El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) continúa fallando en contra de la rendición de cuentas. Esta vez, para encubrir operaciones financieras en la banca de desarrollo a favor de un privado, involucrado supuestamente en una investigación por lavado de dinero.
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Indagatoria que por cierto se realiza en Estados Unidos, porque en México la mayoría de los delitos –en especial los de cuello blanco– permanecen en la impunidad y son ocultados por las instituciones responsables de investigarlos y transparentarlos.
El caso que ahora se oculta desde la cúpula del Inai es el de Investa Bank y sus créditos con la banca de desarrollo mexicana. El asunto es relevante para la sociedad por dos temas: el primero es referente a la investigación por lavado de dinero, y el segundo un posible conflicto de interés.
Respecto del primer tema, como se recordará, a fines de 2016 dos de los más importantes socios de esa firma fueron formalmente acusados por una Corte estadunidense de defraudar al fisco mexicano y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita en los sistemas financieros de México y Estados Unidos.
Uno de ellos, Carlos Djemal, se encuentra recluido en una prisión estadunidense, en espera de que le dicten sentencia por supuesta participación en una red de empresarios que habría evadido impuestos en México, de unos 100 millones de dólares, y realizado operaciones de blanqueo de capitales en Estados Unidos.
El otro socio acusado de los mismos cargos, Isidoro Haiat, quedó fuera del proceso porque falleció antes de que le giraran órdenes de detención. Ambos empresarios constituían, a su vez, piezas fundamentales en Investa Bank, en especial Dejmal.
Y es que este último es uno de los principales accionistas, a pesar de que su historia lo involucra en otros temas espinosos, como su relación con la Casa de Cambio Tiber, involucrada en presuntas operaciones de lavado de dinero de la Casa de Cambio Puebla y Wachovia Bank.
Antecedentes que le valieron un apercibimiento por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el cual Dejmal no pudo asumir cargo alguno en el Consejo de Investa Bank.
En este complejo caso, el tema del blanqueo de capitales y la defraudación fiscal no es el único que reviste interés para la sociedad. En éste también importa quién está al frente de la institución financiera y sus nexos con el gobierno federal.
Y es que resulta que el director de Investa Bank es Enrique Vilatela, quien ejerció como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC (Bancomext), de diciembre de 1993 a diciembre de 2000; además de haber sido director general de Crédito Público en la Secretaría de Hacienda, entre enero de 1989 y diciembre de 1993.
Y tal como se hacen la mayoría de negocios en México, a la sombra de las componendas y el tráfico de influencias, al parecer el de Investa Bank no desaprovecharía la información privilegiada y los oportunos nexos con la autoridad.
Por eso, quizás Bancomext junto con Nacional Financiera capitalizaron desde su constitución, en 2014, la aventura empresarial de Vilatela y sus socios. A pesar de sus nexos con Dejmal, los créditos a favor de esta institución no han cesado a lo largo de estos años.
Y es justamente la información de los multimillonarios préstamos la que el Inai cierra a la sociedad, por considerar que se debe salvaguardar el secreto bancario de Investa Bank. También, porque de darse a conocer se “vulneraría el derecho a la privacidad” de los clientes del Bancomext.
Así, ni la investigación por lavado de dinero que se sigue en Estados Unidos contra los socios de Vilatela, ni los nexos de éste con la banca de desarrollo importaron al pleno del Inai, que el pasado 12 de junio resolvió que hasta los montos de los créditos son datos confidenciales.
La reticencia de los comisionados Areli Cano, Óscar Guerra, María Kurczyn (ponente), Rosendoevgueni Monterrey, Ximena Puente y Joel Salas a transparentar información de interés público, es ahora la norma en el Inai: expedientes que deberían ser abiertos permanecen en la opacidad, porque el pleno desde hace tiempo encubre irregularidades y sirve a intereses ajenos a los de la sociedad y el bien común.
Es por ello que, al resolver los recursos de revisión RRA/1600/17 y 1601/17 interpuestos por Agenda de la Corrupción en contra del Bancomext, el Inai instruyó “modificar” la respuesta, pero a favor de la opacidad.
Y es que el Inai recomendó al banco de desarrollo, que ha financiado a Investa Bank con dinero público, “corregir” la respuesta para poder negar la información con base en la ley, y no de forma arbitraria como lo había hecho. Y con esa nueva respuesta, que a todas luces atenta contra la transparencia, “solventar” el agravio “parcialmente fundado” por la recurrente.
Así, al abordar el “sentido de la resolución”, los comisionados determinaron: “[…] este Instituto considera procedente modificar la respuesta proporcionada por el Banco Nacional de Comercio Exterior y se le instruye a efecto de que realice lo siguiente:
“Emita una resolución fundada y motivada, con las firmas autógrafas de los integrantes del Comité de Transparencia, mediante la cual confirme la clasificación como confidencial en términos del artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su vertiente de secreto bancario en relación con el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, de la información consistente en la cantidad a la que ascienden los créditos que haya otorgado a Investa Bank de enero de 2014 a la fecha de la solicitud, así como los documentos que amparen tales créditos.”
Para el Inai incluso pesó el argumento de que la revelación del monto implica una “desventaja competitiva” a Bancomext, que le acarrearía un “riesgo reputacional” y “generaría un ambiente de desconfianza con sus clientes, al saber que los datos inherentes a su patrimonio [sic] podrían ser revelados en cualquier momento”. Así los criterios retrógradas del Inai.
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