A pesar de la notable presencia de centenares de efectivos de las Brigada XVIII y Móvil No 5, en desarrollo de la Operación Borrasca I que se desarrollaba en el departamento de Arauca, el 19 y 20 de mayo pasado, aproximadamente 100 paramilitares secuestraron, torturaron y asesinaron a sangre fría 11 campesinos habitantes de las veredas Flor Amarillo, Los Andes, Piñalito, La Rochela, Cravo Charo, La Primavera, Costa Rica y Barcelona del municipio de Tame.

Por tales hechos y con el ánimo de desmitificar, denunciar y aclarar lo sucedido, una comisión integrada por la Asociación Minga, el Centro de Investigación y Educación Popular –Cinep, la Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo, entre otras organizaciones defensoras de derechos humanos, hicieron presencia en la zona del 2 al 5 de junio pasado.

Dicha comisión pudo establecer según varios testigos, que el grupo que realizó la masacre portaba armas largas, cortas y corto-punzantes, uniformes exclusivos de las Fuerzas Militares y brazaletes de color azul que tenían inscritas en color blanco las letras BVA, sigla de la organización paramilitar "Bloque Vencedores de Arauca", la cual teóricamente se encuentra en la actualidad en "cese de hostilidades" debido a su proceso de negociación con el gobierno.

No obstante, según testimonios de la comunidad, el Ejército no hizo presencia en los lugares en que actúan de manera abierta los paramilitares, ni en los segmentos del eje vial donde continuamente éstos realizan retenes, tales como el corregimiento de Betoyes y el trayecto de la vía que de allí lleva a la cabecera del municipio de Tame, como tampoco en los lugares donde se prepetró la masacre. Al respecto el general Gustavo Matamoros Camacho, comandante de la Brigada, manifestó que evidentemente sus tropas no se encontraban en el lugar de los hechos los días mencionados, ya que habían salido diez días antes de la zona a ejecutar la operación Borrasca.

No hay peor ciego...

Paradójico resulta este accionar, máxime si se tiene en cuenta que diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, días antes habían advertido sobre la inminencia de acciones criminales de paramilitares contra los pobladores de Flor Amarillo, denuncia que mereció la activación del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, pero no la atención de las autoridades civiles y militares del departamento de Arauca.

Ese día, 19 de mayo, los criminales instalaron un retén que impidió el tránsito de los vehículos que circulaban por la vía que comunica los municipios de Tame y Arauca– conocida como Ruta de los Libertadores-, represando en el pequeño caserío de Flor Amarillo, un número cercano a los 100 vehículos.

Sin embargo, ni las tropas que ejercen control sobre el tráfico vehicular a 30 kilómetros al noreste de ese caserío, en el corregimiento Pueblo Nuevo (lugar donde hay una base militar), ni las acantonadas en la cabecera de Tame, se percataron del hecho irregular que había afectado la circulación en el eje vial que normalmente ellos tienen la misión de proteger y preservar de las incursiones de grupos armados ilegales.

Es más, según testimonios de la comunidad, tropas adscritas a la Brigada Móvil No 5, tras enfrentarse con un grupo de subversivos en horas de la mañana en el sitio conocido como Caño Guarapo, permanecieron acantonados en la zona, a solo 500 metros de la cabecera veredal de Piñalito, lugar donde los paramilitares degollaron al señor José del Carmen Acero, uno de los once campesinos masacrados.

Por tales razones, la comisión encargada de verificar los hechos y ante la gravedad de los mismos cree que la consumación de la masacre no obedeció a simples y desafortunadas coincidencias, sino que indica que agentes estatales estuvieron comprometidos en el asesinato de estos once ciudadanos, la desaparición forzada de otro, el desplazamiento de más de 100 familias, el hurto de innumerables bienes materiales y los actos de terrorismo padecidos por los habitantes de zonas rurales de Tame el 19 y 20 de mayo de 2004.

Tres meses después la comunidad sigue esperando los resultados de la investigación por parte de la Fiscalía, la Procuraduría Generales de la Nación, así como de la Defensoría Nacional del Pueblo, quienes tienen la última palabra.

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