El fantasma de la desintegración territorial, la violencia entre bolivianos, los conflictos sociales, los actos de grupos terroristas, las movilizaciones y marchas e incluso el golpe de Estado o una guerra civil asechan, una vez más, al país ubicado en el corazón del continente latinoamericano: Bolivia.

Tras 18 meses de ingobernabilidad cuyo responsable directo es el presidente Carlos Mesa, este país ingresa a una etapa de definiciones en base a una agenda que se la arrastra desde octubre de 2003 cuando el coraje de los bolivianas y bolivianas expulsó de la presidencia al tirano de Gonzalo Sánchez de Lozada.

La Asamblea Constituyente, la nueva Ley de Hidrocarburos, la elección de prefectos y la convocatoria al Referéndum Autonómico, son las demandas que buscan soluciones estructurales para Bolivia.

“La incapacidad del presidente Mesa que ha perdido total autoridad para gobernar, está llevando al país a una situación de confrontación e incertidumbre. Los movimientos sociales buscamos la unidad nacional con autonomías para todo el pueblo mientras que la oligarquía cruceña pretende imponer la división para beneficiar a un pequeño sector”, afirmó el diputado Evo Morales.

Más de un millar de cocaleros, campesinos, fabriles, desocupados, indígenas, sin tierra, obreros, estudiantes, regantes, mujeres del agro y otros sectores sociales marchan rumbo a La Paz, sede de gobierno de Bolivia, donde arribarán el lunes 23 de mayo.

La última semana en este país fue crítica: varios sectores de la sociedad rechazaron una invitación presidencial para realizar un Encuentro Nacional por la Unidad, en puertas de Petrobras en Santa Cruz explotó un coche-bomba mientras que un grupo presumiblemente terrorista se atribuyó el acto, los dirigentes del Movimiento Sin Tierra fueron agredidos físicamente por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, la Central Obrera Boliviana convocó a una huelga general con bloqueo de caminos, el gobierno se negó a promulgar la nueva Ley de Hidrocarburos y crecen, cada vez más, los rumores de una asonada fascista.

El dirigente fabril y portavoz de la Coordinadora del Gas, Oscar Olivera, advirtió que el proceso de autonomía propuesto por los sectores de la oligarquía “convocan a la secesión y a una guerra civil” porque atentan a la unidad del país.

“La unidad del país está en riesgo. El proyecto del referéndum autonómico de la élite cruceña no es más que una convocatoria a la secesión del país e incluso a una guerra civil”, aseveró.

La Asamblea Constituyente

La totalidad de los movimientos sociales bolivianos impulsan la Asamblea Constituyente Soberana, Participativa, Incluyente y Fundacional, como la única garantía democrática para solucionar en forma estructural los conflictos sociales.

Entienden que la Asamblea Constituyente no ha nacido en Palacio de Gobierno ni tras los escritorios de los burócratas o consultores, menos tiene que ver la autodenominada clase política sino que ha nacido en las marchas indígenas que se iniciaron en 1990, en las movilizaciones rurales y urbanas de abril y septiembre de 2000, de febrero y octubre de 2003, de enero de 2005.

La Asamblea Constituyente desde la visión del pueblo boliviano debe ser: “de todos, con todos y para todos”.

La constituyente no se basa sólo en la reforma de la Constitución Política del Estado, más bien, recupera la primera premisa republicana: “es en el pueblo donde reside la soberanía” y promueve, decide una transformación general de las instituciones políticas para corregir la actual situación de exclusión y desconocimiento de los derechos políticos de los ciudadanos.

Tiene que ser soberana porque es depositaria de la voluntad popular; debe ser autónoma respecto a los poderes constituidos y debe actuar libremente, sin subordinaciones ni condicionantes, como el máximo poder del Estado; debe ser participativa porque sólo la participación social garantiza una asamblea útil, fecunda, integradora en su mirada de país y capaz de reflejar la realidad nacional y debe ser incluyente porque está abierta a todos los sectores sociales del país.

El Pacto de Unidad que aglutina a campesinos, originarios, indígenas, sin tierra, colonizadores y mujeres agrarias del país, en alianza con sectores de la COB, denunciaron que la conspiración oligárquica tiene el apoyo de poderes extranjeros, de las transnacionales y de sectores políticos tradicionales con el único objetivo de impedir la realización de la Asamblea Constituyente a través de un referéndum que no tiene ningún consenso nacional.

Alertan que a través del referéndum se pretende que cada departamento “disponga libremente de sus recursos” financieros y naturales y también denuncian el carácter separatista del referéndum autonómico expresado en el carácter vinculante a nivel departamental que se le pretende dar.

“El referéndum autonómico vinculante es flagrantemente inconstitucional puesto que impondría trascendentales reformas a la Constitución Política del Estado (CPE), siendo que nuestra Carta Magna no reconoce el referéndum como procedimiento ni órgano para reformar la Constitución”, apuntan.

Ninguno de los sectores sociales se opone a discutir la demanda autonómica, porque además fueron los primeros en plantearla, pero aclaran que no aceptarán imposiciones que solo pretenden cerrar el camino al escenario más democrático y amplio para debatir y resolver esta cuestión: la Asamblea Constituyente.

El referéndum autonómico

EL referéndum autonómico es planteado por los grupos de poder de Santa Cruz, ellos quieren realizar este proceso el 12 de agosto de este año, junto a las elecciones para prefectos.

Ante el rechazo de la mayoría nacional, los sectores de la oligarquía impulsan el referéndum basados en una pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que se defina y establezca en el país la constitución de autonomías departamentales con transferencia efectiva de competencias y atribuciones, las mismas que tendrán por objeto, en su jurisdicción territorial, disponer libremente de sus recursos, elegir a sus autoridades y darse su propia administración?”

En un documento publicado en la prensa nacional, por el Comité Cívico de Santa Cruz dice que la legislación de estos recursos naturales de importante valor estratégico como los hidrocarburos, los minerales, el agua, el bosque y la tierra, se “desarrollaría” en los gobiernos departamentales.

¿Qué significa el proceso autonómico? Que en cada uno de los departamentos funcionen autónomamente los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, mientras las normas y autoridades nacionales tienen un rol muy limitado.

El modelo de autonomía planteado por la oligarquía va más allá del modelo de otros Estados Federales, como por ejemplo Argentina y Brasil donde la legislación que norma los recursos naturales estratégicos está íntegramente en manos de los órganos legislativos nacionales.

Según los movimientos sociales, “la pretensión de las élites cruceñas, es inconstitucional, antidemocrática y afecta a la unidad y soberanía nacional. El carácter departamentalmente vinculante que se le quiere dar al referéndum, significaría que la votación mayoritaria en un solo departamento se impondría en contra de la voluntad mayoritaria del resto del país. Por tanto, existe el peligro de la fragmentación de Bolivia; más todavía, si se considera que las empresas transnacionales petroleras, que forman parte del grupo empresarial cruceño, tienen una amplia experiencia de intervenir en asuntos internos de los países, de dividir países y hasta provocar guerras”.

Los días de incertidumbre

Ante la difícil situación por la que atraviesa Bolivia, el gobierno, los partidos neoliberales y las transnacionales mueven todas sus fichas para evitar la aprobación de una nueva ley que recupere los hidrocarburos para beneficio del pueblo; mientras que los sectores populares se unifican para exigir que se cumplan sus demandas.

El principal dirigente de la COB, Jaime Solares, aseguró que se iniciarán movilizaciones, paros y bloqueos por la nacionalización de los hidrocarburos, el cierre del parlamento y la renuncia del presidente Carlos Mesa.

Desde el lunes 16, el magisterio urbano y rural ingresan en huelga indefinida, se unirán a ellos los trabajadores de salud, los pobladores de El Alto se movilizarán en La Paz, los campesinos amenazan con cerrar las carreteras y no enviar productos a las ciudades y la marcha “Por la Unidad, la Asamblea Constituyente, los Hidrocarburos y las Autonomías para todo el pueblo” se masifica con la unidad de varios sectores.

“El presidente Mesa tiene dos caminos: continuar defendiendo los intereses de las transnacionales, la oligarquía y de la clase política corrupta o atender las demandas de la mayoría de la población que es indígena, campesina, obrera y es pobre. No hay más alternativas”, advirtió el diputado nacional y dirigente cocalero, Evo Morales.

Los movimientos sociales protagonizan movilizaciones en forma conjunta y, convocaron a los partidos de izquierda y a algunas agrupaciones ciudadanas progresistas e incluso a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a unirse en una gran alianza popular para defender la unidad nacional...

Alex Contreras Baspineiro