La evolución de las propuestas de reforma presentadas por las directivas de la Universidad Nacional de Colombia, ofrece un atractivo panorama del modelo de gestión que orienta a la institución. Como contribución a esa deseable lectura crítica de la situación, se propone analizar la “caja negra”* de las reformas para tratar de rastrear algunas de las causas que han modelado este accidentado proceso.
El clima mundial
La preocupación mundial por reformar la educación superior refleja en el plano académico los efectos de la globalización. Un proceso económico, político y cultural frente al cual se desvanecen las perspectivas nacionales, remplazándolas por un eufórico canto universalista bajo el cual se disfrazan probadas incapacidades e ineficiencias locales.
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El entusiasmo cortoplacista de este proceso, sugiere la apropiación urgente de soluciones ensayadas en otros países, vale decir en otros modelos culturales y de desarrollo, en el seno de otras experiencias sociales. Para el efecto se resalta la facilidad de imitar los aspectos formales de los modelos mientras se soslayan o distorsionan los contextos específicos.
El modelo idóneo desde la perspectiva de la racionalidad económica, en el que la educación se perfila como un bien de consumo cuya regulación y distribución eficiente y eficaz debe ser definida por la política educativa, está apoyado en el privilegio de los objetivos económicos; el mercado como referente único con sus prioridades, valores y vocabulario. En este modelo los indicadores de rendimiento, basados en la competencia como medio para evaluar los resultados educativos, permiten un examen eficaz de los gastos y la productividad en instituciones de educación superior.
Las demandas del mercado trasladan a los procesos de formación elementos de regulación propios de la esfera de la producción, reclamando diseños curriculares para producir trabajadores flexibles, polifacéticos e innovadores, apartados de la producción en masa y orientados hacia mercados sectoriales producto de la especialización laboral.
El clima nacional
El gobierno nacional enfatiza su compromiso con la educación superior en la ampliación de la cobertura, pero es claro que la sostenibilidad del proyecto educativo nacional como soporte del mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad dependerá más que de lo que se haga para ampliar la cobertura de la educación, de los esfuerzos y los recursos asignados para mejorar su calidad y pertinencia. Los esfuerzos para el mejoramiento exigen decisiones costosas e inversiones de largo plazo, para las cuales no existe prioridad real en una sociedad agobiada en el corto plazo por la combinación de violencia, corrupción y pobreza.
Los estudiosos del sistema educativo sugieren que en la baja calidad de la educación intervienen, además de las taras socioeconómicas, entre otros importantes factores: los enfoques no centrados en las necesidades de aprendizaje del alumno; las deficiencias de pertinencia y relevancia de los programas frente a las necesidades de los sectores productivos de bienes y servicios; las insuficiencias de infraestructura, la morosidad en la actualización de los modelos de gestión y las deficiencias en la selección, formación y evaluación de los profesores.
Las frecuentes manifestaciones sobre la falta de eficiencia y productividad de la educación superior son difíciles de contrarrestar si se considera que los esfuerzos en el fomento y cualificación de la educación superior no se reflejan en las condiciones generales de vida de la sociedad y no han sido especialmente sensibles a las demandas de las empresas y la industria. Por otra parte, las reformas educativas tienen para sus promotores el atractivo de que los resultados no son evidentes en el corto plazo y a diferencia de las reformas emprendidas en otros campos de la actividad social son, al menos en apariencia, saludables y convenientes.
La demanda de formación profesional ha multiplicado la oferta formativa, con escasos controles efectivos sobre su calidad, pertinencia y efectos. La expansión incontrolada de los programas de pregrado que otrora motivó la reacción gubernamental a través de regulaciones específicas, definición de estándares de calidad y acciones concretas de inspección y vigilancia se reproduce ahora, en la franja denominada con algo de optimismo “de posgrado” , con un ingenioso catálogo de diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados que encuentran un mercado abonado por las dificultades de acceso a las opciones laborales y la creciente imagen de los títulos y certificados como nuevas expresiones de exclusión y Jerarquización.
El clima local
El deterioro del clima institucional que rodea el proceso de reformas se inicia con el rechazo y las dificultades que encaró la actual administración de la universidad al iniciar su gestión y con el tono revanchista y pendenciero que, al menos en la actitud asumida y el lenguaje utilizado, caracterizó las primeras relaciones de la Rectoría del profesor Palacios con los directivos y representantes profesorales supérstites de la anterior administración y no afectos a las iniciativas de la nueva.
Las actitudes asumidas por los directivos contribuyeron a enrarecer el ambiente y generaron nuevos brotes de inconformidad con cada intento de explicación. Ese ambiente turbio se enmascaró con una táctica que se convirtió en uno de los factores obstructores del que hubiera podido ser un diálogo inteligente y productivo. La dirección de la Universidad aprovechó la hospitalidad de los medios de comunicación para divulgar detalles, cuidadosamente seleccionados, de las propuestas que hacían curso en la institución. El manejo superficial y sesgado, propio del tratamiento periodístico, renunció al tratamiento serio y riguroso de los temas de interés universitario y distorsionó las imágenes que de la reforma se formaron lectores y televidentes.
Los responsables de la divulgación de las propuestas confundieron habilidosamente propaganda con información y se encarnizaron con la Universidad, en la etapa temprana del proceso, exhibiéndola frente a la sociedad como una institución envejecida, obsoleta en sus prácticas e impúdicamente alejada de los niveles internacionales de productividad académica y construcción de conocimiento. Mientras tanto los medios de comunicación propios de la Universidad se convirtieron en boletines al servicio de la administración universitaria y rodearon con una alambrada de garantías la visión oficial, monótona y refractaria a las inquietudes de los contradictores de las propuestas.
La oportunidad de diseñar un modelo de relevo generacional que permitiera ganar para la institución lo mejor de los dos mundos: la experiencia, producción y espíritu de pertenencia de los profesores más veteranos sumada al entusiasmo y alta formación de los nuevos docentes vinculados a la institución se perdió debido a la insistencia de la dirección de la Universidad en descalificar públicamente el trabajo docente, ridiculizando su dedicación y compromiso. A esta actitud reprochable se agregó la adopción de medidas abiertamente dirigidas a desmoralizar a los profesores mediante expedientes encubiertos en disposiciones legales a través de los cuales se inició un proceso de jubilación forzosa sazonada con intervenciones de marcado corte clientelista, extrañas en la cultura institucional pero apropiadas para enviar al cuerpo docente un mensaje inequívoco de los alcances discrecionales del nuevo poder que dirige a la Universidad.
La intención de fragmentar la Universidad presentando las objeciones a las reformas como un problema exclusivo de la Sede Bogotá contribuye a debilitar el clima institucional, contradice el espíritu de unidad, interrumpe el flujo de la comunicación entre pares y elimina la valiosa posibilidad de expandir el debate, enriquecer sus dimensiones, conocer las posiciones y opiniones de los colegas y los estudiantes de las otras Sedes.
Los términos peyorativos y el tratamiento despectivo dirigido a las reuniones de profesores y estudiantes son muestras puntuales pero importantes de fragmentación, asomos de intolerancia y deterioro del ambiente institucional. Las acciones emprendidas para impedir el libre acceso a los edificios de la universidad son expresiones que deben rechazarse por lo que representan como violación de principios elementales de respeto a la institución y a los miembros de la comunidad universitaria, pero deben examinarse críticamente como producto de la ineficacia de los canales de diálogo productivo cuya obstrucción conduce a manifestaciones de fuerza, explicables cuando la infracción es la única forma efectiva de participación.
Puntos para discutir en la reforma
Después de las protestas, se llegó aun posible acuerdo: terminar el semestre pasado hasta ahora inconcluso y dedicar dos semanas a claustros y colegiaturas, donde se discutirá la reforma académica. Sin embargo los estudiantes han expresado su preocupación por las garantías en la discusión y si las decisiones que se tomen dentro de la comunidad universitaria sean adoptadas por las directivas.
Otros aspectos que señalan estudiantes y profesores son:
– La reforma que se aplique en la Universidad Nacional será generalizada al resto de las instituciones de educación superior, apodándose con la aplicación silenciosa de reformas similares envueltas en el Decreto 2566 y demás medidas enmarcadas en la llamada “Revolución Educativa”.
– El actual Sistema de Educación Superior en Colombia está desarticulado, no existe una frontera claramente definida entre los niveles de lo técnico profesional, tecnológico y universitario, como lo define la Ley 30 de 1992.
– Cualquier propuesta curricular debe primero partir de un Proyecto Pedagógico Institucional, que permita interiorizar en el docente su compromiso con el cambio; éste aspecto NO se menciona en la propuesta, agravado con el retiro masivo de docentes de la U.N. en el próximo futuro
– La caja negra es un dispositivo incorporado a la instrumentación de aeronaves y otros vehículos para registrar y grabar información relacionada con las condiciones de operación y el flujo de comunicaciones de la tripulación y las autoridades de control de tránsito.
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