«Cuando al pueblo se le dice la verdad, se salva la República» Abraham Lincoln.

La administración Toledo careció de una política coherente para lograr un funcionamiento adecuado de la comunidad de inteligencia; por el contrario, en estos años de gestión, tuvo un accionar basado en el revanchismo y el temor, en un contexto de incompetencia y prejuicios sobre el tema, mientras facilitó una persistente politización del nuevo Consejo Nacional de Inteligencia (CNI).

En el CNI surgieron casos de corrupción, complots políticos, espionaje contra la prensa, y hubo ¡siete jefes! en menos de tres años, poniendo en estado de vulnerabilidad a la seguridad nacional, cuando a las amenazas internas tradicionales, se le ha sumado una incesante convulsión política y social, así como una renovada tensión con Chile por su negativa a tratar la controversia sobre la delimitación marítima con el Perú.

Antecedentes

En la década pasada varios directivos y agentes de la central de inteligencia peruana -Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)-, distorsionaron las funciones de dicho ente, mediante un excesivo involucramiento en el ámbito político interno; debido al cual, el SIN fue responsabilizado de violar los derechos humanos y libertades ciudadanas, espionaje político, interceptación de las comunicaciones, manejos ilegales de fondos reservados, manipulación de medios de comunicación masiva, entre otros delitos juzgados ahora por el poder Judicial.

Frente a esa coyuntura, en el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua -elegido luego que colapsara la administración Fujimori-, el Congreso promulgó en junio del 2001, la ley Nro. 27.479, que creaba el nuevo Sistema de Inteligencia Nacional, teniendo como su órgano rector al CNI y dentro de él, a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica (DINIE).

Primeras decisiones negativas

Luego de asumir el gobierno el mandatario Toledo en julio del 2001 -y de acuerdo a facultades que le daba la ley de inteligencia-, ratificó al presidente del CNI nombrado por Paniagua, almirante Alfonso Panizo, un ex jefe de la Marina -submarinista-, que si bien tenía antecedentes democráticos, carecía de experiencia ejecutiva en asuntos de inteligencia estratégica, y además arrastra prejuicios, al considerarse uno de los directos afectados por la mala utilización del ex-SIN. Los hechos futuros darían la razón a sus detractores.

Seguidamente a la suspensión del pago de sueldos por tres meses, más del 90% de los trabajadores del ex-SIN que habían pasado al nuevo CNI, comenzaron a ser despedidos en etapas sucesivas, menospreciando su experiencia y conocimientos de inteligencia estratégica - a través de equipos multidisciplinarios-, en su mayoría sin motivo justificado y bajo el señalamiento de ser «sospechosos» de haber integrado una red delictiva que operó en el sistema entre 1990 y el 2000.

Para cubrir las plazas vacantes y sin reparar en el daño que le causaban a la seguridad nacional, se inició un desordenado proceso de contratación de personal militar en retiro y civil -vinculado al partido de gobierno o a la jefatura del CNI-, casi todos sin contar con experiencia o estudios para el trabajo que efectuarían (directivos y analistas de inteligencia estratégica, procesadores de información y agentes), o se encontraban visiblemente desactualizados.

Ingresa el partido gobiernista

Después del desacertado Panizo, el otro jefe del CNI, desde el 21 de enero de 2002, fue Juan Velit, un civil militante y fundador del partido gobiernista, conocido por su falta de carácter y ejercicio real en el ámbito de inteligencia, a pesar de tener experiencia como docente en institutos castrenses. Es considerado por algunos, un teórico banal pero honrado y con buenas relaciones políticas y diplomáticas. Ninguna de estas últimas cualidades le sirvieron para reflotar al CNI.

Una actitud a destacar de Velit en el CNI, es su reconocimiento sincero sobre la angustiosa carencia de personal y el hecho de que no existen, ni van surgir por un buen tiempo, cuadros preparados para efectuar tareas importantes de inteligencia. Según Velit, se necesitan entre «siete a diez años» para adiestrar y poner operativo a un eficaz analista de inteligencia.

Su fugaz gerencia -se alejó en julio de 2002- se vio empañada, ya que varios sectores culparon al CNI por no realizar una correcta y oportuna apreciación sobre la intensidad de las cruentas y generalizadas protestas desatadas en la ciudad de Arequipa y Tacna (sur del país) durante mayo de 2002, y la violenta revuelta de campesinos en Tarapoto (oriente peruano), a fines de junio.

Otro jefe para el CNI

El presidente Toledo cambia a Velit y designa como nuevo jefe a Fernando Rospigliosi, otro personaje que renunció a su cargo de ministro del Interior por los sucesos de Arequipa. Rospigliosi es periodista y sociólogo (entre 1968 y 1980 militó en Vanguardia Revolucionaria, etapa izquierdista que sus adversarios siempre le recuerdan).

Conocido por su intolerancia con el APRA- principal partido opositor- combatió al gobierno de Fujimori y se alió con Toledo. Aunque proyecta una imagen de honradez y proceder ético, muchas veces demuestra un carácter intransigente.

Rospigliosi tiene una visión negativa de los institutos castrenses, a quienes adjudica violaciones sistemáticas de los derechos humanos en la lucha antisubversiva (1980-2000) y una injerencia nefasta en el campo de inteligencia. Con ese enfoque, su ingreso provocó que saliera del CNI, otro grupo de militares en retiro que venía ganando experiencia en administraciones post Fujimori.

Habiendo estrechado lazos con la cúpula de la Policía Nacional y su estructura de inteligencia operativa, Rospigliosi despidió a varios analistas de inteligencia civiles, que luego de trabajar en el ex-SIN, pasaron a la dirección de Frente Interno del CNI; culpándolos por no prever los hechos en Arequipa, sin recordar que fue él mismo, como ministro, quien exacerbó los ánimos de la población arequipeña con actitudes desafiantes.

Otra etapa de frustración llega para el CNI, cuando el 27 de enero de 2003, Rospigliosi dimite solidarizándose con su «compañero de ruta ideológica» y también renunciante, ministro del Interior, Gino Costa. Comportamiento que denotó una falta de identificación con el fortalecimiento institucional del CNI y preferencia por intereses ligados a sectores de izquierda moderada.

Continúa la caída del CNI

Ingresando a una fase degradante, por la ineficacia e intromisión política en el manejo del CNI, el 30 de enero, Toledo escoge a César Almeyda, como nuevo jefe. Quien inmediatamente fue criticado por la opinión pública y diversas tiendas políticas, debido a su total desconocimiento en materia de inteligencia y a su indudable cercanía al presidente: era su abogado familiar, asesor presidencial y desempeñó puestos claves en el aparato estatal (Petroperú, Indecopi y Conasev).

Pero el horizonte siguió nublándose, cuando en la prensa independiente, aparecieron pruebas sobre interceptaciones telefónicas de origen desconocido. Según la empresa de noticias Agenciaperú.com de Lima, las escuchas fueron grabadas por el CNI, utilizando equipos, sistemas electrónicos y personal dedicado a esta tarea. El CNI negó cualquier participación en el asunto, pero las críticas y sospechas continuaron.

Ampliando las pesquisas, el programa «Entrelíneas» del Canal 8 de Lima, denunció un supuesto «Plan Andino», cuya finalidad sería «descabezar y copar el CNI», incorporando a personal del partido gobiernista Perú Posible. La primera etapa ya se había ejecutado: a la nueva estructura directiva y como «analistas» del CNI, llegaron exclusivamente funcionarios de dicha agrupación política, gracias a una fuerte ingerencia de Eliane Karp, esposa del presidente Toledo.

Hasta que luego de una bochornosa conferencia de prensa donde directivos del CNI mostraron gran ineptitud para explicar temas básicos de inteligencia y no descartaron la posibilidad de comprar información a la «red de Montesinos»; el 26 de abril de 2003, fue destituido César Almeyda y nombrado en su lugar, nuevamente Alfonso Panizo.

Almeyda: «un singular jefe del CNI»

Más tarde en enero de 2004, por diversas denuncias periodísticas y la propagación de un audio que lo comprometía, Almeyda reconoció su participación -como consejero presidencial para asuntos judiciales el 2001-, en negociaciones clandestinas con el ex general Oscar Villanueva (que se suicidó en septiembre del 2002), cuando era prófugo de la justicia, por estar presuntamente vinculado a una red financiera corrupta de la década pasada.

Este incidente envolvió en una aguda crisis de gobernabilidad al régimen de Toledo y las investigaciones prosiguen a nivel judicial y congresal. Sin embargo hubo más, estando ya preso Almeyda, por las denuncias referidas, ha sido acusado por un «colaborador eficaz» -reconocido por la justicia peruana-, de haber recibido coimas por unos 2 millones de dólares de la empresa transnacional colombiana «Bavaria» -pagos que según el testigo- habrían beneficiado incluso al mandatario Toledo.

Mientras tanto, Almeyda es investigado por el Congreso y el poder Judicial, debido a transferencias de dinero poco claras, a favor de la señora Karp, usando una empresa «of shore» con sede en Panamá, bajo el nombre de Blue Bay Investments, vinculada a su vez, con la Fundación Pacha por el Cambio, donde la esposa del presidente Toledo era Gerente General. En adelante, las indagaciones contra Almeyda deberán abarcar todas las instituciones por donde circuló, incluido el CNI.

Reinciden con Panizo en el CNI

En la segunda gestión de Panizo, la situación no mejora e incluso se admite el primer caso de corrupción en la «era democrática»: con resolución ministerial Nro. 340-2002, de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de septiembre de 2002, se autorizó a un procurador público iniciar acciones penales, debido a la adquisición fraudulenta de combustible por parte de la DINIE, cuando era jefaturada por el contralmirante en retiro Luis Zuzunaga, en la primera administración de Panizo en el CNI.

Otros manejos turbios de los fondos reservados del «régimen de ejecución especial» del CNI, fueron denunciados por el Canal 2 de Lima: una auditoria interna, remitida a la PCM en febrero de 2003, responsabilizó a funcionarios de la primera administración de Panizo, por la dolosa contratación de Millenium Group SAC, empresa que sobrevaluó precios, entregó equipos para «barrido electrónico» de menor calidad y falsificó dos «cartas fianza» de la aseguradora Wiese Aetna. Además el CNI pagó todo por adelantado.

Posteriormente, una nueva resolución, la Nro. 137-2004-PCM, suscrita el 22 de mayo de 2004, por el jefe de la PCM, Carlos Ferrero, ratificó la anterior denuncia y ordenó a un procurador público, impulsar un proceso penal contra los funcionarios del CNI que participaron en el Comité de Adquisición. Respecto al tema, es pertinente recordar que el presupuesto del CNI para el 2004, es de 42 millones de nuevos soles (unos 12 millones de dólares).

Autodisparo a la línea de flotación del CNI

En un hecho inconcebible para cualquier servicio secreto, se filtró a la prensa (Agenciaperú.com), un documento del CNI con los nombres, días, así como horas de entrada y salida, de todas las personas que visitaron al anterior jefe del CNI César Almeyda, entre febrero y abril del 2003.

En esta lista apareció el nombre de Anatolio Toledo - hermano del presidente- y de dos empresarios navales del puerto de Chimbote, que lo acompañaron para entrevistarse con el ex jefe del CNI Almeyda, y el embajador de Italia en el Perú, Sergio Busetto; todo esto, durante las negociaciones para comprar dos fragatas misileras usadas, de la Armada italiana.

La nómina también reveló conciliábulos similares de Almeyda, con representantes de la empresa española Telefónica del Perú; la peruana CPI de investigación de mercados y un juez que luego falló a favor de un empresario vinculado al gobierno, que pugnaba por la propiedad del Canal 5 de Lima. Como era obvio, estos sucesos generaron nuevas acusaciones contra el CNI, por cobijar tráfico de influencias.

Incompetencia extrema

La incompetencia de Panizo prosiguió, el programa la «Ventana Indiscreta» del Canal 2 de Lima, también divulgó (con documentos ¡ filtrados por personal del CNI !), que mientras indagaban gestiones irregulares de esa institución, entre agosto y septiembre de 2003, un «equipo de Operaciones Encubiertas», de la dirección de Contrainteligencia del CNI, efectuó labores de espionaje contra sus periodistas de investigación y los demás integrantes del programa. Circunstancias en las cuales, uno de los hombres de prensa fue agredido y sufrió el robo de su celular.

La presión de la opinión pública por estos condenables actos, obligó a la destitución de Panizo el 17 de septiembre de 2003 y al anuncio presidencial de una «reorganización a fondo» del CNI. A continuación y patentizando una ausencia de cuadros capacitados para el área de inteligencia, el gobierno nombró como jefe del CNI, al general del Ejército en retiro, Daniel Mora.

El último jefe del CNI

En su paso por el Ejército, Mora jamás ocupó un puesto relevante en la comunidad de inteligencia; más bien en las elecciones generales de 2001, fue «director del comando nacional de personeros», del que luego se convirtió en partido gobiernista, Perú Posible, ganándose así la confianza de Toledo. Durante el 2002 se desempeñó en forma mediocre como jefe de la DINIE, de donde emigró a una secretaría del ministerio de Transportes y Comunicaciones en el 2003.

Anticipando turbulencias para Mora en el CNI, su designación originó críticas del -nuevamente- ministro del Interior Fernando Rospigliosi; entre tanto, los allegados de Mora, pronto engrosaron las diversas camarillas formadas alrededor de cada jefe que dirigió el CNI y que fueron quedando rezagadas a través de los continuos cambios, habiendo optado por filtrar información sensible para horadar la estabilidad de directivos que no les eran afines, con la intención de asegurar su permanencia laboral o privilegios mezquinos.

Otros cuestionamientos contra Mora vinieron de los opositores Partido Aprista Peruano y Unidad Nacional, a quienes no inspiraba confianza, por sus vínculos políticos (era «secretario nacional de ética y disciplina» del partido oficialista). Al respecto, el líder del APRA, Alan García, propuso que en el futuro el nombramiento del jefe del CNI sea ratificado por el Congreso.

Por su parte, el programa «Cuarto Poder» de Canal 4 de Lima, difundió audios -producto de una fuga de información-, con diálogos realizados en el CNI por el ministro del Interior Fernando Rospigliosi, cuando éste dirigía el servicio secreto. En esas semanas, el mencionado ministro sentenció: «nunca le pido datos de inteligencia al CNI, porque sé que no me los podría dar, es una institución que está destruida».

Asimismo, la comisión de fiscalización del Congreso exigió que Mora aclare su participación como jefe del CNI, en probadas reuniones con un informante, ahora preso (Miguel Salas), supuestamente para obtener el audio que involucra al ex jefe del CNI Almeyda, en tratos ilegales con el actualmente difunto, general Oscar Villanueva. Este caso continuará siendo investigado por la justicia.

El principio del fin

En marzo de 2004, «La Ventana Indiscreta», divulgó -con pruebas en la mano-, que el ex jefe del CNI César Almeyda, así como el general Mora, estuvieron al tanto de una operación («Plan Cazador»), de ubicación y recuperación de equipos para interceptar comunicaciones, que fueron empleados entre 1990 y el 2000, pero no lo comunicaron a las autoridades correspondientes.

Antes de relevarse en su cargo como director de la DINIE, Mora expuso al entonces jefe del CNI, Rospigliosi, los operativos secretos en curso, pero le ocultó el «Plan Cazador». Este proceder anómalo, salió a la luz, cuando el periodismo difundió una auditoria interna del CNI de agosto de 2002, por el posible mal uso de unos 89 mil nuevos soles (más de 25 mil dólares), de los «gastos reservados» del plan.

Vergonzoso desenlace

Como desenlace de su funesta participación, Mora fue obligado a renunciar luego del escándalo estallado, por la precisa y bien documentada investigación -con grabaciones y filmaciones incluidas- del diario Correo de Lima, el 18 de marzo de 2004; donde se responsabilizaba al director de Contrainteligencia del CNI y hombre de confianza de Mora, coronel en retiro José Valdivia, como el ejecutor material de un complot para difamar al ministro del Interior Rospigliosi.

Lo que ocurrió luego, revela la torpeza y caos administrativo en el que pueden caer, un jefe de Estado y su entorno: para reemplazar a Mora, nombran el 20 de marzo, a quien fuera jefe de la Marina hasta el 2003, vicealmirante Ricardo Arbocco, que tampoco había ejercido cargos importantes en inteligencia; pero sí tiene un proceso judicial abierto en contra, por su presunta responsabilidad en la compra sobrevalorada en 1996, de terrenos de una entidad financiera que maneja fondos de las Fuerzas Armadas y la Policía.

La mayoría de la prensa independiente, analistas y líderes políticos, descalificaron al nuevo jefe del CNI. Esta vergonzosa circunstancia produjo la renuncia de Arboccó, y ese mismo día -22 de marzo-, el Ejecutivo anunció algo desconcertante: la «desactivación total del CNI, incluyendo la clausura de su local»; no obstante, siguió operando, por que en su atolondramiento, el gobierno de Toledo no consideró, que para cerrar el CNI es necesaria una ley del Congreso y no basta con un decreto.

Presente alarmante y futuro incierto

Presionado por un acentuado escepticismo, el mandatario Toledo designó una «Comisión especial de implementación de la reestructuración del CNI», integrada por un sicoanalista, un politólogo, una diplomática y el sociólogo Enrique Obando (director de política y estrategia del ministerio de Defensa), quien poco tiempo después renunció a su cargo ministerial, atacando públicamente a su jefe el ministro de Defensa.

Anteriormente, el coronel Benedicto Jiménez -experto en antiterrorismo y uno de los artífices de la captura de Abimael Guzmán, jefe de Sendero Luminoso-, había pedido que separen a Obando del CNI, por los nexos sospechosos que tuvo con Rodolfo Klien Samanez, uno de los más prominentes cabecillas del movimiento terrorista MRTA, aún prófugo de la justicia y capaz de reactivar a una parte de dicha organización criminal.

La comisión tuvo un plazo inicial de 90 días, que fue ampliado en 60 días, dirigida por un «administrador temporal» del CNI, el contralmirante en retiro Julio Raygada, quien no es ajeno al desastre ocurrido: fue coordinador de la comisión de reestructuración del CNI que instaló el general Mora en septiembre de 2003 y antes estuvo como «asesor de alta dirección», en las dos jefaturas abortadas de Panizo.

Mientras el CNI está en «reorganización», y a pesar de sus ínfimos recursos, los servicios secretos militares y policiales asumen las funciones de esta vapuleada entidad, supervisados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Sector del gobierno insiste en experimentar con el CNI

Una parte del régimen de Toledo -influenciada por su aliado el Frente Independiente Moralizador-, insiste en aprobar una nueva ley de inteligencia, donde, bajo el loable discurso de «enmarcar el rol de la inteligencia nacional dentro del estado de Derecho y la cultura democrática», buscan ejecutar un proyecto del ministerio de Justicia y un pequeño círculo de académicos antimilitaristas, que difunden una interpretación sesgada del modelo de reforma chileno - donde se oculta el poder real de los servicios secretos militares-, valiéndose para ello del auspicio de la Universidad de Harvard.

Los ejes centrales de esta propuesta tienden a controlar, restringir y someter a aprobación previa, las operaciones de los servicios secretos militares y policiales, creando dos subsistemas: uno de inteligencia de los campos no militares (político, económico y social), bajo el ámbito del ministerio del Interior y otro de inteligencia militar, dirigido por el ministerio de Defensa.

Excluyendo a los especialistas militares y policiales del liderazgo en la inteligencia estratégica nacional, para otorgar la conducción de ésta a elementos civiles reclutados de las universidades; sin lograr comprender que la disyuntiva no es entre civiles y militares (en actividad o retiro), sino entre profesionales idóneos o incapaces para el trabajo especializado de inteligencia, que se alcanza luego de unos siete años de estudios, práctica constante, capacitación rigurosa y mística patriótica.

En este hipotético escenario, se pondría en grave riesgo la seguridad nacional, si dichas operaciones de inteligencia son aprobadas previamente y luego controladas administrativamente, mediante una central de inteligencia -a la que denominarían Agencia Nacional de Inteligencia Estratégica (ANIE)-, a cargo de funcionarios designados por el gobierno de Toledo, extremadamente ineptos para evitar una permanente fuga de informaciones e infidencias, hasta de sus propias operaciones en el CNI.

Finalmente y a propósito de los representantes de la universidad estadounidense, diversos analistas, militares y políticos, tienen la impresión de que su excesiva ingerencia como «lobbistas» extranjeros en la reforma de inteligencia peruana, los estaría desplazando del ámbito de la cooperación y asesoría, para ingresar a la sensible esfera de la intromisión en asuntos internos de una nación soberana como el Perú.

Jorge Serrano Torres