Voceros de la dictadura, como Francisco Javier Cuadra, se especializaban en falsear los hechos. Los numerosos civiles que se incorporaron a altas funciones de gobierno durante el régimen militar, como sucede con Cuadra, sostienen que nunca se enteraron de las atrocidades del terrorismo de Estado. Hasta ahora permanecen en la más absoluta impunidad y han vuelto las espaldas a los instrumentos militares y policiales que se encargaron del trabajo sucio. Aún más, la mayoría de ellos continúa en funciones públicas, tienen influyentes cargos y se han mimetizado en la institucionalidad democrática. Abusando de la histórica mala memoria de los chilenos y usufructuando del sistema electoral binominal, inventado por ellos mismos, muchos se han convertido en senadores y diputados que el 11 de diciembre aspiran a la reelección e incluso, aspiran a ganar la Presidencia de la República.

El siguiente trabajo es un apretado recuento de los crímenes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), que operó desde 1977 hasta el fin de la dictadura, período en el cual fue más destacada la participación de la derecha política y empresarial en funciones de gobierno. La historia, sin duda, condenará a estos colaboradores civiles del régimen militar que fueron cómplices y socios de las violaciones de los derechos humanos y del saqueo a los recursos del Estado.

El 12 de agosto de 1977 se anunció el término de la Dina y su reemplazo por la Central Nacional de Informaciones (CNI). En noviembre, el general (r) Odlanier Mena fue nombrado director del organismo y el coronel Manuel Contreras, ex director de la Dina, asciende a general y es destinado al Comando de Ingenieros del ejército.
El 14 de diciembre la Asamblea General de la ONU condenó a la dictadura de Pinochet “con preocupación especial e indignación” por el “incumplimiento de promesas del gobierno chileno de que mejoraría la situación de los derechos humanos”.

Al promediar enero de 1978, agentes de la CNI asesinaron en la comuna de La Florida al ex seminarista Germán Cortés Rodríguez, dirigente del MIR. La versión oficial afirmó que tras ser detenido se le llevó a su casa, donde extrajo una pistola oculta bajo una cama y disparó a los funcionarios quienes, al repeler el ataque, le ocasionaron la muerte. La verdad es que fue detenido y conducido a Villa Grimaldi. Tras ser torturado se le trasladó a su domicilio para luego sacarlo a rastras y ejecutarlo fríamente.

En la mañana del 17 de enero, agentes de la CNI llegaron a una casa en la calle Pablo Goyeneche, en Santiago. Lanzaron gases lacrimógenos y empezaron a disparar. En su interior el ingeniero Gabriel Riveros Ravelo, mirista, se suicidó de un balazo en la cabeza -se dijo- para evitar ser detenido.
El 17 de febrero el embajador de Estados Unidos, George Landau, entregó a la Cancillería un exhorto de su país relativo al asesinato de Orlando Letelier. El documento venía acompañado de las fotografías de dos hombres jóvenes de pelo corto.

A comienzos de marzo periódicos de Estados Unidos y de Chile publicaron cuatro fotografías, que correspondían a tres oficiales de ejército y al ciudadano estadounidense Michael Townley, identificado como militante del desaparecido Frente Nacionalista Patria y Libertad. En las semanas siguientes, los nuevos mandos de la CNI y las jefaturas de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) conocerían la verdad del asesinato de Orlando Letelier y Ronnie Mofitt.

El 20 de marzo, el general Carlos Forestier convocó a su oficina a Manuel Contreras y le comunicó que Pinochet había decidido cursar su baja del ejército. Muchos de los hombres de Contreras le seguían fieles, y el general Mena era un nuevo y peligroso enemigo con quien había sostenido disputas en la comunidad de inteligencia. Contreras ordenó entonces que se quemaran los archivos de la Dina.

Al iniciarse el otoño de 1978, Pinochet empezó a enfrentar un creciente deterioro de su régimen. A la condena de la ONU se sumó la tensión con Argentina, el impacto del caso Letelier y la ruptura de relaciones con Bolivia. Decidió cambiar su imagen otorgando un papel protagónico a los civiles, la mayoría vinculados al movimiento gremialista, origen de la UDI.

El primer ministro del Interior civil fue el abogado Sergio Fernández, el mismo que tres meses antes había sido nombrado contralor general para que aprobara la Consulta Nacional. Una de las primeras tareas de Fernández fue promulgar el decreto-ley de amnistía para cubrir los crímenes de la Dina, quedando al margen sólo el caso Letelier.

En junio fue secuestrado el niño Rodrigo Anfruns, que apareció muerto varios días después, sumergiendo al caso en un abismo de dudas que lo vinculaban a una sórdida pugna entre Mena y Contreras.

Las investigaciones realizadas por obispos y vicarios sobre violaciones a los derechos humanos durante la represión de la Dina llevaron a la Conferencia Episcopal a emitir una declaración el 9 de noviembre de 1978. Los obispos expresaron que “las personas detenidas desaparecidas deben, a nuestro parecer, darse por detenidas por los servicios de seguridad del gobierno”. Y agregaban: “Hemos llegado a la conclusión de que el gobierno no realizará una investigación a fondo de lo ocurrido”.

A fines de 1978, el 30 de noviembre, quedaron en evidencia los métodos utilizados para hacer desaparecer disidentes. En Lonquén, sepultados en unos antiguos hornos, amarrados con alambre de púas, fueron encontrados los cuerpos de quince campesinos asesinados en días posteriores al golpe.

1979

A mediados de 1979 el resurgimiento del MIR se hizo evidente. Las acciones de propaganda armada se multiplicaron e incluso sus militantes se atrevieron a incursionar en asaltos y atentados contra objetivos mayores.

El 4 de agosto más de doce vehículos de la CNI llegaron a una parcela de El Arrayán, donde permanecían ocultos Andrés Pascal Allende, secretario general del MIR que había ingresado clandestinamente al país, y algunos militantes encargados de su protección. Fue abatido Antonio Lagos Rodríguez y herida Ana Luisa Peñailillo. Otro militante, el periodista César Fredes, había sido detenido minutos antes. Pero Pascal no llegó esa noche a su refugio. En los meses siguientes, el MIR sufrió otras importantes bajas.
El 13 de agosto, en Tierras Blancas, Coquimbo, fue asesinado el ex secretario regional del PS. La versión oficial informó que Daniel Acuña Sepúlveda se suicidó con una granada. Su hijo, en cambio, denunció que agentes de la CNI lo acribillaron en un closet de la casa.

Dos días después, en el centro de Santiago, fue detenido por un carabinero el profesor secundario Federico Renato Alvarez Santibáñez, sorprendido lanzando panfletos del MIR en la esquina de las calles Manuel Rodríguez y Balmaceda. Al huir resultó herido y fue trasladado al hospital José Joaquín Aguirre. Permaneció luego en la 9ª Comisaría hasta que se lo llevó la CNI. Fue ingresado al cuartel secreto de Borgoño 1470, donde fue torturado durante seis días por cuatro agentes, entre ellos Jorge Andrade Gómez y Jorge Vargas Bories. El 20 de agosto, sin poder sostenerse en pie y sangrando profusamente, se le condujo ante un fiscal militar quien lo envió incomunicado a la Penitenciaría. Al día siguiente los gendarmes lo trasladaron a la Posta Central donde murió víctima de contusiones múltiples, fractura de cráneo y aspiración de sangre y vómitos.

1980

El año se inició con una huelga en el mineral El Teniente, que puso en transitorio riesgo la consolidación del Plan Laboral. Dos meses después, el 22 de marzo, en pleno vuelo sobre el Océano Pacífico, el gobierno de Filipinas canceló una visita oficial que Pinochet y su comitiva iniciarían en las horas siguientes. En tanto, en Santiago unidades operativas del MIR, reforzadas por el reingreso al país de un reducido pero eficaz grupo guerrillero urbano, empezaron a inquietar a la CNI.

En abril un comando asaltó tres sucursales bancarias en Santa Elena con Rodrigo de Araya, llevándose un botín de más de 30 millones de pesos. Dos semanas después, el MIR atacó uno de los símbolos del régimen, la “Llama de la Libertad”, instalada entonces en una terraza del cerro Santa Lucía. Un carabinero resultó muerto.

Esa tarde, 28 de abril, cerca de las 20 horas, la CNI llegó al domicilio del profesor mirista Oscar Salazar Jahnsen, quien era seguido desde hacía varios días, motivo por el cual se había presentado un recurso de amparo. Al día siguiente la familia se enteró que Salazar había fallecido en un “enfrentamiento”.

El 15 de julio un comando del MIR, integrado por Ernesto Zúñiga Vergara, Hugo Ratier y Víctor Zúñiga Arellano, dio muerte al coronel Roger Vergara, director de la Escuela de Inteligencia del ejército. Cuatro días después, identificado sólo como un anónimo “experto en seguridad”, Manuel Contreras concedió una entrevista a La Tercera. Aseguró que no había detenidos ni reos por 198 acciones terroristas perpetradas desde 1978. Añadió que se habían registrado 16 ataques armados en contra de personal de las fuerzas armadas y carabineros y dijo estar convencido que se estaba frente a una guerrilla urbana. Al día siguiente, la CNI acusó al desconocido “experto” de divulgar antecedentes secretos.

Pinochet ordenó al jefe de la zona en estado de emergencia, general Humberto Gordon, que coordinara desde un denominado Comando Antisubversivo (CAS) a los servicios que investigaban el asesinato del coronel Roger Vergara.

El 23 de julio en la noche, Pinochet citó a sus oficinas al general Mena para pedirle su renuncia. Al día siguiente nombró a Gordon como director de la CNI. Beto, como le decían sus amigos, mantenía buenas relaciones con Mena y Contreras. Mena se despidió de sus hombres y luego aseguró a la prensa que el asesinato del coronel Vergara escapaba del “criterio de actuación del MIR”.

En su edición del día 25 de julio, El Mercurio sorprendió a sus lectores con un editorial titulado “Preguntas serias”. Interrogaba: “Ningún grupo extremista se ha atribuido el crimen, contrariando la costumbre invariable de los terroristas. ¿Por qué? ¿Qué alcance hay que darle a las palabras del general Mena cuando asevera que el atentado y asesinato del comandante Vergara ‘escapa al criterio de actuación del MIR’?”.

El general Gordon reunió a funcionarios de Investigaciones, Carabineros y CNI y dio forma al CAS, integrado por la Brigada de Homicidios (BH), la recién creada Brigada de Inteligencia Policial (BIP), el Departamento OS-7 de Carabineros y la Brigada Metropolitana de la CNI.

En circunstancias no aclaradas, el 2 de agosto fue ejecutado el administrador de empresas Santiago Rubilar Salazar, miembro del MIR, quien había salido dos días antes desde su casa en Santiago rumbo a Valparaíso. La versión oficial indicó que fue abatido mientras huía en un vehículo llevando a una mujer y su hijo como rehenes. Una semana antes, se había presentado un recurso de amparo por la víctima y por quienes la policía señalaba como sus rehenes.

El 7 de noviembre Dinacos informó que durante esa madrugada habían sido abatidos el ex técnico de la telefónica Rubén Orta Jopia y el obrero Juan Ramón Olivares, quienes a bordo de una citroneta se aprontaban a atacar el cuartel de la CNI en Avenida Santa María. Lo cierto es que ambos -miristas que habían retornado clandestinos al país-, habían sido detenidos horas antes y ejecutados en la calle para simular un enfrentamiento.

1981

El 19 de enero, agentes de la CNI asesinaron en una casa desocupada de la calle Ricardo Santa Cruz a Leandro Arratia Reyes, 35 años, comunista. Cinco días antes lo habían visitado en su casa para pedirle que colaborara como informante. Conocida su muerte, la familia recibió una carta anónima que decía: “A la familia Arratia. La muerte de un comunista es la muerte de un perro sarnoso. Así morirán todos. No más marxistas en Chile. Comando Roger Vergara”.

En los primeros días de febrero, el ministro secretario general de Gobierno subrogante, Jovino Novoa, afirmó que “el gobierno es enfático en señalar que las fuerzas de seguridad actúan dentro de los marcos legales y desafía a los denunciantes a demostrar lo contrario ante los tribunales”.
La actividad del MIR llevó a la CNI y otros organismos represivos a desencadenar una indiscriminada arremetida contra dirigentes de la oposición. Entre el 28 de febrero y el 8 de marzo se registraron más de un centenar de detenciones. En la mayoría de los casos, los arrestados recuperaban su libertad sin acusación judicial alguna.

El 9 de marzo se conoció el robo de 46 millones de pesos a la sucursal Chuquicamata del Banco del Estado. Luego quedó en evidencia la participación de miembros de la CNI de la zona norte en la planificación y ejecución del delito, consumado brutalmente al dinamitar al agente y un cajero del banco en pleno desierto. En los meses siguientes otras cuatro extrañas muertes de miembros del ejército y civiles rodearon de misterio el caso. Muchas implicancias permanecen ocultas hasta hoy.

En mayo fueron detenidos por la CNI los médicos Manuel Almeyda, Patricio Arroyo y Pedro Castillo. Los tres habían logrado tipificar las torturas que practicaban los servicios de seguridad, derivando esos antecedentes a los tribunales.
El 22 de junio un comando del MIR atacó con lanzacohetes la comisaría de Las Tranqueras, mientras otro asaltaba una sucursal del Banco del Estado en Las Condes.

El 6 de julio, al salir de su casa fue ametrallado y muerto el suboficial de ejército, adscrito a la CNI, Carlos Antonio Tapia Barraza.

El 8 de julio cerca de la central hidroeléctrica de Los Maitenes fue encontrado muerto con cinco cuchilladas Hugo Riveros Gómez, integrante del aparato de apoyo de la estructura urbana del MIR. Pintor y dibujante, había logrado identificar la ubicación del cuartel Borgoño de la CNI y dibujado los rostros de varios interrogadores. Esa noche fue asesinado en la calle Mapocho el ingeniero socialista Oscar Polanco Valenzuela. Desconocidos desde un automóvil sin patente le dispararon una ráfaga de metralleta en el rostro.
La CNI asesinó el 16 de agosto, en un enfrentamiento en Quinta Normal, a la profesora Arcadia Flores Pérez, mirista. Al otro día, los agentes abatieron en la población Risopatrón al mirista Lisandro Sandoval Torres.

El 18 de noviembre, frente al domicilio del general Santiago Sinclair, un comando del MIR dio muerte a tres funcionarios de Investigaciones, escoltas del jefe del estado mayor presidencial.

A fines de noviembre se inició una ofensiva de la CNI contra dirigentes de la Izquierda Cristiana. Uno de ellos, el economista Sergio Aguiló, hoy diputado, fue sometido a brutales torturas, lo mismo que Germán Molina Morel y Pablo Fuenzalida Zegers, dirigentes de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Fueron conducidos con los ojos vendados al cuartel Borgoño. Allí los obligaron a ponerse overoles y zapatillas para, luego de un examen médico, iniciar los interrogatorios. Los colocaron con los ojos vendados en una cama metálica, desnudos, atados de pies y manos. Luego se escuchó un zumbido y una violenta descarga eléctrica empezó a sacudir los cuerpos.

El 11 de diciembre fuerzas conjuntas de la CNI, Carabineros e Investigaciones, apoyadas por dos helicópteros, asesinaron a Sergio Flores Durán, de la Fuerza Central del MIR, y a María Cienfuegos Cavieres, también mirista, en un supuesto enfrentamiento en la comuna de San Joaquín. Antecedentes recogidos más tarde permitieron conocer que ambos eran seguidos desde hacía varios días. Una semana después, una furgoneta tripulada por agentes de la CNI atropelló en el callejón Lo Ovalle a Iván Quinteros Martínez, comerciante, militante del MIR. Tras ser conminado a levantarse y no poder hacerlo, los agentes le dispararon mortalmente.

1982

El 6 de enero la CNI dio muerte en la Vega Central al ex cabo de la Fach Enrique Reyes Manríquez, del MIR. Diez días después fue abatido en un enfrentamiento en Teniente Cruz con José Joaquín Pérez, comuna de Pudahuel, el mirista y ex marino Ernesto Zúñiga Vergara.

Un mes más tarde, el 25 de febrero, fue secuestrado, baleado en la nuca y degollado el presidente de la Anef, Tucapel Jiménez. Pinochet renovó el estado de emergencia para “asegurar la tranquilidad de que gozan todos los chilenos desde 1973”.

En julio, el balance semestral de la Comisión Chilena de Derechos Humanos dio cuenta de 837 detenciones, 29 relegados, 65 denuncias por tortura, 63 allanamientos, 32 amedrentamientos, 181 presos políticos, cinco muertes por abuso de poder y un asesinato político. Sobre Santiago indicaba que el 91,04 por ciento de los opositores detenidos habían sido liberados sin cargos. Miles de personas eran controladas en masivas redadas en las zonas más pobres. Se buscaba intimidar a la población, impedir que se organizara o que levantara la voz. Los medios de comunicación adictos al régimen informaban que las poblaciones eran “nidos de hampones”, violentos e incontrolables.

El 28 de noviembre fue abatido en un enfrentamiento, en la calle Aldunate, Dagoberto Cortés Guajardo, dirigente del MIR.

Al iniciarse diciembre, durante una reunión convocada por dirigentes sindicales en la Plaza Artesanos, irrumpió, golpeando a obreros y periodistas, un grupo de civiles portando laques y fierros recubiertos de goma. Esos sujetos, que la ciudadanía bautizó como “gurkas”, eran uniformados y civiles adscritos a la CNI.

1983

En la primera semana de febrero agentes de la CNI mataron en la plaza Manuel Rodríguez al mirista Fernando Iribarren González, quien habría opuesto resistencia al darse cuenta de que era seguido.

El 24 de marzo se realizó una “Marcha del Hambre”. Más de 200 personas resultaron detenidas. Horas después, 34 opositores, varios de ellos sacados de sus casas por la CNI, fueron relegados a Pisagua.

El 19 de abril fueron abatidos en la calle Villaseca, en Ñuñoa, los miristas Manuel Flores Durán y Germán Osorio Pérez, quienes habían ingresado clandestinamente al país.
Al conmemorarse el Día del Trabajo, reaparecieron los “gurkas” en la Plaza Artesanos. Más de 75 personas fueron detenidas.

La primera protesta nacional convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre se efectuó el 11 de mayo. Dos personas murieron y más de 600 detenidas. Tres días después, militares y policías rodearon una decena de poblaciones del sector suroriente de la capital y sacaron a todos los hombres de sus casas, llevándolos a canchas de fútbol y sitios eriazos para un supuesto “control de antecedentes”. Cuatro días más tarde, en vísperas de una nueva protesta, asumió como ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa. Los días 11 y 12 de agosto, en la cuarta protesta nacional, 18 mil soldados ocuparon Santiago. Murieron 26 personas y hubo más de 100 heridos a bala.

El 30 agosto un comando del MIR ultimó al intendente de Santiago, general Cárol Urzúa. El 7 de septiembre, las unidades de la CNI a cargo del capitán Alvaro Corbalán, rodearon dos casas de seguridad del MIR en las calles Janequeo y Fuenteovejuna, y acribillaron a sus cinco ocupantes, entre ellos dos dirigentes del MIR, Hugo Ratier y Arturo Villabela.

La quinta protesta nacional se efectuó el 8 de septiembre. Una manifestación pacífica en Plaza Italia concluyó con un violento apaleo por fuerzas policiales a dirigentes de la Alianza Democrática. En las 72 horas que duró la protesta murieron nueve personas. Entre el 11 y 14 de octubre se efectuó una nueva protesta. Cinco civiles murieron y un carabinero fue asesinado con su metralleta.

A las 14 horas del 3 de noviembre de 1983 fue detenido en Concepción Víctor Hugo Huerta Beiza, dirigente del Partido Comunista. Esa misma tarde fue conducido al barrio Pedro de Valdivia. En la calle Sanders, un agente apoyó un arma en la frente de Huerta y disparó una bala calibre 9 milímetros que le cruzó de arriba abajo la cabeza, provocándole una muerte inmediata.

El 11 de noviembre los chilenos se estremecieron al conocer el caso del obrero Sebastián Acevedo, que se inmoló en las puertas de la Catedral de Concepción como una dramática forma de llamar la atención sobre dos de sus hijos detenidos por la CNI, cuyo paradero desconocía.

1984

A fines de febrero, Pinochet fue repudiado por cientos de personas en la Plaza de Armas de Punta Arenas. Militares de civil atacaron a los disidentes, quienes se refugiaron en la catedral. Horas después, Pinochet diría: “¡Es la Iglesia la que está en contra del gobierno!”.

Los crímenes del régimen había que ocultarlos a como diera lugar, sobre todo cuando crecía la indignación ciudadana. El 26 de marzo Pinochet ordenó que se impusiera censura previa a las revistas de oposición. Sin medios de prensa y con las radioemisoras disidentes controladas, se desarrolló el 27 de marzo la séptima protesta nacional. El gobierno impuso el toque de queda. Seis personas murieron baleadas, mientras Pinochet sobrevolaba Santiago para comprobar la magnitud del descontento.

El 30 de marzo miembros del FPMR detonaron una bomba al paso de un bus de Carabineros, cerca del cerro Santa Lucía. Murió un funcionario policial y otros quince quedaron heridos.
La respuesta de Pinochet fue promulgar, el 17 de mayo, una Ley de Conductas Terroristas, otorgando más facultades a la CNI. Al mismo tiempo modificó la Ley sobre Abusos de Publicidad, aumentando las penas.

El 2 de julio fueron asesinados Patricio Sobarzo Núñez, profesor militante del MIR y Enzo Muñoz Arévalo, comunista. La versión oficial aseguró que los agentes de la CNI detectaron un vehículo sospechoso en la rotonda Departamental, desde donde se les disparó, generándose un enfrentamiento que concluyó con la muerte de las dos personas. Testigos presenciales permitieron establecer que a Enzo Muñoz le disparon mientras hablaba por teléfono en una cabina pública y que Patricio Sobarzo fue detenido, subido a un vehículo de la CNI, y luego fríamente ejecutado. En las horas siguientes la CNI dio muerte en el sector del callejón Lo Ovalle a Alicia Delgado Tapia, ingeniero agrónomo comunista, y a Juan Manuel Varas Silva, mecánico eléctrico mirista.

El 12 de agosto, agentes de la CNI llegaron hasta la vivienda de Luis Tamayo Lazcano, taxista sin militancia, en el cerro Los Placeres, de Valparaíso. La versión oficial informó que el taxista había resistido armado y había resultado muerto en el enfrentamiento. La verdad es que Tamayo no estaba armado y que un agente le disparó matándolo.

Casi a la misma hora, en Concepción, una brigada de la CNI inició una cruenta operación de exterminio que se extendería a varias ciudades del sur, revelando que muchos miembros de la resistencia eran conocidos por sus seguidores.

El 4 de septiembre fue detenido por Carabineros Juan Antonio Aguirre Ballesteros, vecino de la población Violeta Parra, de Pudahuel. Fue trasladado a la 26ª Comisaría desde donde desapareció. Su cuerpo fue encontrado el 24 de octubre en el río Maipo: le faltaba la cabeza y el brazo derecho.

Al comenzar una nueva protesta nacional, fuerzas de Carabineros ingresaron disparando a la población La Victoria, para amedrentar a los habitantes. Una bala traspasó una vivienda, impactando en la cabeza al sacerdote André Jarlan, quien murió sobre su Biblia abierta. El jefe de plaza restringió las informaciones, mientras piquetes de civiles en vehículos con las patentes cubiertas recorrían las poblaciones disparando. En la Plaza de Armas de Santiago, las fuerzas especiales de Carabineros procedieron con redoblada fuerza sobre los opositores, recurriendo incluso al uso de perros. Al terminar las 48 horas de protesta, el balance fue la muerte de ocho civiles y de un teniente de ejército, jefe de la CNI en Copiapó.

El 8 de septiembre, en una medida que sorprendió al mundo, el régimen prohibió la publicación de fotografías y caricaturas en las revistas de oposición.
La violencia aumentaba. A las acciones del FPMR replicaron las amenazas y ataques de la Acción Chilena Anticomunista (Acha) y otros grupos de ultraderecha, conducidos en muchos casos desde la misma CNI.

El 6 de octubre, un bombazo casi destruyó la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Punta Arenas. En el atentado murió su autor, el teniente de ejército Patricio Contreras Martínez. En el lugar aparecieron panfletos que señalaban: “En nuestra Iglesia queremos religión y no políticos con disfraz de cura. Acción Chilena Anticomunista (Acha)”.
En Ovalle, el 17 de octubre fue detenido por cuatro civiles el transportista Mario Fernández López, demócratacristiano. Lo torturaron 36 horas en la CNI y luego lo trasladaron al hospital regional de La Serena, donde murió. A fines de octubre se multiplicaron las detenciones. En casi dos semanas cerca de 400 personas fueron relegadas a Pisagua y a localidades de la X Región.

El 30 de octubre se realizó un paro nacional convocado por el CNT, el primero de su tipo bajo la dictadura militar. Al término de la jornada nueve civiles habían muerto baleados y había otros 30 heridos.

El 6 de noviembre se decretó estado de sitio y toque de queda. El nuevo ministro secretario general de Gobierno, Francisco Javier Cuadra, anunció el decreto 1217 que restringía las informaciones de “carácter, relevancia o alcance político”. Al mismo tiempo fueron suspendidas seis revistas opositoras. Se llegó incluso a censurar la difusión de una carta del arzobispo Juan Francisco Fresno a los católicos de Santiago, que debió ser leída en las misas.

El 12 de diciembre, en Ñuble con San Eugenio, murió despedazada al explotar una bomba la estudiante de sicología Alicia Ríos Crocco, mirista. Un mes después, un grupo de detenidos escuchó de agentes de la CNI el relato de cómo fue adherida la bomba a la espalda de la muchacha y activada mediante control remoto.

1985

El 3 de enero fue asesinado en Maipú el mirista Alan Rodríguez Pacheco, 28 años, dos hijos, master en Matemáticas. La versión oficial dijo que murió al resistir la detención premunido de un mortero. Testigos informaron que los agentes de la CNI llegaron al lugar apoyados por un jeep que portaba una ametralladora pesada, comenzando a disparar sin que hubiese resistencia.

Pasado el mediodía del 19 de enero fueron asesinados en Quillota los hermanos David y Marcelo Miño Logan, de 31 y 29 años respectivamente, militantes del MIR. Una vez más la versión oficial dio cuenta de un “enfrentamiento”. Testigos aseguraron que un contingente de la CNI rodeó la casa donde se encontraban y abrió fuego sin mediar advertencia. Uno de los hermanos, al intentar rendirse, fue ejecutado.

El 15 de febrero un grupo de civiles detuvo en Plaza Italia al arquitecto Ramón Arriagada. Durante diez días se le torturó e interrogó sobre las actividades de varios dirigentes comunistas. Este episodio fue el inicio de una cruenta ofensiva de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) que culminó con el secuestro y degollamiento de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, el 28 de marzo.

Simultáneamente era brutalmente torturado por miembros de la Dicomcar, hasta que el 28 de febrero murió, el joven socialista Carlos Godoy Echegoyen. La versión oficial señaló que había fallecido víctima de un paro cardíaco.

El 29 de marzo, en Las Rejas con 5 de Abril, fueron asesinados los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, militantes del MIR. La versión de Carabineros aseguró que las muertes se habían producido en un “enfrentamiento”. Informes forenses señalan que ambos jóvenes murieron a causa de politraumatismo por balas. El cuerpo de Rafael Vergara registraba un disparo en la nuca a corta distancia, cuando ya estaba herido en poder de sus captores.

Ese mismo día en El Arrayán fue asesinada la mirista Paulina Aguirre Tobar, estudiante. El comunicado oficial afirmó que al ser conminada a detenerse, extrajo un arma y disparó contra los hombres de la CNI. La autopsia reveló que la muchacha recibió dos disparos en la cabeza, uno en el cuello, tres en la mano derecha y dos en el antebrazo izquierdo, todos desde corta distancia.

A fines de abril el gobierno prohibió una conferencia de Mario Vargas Llosa. Por esos días, José Miguel Armendáriz, censor oficial de Dinacos, revisaba los artículos de algunas revistas tachando palabras como “la verdad”, “transición”, “derechos humanos”, “libertad”, “milagro”, “sida”, “régimen democrático”, entre otras muchas.

El 14 de mayo una ola de bombazos ocasionó la muerte de tres personas en la Municipalidad de Lo Prado. Varios días después fue identificada una de las víctimas: la estudiante Tatiana Fariña, desaparecida días antes.

En Arica, el 19 de mayo civiles secuestraron a Rosa Pineda interrogándola sobre las actividades de su esposo. Mientras, la torturaban quemándola con cigarrillos. A causa de los malos tratos la mujer perdió el hijo que esperaba.
Diez días después, en la VIII Región, familiares denunciaron la desaparición de cinco jóvenes y la muerte de José Randolph, que apareció en un acantilado en las cercanías de Concepción tras haber sido detenido el día antes por Carabineros en su casa, acusado de conducir en estado de ebriedad. La versión policial aseguró que el joven se había fugado de la comisaría dejando una nota donde anunciaba que se iba a suicidar. Más tarde, la autopsia demostró que su muerte se produjo al reventarle el hígado, producto de un golpe con un objeto contundente.

En Concepción dos individuos asaltaron y violaron a la universitaria Paz Macaya, amenazándola de muerte si revelaba lo ocurrido. La muchacha era hija del médico comunista Juan Macaya, colaborador de la Vicaría de la Solidaridad que el mismo día, en Santiago, fue ferozmente golpeado por un grupo de civiles.

Durante los días siguientes desconocidos atacaron a mujeres opositoras, golpeándolas y en algunos casos marcándolas con cruces en sus cuerpos. El vicario Cristián Precht denunció ante la Corte Suprema diversos casos de agresiones en contra de miembros de comunidades cristianas.

El día 17 de junio se levantó el estado de sitio y se dispuso el estado de emergencia. Atentados explosivos dejaron a oscuras la zona central la noche del 21 de junio. En Concepción, Mirta Navarrete Pino, 46 años, esposa de un actuario de la Corte de Apelaciones, fue secuestrada y con un cortaplumas fue marcada con una cruz en un seno.

El 1° de julio fue asesinado en la comuna de San Miguel el asistente social Gilberto Victoriano Veloso, militante del PC. Dinacos informó que se registró un tiroteo entre agentes de la CNI y dos individuos que eran seguidos. Uno resultó herido, falleciendo mientras era trasladado al hospital Barros Luco. El otro quedó con lesiones de mediana gravedad. Lo cierto es que Veloso hizo dos disparos, que fueron repelidos con ráfagas de metralleta. Cuando arrojó el arma y levantó las manos, fue ejecutado. El estudiante universitario Pablo Yuri Guerrero, fue detenido ileso y trasladado al cuartel Borgoño donde fue sometido a torturas.
El lunes 8 de julio, en Arica, fue agredida Mónica Aguirre Galván, universitaria y profesora de religión. Dos sujetos la abordaron en la vía pública. Uno la sujetó y el otro le levantó la blusa cortando su abdomen con una hoja de afeitar. “Dile a tu pololo que se porte bien o lo vamos a matar”, le advirtieron.

Los días 4 y 5 de septiembre se realizó una nueva protesta nacional que dejó 10 muertos, 80 heridos y más de mil detenidos. El Ministerio del Interior acusó a 87 dirigentes de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado.
El 18 de septiembre el gobierno ordenó cercar la Catedral de Santiago e impidió transmitir por radio el Tedéum Ecuménico celebrado por el cardenal Francisco Fresno.
El 15 de octubre un grupo de civiles atacó con armas largas la parroquia San Cayetano, en La Legua. El párroco, Guido Peeters, había sido amenazado de muerte en múltiples ocasiones.
Los días 5 y 6 de noviembre una nueva protesta dejó cinco muertos y más de 30 heridos a bala. Cerca de mil personas fueron detenidas.

1986

El 4 de abril un bando restringió las reuniones, mientras irrumpían militares en las calles con las caras pintadas. Pinochet explicó que los soldados salían así para que no les tomaran fotografías. “Siempre los militares nos pintamos el rostro. Los que están picados son los fotógrafos”, dijo.
Al iniciarse una nueva protesta nacional, el 2 de julio, soldados al mando de un teniente quemaron vivos a Rodrigo Rojas De Negri y a Carmen Gloria Quintana, en una acción que provocó repudio mundial.

El gobierno suspendió los noticieros de las radios Cooperativa, Chilena, Carrera y Santiago, y requirió ante los tribunales a 17 dirigentes opositores. Militares rodearon las poblaciones. Se registraron siete muertos, 50 heridos a bala y más de mil detenidos.
El 1° de agosto desapareció el dirigente demócrata cristiano de la Usach, Mario Martínez. Su cuerpo sin vida fue encontrado cinco días después en una playa del balneario de Santo Domingo.

En los días siguientes se sucedieron varios hechos que conmovieron al país. Andrés Pascal y Hernán Aguiló, dirigentes del MIR, ofrecieron una conferencia de prensa clandestina a escasas cuadras de La Moneda, humillando a los agentes de seguridad.

Al día siguiente, en otra rueda de prensa secreta, dirigentes del FPMR presentaron a dos desertores del ejército y afirmaron que ese movimiento se encontraba dispuesto a combatir.
Pocas horas más tarde se informó del hallazgo de un cuantioso arsenal ingresado clandestinamente a Chile para armar al FPMR.
En tanto, el juez Carlos Cerda, quien investigaba la desaparición de numerosos comunistas a manos del Comando Conjunto, encargó reos a 40 responsables de esas detenciones.

El 14 de julio, un comando del FPMR secuestró al encargado de protocolo del ejército, coronel Mario Haeberle, quien fue liberado más tarde en una calle de La Florida envuelto en una bandera.

El 7 de septiembre un numeroso comando del FPMR emboscó a Pinochet y su escolta en el Cajón del Maipo. En las horas siguientes fueron secuestrados y asesinados los opositores José Carrasco, Felipe Rivera, Abraham Muskatblit y Gastón Vidaurrázaga.
En medio del quiebre de la oposición y de las recriminaciones contra el Partido Comunista y el FPMR por el masivo desembarco de armas en Carrizal Bajo, el 28 de noviembre fueron asesinados por la CNI los miristas José Amigo Latorre, estudiante de filosofía, y Luis Barra García, médico cirujano.

El 8 de diciembre Marcelino Marchandon Valenzuela fue muerto a tiros frente al cuartel Borgoño de la CNI. Familiares afirmaron que el joven había salido de su casa a cobrar su sueldo el día 5, sin volver.

1987

Estados Unidos señaló en su informe anual sobre derechos humanos que “bajo el régimen del general Augusto Pinochet se intensificó la represión durante 1986. Aumentó el número de personas desaparecidas, torturadas, detenidas, secuestradas, arrestadas, así como los métodos de violencia política contra los civiles”. Agrega que “un total de 662 personas fueron secuestradas el año pasado, la mayoría estudiantes, profesionales, políticos, periodistas, dirigentes sindicales, trabajadores sociales y defensores de los derechos humanos”.

El 15 de junio, con el asesinato de Ricardo Valenzuela Pohorecki, se inició la denominada Operación Albania, que culminaría con el asesinato de varios militantes del FPMR.
El 1° de septiembre, el FPMR secuestró al coronel Carlos Carreño, subdirector de Famae. Poco después la CNI inició las operaciones para secuestrar a cinco miembros del FPMR, que serían torturados en el cuartel Borgoño, asesinados y lanzados al mar a la cuadra de Quintero.

1988

Los días 28 y 29 de octubre de 1988 aparecieron los cadáveres de Cecilia Magni y Raúl Pellegrin, dirigentes del FPMR asesinados luego de ocupar un poblado en la cordillera de la Séptima Región.

1989

Al promediar julio fue asesinado el empresario gastronómico Aurelio Sichel tras advertir a varios dirigentes de la CNI que revelaría sus manejos económicos turbios, si no le devolvían dineros que había prestado.
El 4 de septiembre agentes de la CNI asesinaron al vocero del MIR Político, Jecar Neghme.

Ezequiel Cortés