integrante fundadora del Copinh, el Premio Ambiental Goldman, fue presionar hasta que una de las mayores constructoras de represas del mundo, la compañía estatal china Sinohydro, se retiró de un complejo de presas conocido como Agua Zarca.

Berta se volvió una figura conocida en su país en 2009, cuando emergió como líder del movimiento que reclamaba la refundación de Honduras y la redacción de una nueva constitución, que obtuvo el apoyo del entonces presidente Manuel Zelaya, quien propuso un referendo nacional para evaluar el asunto.

Pero el día del referendo, el 28 de junio de ese año, los militares rodearon y dispararon contra la casa del presidente, tiraron la puerta y llevaron a Zelaya hasta una base militar de Estados Unidos, donde un avión lo aguardaba para sacarlo del país.

La Organización de las Naciones Unidas y los países del hemisferio occidental (salvo la propia Honduras) condenaron el golpe militar. Todos los Estados de la región, salvo Estados Unidos, retiraron a sus embajadores, así como todos los de la Unión Europea.

Con la deposición del presidente elegido en las urnas, Honduras cayó en una espiral de violencia que continúa hasta ahora. Pero el golpe de Estado también dio lugar a un movimiento de resistencia nacional que sigue luchando por una nueva constitución. En él, Berta y el Copinh apuestan por una nueva sociedad hondureña construida desde cero.

Desde el golpe de Estado de 2009, Honduras registró un enorme aumento de megaproyectos que terminarán desplazando a la comunidad lenca y a otros indígenas. Casi 30 por ciento del territorio nacional está reservado para concesiones mineras, lo que crea una demanda de energía barata para alimentar a las futuras operaciones.

Para cubrir esa necesidad, el gobierno aprobó cientos de proyectos de represas. Entre ellos está el de Agua Zarca, una iniciativa conjunta entre la compañía hondureña Desarrollos Energéticos, SA (Desa), y la china Sinohydro.

Con la construcción prevista sobre el Río Gualcarque, Agua Zarca se promovió sin consultar a los lencas, que quedarían sin suministro de agua, alimentos y medicamentos.

La lucha contra las represas

El Copinh comenzó la lucha contra las represas en 2006. Llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó una apelación contra la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del Banco Mundial para el sector privado, que había accedido a financiar el proyecto, y realizó varias actividades de desobediencia civil no violentas para frenar la construcción.

En abril de 2013, Cáceres organizó bloqueos de rutas para impedir el acceso de Desa a las obras. Durante 1 año, los lencas mantuvieron una fuerte presencia pacífica, soportando varios intentos de desalojo y ataques violentos de guardias de seguridad militarizados y de las Fuerzas Armadas hondureñas.

Ese mismo año, el líder comunitario Tomás García, de Río Blanco, e integrante del Copinh, murió de un disparo durante una protesta pacífica. Hubo otros ataques con machete, detenciones y torturas. Ninguno de los responsables fue llevado ante la justicia.

A fines de 2013, aduciendo la resistencia de la comunidad y el escándalo tras la muerte de García, Sinohydro terminó su contrato con Desa. Agua Zarca sufrió otro golpe cuando la CFI retiró los fondos, preocupada por las violaciones a los derechos humanos. Actualmente, la construcción del proyecto está detenida.

El premio concentrará la tan necesitada atención de la comunidad internacional en el Copinh y en Honduras, a medida que aumenta la disputa por los recursos en la región.

“El premio y la atención internacional coinciden con un momento difícil para nosotros”, dijo Berta ante un pequeño grupo de personas que se reunió para darle la bienvenida a California, Estados Unidos, donde se realiza una de las dos ceremonias de premiación.

“La situación en Honduras empeora”, alertó.

Cuando esté en Washington [Distrito de Columbia] a fines de esta semana para reunirme con autoridades estadunidenses, el presidente de Honduras estará en la habitación de al lado esperando conseguir más de 1 mil millones de dólares para una serie de megaproyectos promovidos por los gobiernos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos, que aumentan el peligro de que nuestros recursos naturales terminen en manos privadas a través de proyectos mineros, de represas y eólicos”, explicó.

“Esto se acompaña con una mayor militarización del país, que incluye nuevas bases ultramodernas que se están instalando en este momento”, puntualizó.

En todo el mundo, en el frente de la lucha ambiental, hay personas de movimientos sociales visionarios y valientes, como el Copinh, y activistas como Berta Cáceres.

“Para luchar contra el asalto de represas, minas y la privatización de nuestros recursos naturales, necesitamos la solidaridad internacional”, subrayó Berta a sus seguidores en Estados Unidos.

“Cuando recibimos su solidaridad, nos sentimos rodeados de su energía, su esperanza, su convicción de que juntos podemos construir sociedades con dignidad, con vida, con rebelión, con justicia y, sobre todo, con alegría”, añadió.

Si el mundo avanza hacia la reducción del impacto social y ambiental destructivo que suele acompañar al desarrollo económico, necesitamos hacer lo posible para reconocer y apoyar a los campesinos, indígenas y a los movimientos sociales que día a día ponen en riesgo sus vidas para frenar la ola de destrucción. (Traducción de Verónica Firme)