Oaxaca, los llamados a la paz y el diálogo mientras se velan armas

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Rubén Núñez Ginés, secretario general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que aglutina a los profesores de educación pública de esta entidad federativa, respalda e impulsa el discurso pacífico. “Buscaremos una ruta política, jurídica, pedagógica y, sobre todo organizativa”, dice.

Sin embargo, el también líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) está consciente del embate que desde el gobierno federal, aliado con el sector empresarial, se ha iniciado contra la organización que hoy representa: una de las más numerosas y críticas a la política educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto y a la llamada “reforma educativa”.

Con el llamado al diálogo y a la concordia, el maestro también señala: “Como siempre lo ha hecho, la CNTE hará el llamado a las organizaciones sociales, a los padres, a los estudiantes, para conformar el frente único de lucha. Esto es lo que le va a dar fuerza a este movimiento”, dice a Contralínea en su oficina del segundo piso de la sede de la sección 22.

El dirigente sindical también se refiere a las cuentas bancarias que el gobierno federal congeló. Recuerda que no es la primera vez que vive un problema de este tipo. “Cuando el encarcelamiento de la espuria Elba Esther Gordillo, también se nos cancelaron las cuentas de todos los dirigentes de la CNTE”.

Siempre es por un motivo político, añade. Se trata de una manera de presionar: “además de la represión política, también viene la económica”. Con tranquilidad dice que este embate no pone de rodillas al movimiento, pues la Coordinadora se ha sostenido en otros momentos de la solidaridad:

“Nuestra estructura ha dado cuenta de que no dependemos principalmente del asunto económico, que, claro, es necesario; pero finalmente los compañeros sabemos organizarnos, sabremos cómo enfrentar este tipo de situaciones.”

Los profesores aglutinados en la CNTE, provenientes de 26 estados de la república están conscientes de que la andanada no es exclusiva contra la Sección 22. Ignacio Morales, secretario general de la Sección 19, de Morelos, lo señala: “el ataque al movimiento es parte del aplastamiento de las organizaciones sindicales” de importancia en México.

“Lo tenemos claro. Al SME [Sindicato Mexicano de Electricistas] le cayó el mismo golpe”, dice con dureza y sin pestañear el profesor morelense.

Es sábado 25 de julio. El segundo encuentro magisterial de importancia en medio de la crisis se lleva a cabo: la Asamblea Nacional Representativa, a la que acuden integrantes de los movimientos hermanados en 26 estados.

Los representantes se reúnen para discutir un plan de acción nacional. “Estamos ya en todos los estados”, asegura José Antonio Altamirano, integrante de la Coordinación Nacional de la Sección 22. “Sólo Aguascalientes, Nayarit y Tamaulipas faltan de reforzarse. Pero ahí también ya hay una estructura [de la CNTE]”.

Con el puño izquierdo en alto, con fervor casi religioso, los maestros entonan la marcha Venceremos. Los auditorios y plazas públicas retumban, literalmente, por las voces y las bocinas. “Venceremos, venceremos/ mil cadenas habrá que romper/ venceremos, venceremos/ al Estado sabremos vencer”. Por momentos las estrofas se desgarran y las venas se dilatan. El sudor y las lágrimas se funden en algunas ojeras de los profesores.

Los miembros de la Coordinadora creen en el triunfo, en que la alianza público-privada reculará y que la reforma educativa se abrogará. Creen, pero contradictoriamente a la vez están conscientes del golpe, del aniquilamiento de los movimientos sociales basados en el principio de lucha de clases.

“Sembraremos la tierra de gloria/ socialista será el porvenir,/ todos juntos haremos historia/ a cumplir, a cumplir/ a cumplir.”

Ignacio Díaz, representante de la Sección 23, profesor poblano, de unos 60 o 65 años, pero macizo como la leña, explica que tanto él como sus compañeros saben contra quién se enfrentan: “un Estado represor, con políticas fascistas”.

Igual forma de ver la cuesta arriba tiene la maestra Neida Pat, secretaria general de la Sección 33, de Yucatán: “Estamos convencidos de que [lo ocurrido contra la sección 22] es una declaración de guerra, que tarde o temprano llegará a la península, que alcanzará a todo el país. No hay más que resistir”.

El Estado apostó sus Fuerzas y las exhibe. “La reforma educativa avanza… y no se detendrá”, enfatizó el gobernador Gabinó Cué durante el anuncio de la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), al mismo tiempo en el que su estado se colmaba de armas y agentes entrenados para usarlas ante lo que consideren una amenaza.

A pesar de la combinación de golpes sufridos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación respondió con movilizaciones pacíficas, asambleas y el amago de no iniciar el ciclo escolar 2015-2016 en agosto. Aun con la capital oaxaqueña militarizada el polvorín no estalló. La Fuerza pública y el movimiento disidente están presentes en el estado, contenidos, esforzados en no ser los primeros en encender una confrontación directa.

Cuando se dio el anuncio de la “reestructuración” del IEEPO, todo mundo pensó que el estado, o por lo menos la capital, inmediatamente ardería: cientos de policías equipados habían tomado desde la madrugada del 21 de julio las instalaciones del “bastión” (como se refieren los medios afines al golpe) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los militares se hicieron aún más visibles y los helicópteros de diversas corporaciones intensificaron los rondines.

Las cuentas bancarias de la Sección 22, así como de algunos de sus integrantes, ya habían sido congeladas por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, como remate, se advertía de la detención de los líderes magisteriales, acusados de cometer, supuestamente, delitos federales.

También se cayó la señal de Radio Plantón (92.3 de frecuencia modulada de Oaxaca), que transmite desde la propia sede de la Coordinadora.

Las negociaciones entre la CNTE y los gobiernos federal y estatal abruptamente se rompieron. “¡Traición!”, acusaron los maestros; “Recupera Estado rectoría educativa”, apoyaron los boletines publicados por los diarios.

A la par del arribo de miles de elementos armados más a la entidad, una jauría de reporteros se unió en el viaje a la capital de los Valles Centrales. La inminente nota sobre una represión –deseo que no oculta la mayoría de medios de comunicación– o una insurrección atrajo a decenas de medios de comunicación.

El punto de quiebre se dio, pero el fuego no se desató: los días transcurrieron entre asambleas magisteriales, marchas familiares y pronunciamientos pacíficos ante la eterna vigilancia policiaco-militar.

La alianza gobiernos-empresarios puso la mesa para una confrontación; los maestros rehusaron tal invitación.

Líderes magisteriales, a merced de la detención

El martes 21 y el miércoles 22 de julio, la CNTE recibió una combinación de golpes que puso a sus dirigentes en la antesala de una cárcel federal.

Miles de efectivos armados tienen controlada la capital oaxaqueña de modo que cualquier orden puede cumplirse por la fuerza en cuestión de minutos. Así se demostró en la toma de las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y el resguardo de diversos puntos clave del estado, en una operación similar a la ejecutada por el gobierno de Felipe Calderón para la extinción de Luz y Fuerza del Centro en su lucha contra el SME.

Después comenzó a circular el rumor de una inminente detención de los líderes de la Sección 22. Que ya había 20 órdenes liberadas, que no, que son 30, 35, se dijo entre reporteros, maestros e incluso policías. “Eso dicen. Pero nosotros no sabemos nada. Según todos los coordinadores de algo ya tenemos orden de aprehensión”, comenta en entrevista con Contralínea Benito Vázquez, vocero de del movimiento.

A pesar del inminente peligro, de captura de líderes o de allanamiento, los profesores no se atrincheraron ni en el edificio sindical ni en el hotel de los maestros, ambos inmuebles inseguros –el primero, en pleno centro; el segundo, al pie del cerro del Fortín–, fáciles de sitiar y aún de tomar por policías o militares.

Cualquiera puede entrar y recorrer los viejos inmuebles magisteriales sin ningún problema. Para ingresar no se hacen preguntas, no se detiene a nadie, no hay vigilancia alguna. Ocupados en su charla o exhaustos pendientes de sus teléfonos, los maestros no prestan atención a quienes merodean por los pasillos del hotel, tampoco por los pisos y las oficinas de la sede principal. Ambos predios solamente tienen una entrada, sin salidas alternas.

El temor a una incursión uniformada duró 1 día y medio, tiempo en el que el acceso vial, mas no peatonal, a la calle de Armenta y López, donde está la única puerta del inmueble central, estuvo bloqueado. Después desapareció esa precaución.

Los dirigentes no se escondieron ni abandonaron la entidad, al contrario: la cúpula de la Sección 22 y aún de la Coordinadora sesionan en jornadas larguísimas, que cruzan la madrugada, en cada uno de los recintos.

Amenaza de una solución armada

En la calle, en los mercados, en los restaurantes, donde se esté, el estruendo de las aeronaves aplasta cualquier otro ruido: primero, el rugir de los motores, como de motocicleta, cuando apenas se acercan; después, el sonido cortante de las aspas, al pasar por encima de las cabezas, de los techos, de los caminos.

Los rondines de los helicópteros de la Secretaría de la Marina y de la Policía Federal se hicieron cotidianos tras la toma del IEEPO.

Dos o tres veces al día, formaciones de triángulo o de rombo atraviesan el cielo oaxaqueño. Los Black Hawk azules, los voluminosos Cougar grises, vuelan tan bajo y tan lento que las puertas abiertas se notan a primera vista.

Miles de policías se asentaron en Oaxaca desde la jornada electoral del 7 de junio. A lo largo del mes siguiente llegaron más, y durante la Guelaguetza arribaron refuerzos con miras al segundo “lunes del cerro”.

Un día antes de la megamarcha anunciada para la segunda jornada oficial en el cerro del Fortín, desde la mañana, los hoteles del centro oaxaqueño se colman de cientos de policías.

El domingo 26 llegaron legiones de mujeres y hombres jóvenes delgados, con una edad que no supera los 30 años –tal vez ni los 25–, con aspecto militar con sus uniformes de camuflaje grises. Posteriormente se les ve vestidos de civil (de bermudas o mezclilla y tenis): también pueden pasar por estudiantes de alguna universidad.

Hoteles para la tropa

Dos semanas atrás, Contralínea había sido testigo del retiro de los policías de los hoteles céntricos. Los agentes-huéspedes se tuvieron que retirar por las reservaciones hechas con meses de anticipación para la el primer fin de semana de la Guelaguezta. Salieron jugando, a empujones, festivos, comían donas, albureaban… Al día siguiente estaban transformados en robots con uniforme.

Ahora fue diferente. Las cadenas hoteleras movieron a las familias y a todo turista –o reportero– a otras posadas hermanas porque las “órdenes” (sic) eran “que ningún civil estuviera entre ellos (los federales)”, explicó un encargado mientras los oficiales se apoderaban de las habitaciones y sus superiores remachaban la hora de pase de lista (14 horas), y que para las “otras misiones” los grupos se conformarían “de cinco en cinco o de dos en dos”. Eso sí, “vestidos de civil”.

Decenas de autobuses sin identificación policial –más bien decorados con agaves o motivos turísticos– se volvieron a apostar al pie de los hoteles. Las Fuerzas Armadas vigilan en patrullas, camionetas y camiones. Las armas largas son parte del paisaje turístico de la capital oaxaqueña.

Desde 10 mil hasta 26 mil (dato admitido por Miguel Ángel Muñoz, vocero del gobierno local, ante la reportera Teresa Moreno del diario 24 Horas) son las dispares cifras difundidas sobre la cantidad de policías, de civil o uniformados, presentes en la entidad.

“Uy, joven, ni nosotros sabemos”, responde un exmilitar ahora convertido en comandante de la Policía Federal a la pregunta sobre el número de agentes federales en la ciudad. “Aunque lo supiera con exactitud, no podría decírselo, joven. Pero por los helicópteros y la movilización de elementos… es que somos miles”, agrega el oficial que de “combatir” al narcotráfico ahora fue trasladado a Oaxaca.

Pacifismo, la respuesta magisterial

El que la embestida gubernamental se diera antes de la segunda Guelaguetza fue una invitación a que los maestros la boicotearan. Pero estos respondieron con tambora, cuetes, consignas pacifistas y la amenaza de no iniciar el ciclo escolar en agosto. Nada más.

El acuerdo de las asambleas magisteriales fue “no caer en provocaciones”, mantener las manifestaciones pacíficas, a pesar de ser acompañados y vigilados por agentes oficiales en todo momento.

El linchamiento mediático que ha pintado a la CNTE como violenta, vandálica y criminal surtió efectos también al interior de la propia organización, que trazó una ruta moderada, de movilizaciones limpias.

Como primera respuesta callejera al jaque en contra, la Coordinadora hizo una movilización familiar (bebés en brazos, niñas menores de 6 años). Miles de personas marcharon desde el Instituto Tecnológico de Oaxaca hasta el zócalo.

Después, el lunes 27, día marcado para el estallido, una multitud caminó 7 kilómetros, desde la entrada a la ciudad hasta el primer cuadro. Acordonados por ellos mismos, con pancartas, cánticos y hasta tambora, los manifestantes marcharon. Los representantes de 26 estados de la República, mujeres y hombres, niños también, fueron vigilados desde el aire por helicópteros armados y esperados por uniformados en los caminos hacia el auditorio Guelaguetza. Una vez más nada ocurrió.

“El gobierno, a partir de la militarización de estado, lo que pensó fue que íbamos a confrontar. Pero ya tenemos las experiencias de 2006 y del desalojo de la Ciudad de México”, explica bajo un sol abrasivo Manuel Luis Martínez, maestro en educación indígena de la Comunidad de Santo Domingo.

Alejandro Gómez, secretario de la Sección 7 correspondiente a Chiapas, anunció el inicio de “una nueva fase de lucha”, en la que a pesar de que el gobierno “ha sacado grupos paramilitares” mantendrán lo que repiten una y otra vez: “no caer en la provocación para justificar la represión”.

Director del IEEPO no descarta el uso de la fuerza

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) se extinguió oficialmente por decreto del gobernador Gabino Cué el martes 21 de julio. Pero al paso de unas cuantas horas resucitó, con el mismo nombre y el mismo director. Moisés Robles Cruz fue ratificado como cabeza del ente un día después.

En entrevista con Contralínea, Robles Cruz no desecha el uso de la fuerza, la violencia que piden diversos sectores de la sociedad con tal de que se aplaste el movimiento magisterial.

“Mmm…mmm… cómo te lo voy a responder… Yo estoy a favor de una estrategia integral”, evade el funcionario a la pregunta frontal sobre su postura.

?¿Integral? –se le inquiere.

?Que escuche, que valore, que haga valer la ley, que tenga las vías del diálogo como instrumentos, y todos los mecanismos que la ley permita y establezca para encauzar este asunto.

?¿Integral es que incluya…? –interrumpe.

?Pues sí… así déjalo –suelta finalmente entre risas–. Todos los mecanismos (necesarios).

El director suda, se acaricia el mentón. Sonríe, sonríe siempre. Pero los ojos negros se empequeñecen cuando alarga una nueva respuesta; ésta sobre si ha habido algún acercamiento con los empresarios.

El director del IEEPO asegura que no ha entablado comunicación con el llamado sector empresarial, el que más ha presionado, e incluso impulsado, la aplicación de la “reforma educativa”.

Moisés Robles dice que no entiende cuál será –así, en futuro– el interés de empresarios como Claudio X González en el sector. Cree que es improbable su próxima incursión en el sector. Tan así, que en su “árbol de ideas” esa probabilidad no ocupa un lugar, asegura.

Sin embargo, inmediatamente después admite que la educción y la iniciativa privada “algún día van a converger”.