Estoy plenamente de acuerdo con el decir de muchos de que la votación (3 a 1) en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados es, más que un golpe contra Andrés Manuel López Obrador, contra la naciente democracia mexicana.
Si lo virtualmente único que tenemos en materia de democracia es el pacto de respeto al dictamen de las urnas y que sea allí, y no en otra parte, como antes frecuentemente ocurría, donde se elija a los gobernantes de cualquiera de los niveles establecidos, eliminar a López Obrador es un atentado directo contra la libertad del voto de los mexicanos y, por lo mismo, contra la naciente democracia formal de México.
Ya se pueden envolver en la bandera de una supuesta legalidad los 2 priístas y el panista que votaron por el desafuero, y hasta lanzarse con ella desde el alcázar de Chapultepec al despeñadero, que su voto no significa más que un atentado a la democracia incipiente, naciente, inmadura, débil, tembelequeante de nuestro país. Actuaron, tanto el panista como los 2 priístas instructores, como mezquinos servidores del encono y la diatriba contra el más preferido de los posibles precandidatos a la Presidencia de la República y, por ende, contra la manifiesta inclinación de una mayoría de los mexicanos. Y con esas armas y resultados quieren que se les crea, tanto a panistas como a priístas, su dicho de que son fieles partidarios y practicantes de la democracia.
Naturalmente, no parece que en la plenaria del próximo jueves 7 en la Cámara de Diputados pueda ser distinto el resultado a alcanzar en torno al desafuero de López Obrador. La ignominia de una acción normalmente es continuada por otra u otras ignominias. La siguiente ignominia casi de seguro será la del jueves 7 de abril, cuando los irredentos oportunistas que hay en el PRI, aunque no todos lo son, ciertamente, decidan desaforar al jefe de Gobierno capitalino.
Pero insistimos, no se trata tanto de un golpe contra Andrés Manuel López Obrador —que lo es y muy sensible— sino de un atentado contra el derecho al voto libre de los mexicanos, tanto más grave por cuanto se da en el pretexto de que es un acto de defensa y cumplimiento de la “legalidad”, cuyas argumentaciones en ese sentido son más que discutibles, son deleznables jurídicamente hablando, y deberían provocarles vergüenza a los instructores panista y priístas, así como a todos cuantos han hecho mofa de la democracia mexicana anticipadamente a las elecciones presidenciales en el 2006.
Por añadidura, ese manoseado espíritu de “legalidad” no se manifestó nunca cuando el Fobaproa (o robo del siglo XX) o cuando el Pemexgate, o cuando los Amigos de Fox fueron denunciados por priístas de haber traído capitales extranjeros a apoyar la candidatura del guanajuatense para la Presidencia, en un acto, este sí, absolutamente ilegal y totalmente condenable desde el punto de vista ético.
Con este resultado es evidente que se cierra la pinza de las diversas complicidades en que se han visto envueltos en los últimos lustros los panistas y los priístas (como siempre, con algunas notables excepciones que no modifican el resultado neto de este análisis, ya que añadidamente no es de esperarse que voten en conciencia el jueves entrante, sino con la mayoría desaforante que ya se perfila en el horizonte).
El Fobaproa, o robo del siglo XX, está, casi seguramente, en el eje de esa complicidad de hoy, como lo estuvo en diciembre de 1994. Y de seguro comienza desde que López Obrador anuncia en un libro notable por su rigor analítico, que debe revisarse el Fobaproa, o robo del siglo XX, y la lógica implica que, de llegar a la Presidencia de la República, lo instrumentaría desde el poder.
Así que el voto en la Sección Instructora y el ignominioso que presumiblemente le seguirá el jueves 7 sólo son expresiones de una y la misma complicidad, la que surge de la enfermedad neoliberal de los priístas que se la jugaron a morir con Carlos Salinas de Gortari en sus tiradas anti mexicanas.
Pero hay otros hechos a considerar. Las cosas no se estarán quietas, hasta más allá de lo que diga o haga López Obrador, e incluso si éste no hiciera o dijera nada y se conformase con el desafuero (cosa que no ocurrirá, naturalmente, según el mismo afectado lo ha avisado). La invalidación de los votos hasta hoy mayoritarios por el procedimiento del desafuero y el enjuiciamiento penal de AMLO, de seguro crearán un estado muy profundo de malestar político que habrá de traducirse en una grave inconformidad social, más allá de decisiones del PRD o del grupo de AMLO.
Sólo a efectos comparativos, ya que las situaciones históricas no se repiten, y menos como copia fiel, la invalidación del precandidato López Obrador es similar a la invalidación del entonces precandidato general Bernardo Reyes (el padre de don Alfonso Reyes, el humanista) bajo aquel porfiriato que se creyó inmune a las mutaciones de la política.
Más que nada, asimismo, este resultado en la Sección Instructora y el esperable del jueves 7 en el plenario diputadil, significa una derrota alevosa, por darse afuera de las urnas, de la plataforma social y una nueva imposición del modelo neoliberal y privatista en la línea política del país. La enfermedad neoliberal inoculada al cuerpo político del país, a su clase “política”, desde el salinato, tiene todos los visos de ser irreversible por sí misma.
Sólo la sociedad, asqueada y hastiada de tantos desafueros contra ella, los cuales son sociales, económicos, financieros y ahora políticos, pondrá orden en las cosas de México, no obstante que el neonazi Vortex del Mal (Bush, Condoleeza, Cheney, Rumsfeld y demás), apoyen con su mano larga las aventuras de la derecha ahora casi inevitablemente seguidas servilmente por el priísmo oportunista y medroso.
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