Estas son sólo algunas de las conclusiones del último estudio de la Superintendencia de AFP. A él se suma, entre otros, el informe del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda) que evidencia una serie de falencias del sistema, como su escasa cobertura (no supera el 50 por ciento de la fuerza laboral) y sus elevados costos de administración. Pero la guinda de la torta la puso uno de sus principales impulsores, el Banco Mundial, al reconocer que este sistema arrojará a la pobreza a millones de trabajadores.

Juan Lamatta, presidente de la Cupemchi.

Esta creación de la dictadura, en 1980 a través de José Piñera y Miguel Kast, que como tal fue copiado en muchos países como Argentina y Colombia y que hizo las delicias del capital financiero, comienza a ser visto como una amenaza sobre millones de trabajadores, que pueden transformarse en futuros indigentes o en una multimillonaria carga para el Estado. “Estas proyecciones son terribles, es un panorama negro. Habrá una vejez dramática, los jubilados no van tener ni para una aspirina”, indica el presidente de la Central Unitaria de Jubilados, Pensionados y Montepiadas de Chile (Cupemchi), Juan Lamatta. La organización agrupa a los jubilados del antiguo sistema previsional. “Nosotros hacemos un llamado para que los jubilados del actual sistema se organicen y trabajemos en conjunto para mejorar la previsión en Chile, porque están aflorando las verdaderas características del sistema de AFP”, dice Lamatta, un ex obrero gráfico.

Una de las principales fallas que Lamatta señala en el sistema de AFP, es que no asegura al trabajador recursos para toda la vida. Cuando el trabajador jubila, se le calcula su proyección de vida, por ejemplo de diez años, período en el cual se divide mensualmente el fondo que alcanzó a reunir en sus años de trabajo. “Pero si la persona es dura para morirse y vive más de esos diez años, se acaba el fondo y la AFP no entrega ni un peso más. Tiene que recurrir a la pensión mínima que entrega el Estado: aparece como subsidiario sin haber visto ningún dinero de los ahorros del trabajador”. Otra de las fallas que señala Lamatta es que se trata de una típica idea neoliberal. Pone los dineros de los trabajadores en manos privadas que sólo buscan ganancias, sin preocupación por el aspecto social. Por otra parte, el dirigente agrega que los trabajadores no pueden hacer mayores imposiciones, porque los salarios son bajos. “Para mejorar el sistema previsional, se necesitan salarios que permitan ahorrar. También deberían contribuir con un porcentaje, aunque sea mínimo, los empleadores y el Estado, para que sea un fondo social con perspectivas a futuro”.

Lejos de lo anterior el gobierno sabe que existe un punto que está complicando el sistema previsional: los chilenos están aumentando sus expectativas de vida. A la hora de jubilar deberán repartir su plata ahorrada en las AFP en más años, y las pensiones serán menores. El tema es difícil de encarar por el alto costo político, pero ya hay senadores que quieren elevar la edad de jubilación como el DC Edgardo Boeninger. Mientras, en el gobierno se admite que gradualmente habrá que subir el número de años obligatorios de cotización, por lo que las mujeres deberían pensionarse a los 65 y los hombres a los 70. Para Lamatta “es una aberración, porque es imposible que una persona trabaje hasta esa edad, porque físicamente su cuerpo ya está desgastado luego de una vida de trabajo”.

En este contexto, a las AFP como empresas les ha ido bastante bien. Al tercer trimestre de 2004, las administradoras mostraron un crecimiento de ocho millones de dólares en sus ganancias, respecto de igual período de 2003. Así, las seis AFP existentes pasaron de una utilidad de 113 millones de dólares el año pasado, a 121 millones de dólares en septiembre de este año, lo que implica un repunte de 6,6 por ciento. Para Lamatta esto es sumamente injusto: “Frente a estas millonarias ganancias de las AFP, muchas personas quedarán sin jubilación, en la miseria más absoluta en su vejez. Esta es una tremenda contradicción”.

Un problema estructural

Una opinión similar a Lamatta tiene el presidente de la Federación de Trabajadores de AFP y ex dirigente de la CUT, Andrés Bustos, para quien existen dos Chile, el de los pobres y el de los ricos. “Cuando uno escucha de estas ganancias, o que el mes pasado el país creció 7,7 por ciento, me pregunto como trabajador: ¿Eso, dónde está reflejado? ¿En el sueldo? ¿En los puestos de trabajo? No, la cesantía en vez de bajar ha subido y los salarios han disminuido. La brecha es cada día más grande. Los trabajadores son menos, pero están produciendo más. Las pésimas proyecciones del sistema de AFP no deberían producir mayor sorpresa, porque hay muchos estudios que dicen lo mismo. Ahora, lo bueno es que el gobierno se interese y sepa lo que está pasando con el sistema. Mi percepción es que el gobierno sabía, pero no quería entregar estas cifras”.

La Organización Internacional del Trabajo, la Superintendencia de AFP, e incluso economistas de las mismas AFP, “al proyectar las pensiones hablan de una densidad del 80 por ciento mínimo, es decir, si tengo que trabajar 45 años debería tener por lo menos 36 años cotizando. Si le sumamos un promedio de 5 por ciento de rentabilidad de los Fondos de Pensiones, daría una pensión más o menos del 58 por ciento del sueldo para los hombres y 48 por ciento para las mujeres. Pero existe una densidad del 42 por ciento, con la que si se proyectan las pensiones los resultados son desastrosos, con montos bajísimos”, dice Andrés Bustos. Esta falta de cotizaciones no es por culpa del trabajador, según Bustos, sino que se debe a que “los empleos de hoy ya no son estables sino que son mayoritariamente temporales. Hay falta de contratos laborales y de trabajos estables”.

La errática realidad de las cotizaciones, según un estudio de Cenda, conduce a magras jubilaciones. De acuerdo a estadísticas de saldos en la cuenta de capitalización individual a diciembre de 2002, el promedio era de 3.353.000 pesos para los afiliados en general, 4.183.000 pesos para los afiliados de sexo masculino y de 2.246.000 pesos para las afiliadas. Un 2,43 por ciento de afiliados tiene saldo cero en su cuenta, lo que equivale a 163.013 personas, y en el otro extremo hay 279 afiliados que tienen un saldo superior a 100 millones de pesos y 1.207 en el tramo que va de 80 a 100 millones de pesos. De los cerca de siete millones de trabajadores inscritos en las AFP, sólo la mitad cotiza, los tres y medio millones restantes no tendrán pensión en su vejez y vivirán en la pobreza.

En este sentido, Bustos explica que mucha gente trabaja boleteando años y años en el mismo lugar, sin derecho a salud ni a jubilación. “Ellos están en una desprotección total y eso ha pasado incluso con trabajadores de la administración pública. Si se da en el sector público, con mayor razón en el sector privado”. Bustos agrega otro problema: muchas empresas simplemente no pagan las cotizaciones, “hay un fraude con esas platas, que se facilita porque actualmente el empresario puede declarar, pero no pagar las cotizaciones. Además, si no se pagaron las cotizaciones y después la empresa quiebra, el trabajador perdió toda la plata de sus cotizaciones y su pensión se fue a la cresta. Esa es la realidad y nadie se hace cargo de esto”.

Para Bustos los problemas del sistema de AFP contribuyen a que la pobreza se profundice y perpetúe, desde que el trabajador es activo hasta cuando jubila. “Porque la rentabilidad de los trabajadores que ganaron mejor sueldo va a ser mucho mayor que la de aquellos que ganaban menos, por lo tanto las diferencias de ingreso persisten”. Según el dirigente el problema de fondo va más allá de las AFP, el modelo mismo es el que genera malos trabajos, y en ese sentido “con un sistema que asume que el trabajador va a cotizar por lo menos cuarenta años para tener una pensión digna, pero donde no se dan las condiciones para que eso suceda, el sistema automáticamente falla”.

Y como si todo lo anterior fuese poco, según una encuesta de la Universidad de Chile, realizada en 2002 a 17 mil trabajadores, el 40 por ciento de ellos no había recibido la cartola de información de la AFP. El mismo porcentaje señaló creer que trabajará toda la vida, porque avizora que la pensión no le alcanzará para vivir cuando jubile. Pero lo más preocupante de esta encuesta es que un 95 por ciento de los trabajadores no sabe cuánto le cobra su AFP. Lo cual para Bustos se debe básicamente a falta de transparencia: “El costo es un porcentaje más o menos de un 2,5 por ciento, que incluye el seguro de invalidez y sobrevivencia que es de un 0,7 por ciento. La diferencia de 1,8 por ciento más una comisión fija es para la AFP. Entonces los dueños de las AFP hablan de una comisión de un 2,5 por ciento aproximadamente. Pero es 2,5 por ciento del sueldo, por lo tanto cobran un 25 por ciento de las cotizaciones”.

“No podemos hablar de catástrofe”

“Nosotros fuimos los primeros en hablar del problema del costo previsional, pero creo que hay que ser justos: lo que cobran en promedio las AFP no es particularmente caro. Lo que sí sabemos es que puede ser más barato. Creo que podemos llevarlo a niveles más razonables”, indica el superintendente de AFP, Guillermo Larraín, quien agrega que pese a todas las proyecciones no se puede hablar de “colapso” del sistema de AFP. “Yo le quitaría dramatismo a la situación en términos de que no hay colapso. Sí estamos en una situación preocupante, por lo que hay que introducir cambios importantes al funcionamiento del sistema”. De acuerdo al estudio de la Superintendencia, que proyecta que en 35 años entre 40 y 50 por ciento de los afiliados no tendrá derecho ni siquiera a la pensión mínima, Larraín explica que “alrededor del 40 por ciento tiene una pensión alta. Otros no alcanzan a cumplir los requisitos, de ellos, entre 15 y 20 por ciento, son personas que tampoco habrían tenido derecho a pensión en el sistema antiguo, porque cotizaron en períodos muy cortos”.

En cuanto a la crítica de que los bajos sueldos producen bajas cotizaciones, el superintendente Larraín señala que ese no es problema de las AFP sino un problema estructural. “En el sistema antiguo el que tenía un salario bajo también obtenía una pensión baja. Yo creo que el punto es que aún no somos un país desarrollado, donde se pague tres veces el ingreso que tenemos hoy, y se termine con la extrema desigualdad. Pero eso no se le puede pedir al sistema de AFP. Lo que hay que pedirle es que no empeore la situación y que corrija lo que pueda”. Y en los ámbitos donde se puede mejorar el sistema, Larraín indica una mayor y mejor competencia, una campaña de educación sobre la importancia del ahorro previsional y valorar temas como la inversión. “Si uno tiene un régimen de inversión que logra dar un poco más de rentabilidad, el impacto sobre la pensión final puede ser grande a lo largo de cuarenta años”.

Otro punto en el cual las AFP pueden mejorar, según el superintendente, es facilitando la cotización para trabajadores independientes, un mundo amplio que va desde un vendedor de helados hasta un profesional universitario. En la actualidad constituyen alrededor de un tercio del total de los trabajadores, de los cuales sólo un 5 por ciento cotiza. “Para ellos el sistema es poco amigable, ya que tienen que ir todos los meses a hacer su cotización gastando tiempo y dinero. Tenemos que buscar mecanismos para hacer que el sistema sea más fácil. Si la previsión es una obligación por lo menos hagámosla más amistosa”. De manera general, para Larraín el rol del Estado en cuanto a previsión tiene que ver principalmente con generar políticas contra la pobreza en la tercera edad.
En todo caso, el superintendente concuerda con las críticas que señalan que en el sistema de AFP sólo se le ha dado importancia a lo económico, dejando de lado el aspecto social. “Nosotros estamos en un proyecto a través de la Superintendencia en que el aspecto social es rol del Estado, generando mecanismos para estar más cerca de la gente, darle más información y educación financiera y decirle cuáles son sus derechos y obligaciones. En eso hemos estado débiles y tenemos que hacernos cargo de la crítica”.

Finalmente, otro de los actores en el tema previsional es la Asociación de AFP, pero aunque se intentó en reiteradas oportunidades entrevistar a su presidente, Guillermo Arthur, o a algún otro personero, ninguno quiso conversar con PF. Según personal de comunicaciones de la entidad, “sucede que tienen miedo de conversar con PF, debido al perfil de la revista”

Jimmy Alexis Quintana

¿Ingreso de la banca al negocio de las AFP?

Los fondos de las seis AFP son de alrededor de 50 mil millones de dólares. Por ello no es de extrañar el anhelo de la banca por entrar al negocio. De hecho, la posibilidad de que ingresen los bancos al negocio del ahorro previsional, que hoy es dominado íntegramente por las AFP, ha copado el debate financiero. Sin embargo, las cosas han cambiado ya que el gobierno, por primera vez, está dispuesto a considerar seriamente la apertura del negocio de las pensiones. Por su parte -y no podía ser de otra forma- las AFP rechazan esa apertura a la banca.
Para el presidente de la Cupemchi, el ingreso de los bancos al rubro no es la solución de los problemas que enfrenta el sistema previsional: “El fin de los bancos es ganar dinero, es lo único que les interesa. Sería más de lo mismo. Lo que se ha dicho de mayor competencia, es el caramelo que nos están dando; pero son los mismos tiburones los que se van a comer la presa”. Según Lamatta, la propuesta tendría que ser una mezcla, con participación del Estado y de los imponentes, “que son los principales interesados y dueños del dinero. El Estado debiera regular este asunto, no como ahora que no raya nada y los grandes empresarios hacen lo que quieren”.
Una postura similar ostenta Andrés Bustos. Lo que se requiere son cambios de fondo en el sistema “y no estoy hablando de cambiar el sistema, porque es muy difícil -dice- mientras no cambiemos el modelo económico. Las AFP están metidas en todo el tema económico de este país. Hay que buscar otros mecanismos para que el sistema sea menos malo, porque bajo una economía de libre mercado es imposible que sea solidario o con justicia social. Lo que prima es el lucro”. El dirigente también desestima el argumento de una mayor competencia. “Llegaron a existir 22 AFP y sólo quedan seis. Yo creo que el tema pasa por cómo se solucionan problemas, por ejemplo el costo que cobran las AFP, que es demasiado elevado. Debería crearse algo similar a Fonasa con respecto a las isapres. Pero en las AFP no existe para aquellos sectores de rentas bajas, donde el Estado realice inversiones rentables y asegure al trabajador una pensión digna”.
Pese a que en la prensa se ha señalado que el gobierno estaría apoyando la iniciativa del ingreso de la banca al negocio previsional, el superintendente de AFP, Guillermo Larraín, indica que no es así. “Lo que hemos dicho es que en los problemas de competencia la solución sería que los bancos nacionales puedan tener a las AFP como filiales bancarias. Pero creemos que sin tomar los resguardos necesarios, esto se transformaría en una guerra comercial. Por la naturaleza de este producto, eso desembocaría en que los precios tenderían a subir y terminaríamos con comisiones más altas que las de hoy, lo que no queremos”.
Por eso Larraín indica que una apertura del sistema previsional tiene riesgos. En la búsqueda de generar condiciones para que una mayor competencia beneficie a la gente con precios más bajos, “estamos examinando la disminución de barreras de entrada que no pongan en riesgo los fondos de los trabajadores. Si es que logramos encontrar esa fórmula, entonces no debiéramos tener problemas para apoyar el ingreso de los bancos, pero aún no llegamos a esa solución”. En este sentido el superintendente descarta que existan negociaciones con la banca. “Sólo hay análisis respecto de opciones, pero siempre con la restricción clara de que los fondos previsionales no se tocan hoy ni mañana”.
Como sea, los bancos desde hace tiempo están en el negocio de la previsión, a través del ahorro previsional voluntario, los fondos mutuos y las compañías de seguros. Es decir, ya existe competencia. Sólo falta que se garantice el traslado de los cotizantes, que hasta ahora están obligados por ley a optar por una AFP. Además, son varios los bancos que “están” en el mercado de las AFP a través de empresas coligadas: BBVA tiene a Provida; Santander, a Summa Bansander; Citibank, a Habitat, y el Grupo Penta, a Cuprum. Vale la pena destacar que BBVA y Santander, están involucrados en el fraude de Inverlink a la Corfo por cien millones de dólares