La desmovilización y sus sombras

Este anuncio, estuvo antecedido de la propuesta de los paramilitares de ser incorporados a la Fuerza Pública en funciones de vigilancia y control de la infraestructura económica y productiva: «En este punto, es cuando proponemos que se cree una entidad, que pudiera depender del Ministerio del Interior -no del Ministerio de la Defensa- cuyo objetivo sería el de cuidar, custodiar y proteger las obras civiles y la infraestructura productiva, localizadas en sitios muy distantes de los grandes centros urbanos y consideradas por las autoridades, como objetivos estratégicos de la guerrilla y la delincuencia común» [1]. Opción que fue enfáticamente rechazada, tanto por el Presidente Uribe y los comandantes de la Fuerza Pública, a tal grado que el general Martín Carreño con respecto a la diferencia entre la Fuerza Pública y los grupos ilegales expresó: «Una cosa es ser bandido y otra combatir noblemente» [2]

Sin duda, denominar esta nueva etapa del cronograma de negociación “Desmovilización colectiva del año 2004”, según el gobierno y “Acto de fe por la paz de Colombia”, según las autodefensas, no pasa de ser una exageración [3].

Lo anterior, por cuanto aún existen cuestionamientos sobre la credibilidad, legitimidad, sostenibilidad y financiación de una efectiva dejación de armas y reincorporación efectiva en lo económico, político y cultural de los combatientes a la vida civil.

Sobre esta desmovilización y reinserción, pesa la fracasada experiencia con el Bloque Cacique Nutibara en Medellín, de la cual el mismo Alto Comisionado indicó: «A pesar de lo atípico que fue el proceso de Medellín en el que nos revolvieron delincuentes callejeros 48 horas antes y nos los metieron en el paquete de desmovilizados...» [4].

Las experiencias anteriores con otros grupos armados también han sido un fracaso. Basta recordar que el pasado proceso con el Ejército Popular de Liberación (EPL) se dió el desmonte de su sigla y su reconversión en otro aparato armado, más que la desmovilización de la organización. Es el caso del Urabá donde gran parte de los reinsertados del antiguo Ejército Popular de Liberación devinieron en los Comandos Populares, inaugurando una nueva etapa de violencia en la región bananera.

Un examen de la geografía, la composición y la cohesión de las estructuras en las que autodefensas y gobierno anuncian que se inicia la etapa de desmovilización, arroja más dudas y sombras sobre este proceso.

El Alto Comisionado para la Paz indicó que las facciones que se desmovilizarán serán Autodefensas de Córdoba y Bloque Catatumbo, al mando de Mancuso; Bloque Bananero y Calima, de “Hernán Hernández”; Bloque Pacífico, de “Adolfo Paz”; Bloque Cundinamarca, de Luis Eduardo Cifuentes, “el Águila”; Frente Mojana, de “Ramón Mojana”; Frente de Suroeste de Antioquia, al mando de “John Santamaría”; Autodefensas del Sur del Magdalena e Isla de San Fernando, al mando de “Chepe Barrera”; Autodefensas del Meta y Vichada, al mando de Guillermo Torres; y Frente Vichada del Bloque Central Bolívar, al mando de “Javier Montañez” y “Julián Bolívar” [5].

En la región del Catatumbo existe el temor de que regresen las Farc. Ellos actualmente controlan los territorios de la margen izquierda del río y podrían trasladarse con facilidad a la margen derecha de donde fueron desalojados por los paramilitares entre 1999 y 2001. Podría ser peor si se tienen en cuenta las masacres cometidas por las Farc en junio pasado cuando se disputó el control del territorio y la economía cocalera. También existen dudas sobre la cohesión de este grupo, debido a que en la actualidad se encuentra en serias disputas internas, que se expresan en vendetas entre sus mandos medios [6].

Igualmente, en Urabá existen dudas en ese mismo sentido. Un interrogante sobre cuál sería la actitud que asumiría el Bloque Elmer Cárdenas al mando de «El Alemán», uno de los fundadores históricos de las AUC y quien se marginó desde el principio de la actual negociación, frente al regreso de las Farc que aún controlan la Serranía de Abibe, región vecina al eje bananero. Todo indica que la desmovilización paramilitar no detendría el fenómeno histórico de la seguridad privada en la región, ya que «en los tres municipios grandes de Urabá (Turbo, Carepa y Chigorodó) la incertidumbre por la desmovilización ha hecho que la seguridad privada esté creciendo rápidamente» [7].

Por último, en el suroriente de Antioquia existe el temor que «...siendo allí la violencia un fenómeno periférico y esporádico, el retiro de los paramilitares ponga en el panorama nacional a estos pueblos que nunca han sido de particular interés para la guerrilla» [8].

La anunciada desmovilización genera incertidumbre en cuanto a qué tan preparadas están la sociedad y el Estado colombiano para asumir el desarme y la reinserción de las autodefensas en relación con la financiación, la sostenibilidad, la coherencia de los programas y la planeación que necesita una desmovilización masiva. En este sentido, el editorial del Tiempo, advierte: ¿Está preparado el gobierno y cuenta con los recursos para atender la entrega de tres mil hombres en una sola tanda?

En este contexto se inscribe el llamado del gobierno y las autodefensas para que el sector privado tenga un papel más activo en este proceso de reinserción. El comandante Báez de las AUC indicó: «Este programa ha sido denominado por el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, “Empresarios exitosos por la Paz”. Con toda consideración y respeto, queremos aunar nuestra voz a este propósito, para que exista de parte del sector privado una disposición positiva para contribuir con puestos de trabajo, que no sean temporales, a quienes abandonen la lucha armada» [9].

Así mismo, se han hecho llamados a la comunidad internacional para que presten un apoyo político y financiero más explícito al proceso de negociación con las AUC, sobre el cual algunos países han manifestado reservas y criticas abiertas. Por ahora, sólo se cuenta con una ayuda del Gobierno holandés [10] y la posibilidad de apoyo de la Unión Europea, condicionado a temas de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y a un cronograma y a una agenda más explícitos y creíbles [11].

En síntesis, una desmovilización a cuenta gotas, de carácter «extrarápido», llena de trampas y desconfianzas generales deja entrever la no existencia de un programa integral en lo laboral, lo económico y lo psicológico para los combatientes -en su mayoría jóvenes- o hacia las regiones donde se realizaría la desmovilización.

Sin embargo, el Gobierno nacional pretende presentar como un «avance histórico» el actual comienzo de la etapa de desmovilización, desconociendo el reiterado llamado de las Naciones Unidas, cuando meses atrás indicó: «Una política de paz, de desmovilización y de reinserción debe ser de carácter general y debe cubrir a todos los actores armados» [12]. Además, este organismo afirmó: «los procesos de desmovilización y de reinserción eficaces han sido el resultado de una visión estratégica que intenta superar la conflictividad, reducir la exposición de los civiles a la violencia, y establecer bases sostenibles de reconciliación» [13].

Hasta las mismas autodefensas son conscientes de las implicaciones y la apuesta para la paz que implica la desmovilización y reinserción social, política y cultural de los combatientes a la sociedad. En su propuesta de incorporación a la Fuerza Pública advirtieron: Nos preguntamos qué convendrá más a la atormentada sociedad colombiana: Ver a millares de muchachos ociosos, hundidos hasta el fondo, sobreviviendo en medio de una ola terrible de violencia callejera, similar a la que vive El Salvador de la posguerra interna, o en las garras ansiosas y codiciosas de los ejércitos de los mercaderes de narcóticos, o atrapados en los anillos constrictores de las guerrillas comunistas tan urgidas de mano de obra [14].

Pero no sólo se trata de las dudas fundadas sobre la desmovilización y dejación de armas en el corto y mediano plazo, sino que también se trata de hacer una apuesta más estratégica como lo señala Eduardo Pizarro:«...si vamos creando la infraestructura necesaria para la reincorporación de los ex combatientes a la vida civil y productiva desde ahora es probable que podamos disminuir el impacto de la violencia propia de los periodos de posguerra» [15].

No es difícil imaginarse el escenario: los combatientes rasos y mandos medios estarán desmovilizados, no se sabe si desarmados, algunos reincorporados a la vida civil -fórmula de reinserción a cuenta gotas que hasta el mismo gobierno ha puesto en duda su éxito, viabilidad y credibilidad-. Sus dirigentes políticos y sus cúpulas propondrán partidos y movimientos políticos que permitirán hacer el tránsito hacia la legalidad del poder que ya ejercen de facto en muchas regiones del país, e incluso serán los principales jefes de campaña de las pretensiones reelecionistas de Álvaro Uribe.