Guerra contra la reforma agraria

por Apolinar Díaz-Callejas

La lucha por la reforma agraria en Colombia, como objetivo político y social de cambio, arrancó propiamente en la segunda década del siglo XX en las regiones cafeteras de Cundinamarca y Tolima, en la confluencia de los municipios cafeteros de Antioquia, Caldas y Valle, así como en el actual departamento de Córdoba, en las regiones de Loma Grande, Canalete y Callejas, y en el Magdalena a raíz de las plantaciones bananeras de la United Fruit Company. En Colosó, en los Montes de María (Sucre), Eduardo Arango y Córdoba fundó en 1913 el primer sindicato agrario del país. En esos conflictos participaron movimientos políticos revolucionarios de índole socialista -bajo el impacto de la revolución bolchevique en Rusia- y dirigentes de izquierda como Jorge Eliécer Gaitán.

Las luchas campesinas por la tierra estuvieron signadas por la violencia gubernamental y de terratenientes que organizaron su propia represión armada. En carta a Nemesio Camacho, Alfonso López Pumarejo decía en 1928: “El espectro comunista ha sido llamado, en vísperas de la reunión de las cámaras legislativas, a ocupar el centro de nuestro escenario político. Las cárceles están abiertas, aguardando a los enemigos del régimen. La paz, la religión, están otra vez en peligro, al decir de nuestros mandatarios”. Y se preguntaba: “¿Vamos a presenciar impasibles el espectáculo de un ejército armado hasta los dientes y que no ha servido para defender las fronteras patrias, listo a fusilar al pueblo indefenso por la espalda, como el 16 de marzo, esta vez con el objeto ostensible de cerrarles el paso a los adictos del socialismo?”.1

En la Regeneración Conservadora, hasta 1930, las luchas por la tierra del campesinado soportaron implacable represión. A partir de este año, con el comienzo de la República Liberal, en especial durante los gobiernos de Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo, se dieron pasos para intentar una reforma agraria. En la administración de Olaya se elaboró un proyecto con la coordinación de Francisco José Chaux y Jorge Eliécer Gaitán pero no tuvo trámite. En el cuatrienio de López Pumarejo se expidió la Ley 200 de 1936, que no tenía una política distributiva de la propiedad de la tierra sino el objetivo de impulsar su transformación capitalista mediante la obligación de explotarla. En el proceso parlamentario de expedición de la ley explotó la oposición total de Laureano Gómez y el partido conservador, las altas jerarquías de la iglesia católica, los terratenientes liberales y conservadores, así como los altos mandos militares y de policía. Hubo masiva expulsión de campesinos arrendatarios en todo el país.

En la violencia conservadora (1946-1953) contra el partido liberal y las fuerzas políticas democráticas, y aunque con menor intensidad bajo el gobierno militar (1953-1957), grupos de terroristas conocidos como “pájaros”, la policía política “popol”, los “chulavitas” y hasta la fuerza pública desataron la mayor violencia de la historia de Colombia desde 1946, que terminó parcialmente en 1957, con el pacto del Frente Nacional en que liberales y conservadores se distribuirían por partes iguales el poder a partir de 1958. Durante esa violencia no sólo se practicó el exterminio de opositores políticos; también se hizo el más grande despojo de tierras al campesinado, sobre todo en las regiones cafeteras.

Paul Oquist muestra la monstruosidad de los crímenes de esa violencia, en especial en los departamentos cafeteros:

En el marco propio del pensamiento de John F. Kennedy, presidente estadounidense, fue impulsada una reforma agraria restringida por los mismos opositores a la Ley 200 de 1936, recogida en la Ley 135 de 1961. El presidente Carlos Lleras Restrepo dio notable impulso inicial a esa ley, apoyándose en la organización y el poder de las Asociaciones de Usuarios Campesinos (Anuc) que él había proclamado como la fuerza capaz de imponer la reforma agraria. En Sincelejo, al inaugurar la primera Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Colombia, fue enfático al afirmar que “no habrá reforma agraria si el campesinado, sus organizaciones y asociaciones de usuarios no la imponen. Sin la presión campesina organizada no habrá reforma agraria”.3

Hasta diciembre de 1971 se habían organizado 980.306 campesinos, la cifra más alta en la historia de participación y organización campesina en Colombia, desbaratada y reprimida por el gobierno de Misael Pastrana Borrero, quiendividió las asociaciones de usuarios campesinos a la vez que impuso la contrarreforma agraria recogida en el Pacto de Chicoral (diciembre 1971-enero 1972), con la participación de la dirigencia conservadora y la derecha liberal. La represión contra las organizaciones y movimientos campesinos se ha mantenido hasta nuestros días.

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Corpoica, en el año 2002 el 0,4 por ciento de los propietarios -es decir, 15.273- poseía el 61,2% del área predial rural registrada en Colombia, equivalente a 47’147.680 hectáreas. Estas propiedades corresponden en su mayoría a predios con extensiones superiores a 500 hectáreas. Entre tanto, el 97 por ciento de los propietarios registrados en el Catastro -unos 3,5 millones de personas- posee sólo el 24,2 del área predial rural nacional, o sea, 18’646.473 hectáreas.

Dice Alejandro Reyes4 que “la compra de tierras por los narcotraficantes encajó en el interés estratégico de las Fuerzas Armadas y los políticos tradicionales de contar con aliados bien financiados y dispuestos a defender militarmente territorios en poder de las guerrillas”. Afirma que si la decisión del gobierno “se orienta hacia la guerra final contra las guerrillas o, lo que es igual, a la guerra civil, los grupos paramilitares son indispensables para hacer frente a las mismas”. Añade que los grupos paramilitares son las organizaciones creadas para la defensa territorial de los dominios regionales de narcotraficantes y sus alianzas con grandes propietarios.

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, terrateniente él mismo, ultraderechista y latifundista ganadero en Antioquia y Córdoba, liquidó el Incora y la reforma agraria, a la vez que ha desatado una atroz represión contra el campesinado y sus organizaciones. Las cárceles están llenas de campesinos e indígenas por acusaciones de testigos pagados, los ‘sapos’, que hasta la fecha han recibido 7.609 millones de pesos por acusar a alguien como guerrillero o subversivo. La decisión de Uribe de imponer su reelección presidencial está incrementando los crímenes contra campesinos, luchadores populares y profesores, pero la resistencia nacional a ese proyecto político y la violencia puesta en marcha es cada vez mayor.

* Apolinar Díaz-Callejas es ex Senador de la República, ex Ministro del Gabinete del Presidente Carlos Lleras Restrepo y miembro de la Comisión Andina de Juristas.
1 López Pumarejo, obras selectas primera parte (1926-1937), Bogotá: Cámara de Representantes, 1979, pp. 55-61.
2 Oquist, Paul, Violencia, conflicto y política en Colombia, Bogotá: Banco Popular, 1978, p. 84.
3 Cfr. Díaz-Callejas, Apolinar, Colombia y la reforma agraria, sus documentos fundamentales, Cartagena: Universidad de Cartagena, 2002, p. 130 y ss.
4 Reyes Posada, Alejandro, “Compra de tierras por narcotraficantes”, en: Varios, Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social, Bogotá: Editorial Ariel, 2003, pp. 280-346.

Migraciones, muertes y perdidas de parcelas
debido a la violencia (ambos períodos: 1946-1966)2

Departamento Migraciones Muertes Parcelas perdidas

Antioquia 116.500 26.115 16.020

Bogotá, D.E. 31.200 2.585 0

Boyacá 123.000 5.363 16.400

Antiguo Caldas 179.500 4.255 36.800

Cauca En otros 1.236 3.000

Cundinamarca 265.700 4.033 50.400

Huila 112.000 4.111 27.000

Meta 16.800 5.842 800

Norte de Santander 174.400 20.885 38.400

Santander 290.500 19.424 26.600