Contenido
Abstracto
Introducción
El marco legal
El precio de la energía en el Perú
El gas de Camisea
El anillo energético
El gas natural licuado (LNG)
Los impactos ambientales
Que hacer

1. Abstracto. La energía es un sector estratégico de la sociedad, por el cual el rol del Estado es determinante. En política energética, debemos usar nuestros recursos existentes prioritariamente en el desarrollo nacional. Tenemos la oportunidad histórica de revertir la actual nefasta política energética usando el gas de Camisea para el beneficio del país. Casi todos los países productores del mundo participan en la explotación energética, regulando y controlando las reservas de acuerdo al interés nacional. El Perú tiene yacimientos petrolíferos e históricamente ha sido un país exportador neto de petróleo, la política neoliberal y entreguista de los gobiernos de turno lo convirtieron en importador. Hoy en día, el déficit de hidrocarburos está por encima de US$ 1,200 millones anuales.

La política, los riesgos y beneficios de nuestros recursos energéticos las debe tomar el Estado peruano. Si no lo hacemos ahora, seguiremos condenados a la pobreza. Una vez saqueados y exportados todo nuestro petróleo y gas natural, importaremos esos mismos recursos a precios altos. Luego, usaremos el carbón, la brea, al final nos quemaremos con la bosta (excremento seco de ganado).

2. Introducción. El 65% de la energía usada en el país es dependiente del petróleo y sus derivados, que cada vez son mas caros. El Perú produce un total de 80,000 barriles de petróleo diario (sin considerar Camisea). En las ciudades, donde está concentrada la mayor parte de la población, esta cifra se eleva al 80% (gasolina, kerosene, etc.). En las zonas bajas y el oriente el uso del petróleo se combina con la leña (madera rústica), en los andes se usa el ichu seco (paja) y la bosta.

En las ciudades casi todos los carros, taxis, buses y combis (de muy baja eficiencia), trabajan a diesel de petróleo y gasolina, emitiendo grandes cantidades de humo (dióxido de carbono y materia particulada). Los peruanos pagamos 60 dólares (precio de importación) por un barril de petróleo que debía costar 15 dólares, generándoles excesivas ganancias a las transnacionales.

En junio del 2005, la transnacional Petrotech anunció el descubrimiento de petróleo en el zócalo continental de la Costa norte (la zona de producción más antigua del Perú) y otro en la Selva norte (frontera con Ecuador). Petrotech desde hace 10 años explota el lote de Petroperú (que se lo dio el corrupto Fujimori), produciendo 10,500 barriles diarios (BD) y posible suba a 20,000 con los nuevos descubrimientos. En la Selva norte, Repsol y Burlington explotaron petróleo pesado en el Lote 39 que dejó Petroperú, al lado del Lote 1-AB de Pluspetrol y la empresa china CNOC, que está conectado al Oleoducto Nor Peruano y que tiene capacidad ociosa de transporte.

Repsol, con el nuevo descubrimiento, añadiría la producción de petróleo a sus actividades de refinería (La Pampilla) y lo comercializara a través de sus filiales Lima Gas y Sol Gas, que controlan el 70% del mercado de Lima.

La explotación del gas de Camisea, que debemos recuperar, es la esperanza del país para resolver el serio problema energético. El costo de la inversión en la explotación/distribución del gas, excepto la construcción del gasoducto, es una fracción de la del petróleo. Los usuarios peruanos a través de las tarifas eléctricas, están financiando el gasoducto de Camisea con US$100 millones anuales. Por esta razón, el Estado debe asumir la responsabilidad de masificar el uso del gas natural en el transporte, industria y especialmente en el uso doméstico. El precio del gas es la cuarta parte de lo que cuesta la gasolina. El mismo Toledo dijo que, “con el uso del gas, hay un ahorro de US$1.3 millones por día”. Ese dinero no se iría más a las arcas de las compañías extranjeras, sino a las escuelas, hospitales y para mejorar los salarios de los trabajadores.

Contrario a lo que afirman los voceros de las transnacionales, el mercado peruano es potencialmente grande. El mismo gobierno reportó que el consumo de gas natural aumenta de un promedio de 61 millones de pies cúbicos antes de Camisea, a 151 millones de pies cúbicos diarios. El uso del gas no solo permite reducir costos, sino eleva la eficiencia, la competitividad y reduce la contaminación del aire. Pese a esta realidad, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) proyecta que el uso del gas solo cubrirá el 14 por ciento de la energía total consumida en Perú hasta la próxima década. ¿Qué hay detrás de esa cifra? Que es más lucrativo para las transnacionales exportar el gas, y vendernos lo que resta a precio de importación. Es por esta razón que el gobierno títere, no tiene un plan nacional de energía, tampoco analiza el mercado interno, ni le interesa la industria nacional.

También es por esa razón, que hasta ahora Lima, una ciudad con cerca a 10 millones de habitantes, sólo tenga 180 residencias con conexión de gas. Para las otras regiones, incluida la sede Cusco y las regiones afectadas (Ayacucho, Huancavelica e Ica), cero. Las dos facciones de la gran burguesía que se turnan en el poder (la exportadora y la burocrática), debaten entre ellos si el gas peruano debe ser exportado primero a Méjico (en realidad a California, EEUU) o al llamado anillo energético (la maniobra del gobierno chileno). Kuczynski, “la prioridad es que el gas de Camisea llegue a Méjico antes que a Chile.” (AFF mayo 5, 2005). Las mentiras y justificaciones para embaucar al pueblo están a la orden del día. Sobre el acceso de gas a los hogares, el MEM afirma que, “necesitamos el marco jurídico necesario para que haya mas competencia, mayor participación de empresas, que compitan y lleven gas natural a los domicilios” (La República 6/20/05). ¡El proyecto tiene décadas y no tienen una ley! Eso demuestra que el servicio del gas a domicilio nunca estuvo en sus planes. Y ahora le piden a las mismas transnacionales que trafican con el gas peruano (que son monopólicas y usureras) que compitan entre ellas. A ese paso, la alternativa será un precio imposible de pagar o que las amas de casa esperen el gas hasta el momento en que se acabe. En realidad, la distribución del gas es un proyecto (o inversión), simple con un retorno garantizado (similar al agua potable), que el Estado está en capacidad de afrontar. En Colombia, con apoyo del Estado, se popularizaron las instalaciones de gas a domicilio, de 600,000 usuarios en 1993 a 3.2 millones el 2003.

Al mismo tiempo, se debe trabajar para las generaciones futuras, promoviendo tecnologías en energías renovables (solar, viento, biomasa). Se debe estudiar las experiencias de otros países, por ejemplo Brasil (producción del etanol de la caña de azúcar) y EEUU (extraer etanol de maíz). De igual manera hacer estudios para expandir el potencial hidroenergético porque sólo el 5 por ciento es aprovechado actualmente.

3. El marco legal. El gastado argumento de los neoliberales es dejar todo a las fuerzas del mercado. En el Perú, los que imponen las fuerzas del mercado son las transnacionales de la energía y las mineras con un gobierno inepto engrasándoles las poleas. La mayoría de esas empresas extranjeras usurpan nuestros yacimientos enriqueciéndose ilegalmente. No olvidemos que sus contratos de privatización en los 90’s salieron de las corruptas manos de Montesinos y Fujimori. Pero allí no esta el meollo del asunto, el problema es que esos contratos fueron obtenidos por medio de fraudes y actos criminales. Ese tipo de contratos no se respetan, se anulan.

La dictadura Fujimori-Montesinos, obedeciendo las órdenes del imperio a través de sus brazos financieros como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento, subastó las empresas del gas y del petróleo. Petro Perú fue desmembrada. De esa manera, han comprometido la soberanía nacional, además de mandar a la bancarrota a la industria nacional. La Ley de Promoción de la inversión (DL 674 del congreso montesinista), era una copia fiel de un proyecto de ley circulado por el Banco Mundial en toda Latinoamérica (la misma ley en su introducción agradece el apoyo “técnico” del Banco Mundial). El objetivo, según ellos, era generar bienes, servicios y empleos, con una supuesta modernización y ética. Con odio de clase al pueblo, la dictadura elimina los subsidios a la energía eléctrica de los servicios públicos, eliminaron los impuestos selectivos al consumo al petróleo, diesel y residual que pagaban las empresas privadas extranjeras (a quienes la ley dio el inofensivo nombre de autoproductores).

Basándose en coimas y oscuros tratos comerciales entre transnacionales, se subastaron los campos petrolíferos estratégicos del país a transnacionales (Pluspetrol, Hunt, Repsol, etc.), se regalaron los buques-tanque a mercaderes chilenos. De esa manera se eliminó por completo el control estatal sobre los precios de los hidrocarburos, la conservación y la eficiencia de la explotación y, fundamentalmente, se dio carta libre a la contaminación ambiental por el cual casi todos los ríos de la amazonía están envenenados con metales tóxicos, sustancias cancerígenas orgánicas/volátiles y cloratos.

Toledo, ignorante en recursos energéticos, no obstante estar rodeado de conocidos peones de compañías transnacionales como el tal Quijandría y PPK, ha consolidado la política de petróleo de Fujimori. El gobierno es incapaz de explicar y resolver hasta los simples incrementos del gas líquido de petróleo (GLP) que usan las amas de casa en Lima. Para Toledo es preferible subsidiar el precio del GLP para abaratarlo en una ridícula cantidad, en lugar de disminuir las ingentes ganancias de las transnacionales.

Se debe investigar y demostrar la ilegalidad de las privatizaciones de los sectores estratégicos del país con el objetivo de anularlos. El país lo requiere, la crisis energética lo demanda. A pesar que hasta el momento nadie los ha investigado, los indicios son claros. Montesinos está todavía vivo y sabe los detalles.

Montesinos ha sido interrogado mas de cien veces por procuradores del Estado y el Congreso, pero jamás le han preguntado sobre los documentados sobornos de la Newmont, Pluspetrol, Doe Run, Hunt, etc. que fueron revelados por la prensa internacional. ¿Por qué se han eliminado de la vista pública, los materiales que muestran sobornos de altos ejecutivos de transnacionales por los corruptos Fujimori y Montesinos?

Aquí van algunos ejemplos. En 1993 la dictadura de Fujimori subasta la empresa nacional Solgas, que cubría el 67% de la comercialización del gas, en la suma de 7 millones de dólares a unos testaferros chilenos que poco antes formaron una empresa fantasma. Los chilenos (con sobornos a varios funcionarios del régimen de Montesinos), la revendieron a Repsol solo después de una semana en 57 millones de dólares. Todo el crimen estaba planeado de antemano con Repsol, que también les compró a un precio muy bajo. ¡Un robo de 50 millones de dólares al Estado peruano! ¡No se investigó nada! Con las mismas prácticas corruptas, Pluspetrol adquirió los lotes 8 y el lote 1AB con reservas probadas que pertenecían a la empresa nacional Petroperú en la Selva norte que la misma empresa le vende petróleo al Estado al precio de importación (ver mi artículo El precio del petróleo). Por esta simple razón, las privatizaciones hechas durante la dictadura corrupta carecen de valor jurídico y deben anularse con el debido pago de multas por daños y perjuicios al Estado peruano y el encarcelamiento de los funcionarios de las multinacionales que cometieron los delitos.

En un plan coordinado, justo antes que se privatizara La Pampilla (Repsol) y los pozos petrolíferos de Talara y Selva norte (Pluspetrol), la dupla corrupta Montesinos-Fujimori impusieron el Decreto Ley (DL) 807 en abril de 1996, derogando la ley que protegía el mercado interno. Esta nefasta ley cocinada en la salita del SIN (supuestamente para mejorar la eficiencia), permite a las transnacionales vender los combustibles a los peruanos a precio de importación (incluido fletes, seguros y aranceles que no pagan). También las transnacionales gozan de los beneficios del DL 818, que les permite la recuperación anticipada del IGV, las facilidades del pago de aranceles hasta en 14 semestres y extendiéndoles el arrastre de pérdidas de 4 a 8 años. Toledo, con el apoyo de los apristas, mantiene esa ley infame.

El artículo 77 del DL (Ley de Hidrocarburos) fija los precios de acuerdo a la oferta y la demanda que da libertad a Repsol, Pluspetrol y otros para traficar con los precios. EL DL 807 de Montesinos debe ser derogado en su totalidad.

Glodomiro Sánchez, ministro de Energía y Minas, comenta sobre el precio: “mas que país, es un negocio entre privados, pero creo que tiene que haber una decisión política”. ¡Que tal revelación! La política energética del Perú es un negocio de las transnacionales. La decisión política es abolir esa ley que otorga a Pluspetrol, sin ninguna justificación técnica ni legal, la propiedad del Lote 56, adyacente al Lote 88 (Pagoreni). Esa entrega fue ilegal, basada en coimas y sobornos a funcionarios del gobierno, sin licitación alguna (a dedo), sin participación ciudadana. Esa ley se debe derogar y toda la gestión debe pasar al control de Petroperú, con las sanciones de ley a los funcionarios corruptos tanto del gobierno como de Pluspetrol. Sobre el mismo tema, Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de MEM del gobierno de Paniagua opinó: “ He leído el contrato 56 y me parece infame. Este dice que es de interés del Estado peruano que se realice la explotación y no menciona para nada el término exploración. Los términos económicos en los que se pactaron son terribles contra el país.” (La República, junio 21, 2005). Eso demuestra que Pluspetrol está explotando las reservas probadas de petróleo del país, que con nuestro dinero, Petroperú exploró y caracterizó. En palabras, estamos subsidiando a Pluspetrol que nos vende nuestro GLP a precio de importación.

Mediatizados de la izquierda caviar sostienen, “la iniciativa privada tiene que llevar la voz cantante, con el rol del Estado indicando a dónde ir”. Lo que pasa es que en el teatro peruano, la voz cantante se roba la canción y el Estado le toca el violín.

Las transnacionales tienen sus lobistas y corruptos a sueldo en el medio político y el Congreso. Debemos desenmascararlos (Lourdes Flores, Jorge Del Castillo, Barba, Rey, Olivera entre otros). Recientemente, con la llegada de Raymond Hunt a Lima, se comentaba en pasillos del Congreso que esta trasnacional ofrecía 10 mil dólares a cada congresista que se plegara a un siniestro proyecto de ley para modificar el DL que garantiza el uso del Lote 88 para el mercado nacional. Estos congresistas abogaron para que el Lote 88 de Camisea se entregara a la trasnacional, aquí están los miserables que se plegaron al proyecto de marras: Jesús Alvarado, José Delgado, César Zumaeta, Manuel Olaechea, José Devescovi, Ronnie Jurado, Fabiola Morales, Rafael Valencia y Fausto Alvarado. Mercenarios que no entienden un ápice sobre energía. También hay fujimontesinistas incrustados en la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que en lugar de defender la industria nacional, defienden a capa y espada a las transnacionales. El más conspicuo, de acceso frecuente a la prensa oficialista, es Carlos Del Solar (un empleadillo de la transnacional Hunt) quien repite a diario: “No se debe modificar la ley de hidrocarburos porque es peligroso”. Claro que es peligroso para sus bolsillos, pero no para las grandes mayorías. Los argentinos modificaron la ley de hidrocarburos del ladrón Carlos Menem (el carnal de Fujimori) multando a la transnacional YPF con 190 millones de pesos por un trato discriminatorio entre el consumidor nacional y el extranjero (análoga al Art. 77 de la ley peruana). A la transnacional Pluspetrol, no se le multó ni con un centavo, por hacer lo mismo y peor (negarle la venta de GLP a Petroperú para abaratar el precio a las amas de casa). En cuestiones de energía, hoy en día el mezquino argumento de que políticas nacionales “ahuyentan la inversión privada” frecuentemente usada por las transnacionales, está fuera de lugar.

4. El precio de la energía en Perú. A pesar de que sólo el 22 % de la gasolina se importa, el precio de la gasolina en el Perú es una de las más caras del mundo. La gasolina es también controlada por transnacionales (la más grande es Repsol). El precio de producción de la gasolina de 90 octanos oscila de 4 a 6 dólares el barril, pero Repsol nos vende (nuestro propio combustible que lo refina en La Pampilla) al precio internacional de los 58-60 dólares el barril.

Otro tráfico existe con el gas licuado de petróleo (GLP), cuyo precio es uno de los más altos de Latinoamérica. Desde que se privatizó, el GLP subió de precio más de 20 veces. Hoy en día, el balón estándar de gas (10 kilos), cuesta casi el doble que el de Colombia, casi 4 veces que en Bolivia y Ecuador, y 1.6 veces más que en Chile. Lo curioso es que Repsol le vende nuestro GLP a Chile (país que anda tras nuestros recursos naturales).

Los productores nacionales son Pluspetrol, Petro-Perú, Repsol (Refinería La Pampilla), Maple Gas USA, y Empresa Eléctrica de Piura. Los mayoristas pasan a distribuidores y sub-distribuidores, repartidores a domicilio, antes de llegar al consumidor final.

En agosto del 2004 empezó la producción comercial de Camisea y hasta hoy no se ve ningún beneficio para los peruanos. El precio del GLP, uno de los productos extraídos del yacimiento Camisea, duplicó la producción nacional de GLP y era lógico que a mayor oferta, el precio disminuyera. Pero las transnacionales no lo permiten. Pluspetrol sostiene que de acuerdo a ley (la ley de Montesinos), el gas es una mercancía (un commodity) que se rige por precios internacionales. Pluspetrol, que produce el 65% del GLP peruano, se burla de los peruanos, les ofrece rebajar el 10% y luego se los quita. Existen 10 clientes mayoristas en Lima, el mercado es grande, hay 2.7 millones de hogares consumiendo GLP, y los precios se mantienen como si Camisea no existiera

Pluspetrol vende el GLP a los distribuidores nacionales en Paracas (donde está la planta de licuefacción del gas), lo hace a precios similares al de importación, es decir el costo de importar el GLP desde el golfo de Méjico en EEUU (zona de referencia internacional). El precio de un barril en el golfo es US$37.79, a lo cual se suman los fletes e impuestos, lo que hace de la paridad de importación sea de US$ 48.3/barril.

“En el puerto de Pisco lo vende a US$30 por barril para exportación y a US$50 para el mercado local, es decir 66.67 % mas caro”. Además, “los envasadores de gas deben pagar por adelantado a Pluspetrol por la compra de este producto.” (Aurelio Ochoa, Sociedad Nacional del Gas, La República, junio, 1, 2005).

Pluspetrol produce 15,400 barriles diarios de GLP. A esto hay que agregarle una producción de 10,000 a 11,000 barriles de GLP provenientes de la refinería de Aguaytía, Talara, La Pampilla, Piura, etc. La demanda llega a 20,000 barriles diarios. Con Camisea se ha pasado de importadores de GLP a exportadores del mismo. Hay un excedente de 5,000 barriles diarios de GLP. El diferencial entre la diferencial y la demanda es exportado a precios de paridad de exportación.

Mientras se prepare el marco legal para rescindirles el contrato, Pluspetrol debe ser obligado por ley, a vender el GLP en el mercado interno al precio internacional en Lima, y por debajo de éste en las provincias (precio de producción en los lugares donde se extrae y pasa el gas) y no a la paridad de importación. El precio de exportación es US$ 26.52/barril, al cual se le agregan los costos de transporte hasta el destino final y otros gastos administrativos para llegar al precio de importación. Y es vergonzante que Osinerg (entidad reguladora) coadyuve en el crimen, al publicar a diario los precios de importación del GLP. Por obvias razones, no publican el precio de paridad de exportación. El punto medio predicado por Pluspetrol (supuesta paridad de importación y exportación) es otra trampa que debe ser rechazada, el precio del gas debe estar por debajo de los precios de exportación (precio de autoabastecimiento). Solo Petroperú ha reducido el precio del gas con un nivel aproximado de 26,798 barriles, lo que equivale a 232 mil balones de gas. Pero Petroperú, como productora, solo cubre aproximadamente el 25 por ciento del mercado, Pluspetrol (filial de Repsol YPF), Refinería La Pampilla (también de Repsol), Aguaytía Energy (Duke Energy USA) y EEPSA cubren el 75% restante. Todos ellos suministran GLP a las plantas envasadoras, que venden los balones directamente al usuario final o a través de intermediarios.

Las tarifas de electricidad con el gas natural deben bajar porque el gas natural es más barato que el diesel, y porque la tecnología de producción de electricidad a gas es mas barata y eficiente que el petróleo. Eso también favorece a los industriales (bajan sus costos). Pero las empresas privadas de electricidad se oponen porque bajarán sus ganancias, que han aumentado por la llamada Ley Eléctrica de mayo del 2005, otra ley fantasma impulsada a espaldas del pueblo por el aprista Jorge Del Castillo que se aprobó en el Congreso sin debate alguno. ¡En plena era del gas de Camisea aumentan la tarifa eléctrica! Rompiendo el monopolio, con empresas que produzcan electricidad con gas, las tarifas podrían bajar un mínimo de 20%! El sabotaje al interés nacional es revelador, “no tenemos generadores de gas”, cuando en realidad requiere una modificación menor para ponerlos en funcionamiento.

La arrogancia de Pluspetrol (que mantiene a sueldo a varios legisladores entre ellos al aprista Jorge del Castillo) llega hasta a negar la venta del GLP para el consumo interno, como lo afirma el ex presidente de Petroperú (Alejandro Narváez). Todo para mantener el precio del gas alto y obtener mas ganancias. Pluspetrol le informa a Petroperú: “No queremos que ustedes vendan ‘barato’ lo que nosotros podemos vender directamente ‘a mayor precio’”. (Norberto Benito, gerente general de Pluspetrol, declaración al diario La República, 6/20/2005).

5. El gas de Camisea. Fue descubierto por los campesinos de La Convención durante el primer gobierno de Belaunde. El proyecto fue diseñado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de un acuerdo bilateral con el Estado peruano. El acuerdo del BID proponía, “una estructura descentralizada de funcionamiento y el desarrollo sostenible, el manejo respetuoso del medio ambiente y un énfasis en la capacitación de sectores locales en áreas productivas y financieras”. El gobierno se comprometió a establecer un fondo económico, social y ambiental con los ingresos que generarían las regalías de Camisea, incluyendo las aportaciones de entidades internacionales y las mismas transnacionales beneficiadas. Además, el gobierno prometió el 50 por ciento de los ingresos provenientes de los lotes 88 y 56 al Departamento del Cusco. El Congreso (con muchos de sus miembros comprometidos con las transnacionales), sin participación popular, aprobó la Ley Fondo de Desarrollo del Gas de Camisea. Esta ley no crea el fondo ni cumplió la promesa al Cusco. El acuerdo con el BID y la promesa al pueblo eran una farsa. En su lugar, el Congreso creó una obligación imprecisa de distribución de recursos a los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales de Ayacucho, Huancavelica, Ica, las provincias de Lima y las universidades públicas.

El 7/7/2005, Pluspetrol afirma que las reservas probadas de Camisea (Lote 88) y Pagoreni (56) exceden los 14 trillones de pies cúbicos. Cifras oficiales señalan que las reservas totales de gas son 10.9 trillones de pies cúbicos (TCF), 8.1 TCF del Lote 88 y 2.8 TCF del Lote 56.

Veamos cómo se desarrolla la maniobra de la explotación de los lotes de Camisea en boca de los propios actores. El Lote 88 está destinado estrictamente para el consumo nacional, y el Lote 56 para la exportación.

“Con la firma de este contrato queda totalmente clara la figura: el Lote 56 es para exportación y el Lote 88 de Camisea va quedar para el mercado interno, con lo cual queda ampliamente cubierta cualquier preocupación de que pudiera haber una gran demanda en el mercado interno y que pudiéramos no tener las reservas adecuadas para satisfacerla” Jaime Quijandría, ministro de Energía y Minas.
(6/14/2004, www.portalminero.com)

“El proyecto de Camisea se propone explotar las reservas del gas natural ubicadas en el lote 88 descubiertas durante el primer gobierno de Belaunde. El objetivo del proyecto es satisfacer la demanda nacional sustituyendo combustibles que importa el Perú. Para eso se ha requerido una inversión en la infraestructura que supera los 1,500 millones de dólares. Dicho proyecto esta concluido y esta en operación.” (Jaime Quijandría ex ministro de Energía y Minas, La República 12/17/04)

Sobre el Lote 56: “A partir de las reservas del Lote 56 se piensa alimentar una planta de LNG que, con un costo de inversión de 1,100 millones de dólares, permitirá explotar LNG a partir del 2008.” Jaime Quijandria, añade: “Camisea (es decir el Lote 88) no tiene vinculación con la exportación más allá de aprovechar cierta infraestructura de producción y la coincidencia de operador (Pluspetrol). La planta de LNG es un emprendimiento a cargo de las empresas Hunt y SK de Korea. La construcción debe iniciarse en julio de 2005.”

Las reservas del Lote 88 son de 8 billones de pies cúbicos (trillones en inglés), una cantidad que alcanzaría hasta el 2035. ¿Y para después, que política energética tendremos?

El Lote 56 solo tiene 3 TCF de reservas, le faltan 1.6 TCF para la exportación a México (en realidad es CA, USA). Lo que buscan las transnacionales, con Hunt a la cabeza, es violar la ley o revisarla de acuerdo a sus intereses, en el fondo quieren llevarse el gas del Lote 88. El irracional pretexto que no tiene base técnica ni legal, es que en el Perú no hay mercado. El pueblo debe rechazar esta nueva patraña.

Como se describe arriba, el gobierno de Toledo acordó con Repsol (la misma que explota gas y petróleo en la Selva) la compra exclusiva de 4.6 billones de pies cúbicos de gas por 20 anos a partir del 2009. Repsol llevará el gas a México y de allí muy posible a California. EEUU construye el terminal de regasificacion Puerto Lázaro Cárdenas en el golfo de Méjico. Repsol construirá una planta de LNG y un terminal en Paracas asociado con Hunt Oil y la Coreana SK formando el Consorcio Perú-LNG. Sin embargo, todo esto puede ser un juego de las transnacionales para engañar o presionar a Bolivia (que hasta ahora resiste el robo de su gas). Porque EEUU, en el fondo, quiere las cuantiosas reservas bolivianas que son cuatro veces más grande que la peruana. Bolivia tiene 50 trillones de pies cúbicos de gas, el 85% está en Tarija. Si los bolivianos no muerden el anzuelo, los vendepatrias peruanos estarán dispuestos a entregar el Lote 88 (Hunt Oil compra congresistas con mucha facilidad). ¡A todas luces, una traición mas contra la madre patria!

6. Anillo energético: otro plan de asalto al gas peruano. Tras el pretexto de integración, luego de sabotear el Mercosur, el gobierno de Toledo quiere entregar el gas a Chile. El manto es el llamado “anillo energético” conformado por Brasil, Argentina, Chile y Perú. El gobierno chileno propone que Chile sirva de corredor para el gas peruano que va a Argentina. “Un porcentaje se usará en el norte de Chile para abastecer a las centrales eléctricas, combustible que sería devuelto al Perú con la venta de electricidad.” (Jorge Rodríguez Grossi, ministro de Energía y Economía de Chile, AP 13-6-2005). Le hace eco Ricardo Lagos, presidente de Chile: “Es la forma moderna de mirar el futuro” (DPA, 6/13/05). ¡Claro, como lo fue siempre, afectando los intereses económicos y políticos del Perú!

Chile es provisto por el gasoducto de Salta-Argentina a Tocopilla-Chile, que tiene capacidad para 17 millones de metros cúbicos, de los cuales se usan cinco, con lo que producen electricidad en el norte chileno. Quieren conectar Pisco con Tocopilla para satisfacer principalmente la demanda chilena. Argentina es parte del complot (tal como lo fueron en la guerra con Ecuador). Este país tiene un contrato para abastecer de gas a Chile, pero debido a sus problemas energéticos, le cortaran el gas. Los extensos gasoductos se convertirán en chatarra.

La empresa belga Tractebel es co-propietaria de Electroandina con un 65.2%, empresa de generación y comercialización del sistema eléctrico del norte de Chile con una capacidad instalada de de 1,029 MW. En esta empresa, su socio es Codelco con un 34.8%, la empresa estatal chilena cuprífera más grande del mundo. El 10% de las exportaciones de Codelco financia a las fuerzas armadas de Chile. Además, Codelco es socio de Edelnor otra empresa eléctrica que produce 720 MW en el norte de Chile. Estas centrales eléctricas usan el gas que viene en dos gasoductos desde Argentina. Tractebel tiene una participación del 21.1 % en el gasoducto Norandino. El otro gasoducto es gas de Atacama, de CMS Energy de EEUU y Endesa Chile (filial de Endesa-España, que en Perú es dueño de Edelnor, Edegel y Ventanilla). PPK fue funcionario de Edelnor.

Desde el 2004 Argentina tiene una crisis de gas, las centrales eléctricas del norte de Chile ya no tienen suficiente gas para operar. Esta restricción ha afectado, en primer lugar, a Repsol-YPF y su filial Pluspetrol.

Como la crisis argentina va a continuar debido a la falta de reservas de gas natural, Tractebel y Codelco pusieron ojo en Camisea, ya que el pueblo boliviano no permitió que el gas de Tarija sea exportado a Chile (a través del mismo anillo postizo promovido por los defenestrados presidentes Goñi y Meza). Pacific LNG (formado por Repsol y British Petroleum ya tenían los contratos en la manga). El anillo básicamente consiste por dos gasoductos chilenos.

Los chilenos preparan un mediocre estudio de factibilidad para el gasoducto de Pisco a Tocopilla (norte de Chile). Toledo les entregaría el gas de Camisea, y de fondo subsidiado por los impuestos del pueblo peruano. No es casualidad que Del Solar (peón de Hunt Oil), diga que las “reservas de gas probadas y probables sólo nos alcanzará para exportar gas a Chile” (AFP, 7/15/05).

Sin embargo, las declaraciones del MEM, emitidas solo dos semanas antes, descartan las pretensiones chilenas. “Etevensa que produce energía eléctrica planea aumentar 83 MW usando gas, le sigue Edegel que demanda 30 mpcd. Enersur está en camino de aprobar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para instalar una central térmica basándose en gas (180 MW), el EIA de EgeChilca está aprobado, tiene autorización para producir 520 MW en una primera etapa. Cuando la operación de estas centrales esté en marcha, sumarán los 1,200 MW. Es decir, casi la cuarta parte del parque generador funcionaría con el gas natural (MEM, Glodomiro Sánchez, 6/20/05). Si podemos producir electricidad en territorio nacional, ¿para qué queremos la energía eléctrica chilena?

Carlos Descalzi ex ministro de MEM y Aurelio Ochoa, indican que es irresponsable “buscar inflar los datos para poner en marcha proyectos”, es decir embaucar a la población que hay suficiente gas para todos, incluido los chilenos. Pluspetrol está cometiendo un crimen que debe ser investigado. Si hay excedente de gas, se debe producir energía y exportar ésta para generar mayores utilidades. Ochoa indica que “es una tomadura de pelo que Chile quiera vendernos electricidad a cambio de nuestro gas”.

7. Gas Natural Licuado (LNG). Se proyectó sacar el gas de Camisea por el ducto de Ayacucho (Chinquintirca) a la planta de licuefacción Mechorita (Km. 19- Panamericana Sur). El contrato de venta y exportación es por 20 años y se calcula una venta de US$1,500 millones. Repsol-YPF y Hunt exportarán el LNG de nuestro país a México, con carácter de exclusividad, a la planta de regasificacion “Lázaro Cárdenas” que construyen en la costa mexicana del Pacifico. El contrato contempla la exportación de 4.6 billones de pies cúbicos. El Estado de California tiene un consuno de 2.6 trillones de pies cúbicos por año, mientras que su producción solo alcanza 0.4 trillones de pies cúbicos, lo que significa una importación deficitaria de 2.2 trillones. La producción anual de Camisea será de 0.5 trillones y la de Tarija-Bolivia de 0.7 trillones, entre los dos sumarán 1.2 trillón de pies cúbicos, volumen que está muy por debajo de las necesidades de California. El mercado está asegurado..

Según el contrato, Repsol YPF tendrá control directo del 10% de los campos de Camisea y del 20% del consorcio Perú LNG, controlado actualmente en un 70% por la Hunt Oil de EEUU y 30% por la surcoreana SK Corp. Con estos contratos, se aleja la posibilidad del pueblo peruano a beneficiarse de su gas.

8. Impactos ambientales. El impacto ambiental debe analizarse en todas las fases del proyecto, desde la exploración, la explotación, el transporte, distribución, licuefacción, e infraestructura para su exportación (ver mi artéculo El Gas Natural). En la construcción del gasoducto, los pedidos oficiales de algunas de las comunidades afectadas son: en los distritos de San Miguel y Chilcas en la provincia La Mar de Ayacucho los daños causados a la vegetación andina, despoblamiento de la fauna son considerables. No se dio compensación económica a los propietarios de tierras agrícolas, las expectativas de empleos no fueran cumplidas (las transnacionales traen trabajadores del extranjero). La cercanía del gasoducto a las viviendas ocasionó masivas dislocaciones. El costo estimado total que debe la transnacional (Techpetrol o Techint GP) a esta comunidad es de 5,710,100 soles (US$1,730,000 más intereses desde la fecha del crimen ambiental).

En el distrito de Echarate, provincia de La Convención, Cusco, por donde pasan 700 km del gasoducto ocupando entre 25 y 50 metros de ancho. Varios puentes fueron destruidos o seriamente dañados, daños a las carreteras y la propiedad privada (los arreglos fueron cosméticos porque se volvieron a caer). La valoración económica a los impactos ha sido ignorada por la transnacional. Se requiere de un plan de re-vegetación, reparación de los puentes, casas, carreteras, construcción de rellenos para reponer los suelos excavados y la construcción de escuelas. El costo estimado es de 2 millones de dólares más intereses desde la fecha del crimen.

En el distrito de Anco, Ayacucho. Hubieron daños forestales, erosión de suelos, desvío de aguas, destrucción de calles, casas, carreteras, daños arqueológicos, daños sociales (violación de menores, inducción a la prostitucion). 39,052,000 soles en daños (US$11,833,940 más intereses desde la fecha que se cometió el crimen ambiental.

Otros distritos de Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Ica y provincias de Lima deben hacer públicas sus demandas por compensación ambiental.

El chantaje y la compra de autoridades corruptas está a la orden del día. El presidente regional de Ayacucho (aprista) lanza amenazas contra los pobladores que protestan contra el crimen ambiental. Emite comunicados públicos amenazando que si hay paralizaciones y protestas sociales contra las transnacionales de Camisea, no habrá inversión (cuento viejo que nadie cree). Lo que debe preocuparse ese tipo es de demandar el pago por el daño a la salud y el medio ambiente que las transnacionales se comprometieron a pagar, y también por usar las regalías obtenidas en el desarrollo de Ayacucho. El problema ambiental está por encima de campañas electoreras (ojo alcaldes de La Mar y Anco). Se debe vigilar a las autoridades corruptas que hacen sus tratos privados con las transnacionales a espaldas del pueblo.

Las transnacionales, el gobierno y la comunidad se reunieron en dos foros públicos en Cusco y Ayacucho. Se hicieron los cálculos económicos mínimos de retribución basada en daños ocurridos debido a la construcción del proyecto (excluyendo los riesgos a la salud humana y el medio ambiente durante la implementación del proyecto).

Lo que hicieron las transnacionales fue hacer tratos privados con los presidentes regionales del Cusco, Ayacucho, Huancavelica e Ica, a quienes se llevaron invitados a Estados Unidos. ¡Qué coincidencia que el gas de Camisea ya no está en la agenda de ninguno de ellos! Lo mismo hicieron con los alcaldes de Anco y La Mar en Ayacucho a quienes también corrompieron (el alcalde de La Mar enfrenta cargos por comprarse una residencia con 50 mil dólares al contado). ¿Por qué la dirigencia de la Defensoría de Camisea (conformado por profesionales, la PUCP, etc.) ahora se hace de la vista gorda? Todos estos aprendieron de Montesinos, quien en su inglés motoso le dijo a un ejecutivo de la trasnacional Hunt Oil: money talks, bullshit walks! (cuando el dinero habla, hasta la mierda empieza a caminar).

El Fondo Camisea. Es un porcentaje de las utilidades para financiar las obras de desarrollo. Toda la propaganda del gobierno, los ofrecimientos sobre Camisea, ha quedado en letra muerta. Las autoridades y funcionarios corruptos mantienen un silencio cómplice. Pero el pueblo reclama este fondo.

El sobrecanon. Un monto de las utilidades que se otorga al gobierno peruano, que en forma arbitraria el inepto Congreso otorgó 50% para el Cusco, 25% a las Fuerzas Armadas y el restante a las otras regiones (Ayacucho, Huancavelica, Ica-Chincha, Lima-Cañete). No se explica como una migaja vaya a los pueblos más pobres del Perú (Ayacucho y Huancavelica) que tienen una tasa de mortalidad infantil del 49.9 por mil, un analfabetismo del 33%, paupérrimos niveles de salud y educación. No se entiende para qué se dan los 25% a las FFAA, si el mismo gobierno títere quiere entregar nuestro gas y petróleo a Chile. ¿Entonces a quién defiende las FFAA, a las transnacionales?

El BID también debe ser denunciado por los daños ambientales, sus técnicos nos vendieron el proyecto de Camisea. Sus estudios de impactos ambientales antes del proyecto fueron fraudulentos porque contrastan con la realidad. Ahora les dicen a las comunidades que el BID no puede pagar por auditorías independientes, que no pueden hacer monitoreos sobre casos de contaminación que han pasado hace 5 años, y renegando de su acuerdo con el gobierno ahora dice que fondos como el Fondo De Camisea no existen en ningún otro país.

Finalmente está la construcción de la planta de gas al pie del área ecológica Paracas, que resultó en la destrucción de humedales, y clara violación de las leyes de transporte y navegación. La planta de Paracas se construyó en forma ilegal, sin tener la licencia de construcción. Además, el área de Playa Lobería ha sido urbana por mucho tiempo y no industrial (se cambió la bonificación solo en papel para favorecer a la transnacional). Debido a la intensidad del trabajo de procesamiento de gas, la falta de espacio para el almacenamiento y el uso de barcos inadecuados para el transporte del gas, Paracas es una bomba de tiempo. La responsabilidad es del gobierno y la transnacional.

Derrames. El 22 de diciembre del 2004, se produjo un escape de gas en el pueblo de Túpac Amaru, a 9 km de la planta Las Malvinas, reconocido sólo 7 días después por TGP (Transportadora del Gas Peruano). El gobierno dijo “no hay daño contra el medio ambiente”. El MEM señaló el 12/29/04 que “gran parte de los elementos contaminantes se evaporó o disipó en el río”. TGP agregó: “el derrame de hidrocarburo se controló en solo 7 minutos mediante una operación por aire, tierra y río que evitó la contaminación en la Selva”. El derrame se produjo a 400 metros del lecho del río Urubamba. No existe tecnología en el mundo que limpie un derrame de gas natural y otros combustibles de una semana en el agua, aire, sedimentos y suelos, en un tiempo record de 7 minutos. Entonces las afirmaciones de la transnacional y los técnicos del gobierno son completamente falsas. El párroco de Quillabamba dijo que los efectos a la biodiversidad son graves en el río Urubamba, vio peces muertos. Carlos Cuaresma, Presidente Regional, de la mano de un ejecutivo de la transnacional TGP, se presentó el 12/29/04 en el lugar de los hechos. Mostrando un trasnochado “estudio hidrobiológico” preparado por la transnacional en un tiempo récord de 4 días (obviamente incompleto y deficiente) declaró que “no hay peces muertos y el río no está contaminado.” El ministro de Energía y Minas, Glodomiro Sánchez repitió la misma historia: “las acciones de mitigacion fueron tomadas de inmediato y se ha iniciado la investigación del caso,” hasta este momento no informa sobre las supuestas investigaciones. “No hay contaminación” grita un ignorante en el hemiciclo del Congreso, Manuel Figueroa Quintana del Apra. Como se ve es una burla al pueblo, a la ciencia y al medio ambiente.

Pero analizando bien, el mismo reporte de TGP indica que 800 metros fueron afectados y el volumen del líquido derramado fue de 70 mil metros cúbicos, del cual algo más de la mitad se evaporó y el resto se dispersó en el río Urubamba. (La República 12/29/04). ¿Dónde está el reporte final que ofreció, señor ministro?

Los hechos demuestran que varias comunidades nativas del bajo Urubamba, entre ellos los machiguengas, fueron afectados. Las muestras de agua fueron analizadas en la Universidad Nacional del Cusco (UNSAAC) y arrojaron niveles altos de hidrocarbonos, suficientes para concluir que los daños ambientales y ecológicos fueron considerables. ¿Por qué no multaron a la transnacional?

La Pluspetrol es una de las peores contaminadoras de la amazonía peruana (Pavayacu), el 2003 derramó grandes cantidades de petróleo y aguas saladas tóxicas en 100 hectáreas de bosques humedales, Osinerg le impuso una multa de irrisoria de 2 millones de dólares. Una migaja comparada con las multas establecidas a nivel internacional, por ejemplo ExxonMobil fue multada con 11 millones de dólares por derramar menos de 100 galones de aguas residuales tóxicas al río Arthur Hill en Nueva York. Exxon Valdez fue multada con más de mil millones de dólares por derramar petróleo en Alaska. Pluspetrol no trata sus desechos líquidos y aguas residuales, todo lo tira al río, ahorrando millones de dólares. En junio de 2003, Pluspetrol fue multada por Digesa con US$394,000 por arrojar desechos industriales y contaminar los ríos, suelos y aire en 19 campamentos petroleros (AFP, mayo 26, 2005).

COMARU dio cuenta del escape de un elemento espumoso a través de una válvula del gasoducto de TGP, ocurrido el 7 y 8 de marzo del 2005 y de ruidos que duraron 29 horas. La reguladora Osinerg, sin necesidad de investigación y análisis de riesgo, indicó que es un “evento normal” y que no hay contaminación.

Existen potenciales riesgos de derrame de LNG en las reservas de San Martín y Cashiriari, por los ductos de gas y ductos de condensados-líquidos, de las plantas de fraccionamiento en Las Malvinas y Paracas, y la planta de licuefacción en la playa Melchorita-Cañete (ver mi artículo El Gas Natural sobre los riesgos ambientales del LNG).

9. ¿Qué hacer? 1. Desarrollar una estrategia nacional de energía de largo plazo. Priorizando el consumo interno y el desarrollo industrial del país. 2. Derogar las leyes promulgadas sobre sectores estratégicos de la economía por la dictadura de Montesinos-Fujimori (consolidados por el gobierno entreguista de Toledo). Las nuevas leyes deben proteger y promover el mercado interno. 3. Anular los contratos de privatización de transnacionales de energía (y las mineras), otorgadas por la dictadura de Montesinos-Fujimori. Investigar los actos corrupción, sobornos y presiones ejercidas por las transnacionales para obtener contratos, con el pago de daños y perjuicios al país y el encarcelamiento de los involucrados. Si Petroperú asume la explotación y distribución de la energía en el país, resolveremos el problema energético en el país por unos 50 años. El costo del gas y la gasolina podría disminuir hasta en un 50%. 4. Mientras dure el proceso de anulación de sus contratos, modernizar la ley y adaptarlo a la realidad del país, bajar los precios de los hidrocarburos por debajo de la paridad de exportación. Las tarifas al usuario deben ser fijadas por el Estado periódicamente. Así la producción no solo satisface la demanda nacional sino también promover la exportación.

Asimismo, 5. Dictar una nueva ley para el uso del gas en los domicilios, instalando un mínimo de 50,000 por año en Lima y el mismo número en provincias. Pago de la instalación debe ser a largo plazo y subsidiado por el Estado como parte de la red de distribución, otorgando facilidades para pagar por la instalación del medidor. 6. Prohibir la importación de autos, buses y camiones usados. 7. Priorizar la explotación nacional de los recursos energéticos. Si las transnacionales quieren entrar deben hacerlo bajo contratos completamente diferentes a los del corrupto fujimontesinismo (estudiar los contratos que hace China y otros países con los contratos con transnacionales). Repsol, Petrotech deben entrar bajo normas legales válidas, no las corruptas con las que opera Pluspetrol. Los nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas deben ser ampliamente debatidos y analizados poniendo el interés nacional antes que el de las ganancias de las transnacionales. 8. Se hace imprescindible la expansión y modernización de Petroperú en la producción y distribución, no sólo por ser la que mas aporta al Estado, sino para garantizar precios por debajo de exportación del gas natural (GLP, LNG) y los derivados del petróleo al Perú.

Por otro lado y de manera simultánea: 9. Expandir y modernizar la Refinería de Talara.
10. Masificar el uso del gas para el desarrollo de la industria nacional, en las plantas textiles, ladrilleras, cementeras, mayólicas, vidrios, siderurgias, concentradoras, metalúrgicas, recicladoras y petroquímicas. Las petroquímicas son de mucha importancia en el mercado nacional (plásticos, fertilizantes, herbicidas, pesticidas, explosivos, etc.) por su uso en la minería, agroindustria y agricultura. 11. El uso del gas mejorará el transporte interprovincial en eficiencia y costos razonables, al igual que mejorará el servicio urbano de Lima y otras ciudades del país premuniendo energía más limpia y tarifas más bajas. 12. El denominado “anillo energético” sólo puede existir reemplazando el gas destinado al mercado nacional. La historia nos enseña que debemos estar alertas a la ambición de nuestros recursos naturales por el país vecino, y la traición de nuestros gobernantes. Hoy, esta triste situación se repite. Tenemos recursos naturales valiosos, la mayoría en manos de transnacionales apoyados por gobernantes de la peor calaña. 13. Uso del gas en el sector eléctrico para abaratar su costo al usuario. 14. Modificación del contrato firmado por Toledo para exportar gas a México. Exportar solo el excedente del mercado nacional. 15. Promulgar una verdadera ley, de acuerdo a los tiempos modernos y avances científicos, de protección al medio ambiente.16. Crear la Agencia de Protección Ambiental del Perú con rango de ministerio.

En conclusión, es hora de prepararnos para una lucha frontal, en todos los niveles, para recuperar nuestros recursos energéticos y mineros. No nos oponemos a la integración, especialmente con Bolivia y Venezuela, tampoco nos oponemos a la inversión privada bajo contratos justos que beneficien a ambas partes. Pero para los peruanos primero está el interés nacional y los intereses del pueblo. No hay trasnacional en el mundo que le dicte órdenes al pueblo, el gas de Camisea es de los peruanos.

Cathy García