La lucha contra el narcotrafico en Perú

Si bien es cierto, la hoja de coca tiene un uso tradicional en el Perú desde hace unos 2.000 años, durante el virreynato español hubo una posición ambigua al respecto: mientras se intentaba erradicarla en el actual territorio de Ecuador, era usada en Perú y Bolivia, como medio de pago a los trabajadores mineros y agrícolas, quienes la consumían para soportar el riguroso clima, la accidentada geografía y las duras condiciones laborales que padecían.

Esta situación se prolongó durante la época republicana y en ciertas regiones, hasta hace unos 45 años, circunstancia que explica en parte, una actitud controversial de la población tradicionalmente usuaria de la hoja de coca, frente al posterior empleo que se le dio a esa planta, como insumo básico para la producción de cocaína, luego contrabandeada por las mafias del narcotráfico.

En etapa más reciente, el escenario se complicó para el Perú, debido a la alianza con el narcotráfico forjada en la década del noventa, por grupos terroristas como Sendero Luminoso (SL) y el MRTA; que todavía mantiene SL brindando protección a los narcotraficantes, a cambio de financiamiento y provisión de recursos logísticos, para los casi 500 efectivos que conformarían su golpeada organización, según el informe “Estrategia nacional para el control de drogas”, emitido en marzo del 2004, por el Gobierno de EE.UU.

La población campesina involucrada

Estadísticas del independiente “Centro de información y educación para la prevención del abuso de drogas” (Cedro) y la estatal “Comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas” (Devida), revelan que hasta el año 2003, existían unos 20.700 campesinos cocaleros, pertenecientes a núcleos familiares de 5 a 6 personas en promedio.

Es decir, unos 124.200 peruanos dependen del cultivo de la hoja de coca para su sustento, situados mayormente en los valles del Alto Huallaga, y el Valle del Río Apurímac-Ene (VRAE) entre los departamentos de Ayacucho, Cusco y Apurímac, donde se aglutina la más fuerte actividad de las once “cuencas cocaleras” del país: Marañón, Monzón, Apurímac, Putumayo, Huallaga, Aguaytía, Pachitea, Ucayali, Urubamba, Tambopata y últimamente, San Gabán.

Consumidores de drogas

En cuanto a la demanda de drogas, esta exhibe una tendencia creciente; el “Estudio epidemiológico sobre uso de drogas en el Perú”, efectuado en el 2003 por Cedro, en 7 ciudades de las 3 regiones naturales del país, indica que uno de cada 10 pobladores ha probado marihuana; el uso de pasta básica de cocaína alcanzó al 4.1% y los consumidores de cocaína llegan al 3.9% de la población entre 12 y 64 años; habiéndose detectado por primera vez, un reducido empleo de heroína.

Una pesquisa de Devida -en similar período- arroja datos más concretos: 213.608 peruanos entre 12 y 64 años fumaron marihuana; frente a 81.782 entrevistados que aceptó haber consumido cocaína y una cifra casi igual (81.743), pasta básica de cocaína; en relación a drogas sintéticas como el éxtasis, se pudo registrar a 12.617 usuarios. Sobre el particular, un dato adicional: en el Perú se vende la droga de peor calidad -que es la más dañina- pues la de alta pureza es “exportada”.

Perú: segundo productor de cocaína del mundo

Otra encuesta en octubre de 2004, del oficial “Instituto nacional de estadística e informática” (Inei) y del privado “Instituto de estudios peruanos”, entre 8.000 familias del Perú, concluye que 7.500 toneladas de hojas de coca al año, son para el consumo legal, frente al cálculo anterior de 9.000 toneladas; además hay un serio problema en la comercialización de las hojas de coca, por la “Empresa nacional de la coca” (Enaco), que sólo puede comprar 3.000 toneladas al año; ello implica, que casi 2/3 del consumo tradicional circule fuera del ámbito legal de Enaco.

El sondeo del Inei, descubre que de los 27 millones de peruanos, cuatro consumen hoja de coca en forma tradicional o eventual, masticándola como energizante al mezclarla con cal y ceniza, una costumbre desde la época pre incaica (acto de chacchado, en quechua); de esa cantidad, unos dos millones la usan en ritos ancestrales, festividades, velorios o curaciones y casi un millón en mates e infusiones.

A su turno, Devida dice que hasta el 2003, en el Perú se cultivaron unas 42.250 hectáreas de hoja de coca, que producen 52.700 toneladas de hoja de coca; de ese volumen, 43.700 toneladas van al narcotráfico. De todas maneras, estas cifras se mantienen bajas ante las de 1994, cuando el Perú encabezaba la lista negra de proveedores de cocaína del mundo, debido a las 108.000 hectáreas de coca sembradas.

Pese a los grandes esfuerzos del Estado peruano para luchar contra el flagelo del narcotráfico, en el Perú se producen todavía unas 140 toneladas de cocaína pura al año, que se traducen en 120 toneladas disponibles para la exportación ilegal, una vez que se restan el consumo interno y 9 toneladas que en promedio decomisan las fuerzas del orden. Por lo tanto, el Perú continúa siendo el segundo productor mundial de cocaína, después de Colombia con 440 toneladas y en tercer lugar se ubica Bolivia, con 60 toneladas de cocaína anuales.

Varias investigaciones confirman que la cocaína de Perú, se “exporta” a través de tres vectores casi equivalentes: por Bolivia hacia Brasil, Argentina y Chile; mientras por los puertos de la costa peruana se envía droga hacia México, EE.UU. y Europa; asimismo, la vasta región amazónica peruana, facilita el contrabando de droga por las fronteras con Colombia, Brasil y Ecuador, cruzando para ello, los ríos selváticos y el amplio espacio aéreo.

Cultivos alternativos a la coca: horizonte lejano

Con visión optimista, el gobierno peruano destaca que el “Programa nacional de desarrollo alternativo”, ha beneficiado a 28.000 familias campesinas, con 110 aulas de escuela, 176 postas médicas, 131 locales comunales, 91 sistemas de agua potable, 17 proyectos de electrificación, 37 puentes y 89 caminos construidos; simultáneamente, desde 1995 hasta el 2003, se habría acrecentado la producción y mercadeo de 32.000 hectáreas de cultivos lícitos: café, cacao, piña, palmito, maíz, arroz, algodón, camu camu, barbasco, entre otros.

Toda vez que el narcotráfico -junto al terrorismo y la pobreza- es percibido como una amenaza para la seguridad y estabilidad, concita la atención de la comunidad internacional; en ese contexto, el Perú recibe apoyo para la lucha antinarcóticos y el desarrollo alternativo, principalmente de EE.UU., que impulsa proyectos de inversión por 300 millones de dólares hasta el 2006; pero también cooperan: España, Japón, Italia, Alemania; la ONU y OEA; la Comunidad Andina, Unión Europea, Banco Mundial y el BID.

Empero, sería un error fatal del gobierno peruano y de la comunidad internacional, desconocer que los recursos asignados desde el exterior y aun los que destina el Perú, son claramente insuficientes para consolidar una economía legal sostenible, tendiente a desplazar de manera eficaz a la narco-economía que impera en las regiones cocaleras, no sólo por la codicia frente al dinero del narcotráfico, sino también por la aguda pobreza y marginalidad de amplios sectores de la población, los cuales no encuentran otro medio de subsistencia, que sembrar hoja de coca.

Por consiguiente, el desarrollo alternativo será viable, cuando exista una estrategia multinacional y multilateral, que promueva de manera sistemática, suficientes mercados para los diversos productos sustitutos de las plantaciones de coca; en cambio, una represión generalizada contra los campesinos cocaleros, puede desembocar en una mayor convulsión social y/o fortalecer opciones político-campesinas, capaces de derrocar a gobiernos democráticos pero ineptos, como sucedió en Bolivia y Ecuador.

Nuevos cultivos ilegales

Desde 1999, los sembríos de amapola -unas 1.600 hectáreas-, que sirven como materia prima para fabricar heroína, muestran un crecimiento y expansión, encontrándose especialmente en los Departamentos de: Amazonas, Huanuco, Apurímac, Cajamarca y en la sierra de Piura y Lima.

Resulta, que en respuesta a los severos programas de erradicación en su país, los narcotraficantes colombianos han promovido la siembra de amapola en el Perú, proporcionando semillas, asistencia técnica y préstamos en efectivo a los campesinos. Inclusive, la Dirección antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro), descubrió algunos laboratorios de heroína, en el Norte y en la selva del Perú.

Igualmente, en San Gabán - Puno, 730 kilómetros al Sudeste de Lima, cerca de la frontera con Bolivia, hay unas 3.500 hectáreas de hojas de coca frente a las 400 hectáreas del año 2003. Ahí la coca es nueva y han deforestado para sembrarla. Un operativo policial en octubre de 2004, comprobó que campesinos migrantes llegados a esa zona con “tecnología de punta”, son auspiciados por narcotraficantes de Colombia, México y Brasil, para que amplíen los sembríos ilegales.

Pero el asunto es más alarmante: en San Gabán, las fuerzas del orden confiscaron pasta básica de cocaína e insumos, y destruyeron “pozas de maceración” para su elaboración; corroborando a la vez, que para incentivar el cultivo, el precio de la arroba (11.5 kilos) de hoja de coca, es de 45 dólares, mientras que en ciertos valles cocaleros del Huallaga (principal zona productora), es de 35 dólares.

Cabe precisar, que el Ejecutivo peruano se ha fijado una meta nacional de erradicación para el 2004, de 12 mil hectáreas de hoja de coca ilegal, habiendo cumplido gran parte de lo programado; ante lo cual, se prevé que alcanzará la cifra establecida. A la par, pese a que la ONU confirma que han disminuido las hectáreas de coca cultivadas en el Perú en los últimos años, no está tomando en cuenta, que la densidad de plantas de coca por hectárea, se ha multiplicado.

Un informe de Devida, aclara que si hasta hace un par de años, crecían unas 80 mil plantas por hectárea, hoy se pueden sembrar 300 mil. ¡Casi cuatro veces más!. Esta mayor productividad se debe al aumento de la demanda de coca impulsado por un mayor precio de la arroba de hoja de coca: siguiendo un patrón trazado en otras regiones, en la selvática Cuenca del Monzón, se cotiza en 45 dólares la arroba, cuando en diciembre del 2003, estaba en 25.

Sinuosa ruta de los insumos para el narcotráfico

Muchos de quienes procesan droga, obtienen los insumos o precursores químicos, directamente de las empresas distribuidoras de EE.UU., China, Chile, Francia, Alemania, Holanda y Venezuela, así como del contrabando.

La comercialización de tales insumos es controlada por el ministerio de la Producción, que tiene inscritas 2.128 empresas, de las cuales 755 funcionan en Lima, 223 en La Libertad y 141 en el Callao. Las demás están desperdigadas en el resto del país; las compañías que desvían estos productos, son generalmente nuevas y sus “propietarios”, personas desocupadas captadas como testaferros por los narcotraficantes. No obstante, otras entidades formales, se valen de una doble facturación para evadir el control.

Sobre el particular, las cifras de la Dirandro, evidencian la ardua lucha que se ha venido dando contra la venta ilegal de insumos químicos: en 1994 se decomisó 31.343 kilos; en 1995, 12.274 kilos; en 1996, 4.788; en 1997, 39.488; en 1998, 19.551; en 1999, 31.951 kilos y en el 2000 sólo se requisó 1.543 kilos.

En contraste, durante el 2002 se retuvo más de 300.000 kilos y mientras el 2003, fueron unos 734.563, en lo que va del 2004, las autoridades incautaron un millón 336.665 kilos. En esa línea de acción, según la nueva legislación peruana, ya no serán 19, sino 26 los insumos fiscalizados y sólo podrán comprarlos, quienes hayan sido autorizados.

Narcotráfico vs. medio ambiente

En los últimos 25 años, la deforestación vinculada a los diversos aspectos del cultivo de coca y a la elaboración y transformación de drogas, podría haber alcanzando hasta 900,000 hectáreas en todo el Perú, aunque en realidad es necesario hacer estudios más rigurosos sobre el tema, que consideren la ubicación de las zonas afectadas y sus posibilidades de recuperación.

La preparación de terrenos para el cultivo de coca, usualmente ha conllevado la remoción de grandes superficies de terreno, eliminando toda planta competitiva, a lo cual se añade el proceso de defoliación que durante las cosechas aumenta la exposición del terreno a las lluvias tropicales, agudizando la eliminación de los nutrientes del suelo y empobreciéndolo.

Otro factor involucrado en la deforestación, ha sido el empleo de agroquímicos con el fin de lograr mejores rendimientos de coca, lo que empeora, cuando muchos terrenos ideales para instalar cultivos de panllevar, ricos en nutrientes y capacidad productiva, ubicados en las cercanías de ríos con gran riqueza en fauna y flora, sufren una severa contaminación con materiales residuales del procesamiento de droga.
Estudios oficiales calculan, que como consecuencia de la producción de droga, son eliminados en el suelo y en los ríos, unos 15 millones de litros de agua mezclada con kerosene, 8 millones con ácido sulfúrico y 1.600.000 litros con acetona, cal viva, carbonatos y otras sustancias.

Destruyen parques y reservas naturales

La presencia de cultivos ilícitos, esencialmente coca y amapola, en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Perú, representa una amenaza concreta al mantenimiento de la calidad biológica, la estabilidad de los procesos ecológicos y la biodiversidad de especies y paisajes contenida en estos terrenos.

Las proyecciones más benignas, sugieren que en estas áreas habrían unas 4.000 hectáreas de cultivos ilegales, provocando efectos catastróficos, ya que para elaborar un kilo de pasta básica de cocaína se utilizan 100 kilos de hoja de coca, 1.4 kilos de ácido sulfúrico, 1 kilo de carbonato de sodio y 128 litros de kerosene.

El cuadro más patético, aparece en el Parque Nacional (PN) Tingo María, ya que sus 14.000 hectáreas se encuentran prácticamente aprisionadas en la cuenca cocalera del Alto Huallaga, amenazando seriamente su riqueza biológica: 144 especies vegetales y 104 especies de animales superiores; más aun, si el 20% de su territorio está ocupado por 500 núcleos familiares, cada uno con unas 7 hectáreas cultivadas.

Nuevos reportes basados en imágenes satelitales, muestran estos cultivos ilícitos, en el PN del Manu (zona de amortiguamiento del Alto Madre de Dios); de igual forma, en el PN Bahuaja Sonene (zona de amortiguamiento en sector Colorado, Alto Inambari y Putinapunco), cerca a la frontera con Bolivia, donde incluso se ha detectado un aeródromo clandestino. Aparte, han sido afectados, el PN Cordillera Azul; el PN de Otishi; Santuario Nacional Tabaconas y PN Yanachaga-Chemillén.

Siniestra tendencia

El crecimiento de tales sembríos dentro de las ANP, tendría varias motivaciones: una propensión de los agricultores cocaleros y otros vinculados a la cadena de producción de cultivos ilícitos, a evadir las acciones de interdicción de las fuerzas del orden, movilizando sus cultivos hacia regiones con cobertura boscosa, de poco tránsito, escaso control policial, así como de difícil y costoso acceso.

Otro elemento que fomentaría dichas plantaciones en las ANP, sería la alta rentabilidad que estaría alcanzando la hoja de coca. En los últimos meses se ha comprobado -igual que en otras regiones- que la demanda de esta planta por parte de los cárteles del narcotráfico, colombianos y mexicanos, se ha acrecentado.

Todo apunta, a que la masa monetaria en las cuencas cocaleras peruanas está ascendiendo, debido a problemas en la oferta de coca colombiana, por la ofensiva que han emprendido las Fuerzas Armadas colombianas sobre las zonas cocaleras y de amapola, controladas por los terroristas de las FARC y el ELN, unido al reinicio del programa de la Fuerza Aérea colombiana, para la supresión del tráfico aéreo destinado al traslado ilegal de drogas, armas y dinero.
El indicio que mejor pondría de manifiesto el nuevo “boom” de este cultivo, es el exorbitante precio alcanzado por la semilla de coca. Este producto que hasta hace poco se obsequiaba, hoy se vende a ¡50 dólares la lata!. Es decir, los cocaleros ahora pueden producir más coca que antes por hectárea y luego venderla a un excelente precio.

El despegue de la coca, ha provocado la bonanza en los poblados del VRAE, donde se produce droga o provee de hoja de coca para el 80% de la cocaína peruana. De acuerdo a la policía antidrogas, en dicha región opera una mafia integrada por mexicanos del Cártel de Tijuana, que acopia la droga en grandes cantidades para luego llevarla hacia Brasil, contratando a cientos de mochileros que son protegidos por los terroristas de SL.

Aún hay algo más perturbador, por el proceder de muchos cocaleros (no todos): aquel “pobre agricultor”, que siembra sólo una hectárea de coca en el VRAE y cosecha dos veces al año, estaría recibiendo unos 22 mil dólares anuales, monto superior al que le podría brindar cualquier producto lícito; lo que explica en parte, el rechazo a programas de desarrollo alternativo.

Ello sucede, por que el “negocio” para estos malos agricultores, ya no es sólo el cultivo de hoja de coca. Los narcotraficantes les han enseñado a instalar su propia poza de maceración para producir pasta básica de cocaína, convirtiéndose así en “pequeños” narcotraficantes. Por cierto, en noviembre de 2004, la policía intervino 94 laboratorios de pasta básica de cocaína y decomisó 1.650 kilos de droga en dicha región del Valle del río Apurímac-Ene (VRAE), verificando que en Mayapo, Llochegua, Sivia, Quistovalle y otros, el 80% de los campesinos elabora droga.

Resultados concretos, pero insuficientes

Desde el año 2001, cuando se suspendieron los vuelos de interceptación antinarcóticos que efectuaba la Fuerza Aérea del Perú, debido a un accidente donde murieron inocentes, la misión de combatir al narcotráfico corresponde a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas sólo brindan apoyo logístico o participan en operaciones conjuntas, donde los narcotraficantes y los terroristas de SL, actúan en forma coordinada.

El dinamismo de la Dirandro, ha permitido que en el 2003, destruya o decomise 42.082 kilos de drogas diversas y en el transcurso del 2004, intervenga a 8.130 personas vinculadas al narcotráfico, incaute 14.500 kilos de drogas variadas y erradique más de 5,000 hectáreas ilegales de hoja de coca.

Adicionalmente, el golpe asestado al narcotráfico en octubre del 2004, es uno de los más fuertes de este año, según el balance del operativo “Monzón 2004” expuesto por el Ministerio del Interior. El resultado de esta exitosa intervención en la zona de Tingo María (Huánuco), dejó la destrucción de 125 laboratorios para elaborar pasta básica de cocaína y la incautación de 2.500 kilos de dicha droga, junto a insumos y materia prima.

Para la ejecución de estas acciones antinarcóticos, se utilizaron dos helicópteros de fabricación rusa MI-17 “HIP” y siete helicópteros estadounidenses UH-1H modelos “Huey I” y “Huey II”, que se sumaron a las fuerzas policiales a través de un convenio antidrogas firmado con EE.UU.

A propósito, enfatizando la interdicción antidrogas, el gobierno de EE.UU. entregará en calidad de donación, ocho helicópteros a la Policía Nacional del Perú, hasta fines del 2004 y ofrece proporcionar ocho helicópteros más para el 2005. Seguro es consciente, que una vulnerabilidad de la estrategia antinarcóticos peruana, es el bajo volumen de cocaína incautada anualmente: sólo el 6.4% de la producción potencial total.

El lavado de activos

Aunque es muy difícil determinar la cantidad de dinero lavado por el narcotráfico, asumiendo que el gramo de cocaína pura, puede llegar a costar 100 dólares en los países industrializados, y que el Perú produce 140 toneladas de esa droga cada año, es posible vislumbrar la magnitud del dinero movilizado por los mafiosos.

Bajo ese enfoque, se estima que en el Perú podrían lavarse unos 800 millones de dólares anuales; cifra creíble, ya que la Sociedad nacional de industrias y el gobierno peruano, consideran que únicamente el contrabando y la piratería, representan cada año, unos 600 millones de dólares, y estas son ramas del crimen organizado, empleadas para el lavado de activos ilegales.

En definitiva, el poder corruptor del narcotráfico está presente en muchas esferas de la sociedad peruana; por ejemplo, el gobierno de EE.UU. incorporó en junio del 2004, a la compañía peruana Aero Continente, en su lista de entidades sujetas a sanciones -incluido el bloqueo de sus bienes en EE.UU. y prohibición de negocios de estadounidenses con ella-; afirmando que dicha empresa, es una “fachada financiera controlada por el cabecilla peruano de la droga, durante más de dos décadas, Fernando Zevallos González”.

Esta grave imputación -por primera vez aplicada a un peruano- basada en una Ley de EE.UU. y una decisión conjunta de los departamentos de Hacienda, Justicia, Estado, Defensa, Seguridad Territorial, la CIA, el FBI y la DEA; fue ratificada en noviembre de 2004, aun después que la línea aérea experimentara varios cambios de propiedad y de nombre, pasando a llamarse Nuevo Continente; debido a que según EE.UU., no pudo demostrar haber cortado los vínculos con sus ex propietarios.

Al respecto y en bien de la transparencia, EE.UU. debería hacer públicas las pruebas que demuestren la responsabilidad de Zevallos y Aero Continente, en los hechos denunciados, ya que la justicia peruana todavía no ha condenado al cuestionado empresario.

Panorama general

Siendo la lucha contra el narcotráfico una política de Estado en el Perú, dicho flagelo aún constituye una seria amenaza para su seguridad y estabilidad, al tener efectos devastadores en lo social, económico, medioambiental y político; mientras tanto, el Estado peruano debe esforzarse por consolidar una estrategia equilibrada, donde junto a la interdicción antinarcóticos, se afiancen programas viables de sustitución de cocales por cultivos alternativos; en tal sentido, es necesario un apoyo más integral de la comunidad internacional hacia el Perú, de acuerdo al principio de responsabilidad compartida; a fin de enfrentar en mejores condiciones, a las mafias de las drogas que disponen de ingentes recursos y manifiestan una tendencia a estrechar lazos con el terrorismo.