Luego de negativas enfáticas -incluso agresivas- que se mantuvieron por
semanas, el gobierno reconoció los hechos, aunque lo hizo de manera oblicua
y sin aclarar el detalle de lo sucedido.

Una carta -publicada el pasado 6 de mayo- del entonces canciller subrogante
– que reemplazaba a Insulza en ese cargo-, y actual embajador en Londres,
Mariano Fernández, se encargó de dar explicaciones oficiosas. Desde luego,
Fernández no procedió por propia iniciativa. Pero lo suyo fue una confesión
tardía y parcial del grave error cometido por Chile en 1995.

Fernández hizo un relato cronológico: el 12 de septiembre de 1994 se aprobó
³una exportación de municiones a Ecuador². Pasó el tiempo y por razones que
Fernández desconoce, Ecuador no retiró el material bélico. En los días en
que ³se iniciaba el conflicto² (a fines de enero de 1995), Ecuador retiró el
material de guerra que le fue entregado sin problemas, aunque esto violaba
la normativa internacional que prohíbe vender armas a países en conflictos.

La información divulgada en Perú -que en Chile se entrega con cuentagotas-
indica que no sólo se trató de municiones, como admite la versión del
gobierno chileno. El material vendido por las Fábricas y Maestranzas del
Ejército (Famae) -que entonces dependía del comandante en jefe del ejército,
Augusto Pinochet-, incluía cerca de 20 millones de proyectiles calibres 9 y
.50 milímetros. Pero además misiles aire-tierra, granadas incendiarias y
granadas de 90 milímetros para tanques, 30 mil minas antipersonales
Claymore, municiones para morteros y más de 50 mil granadas. Estos
pertrechos fueron recogidos en varios vuelos de aviones C-130 de la Fuerza
Aérea ecuatoriana. Una primera partida salió el 1º de febrero en dos vuelos
que hicieron una escala técnica en Río Branco, Brasil. Luego hubo otros tres
vuelos a Ecuador, aunque la hoja de ruta de los aviones señalaba que el
destino final era el Oriente Medio. El mismo 1º de febrero de 1995, el
servicio de inteligencia peruano detectó el embarque de armas a Ecuador y
ordenó al agregado militar en Santiago, coronel Carlos Portillo, que
reclamara a las autoridades chilenas. Esto motivó que al día siguiente el
canciller chileno subrogante visitara al embajador de Perú, Alfonso Riveros,
para reconocer lo que ahora Fernández califica de ³desgraciada
coincidencia². Le expresó al embajador peruano que Chile no había ³tenido
alternativa² ya que la venta se ³había perfeccionado con antelación² y el
Estado chileno ³mantenía un rigor severo en materia de cumplimiento de
contratos². Al día siguiente, el embajador Riveros informó a Fernández que
el gobierno peruano y el presidente Fujimori ³habían sido informados y que
la decisión era dejar las cosas como estaban y que no habría declaración
alguna por parte de Perú².

Esa es la verdad oficial, aceptada por Perú a través de Fujimori que en
estos días reconoció los hechos, aclarando que había decidido no denunciar
la situación por razones de conveniencia nacional al estar en pleno
desarrollo el conflicto con Ecuador.

Por lo tanto, el hecho escueto es que Chile entregó armamento a Ecuador en
medio de una guerra con Perú. Nuestro país tenía -y tiene- la obligación de
contribuir a la paz entre los entonces Estados beligerantes, como garante
del Protocolo de Río junto a Argentina, Brasil y Estados Unidos.

Hasta la declaración de Mariano Fernández, la posición chilena, explicitada
por el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, era que las municiones se habían
entregado antes de la guerra. Esa versión era falsa. Y correspondería asumir
pública y explícitamente ese hecho.

Oficiosamente, sin embargo, se sostiene que la disputa corresponde a razones
de política interna de Perú, principalmente al deterioro de la posición del
presidente Alejandro Toledo, ya que las autoridades peruanas ³sabían² desde
1995 lo que efectivamente había sucedido.
Sin embargo, el hecho de que Perú supiera no invalida la mentira en que
incurrió el gobierno chileno.

Por otra parte, si todo era normal (dado que Perú ³sabía²), ¿por qué el
gobierno de Chile no reconoció el hecho desde el primer momento y prefirió
el camino de la negativa y la mentira? No debe olvidarse, además, que no fue
Perú el que planteó el problema. Hubo denuncias de un general ecuatoriano
que obligaron tanto a Perú como a Chile a pronunciarse.
Finalmente, la declaración de Fujimori reafirma, efectivamente, la versión
chilena, pero tampoco absuelve a Chile de la violación de sus obligaciones
de ³garante². Simplemente dice que se prefirió dejar pasar el asunto para no
agravar las cosas. Perú estaba perdiendo la guerra y denunciar a uno de los
países garantes habría complicado las posibilidades de intervención de éstos
en la solución del conflicto.

La razón que aduce el embajador Fernández para justificar la entrega de
municiones a Ecuador, o sea ³el rigor severo en materia de cumplimiento de
contratos², es absurda. Significa reducir las relaciones entre Estados al
ámbito de la ética mercantil. Mucho más que el respeto a un contrato
comercial debió prevalecer la calidad de garante del Protocolo de Río, que
es un compromiso de Estado. Por otra parte, lo habitual es que en caso de
conflicto los países -aunque no sean garantes de nada- no entreguen armas a
los beligerantes, como una forma de contribuir al restablecimiento de la
paz. Hay múltiples ejemplos: como cuando en una de las guerras entre Israel
y los países árabes, Francia impidió el zarpe de misileras israelíes
construidas en ese país, para que no participaran en el conflicto.

Las relaciones con Perú pasan por un mal momento. A esto contribuyen las
actitudes de la Cancillería y del gobierno chileno, que actúan de manera
poco cuidadosa propiciando el agravamiento de potenciales conflictos. No son
los pueblos latinoamericanos -y menos los que son vecinos- quienes ganan con
estas situaciones conflictivas, que favorecen sólo a los interesados en
dividir a las naciones hermanas para dominarlas sin contrapeso.

El gobierno debe desplegar una política especial de acercamiento a los
vecinos. No es casualidad que la imagen de Chile sea la de un país aislado,
arrogante y agresivo. Una encuesta reciente señala que casi el 50 por ciento
de los peruanos considera a Chile un enemigo de su país. Sólo el 12 por
ciento lo estima amigo.

No cabe duda, a la luz de los hechos, que el gobierno chileno está en la
obligación de pedir disculpas públicas al Perú.
Es necesario también que los ciudadanos chilenos se pronuncien y actúen en
ese sentido. Especial importancia tiene el tratamiento y consideración que
merecen los inmigrantes peruanos, habitualmente discriminados, explotados y
con frecuencia víctimas de acoso policial en Chile.
Llamamos a organizar un movimiento de amistad y solidaridad chileno-peruano,
que se materialice a través de las organizaciones sociales, culturales y
políticas de ambos países. Llamamos a fortalecer los intercambios y
relaciones y a estrechar los contactos con las comunidades y organizaciones
de peruanos residentes, lo que debe convertirse en práctica regular de
acercamiento y fraternidad entre nuestros pueblos

Punto Final