En las entrañas de la comunidad de inteligencia chilena

Para ingresar a las entrañas de los servicios de inteligencia chilenos, es útil una perspectiva histórica: en el Ejército chileno las tareas de inteligencia posteriores a la Guerra del Pacífico, se organizan a través del Estado Mayor General, bajo asesoría de un equipo de oficiales alemanes que participaban en función de una meta más trascendente: la profesionalización del Ejército.

Luego se crearía en 1901, el Departamento de Reconocimiento e Informaciones, que en 1964, pasó a ser la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). La Armada fundó en 1965, el Departamento de Inteligencia del Estado Mayor General de la Armada, que ahora se conoce como Dirección de Inteligencia de la Armada.

Dedicados a la represión política, años más tarde, dos organismos son acusados de no desarrollar una inteligencia estratégica eficaz en el ámbito interno: la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) y la CNI (Central Nacional de Informaciones). Fueron incapaces de vislumbrar el movimiento guerrillero de la Montaña de Neltume de los años ochenta; el atentado al general Pinochet en 1986; la derrota en el plebiscito presidencial de 1988 y la internación de armas en Carrizal Bajo, realizada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), brazo armado del Partido Comunista.

Servicios secretos en la era democrática

Después de un espionaje político contra parlamentarios y sindicatos, que involucró a la DINE. El 23 de octubre de 1991, el presidente Patricio Aylwin creó el Consejo de Seguridad Pública (CSP) -“La Oficina”- para desmantelar a los grupos de guerrilla urbana, luego que un comando del FPMR asesinara en abril de 1991 al senador Jaime Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente y uno de los ideólogos más destacados del régimen militar.

Los directores del CSP fueron: Mario Fernández (DC), Jorge Burgos (DC) y Marcelo Schilling (PS); con el objetivo central (en gran parte alcanzado), de lograr la “Dislocación y exterminio/encarcelamiento” del complejo Mapu-Lautaro en sus tres vertientes: Movimiento Juvenil Lautaro (MJL), Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro (FRPL), y MAPU- Lautaro; junto a la desarticulación del FPMR.

“La Oficina”, nacía bajo un claro precepto técnico y de análisis de información; a la vez, de contar con un cuerpo jurídico que le permitiera orientar su accionar con respeto a la legalidad. No obstante, terminó efectuando operaciones de “guerra sucia” durante los gobiernos de la Concertación, en contra de los grupos insurgentes; rebasando el marco legal que le prohibía acciones operativas.

Al final, el CSP dirigido por el socialista Marcelo Schilling protagonizó una serie de hechos irregulares entre los que se cuenta un traslado ilegal de armas, debido al cual este jefe fue procesado por obstrucción a la justicia.

Los escándalos de la “Oficina” obligaron al poder político a aprobar la Ley 19.212 (1993), que creó la Dirección de Seguridad e Informaciones (DSI), bajo el mando de Isidro Solís (PRSD), funcionario de Gendarmería. Solís ocupó el cargo entre abril de 1993 y mayo de 1995.

En sus inicios la DSI era conocida como “La Oficina II”, por realizar casi las mismas prácticas criticadas en su antecesora. Incluso, siguieron colaborando en ella los funcionarios del Partido Socialista, que fueron fundadores del CSP.

En 1995 se da un giro en las políticas de inteligencia. Los autodenominados “presos políticos” fueron trasladados a la Cárcel de Alta Seguridad, y se habló del fin de la “transición y la subversión”. Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la DSI pasó a llamarse Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI). Mario Papi (PRSD) asumió la jefatura y volcó sus objetivos a privilegiar el análisis a partir de fuentes abiertas, enfocado en escenarios delictuales, sindicales y económicos, entre otros.

La misión de la DISPI es proporcionar al gobierno la información, estudios, análisis y apreciaciones de inteligencia que requiera para formular políticas y adoptar medidas y acciones específicas, en lo relativo a conductas terroristas y otras que puedan constituir delitos que afecten a la seguridad pública interior. Coordina acciones con organismos de inteligencia militar mediante el Ministerio de Defensa.

Por su parte, el Ministro del Interior se convierte en el receptor directo de la inteligencia producida por la DISPI, así como de la información importante para ésta, que posean las autoridades de la administración del Estado integrantes del Comité Consultivo de Inteligencia.

Cuando asumió el gobierno Ricardo Lagos Escobar -11 de marzo del 2000-, la DISPI quedó a cargo del abogado socialista Gustavo Villalobos (53 años, durante la década del ’70 participó en la creación del Comité Pro Paz y en la Vicaría de la Solidaridad, que enfrentaron a Pinochet. Luego de encabezar el CONACE, en 1994 llegó al Ministerio del Interior, fue jefe de gabinete de Germán Correa y de Carlos Figueroa).

La DISPI se divide en 5 áreas: Coordinación (nexo con los cuerpos policiales), Jurídica, Informática, Administrativa-Finanzas y Planificación. Esta última, encargada de recabar y procesar los datos que permiten producir inteligencia, ha sido dirigida por Luis Marcó, señalado como el principal articulador de las operaciones que lleva a cabo la DISPI.

Sus centros de operaciones están en la calle Zenteno 243 y calle Tenderini 115, (Santiago de Chile). Según la ley de presupuestos, los fondos aprobados para la DISPI alcanzan unos 3 millones 435 mil dólares; de esa suma, casi 1 millón 983 mil dólares se destinan a gastos de personal, cuya planta está compuesta por unos 110 funcionarios contratados, a los que se exige título profesional y en su mayoría procesan información abierta.

Pero, como todo ente de inteligencia, concurre a las llamadas “fuentes cerradas”, para las que cuentan con dos rubros presupuestarios. Por un lado, los convenios con “personas naturales”, a los que se destinan anualmente unos 276 mil dólares, para mantener informantes colocados en distintos lugares del país.

Con un fin similar se utilizan, aunque no en su totalidad, casi 570 mil dólares rotulados como “gastos reservados”, sobre los cuales la DISPI sólo tiene la obligación de rendir cuenta en forma global a la Controlaría General de la República. En la práctica, se informa cuanto se gastó, pero no en qué.

Una de las críticas que el propio oficialismo le hace a la DISPI, apunta a su incapacidad para adelantarse a hechos que han tenido gran impacto en la opinión pública, como la detención de un grupo del FPMR en Brasil o la renuncia del almirante Jorge Arancibia a la Armada.

Igualmente, el 30 de diciembre de 1996, durante la gestión de Mario Papi en la DISPI (1995-2000), se produjo la espectacular fuga en helicóptero, de cuatro miembros del subversivo FPMR, desde la Cárcel de Alta Seguridad -entre ellos Ricardo Palma-, el asesino material del senador Jaime Guzmán.

Lo cierto es que la DISPI maneja un dinámico sistema de relaciones públicas con algunos medios de prensa afines, para resaltar ante la ciudadanía, supuestos o reales logros, y minimizar sus yerros.

Metamorfosis de la inteligencia chilena

Como en otros países, alineados con la lucha antiterrorista internacional lanzada por Estados Unidos (E.E.U.U.); los ataques del 11 de septiembre, crearon el clima propicio para que la administración Lagos plantee relanzar su sistema nacional de inteligencia.

Con ese fin, se desarrolló un trabajo interinstitucional (civil/militar), que incluyó el análisis de modelos de inteligencia aplicados en Inglaterra, Francia, Brasil, Estados Unidos y Alemania, pero siempre considerando las especificidades de la situación chilena.

Es así como la Cámara de Diputados aprobó en marzo de 2003, el proyecto de ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, que crea la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). La iniciativa, se encuentra en el Senado para cumplir con el segundo trámite constitucional.

El sistema de inteligencia del Estado que se crea incluye a la ANI, la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y las direcciones o jefaturas de inteligencia de las fuerzas de orden y seguridad pública.

Dentro de lo que ya está casi definido, se encuentra el tema del presupuesto inicial, que ascendería a unos 5 millones de dólares destinados a implementar el organismo en infraestructura (oficinas, comunicaciones encriptadas, tecnología de punta que le permita una eficaz interoperatividad), y cursos de capacitación, entre otros.

En torno a este último punto, todo indica que dicha formación se efectuará en base al apoyo de organismos extranjeros con los cuales sus similares chilenos tienen una especial afinidad: la CIA y el FBI (E.U.), MI-6 (Inglaterra), y el Mossad (Israel).

En esencia, la ANI será un servicio público centralizado, de carácter técnico y especializado, que dependerá del Ministro del Interior. Su finalidad será producir inteligencia para proporcionar al presidente de la República un conocimiento útil para la toma de decisiones.

Podrá requerir información de los organismos de inteligencia castrenses y policiales, disponer la aplicación de medidas de inteligencia, para detectar, neutralizar y contrarrestar acciones de grupos terroristas, nacionales o internacionales, y de organizaciones criminales transnacionales.

Estará a cargo de un Director de la exclusiva confianza del presidente de la República, que sólo ocupará el puesto por un plazo máximo de seis años consecutivos y no podrá ser designado nuevamente antes de tres años.

Como parte de los procedimientos para obtener información, la nueva ley permite intervenir las comunicaciones telefónicas, radiales, de correspondencia, así como de sistemas y redes informáticas; la escucha y grabación electrónica, y el acceso a antecedentes sujetos a reserva o secreto bancario.

De ser necesario el uso de acciones intrusivas y métodos encubiertos, cada jefe de servicio -tanto civil como uniformado- deberá solicitar autorización judicial ante un ministro de la Corte de Apelaciones de su jurisdicción. La ANI, pedirá colaboración de las Policías de Carabineros e Investigaciones para estos casos, pues no tendrá carácter operativo.

Finalmente, el control interno lo ejercerán los respectivos jefes de los servicios de inteligencia, y el control externo estará en manos de la Contraloría General de la República, los Tribunales de Justicia y una comisión especial de la Cámara de Diputados.

Hecho insólito

A pesar de estas buenas intenciones, se produjo un hecho insólito que corrobora el dinamismo -aunque esta vez fallido- de la inteligencia militar chilena: el presidente Ricardo Lagos, se vio obligado a disculparse con su homólogo argentino, Néstor Kirchner, el 13 de noviembre de 2003, por el caso de espionaje en el consulado de Argentina en Punta Arenas, en el que participaron militares chilenos.

El gobierno chileno reconoció que los dos hombres que ingresaron a la sede oficial argentina y fotocopiaron carpetas con información clasificada era “personal en servicio activo de la unidad de inteligencia” de la Región Militar Austral.

Y aunque aseveró que actuaron “en forma independiente y sin instrucciones superiores”, dispuso sanciones inmediatas, ordenando la baja del jefe de la unidad de inteligencia de esa región militar y del general de división Waldo Zauritz, comandante de la Región Militar Austral.

Rechazo contra la ANI

Sectores de oposición al gobierno de Ricardo Lagos, aseguran que la creación de la ANI, plantea incorporar a las Fuerzas Armadas a las tareas de “inteligencia política”, bajo supervisión del gobierno civil. Además sostienen que hoy, las labores de inteligencia realizadas por las instituciones castrenses, y principalmente el Ejército a través de la DINE, “no poseen ningún control civil”.

En esa línea de pensamiento, estiman que la ANI agravará la situación (poco conocida en el exterior), de unos 400 mapuches procesados por más de diez ministros especiales y cuatro fiscalías militares, quienes se encargan de investigarlos por supuestos “hechos de violencia” -desde fines de 1997- producidos en el sur del país en el marco de conflictos entre comunidades mapuches con empresas forestales y fuerzas policiales.

En el presente, “las comunidades enfrentan una represión directa destinada a amedrentar, hostigar y desmovilizar. (...) personas, familias y colectividades vigiladas por la policía civil y uniformada; situación derivada de las investigaciones llevadas por los servicios de inteligencia chilenos”, señala un informe de la Comisión de Derechos Humanos Mapuche. “Extraños robos a sedes mapuches, seguimientos a dirigentes e interceptaciones telefónicas, ha denunciado también el Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de La Frontera.

Particularidades de la experiencia chilena

La realidad chilena determinó que su sistema de inteligencia nacional se fuera reconvirtiendo paulatinamente desde 1990 en que retornó la democracia; quienes niegan este proceso y mas bien lo identifican como un “empezar de cero”; no conocen o tratan de manipular lo sucedido en Chile, con el objeto de hacer prevalecer una falacia: que un sistema nacional de inteligencia puede dejar de funcionar totalmente de un momento a otro sin atravesar por etapas previas de readecuación.

En Chile se pasó de las temibles DINA y CNI que funcionaron durante el régimen militar (1973-1990); a las cuestionadas CSP y DSI. Después a la DISPI y ahora a la ANI, en la etapa democrática. Dentro de un contexto sui generis: la estructura militar y de inteligencia del régimen de Pinochet (incluso con enclaves constitucionales y vigencia de proyectos de modernización militar) continuó funcionado después del advenimiento de la “era democrática”.

De esta manera, las etapas de reconstrucción del sistema de inteligencia chileno, no generaron un vacío en la seguridad del país, ni han constituido procesos traumáticos o fracasos estrepitosos como durante la administración Toledo en Perú (julio 2001- abril 2004). Lo que viene facilitando a la DISPI -y sucederá lo mismo con la ANI-, un proceso paulatino de reclutamiento y formación de nuevos cuadros profesionales, sin arriesgar su seguridad nacional.

Desde esa perspectiva y dada la coincidencia de intereses evidente entre la política estadounidense y chilena, en la región latinoamericana; es previsible que dicha ligazón se extienda hacia la reforma y modernización del sistema de inteligencia chileno, como parte de la política de defensa de E.U. y dentro de ella, su estrategia antiterrorista internacional.

Por lo tanto, resulta inconveniente que el Perú vincule demasiado su proceso de reforma del sistema de inteligencia nacional, con entidades privadas o gubernamentales de E.U., como lo propone un sector de académicos antimilitaristas, a través de un proyecto auspiciado por la Universidad de Harvard.