¿Hacia un régimen birmano?

Mandalay la segunda ciudad de Birmania, es un centro importante de la distribución de la heroína. Ahí se cruzan las rutas que vienen de China y la India. También está Kentung, una ciudad chica, famosa por su situación en el Triangulo de Oro, una región montañosa selvática repartida entre Birmania, Laos y Tailandia que es el centro mundial de producción de heroína. A partir de 1962 se formaron muchos grupos paramilitares que peleaban contra los rebeldes locales a favor del gobierno central. El Gobierno los toleraba a pesar de sus crímenes. Cerca de Kentung estuvo hasta 1996 el cuartel general de Khun Sa, el principal paramilitar y narcotraficante del país. El gobierno no impedía sus acciones terroristas ni su negocio de opio. Khun Sa empezó con un pequeño grupo y después de lograr en 1992 la unión de varios de estos grupos alcanzó el control de la mitad del negocio de la droga, apoyado en su ejército privado de 20.000 hombres que supuestamente peleaban por la seguridad y bienestar del pueblo. Pero eran enemigos de la DEA. En sus tierras no entraba nadie.

Por otro lado, las campañas militares contra las minorías han desplazado a tres millones de personas y han mandado al exilio a cientos de miles En el plano exterior, las sanciones económicas y el aislamiento agudiza la crisis económica que afecta al pueblo birmano.

En 1988 los militares formaron una nueva junta de gobierno, el SLORC –State Law and Order Restauration Council–. Sus políticos partidarios crearon la USDA –Union Solidarity and Development Association– el partido que apoya a la junta militar. Entre las obligaciones de sus miembros está la de denunciar a las personas que amenazan la soberanía nacional, y apoyar a las fuerzas de policía encargadas de mantener el orden de una nación próspera y moderna.

Desde 1991, el SLORC decidió liberalizar la economía y aceptar inversiones extranjeras, pero sin abandonar el control del Estado. Aun así, Birmania continúa como uno de los países más pobres del mundo, con un PBI de 700 dólares por persona.

En 1996 el SLORC hizo las paces con casi todos los grupos paramilitares, a cambio de una participación importante en las ganancias del negocio del opio. A partir de entonces el negocio se multiplicó. Los jefes paramilitares dispersaron sus ejércitos, entregaron sus cuarteles y sus armas, y a cambio ahora viven tranquilos, manejando sus negocios desde las principales ciudades.

A pesar de haber logrado la paz con los grupos armados, Birmania permanece pobre y oprimida por sus gobernantes, porque los militares usan la plata de la heroína para sus intereses personales y para comprar más armas para reprimir o exterminar a sus opositores.

La mafia ‘para’ en Bogotá *

La «desmovilización» de los paramilitares de ninguna manera significa inserción social. En efecto, en distintas ciudades del país, continúa su control sobre la economía ilegal: prostitución, cobro de «vacunas» disfrazada de venta de seguridad, control de apuestas, dominio territorial para venta de narcóticos, venta de ciertos servicios, etcétera, son algunas muestras de esta realidad.

Control y ciudad puente

Para el caso de Bogotá, sus principales centros de dominio y operación, se ubican en Unilago (venta de computadores e insumos), Abastos (alimentos), sanandresitos (mercancía en general), localidad de Santa Fe (prostitución). En todos se suma además narcóticos al por mayor y al detal. Sus beneficios económicos son inmensos, nada más en sanandresitos –que es combinada entre negocios lícitos e ilícitos–, las cifras rodean los 7.4 billones de pesos al año.

Pero su interés por Bogotá también radica en su ubicación geográfica, zona puente o de tránsito entre el Llano (producción de pasta, coca, marihuana y heroína), y el Valle del Magdalena, para llegar finalmente al Atlántico (exportación).

De acuerdo a los investigadores, los orígenes de su ubicación en esta ciudad se remontan al post paro cívico 1977, donde los organismos de control del Estado diseñan una estrategia de control y muerte para los barrios y el movimiento cívico, que combina la operación de fuerzas legales (brigadas) e ilegales (paramilitares), como lo recomendaban las misiones militares gringas desde pirncipios de los años 60s.

Con el paso de los años esos grupos ganan fortaleza y logran el carácter combinado de paramilitares y mafias, las que en algunos momentos se unen y sirven al Estado (MAS, Pepes), y en otros se confrontan a muerte (extraditables). Al final, pudo más el proyecto paramilitar, el cual absorvió a los mafiosos y los puso a su servicio, en una guerra contra la insurgencia y la protesta social. No es gratuito el interés del Estado por dejar en la impunidad los crímines cometidos en dos décadas de «guerra sucia». Una mirada histórica a las organizaciones sociales en distintos barrios de la capital del país permite leer las huellas de este diseño estratégico de guerra política: muerte, miedo y atomización social son sus rastros más nítidos.

Algunos de los datos aquí relacionados, son tomados del informe “La presencia de los paramilitares en Bogotá: elementos para un análisis”, elaborado por el Grupo de Reflexión sobre Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana en Bogotá, Alcaldía Mayor y Fescol, mayo de 2006.

Apartes informe de las N.N.U.U. contra la Droga y el Delito

“No hay peor ciego que quien no desea ver”

Desde los años ochentas del siglo anterior, cuando se fumigó la Sierra Nevada de Santa Marta para controlar los cultivos de marihuana, el debate está abierto: ¿represión o legalización? La aprobación del Plan Colombia brindó la respuesta que explica el trasfondo de la “guerra contra las drogas”: mampara de la guerra contra insurgente, instrumento de dominio político. Ahora, cuando los informes de los organismos internacionales develan de nuevo la derrota de las estrategias oficiales, toma fuerza la tragedia a la que estamos sometidos los colombianos y la afortunada naturaleza que habitamos. Una sola alternativa queda para superar esta dolencia: negociación política del conflicto.

– «[...] El área sembrada con coca en la subregión andina no sólo no se está reduciendo sino que en el 2005 mostró un incremento del 1% con respecto a 2004, al pasar de 159.000 a 159.600 hectáreas. Al desagregar las cifras, se observa que Colombia llevó la peor parte, ya que su incremento fue del 8%, muy por encima del promedio; además, continúa siendo la más afectada por el flagelo de los cultivos ilícitos, con el 54% de estos. 23 de 32 departamentos están asolados por el mismo. Lo más desconcertante es que este incremento se da justamente en el año en el que el Gobierno batió su propio record en su campaña de erradicación de cultivos ilícitos, con un total de 170.780 hectáreas, más del 80% de las cuales mediante la aspersión aérea.

– El objetivo (supuesto) que tenían el Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina y luego el Plan Patriota, era reducir los cultivos a la mitad de su extensión en seis años, este no se cumplió, por el contrario se incrementó en un 8%, a pesar de los $4000 millones de dólares invertidos en los últimos años..

– Según Sergio Calvani, representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 65% de los cultivos que se erradican se vuelve a sembrar, muchas veces con variedades resistentes al glifosato.

– Colombia que en 1995 contribuía con el 10% de la producción mundial de coca, hoy es responsable del 90%, no obstante que recibe las 2/3 partes de la ayuda antinarcóticos de los EEUU a la región.

– El desconcierto entre los congresistas estadounidense ha sido tal, que uno de ellos, John Tierney expresó que “en vez de proseguir la guerra contra la droga en A. L, hay que capitular. La guerra ha sido totalmente inocua para detener el flujo de cocaína, cada vez más barata en nuestras calles”.

– Los cultivos ilícitos se han extendido a otros 8 departamentos a los que antes no había tocado: Bolívar, Antioquia, Córdoba, Vaupés, Amazonas, Guainía, Arauca y Caquetá. Al fin y al cabo, tal y como lo reconoce el Ministro Sabas, 64.000 hectáreas corresponden a cultivos nuevos, que no habían sido fumigados anteriormente.

– Como precisan algunos investigadores, “la política antidrogas basada en la fumigación de cultivos ha llegado al límite de sus posibilidades, y que quienes toman las decisiones ya no saben qué hacer, aparte de autojustificarse y seguir exigiendo más de lo mismo”.

– Persistir en el error de la fumigación lleva a la contumacia, a incurrir en la desmesura, arrastrados por el desespero, por que no de otra manera se puede explicar la intentona de la Cámara de Representantes de los EEUU de autorizar el uso de armas biológicas contra los cultivos de coca, o la orden impartida por el Gobierno nacional de bombardear el Parque Natural Nacional La Macarena.[...]