Por defensores de Derechos Humanos debemos entender a toda persona que trabaja por la difusión, promoción, defensa de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de los pueblos; sea que lo haga individualmente o vinculado a alguna organización, social, política, sindical, de Derechos Humanos, etc.

En Colombia desde hace por lo menos 25 años se trabaja en condiciones de riesgo, y hemos visto como se acabaron organizaciones de este tipo, las cuales se habían logrado construir en varias zonas del territorio nacional; de tal manera que se puede afirmar que solamente quedan núcleos de defensores en las ciudades de Barranquilla, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Arauca, Cali, Pereira y Bogotá. En otras regiones la labor de denuncia de las violaciones de Derechos Humanos la hacen los familiares de las víctimas a través de la Defensoría o la Personería, quienes simplemente archivan las mismas o las reflejan en estadísticas, que quedan en los informes que rinden los respectivos delegados a sus jefes, pero que no trascienden en la investigación y sanción de los responsables de dichas violaciones.

Mediante las denuncias que se han venido haciendo a través dela Coordinación Colombia Europa – Estados Unidos sobre este tema en particular, hemos logrado, con el concurso de otras organizaciones y movimientos, que se instale en el país, la oficina del alto Comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, quien cada año rinde un informe de la situación y la misma se presenta en las cesiones de la Comisión de DH de la ONU.

Vale la pena destacar la recomendación no. 7 que dice: “La alta comisionada exhorta al Gobierno y a la Procuraduría a tomar acciones para que sean procesados y sancionados aquellos servidores públicos que no guarden el respeto debido al trabajo de los defensores de derechos humanos. También alienta al Gobierno a adoptar medidas adecuadas para enfrentar los problemas de tardanza y de inadecuada evaluación del riesgo en los programas de protección de derechos humanos y de otros grupos.” Lo cual significa que seguimos padeciendo el estigma de ser señalados por el Estado y sus organismos de inteligencia como “enemigos” a los que hay que perseguir, controlar o eliminar.

Es importante destacar que en este año la Asamblea General de la ONU, aprobó eliminar este mecanismo y crear el nuevo Consejo de Derechos Humanos; entidad que de acuerdo al mandato aprobado tendrá mayores funciones y más tiempo en su trabajo para que pueda resolver las diferentes situaciones que se presentan en el mundo, sin injerencias indebidas por parte de las grandes potencias y en la totalidad de los Estados Miembros de la ONU; su primera reunión será en el mes de Junio del presente año y esperamos que allí se defina la continuidad del mandato de la oficina en Colombia y si es del caso llevar el caso Colombiano con un informe ante la Asamblea General. ¿Habrá que ver los resultados para creer en sus bondades?

Por otra parte algunos de los defensores de Derechos Humanos contamos con medidas especiales de protección decretadas por la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acordadas con el Gobierno Nacional, lo que, en alguna medida, ha posibilitado nuestra existencia como organizaciones y el desarrollar un trabajo de defensa de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, a pesar de estar amenazados y declarados objetivo militar por parte de los paramilitares al servicio del Estado.

En este trabajo hemos logrado un interesante proceso de interlocución con el Gobierno para verificar y hacer seguimiento a las recomendaciones de la oficina de la ONU en Colombia, lo cual hemos hecho en forma coordinada con las plataformas de la Alianza, de los DESC, CCE-EU y de Paz; para ello se ha conseguido que estén como acompañantes y observadores la misma oficina de la ONU y el G-24 (creado luego de la conferencia de Londres 2003). En esta interlocución se la logrado demostrar que el Gobierno no cumple los compromisos adquiridos y firmados en el seno de la Comisión de DH de la ONU.

Como consecuencia de la implementación de las políticas del Gobierno en lo que tiene que ver con la “Seguridad Democrática”, se han detenido masivamente dirigentes campesinos, indígenas, pobladores en general y en algunos casos miembros de los grupos de defensores de Derechos Humanos, quienes luego de demostrar su inocencia en estos montajes de inteligencia militar, han salido en libertad. En el informe realizado por la CCE-EU se ha documentado suficientemente esta realidad, en los cuales de 6200 detenidos puestos a órdenes de la Fiscalía, salieron en libertad el 90% al resolverles la situación jurídica. Pero también se ha documentado el hecho se haber sido amenazados cuando salieron en libertad y han tenido que desplazarse a otras regiones del país o en el exterior.

Vale la pena destacar el caso del profesor universitario Alfredo Correa de Andreis, quien luego de salir en libertad es asesinado; según las denuncias realizadas por el jefe de informática del DAS, señor García, este crimen fue planeado y ordenado por el jefe de la institución Dr. Noguera, quien le presentó una lista de defensores de Derechos Humanos de la Costa Atlántica, al paramilitar Jorge 40 para ser eliminados (ver revista Semana del 10 al 17 de abril de 2006). ¿Cómo confiar ahora en la autoridad que esta encargada de proteger a los defensores de DH?

En el reciente informe presentado por la Federación Internacional de Derechos Humanos en el mundo, se hace un balance de la situación de los defensores en Colombia, determinado que en el año 2005 se registraron, 47 asesinatos, 7 desapariciones forzadas, 8 casos de malos tratos o tortura, 77 amenazas de muerte, 36 detenciones arbitrarias, entre otras violaciones a los Derechos Humanos, para un total de 224 defensores de Derechos Humanos. Esto significa que esta es una de las profesiones más riesgosas que existen en el mundo y en especial en el país; por ello hemos considerado de vital importante seguir insistiendo en los procesos de formación y organización de defensores a nivel nacional, insistir en el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz, en el hermanamiento con comunidades y organizaciones de otros Estados, en la presión internacional para garantizar la existencia de nuestras organizaciones y sobre todo para garantizar el movimiento de las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos, ya que sin su concurso solo se presentaría la versión oficial a través de los medios masivos de desinformación que plantean que en Colombia no hay conflicto armado, que la situación de Derechos Humanos ha mejorado y que la legalización y legitimación del paramilitarismo es un éxito; que la lucha contra la impunidad adelantada por la fiscalía ha mejorado, etc, etc….

Esperamos que estas reflexiones ayuden a entender mejor cual es la situación y a que se asuma un compromiso generalizado de lucha contra la impunidad y a no permitir que el Estado sea entregado a las mafias paramilitares y a las transnacionales, si ello ocurre las declaraciones universales de derechos humanos y la constitución serán letra muerta y es obligación de nosotros como Colombianos evitar que esto sea así.

Eduardo Carreño Wilches