Hace un mes, solicitábamos ayuda para liquidar una deuda que ponía en peligro la continuación ‎de nuestro trabajo. La suma que necesitábamos se recogió en pocos días pero el sitio web ‎especializado en colectas que había recibido esos fondos decidió arbitrariamente devolverlos a ‎los donantes. ‎

A pesar de todo pudimos recoger 26 000 euros a través de una cuenta creada especialmente con ‎ese fin por nuestro colaborador Alain Benajam y de una cuenta de PayPal vinculada a esa cuenta ‎bancaria. ‎

El banco donde se había creado esa cuenta, inquieto ante el revuelo mediático creado alrededor ‎de nuestra colecta de fondos, bloqueó la continuación de las transferencias. En definitiva, ‎pudimos recuperar esos fondos pero la cuenta fue bloqueada. ‎

Por nuestra parte, conversamos con nuestro acreedor y le transferimos la parte de la suma que habíamos logrado recoger. ‎Después de haber visto nuestros esfuerzos y habiendo comprobado que el problema reside en los ‎mecanismos bancarios, pero que nuestros lectores están decididos a defender nuestra asociación y ‎nuestro sitio web contribuyendo con sus donaciones, nuestro acreedor nos concedió una ‎prórroga para el reembolso de la cantidad restante. ‎

Por otro lado, la repetición de estos problemas con los bancos nos confirma que existe una ‎lista negra internacional que nos impide, por razones políticas, el uso de servicios bancarios. ‎

Nuestra asociación y nuestro sitio web llevan el nombre del filósofo francés Voltaire porque ‎nunca hemos separado el trabajo de análisis político de la defensa de las libertades ‎fundamentales. Consideramos esencial que se imponga el respeto del derecho.‎

En 2001-2003, una gran transnacional presentó contra nosotros una demanda por daños y ‎perjuicios ascendente a un millón de euros, acusándonos de haber utilizado la denominación oficial ‎de su marca y su logo en una campaña de boicot. El hecho es que habíamos denunciado el cierre de ‎una fábrica perfectamente rentable cuyos accionistas deseaban invertir el valor de la fábrica en ‎otra operación que debía reportarles mayores ganancias. Desde nuestro punto de vista, el ‎derecho del propietario –como cualquier otro derecho– tiene límites y los propietarios no pueden ‎echar trabajadores a la calle sólo para ganar más dinero. ‎

Ante aquella demanda, la Red Voltaire parecía tener todas las de perder. Pero defendimos ante ‎la justicia la visión de que el derecho a la libertad de expresión es superior al derecho de uso de ‎un logo y que para ejercer el derecho a la libertad de expresión teníamos que identificar ‎claramente a la transnacional en cuestión en el marco del debate democrático. El Tribunal de ‎Apelaciones de París nos dio la razón [1]. También obtuvimos una victoria parcial en el plano político ya que ‎se votó una ley que actualmente rige ese tipo de despidos en Francia. ‎

Para evitar que se repitan estos problemas con los bancos, estamos implementado un sistema ‎capaz de garantizar la recolecta de donaciones de manera permanente. Sin embargo, eso puede ‎llevar más de un mes y no será posible hacerlo en los límites de la prórroga otorgada. ‎

Independientemente de esos trámites, hemos decidido llevar a los tribunales a las dos empresas ‎que administran el sitio web de colectas online que cerró arbitrariamente la colecta de fondos ‎para Voltairenet.org. La infracción que cometieron no sólo perjudicó a nuestra asociación sino ‎que también afectó a todos los donantes que les habían confiado su dinero para que ‎nos lo hicieran llegar. El comportamiento de esas empresas constituye, cuando menos, un ‎‎«abuso de confianza». ‎

Uno de los donantes no fue reembolsado porque la tarjeta bancaria que había utilizado expiró entre ‎el momento en que realizó la donación y el momento en que esas empresas decidieron ‎arbitrariamente cerrar la colecta y emprender una devolución de fondos que los donantes ‎no habían solicitado. El donante afectado tuvo que realizar trámites suplementarios para ‎recuperar su donación. Otro fue “reembolsado” mediante la apertura de un crédito, pero ahora ‎no puede retirar directamente la suma que había donado. En resumen, hay varios casos similares. ‎

Para cubrir el resto de la suma que aún seguimos debiendo hemos abierto una nueva cuenta en ‎
‎PayPal, vinculada esta vez a la ‎cuenta bancaria de nuestro abogado. ‎

Solicitamos a ustedes que envíen urgentemente sus donaciones a esta nueva cuenta para que ‎podamos mantener vivo nuestro sitio web y seguir presentando a ustedes nuestros análisis ‎sobre las relaciones internacionales. ‎

Agradecemos por adelantado toda la ayuda que puedan aportar en la medida de sus posibilidades. ‎

Thierry Meyssan

[1] Ver «Je Boycottte Danone», Bernard Edelman, Recueil ‎Dalloz (2001); «Affaire jeboycottedanone.com, 30 avril 2003», Francine Wagner, Encyclopedia ‎Universalis (2004); L’affaire LU: autopsie d’une crise d’un nouveau type, Catherine Malaval y ‎Robert Zareder, Observatoire international des crises; Dehors les p’tits Lus, Monique Laborde y ‎Anne Gintzburger, Flammarion (2005); Copyright and Free Speech: Comparative and International ‎Analyses, Jonathan Griffiths y Uma Suthersanen, Oxford University Press (2005); The General ‎Exception Clauses of the TRIPS Agreement: Promoting Sustainable Development (Cambridge ‎Intellectual Property and Information Law), Edson Beas Rodrigues, Cambridge University Press ‎‎(2012); American Exceptionalism, the French Exception, and Digital Media Law, Lyombe Eko, ‎Lexington (2013); Trademarks and Social Media: Towards Algorithmic Justice, Danny Friedmann, ‎Edward Elgar Pub (2015).