¿Son secretos de Estado, los robos contra Estado del Perú?

Pocas semanas atrás, el entonces Contralor General de la República, Edgar Alarcón, se presentó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Reveló de manera pública ante todos los canales, medios radiales e impresos, que su entidad había puesto a disposición del Ministerio Público la Carpeta 0023 que detallaba las ¡gravísimas irregularidades! encontradas con el pasaporte electrónico en la Cancillería y que se resumen fácilmente: abultado sobreprecio, medidas de seguridad deficientes y que no se encuadran en los términos del contrato y caídas frecuentes del sistema.

Nótese que millones de peruanos conocieron que algo sucio había ocurrido en el proceso de emisión del pasaporte electrónico en el Ministerio de Relaciones Exteriores y ¡que por eso! Contraloría avisaba formalmente al Ministerio Público sobre este particular. No fue secreto, subrepticio o clandestino.

He relatado en numerosas oportunidades (va infografía y archivo completa de artículos), cómo Cancillería compró 400 mil pasaportes electrónicos a un precio astronómico con referencia al mismo artículo que la Superintendencia Nacional de Migraciones sufragó a un tercio de ese monto. Todo ha sido público, nada secreto. ¡Y tampoco he sido desmentido de ninguna manera!

Más aún, el 2016 (ver adjunto), la Contraloría General de la República me avisa por carta que había emprendido Auditoría en la Superintendencia Nacional de Migraciones básicamente motivada por las denuncias que formulé por redes sociales, en medios escritos y televisivos. Es de colegir que no me escondí, ni lo hice bajo tierra o para que no me escucharan: todo fue público.

Recordemos que Gemalto, la firma francesa, con su socia –también gala- Imprimerie Nationale, lograron las polémicas buenas pro para el pasaporte electrónico, tanto en Migraciones como en Cancillería. Entonces ¿por causa de qué las diferencias en los precios tan abultadas y escandalosas? Hay funcionarios del Estado, embajadores, ministros y personal administrativo, comprometidos con dinero público que es de los contribuyentes.

El lector empezará a notar el acento en el asunto público. Muy bien, me llega un trascendido que esta investigación sobre el saqueo protagonizado con el pasaporte electrónico ha pasado a ser secreto de Estado. ¿Desde cuándo los robos públicos contra el Estado son secretos?

¿No es hora de sindicar, con nombre y apellido, a las empresas incluidas en estas trampas, el caso de Gemalto e Imprimerie Nationale, por más francesas que fueren, hasta hoy NO han sido incluidas en la investigación pública y, siguiendo la mismísima tesis del presidente Pedro Pablo Kuczynski, PROHIBIDAS de volver a tener tratos con el Estado peruano?

¡No hay pretexto válido para sombrear investigaciones sobre robos contra el dinero público! Estoy procurando confirmar este despropósito para ponerlo en conocimiento de juzgados, parlamentarios, autoridades para que sepan que en Perú se roba de manera descarada y pública pero que, a la hora de investigar los hechos, se les otorga un manto de impunidad legaloide decretándolos como “secretos”.

Siempre hemos dicho: en Perú llueve para arriba.