Divulgo esta información no solo por ser de interés público, sino también con estricto afán académico, pues la inmensa y especializada lectoría de que dispongo, en blogs, webs nacionales y extranjeras y muchas decenas de grupos de miles de miembros, está ávida de esta difusión, que no compromete para nada la llamada reserva de la investigación y la estrategia de los actos investigativos por realizarse.
En el Considerando Trigésimo Noveno de la Disposición Superior N° 121-2017, de 3-11-2017, de la Tercera Fiscalía Superior Nacional, que despacha la fiscal superior Luz Elizabeth Peralta Santur, aparece que la denunciada Keiko Sofía sería parte de la organización criminal, junto a Joaquín Ramírez Gamarra y muchos investigados más.
Leamos su texto, tal como está redactado:
"Trigésimo noveno.- Estando a lo señalado en líneas precedentes y habiendo revisado los autos de manera integral, este Despacho superior advierte la presunta existencia de una organización criminal, situación que debe ser investigada y dilucidada en la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio que ha estado asumiendo la presente investigación".
Añade lo siguiente este mismo Considerando: "Como lo prescribe nuestra normatividad interna, la organización criminal se encuentra definida en el artículo 2° de la Ley N° 30077, al indicar que se le considera a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3° de la referida ley".
Lo objetable es que se haya dispuesto que sea la misma fiscal adjunta provincial, Sara Vidal Vargas, que archivó el caso, quien continúe a cargo de las investigaciones, pese a que se le enrostra haber violado la ley al dejar de notificar al denunciante y no haber realizado diligencias que corresponden a los delitos denunciados. Ni siquiera levantó el secreto bancario a Keiko.
Por mi parte, encuentro muy mal que el estruendoso caso Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez, por Lavado de Activos, de la diligente fiscalía superior que anuló este archivamiento y ordenó que prosiga la investigación, regrese a la fiscal provincial Sara Vidal Vargas, o sea, a la misma fiscal que antes lo archivó, sin notificarme, en mi calidad de denunciante, para poder ocurrir en queja contra el inicuo archivamiento que produjo.
No solo omitió ilegalmente con notificarme su archivamiento, sino que no investigó nada acerca de los puntuales hechos denunciados, relativos a los 2 locales partidarios que Joaquín Ramírez Gamarra compró por la suculenta suma de US$ 2’480,000.00 dólares USA, uno, el 21-8-2012 y el otro el 24-8-2012, sí, a escasos 3 días de intervalo, para el uso de Keiko como persona y del partido Fuerza Popular. Ahora, ambos inmuebles lucen empolvados, sin uso y no han sido embargados.
Este caso de las manos parcializadas de la fiscal adjunta provincial, Sara Vidal Vargas debe pasar al escrutinio y férula de otro fiscal, por ejemplo, a José Domingo Pérez Gómez, quien ya ve con agudos ojos diligentes otra organización criminal de la misma investigada: Keiko Fujimori Higuchi.
¡Pídase este cambio de fiscal, al ahora denunciado constitucionalmente Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde!
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