Encubre pgr al cártel de Pénjamo

A principios del sexenio, el presidente Vicente Fox declaró públicamente que Guanajuato, su estado natal, era utilizado sólo como paso del tráfico de drogas; sin embargo, de acuerdo con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), esa entidad es uno de los principales centros de operación de la delincuencia organizada desde que Fox era gobernador.

Cuando el guanajuatense asume la Presidencia de la República, en febrero de 2001, es ejecutado en Irapuato el abogado Ulises Soto Sánchez, quien tenía entre sus clientes a Renato Tostado Félix, presunto gatillero de Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, quien está asentado en Guanajuato y, desde que Fox asumió el poder, ninguna autoridad policial federal se ocupa de su persecución.

En un diagnóstico interno elaborado por la Visitaduría General de la PGR, la delegación en Guanajuato está dentro de un “inventario de áreas críticas y conductas proclives a la corrupción”.

Esa delegación ha tenido el mayor número de rotaciones a nivel nacional en los últimos años. La más reciente fue en agosto pasado cuando ocupó la plaza José Reta Díaz.

En la PGR se habla de lo conflictiva que se volvió la delegación durante el sexenio; incluso, durante el nombramiento de Reta Díaz, el subprocurador Gilberto Higuera Bernal descartó que la PGR en México hubiera abandonado la delegación estatal. Hay garantías, dijo, “de que Guanajuato está en el centro de la atención del procurador”.

A juzgar por informes de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, en Irapuato se vive una ola de enfrentamientos entre grupos antagónicos que se disputan el control del territorio para el narcomenudeo.

Además de Irapuato, la Secretaría de Seguridad Pública estatal ubica a las ciudades de León, Celaya, Silao, Salamanca, Guanajuato y San Francisco del Rincón, en ese orden, como los municipios con mayor presencia de narcomenudeo.

En delincuencia organizada, según un informe de la PGR, en Guanajuato opera únicamente el cártel de Sinaloa. Pero esta versión oficial podría echarse abajo si la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) comprueba una denuncia que presentó en diciembre de 2005 Angélica Mendoza contra altos funcionarios de la PGR, a quienes acusa de encubrir y proteger a narcotraficantes que operan en Guanajuato.

Angélica Mendoza dice que no imaginó el nivel que alcanzaría su reporte ante la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, desde donde salieron sus datos personales y se inició una persecución en su contra hace más de un año.

La ciudadana de Irapuato, y de profesión arquitecta, presentó una denuncia ante la DEA en contra del procurador Daniel Cabeza de Vaca; el subprocurador contra la Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, y los ex delegados de la PGR en Guanajuato, Martín Diego Salido y César Romero Valenzuela, así como contra el ministerio público Guidobaldo Zamarripa, a quienes acusa de encubrir al narcotráfico en ese estado.

Sobre la denuncia, ninguno de los funcionarios de la PGR quiso hacer comentario alguno, pero una fuente interna de la Procuraduría señala que el expediente que presentó Angélica Mendoza, sobre la presencia del narcotráfico en Guanajuato, está en calidad de reserva como expediente “muy delicado”.

Denuncias “anónimas”

El 7 de febrero y el 13 de julio de 2004, por medio del Centro de Denuncias del Consejo de Participación Ciudadana de la Agencia Federal de Investigación (AFI), se recibieron llamadas anónimas que denunciaban la venta de droga en diversas casas de la calle Carlos Robirosa de la colonia Rodríguez, en Irapuato. Los reportes fueron turnados a la Jefatura Regional de la AFI para su investigación.

Los primeros reportes de los elementos de la Agencia concluyeron que “no detectaron movimientos relacionados con la venta de droga”.

Para enero de 2005 se denunció, de nuevo en forma anónima, que la venta de droga continuaba en los mismos domicilios.

Ante la falta de respuesta, Angélica Mendoza acudió a la delegación de la PGR, donde Guidobaldo Zamarripa Leija, titular de la Agencia 18 Investigadora, le informó que el 28 de febrero de 2005 había sido levantada un acta circunstanciada sobre el narcomenudeo en los inmuebles de la calle Carlos Robirosa.

Zamarripa Leija le dijo que José Refugio Rodríguez Zavala -a quien Angélica identifica como uno de los dueños de las narcocasas- había presentado una denuncia en su contra por difamación, integrada en la averiguación previa 6184120/05.

“Desde allí supe que algo estaba mal”, recuerda Angélica, y agrega: “¿Cómo supieron que yo denuncié, si se supone que las denuncias son anónimas?”

Asegura que a partir de su encuentro con el ministerio público las agresiones y el acoso contra ella por parte de presuntos narcomenudistas se incrementaron, hasta que en una ocasión arrojaron a su vivienda -ubicada en la misma colonia- una bomba molotov y ella fue golpeada por un grupo de mujeres enviadas por Rodríguez Zavala, según dice.

Pero el agente del Ministerio Público en Irapuato fue más allá: ante la prensa local identificó a Angélica Mendoza como la persona que denunció las narcocasas de la calle Robirosa.

El entonces delegado de la PGR, Jorge Puente Ledesma, minimizó las denuncias y públicamente dio por concluido el asunto “por falta de elementos”.

Pero al interior de la PGR se dieron las contradicciones. Mientras el delegado dio carpetazo, la Subdelegación en Irapuato señalaba que no era una sino varias narcocasas en la calle Carlos Robirosa.

El subdirector Operativo de Seguridad Pública municipal, José Adrián Rodríguez Martínez, reveló a medios locales que había reportado a la delegación de la PGR y en la ciudad de México la presencia de narcotráfico en el municipio.

Angélica denunció ante Cabeza de Vaca las irregularidades de funcionarios de la PGR en el estado, como el supuesto encubrimiento al narcotráfico y la revelación de su identidad, ante lo cual la Visitaduría General de la PGR asignó el caso al fiscal Guillermo Herrera Lima.

Angélica señala que tras la reunión con el fiscal anticorrupción, la Procuraduría aceleró la denuncia en su contra por “difamación”.

En junio de 2005 la Visitaduría General envió el expediente DII/416/GTO/O5 a la SIEDO, la cual integró la causa SIEDO/CCA/DGACA/72/2005.

En agosto de 2005, la PGR en la ciudad de México abrió indagatorias contra Jorge Puente Ledesma, entonces subdelegado encargado del despacho de la delegación en Guanajuato, acusado de extorsionar a sus subordinados. Sin embargo, un reporte interno de la PGR liga la destitución de Ledesma como una acción de combate al narcotráfico.

Según la versión de la PGR, servidores públicos de la Delegación en Guanajuato “señalaron que presuntamente Puente Ledesma les exigía dinero en efectivo, regalos o botellas de vino, a cambio de no perjudicarlos con procedimientos administrativos”.

Puente Ledesma ingresó a la PGR en 1990 como agente del Ministerio Público investigador en la Delegación Estatal de Oaxaca, de allí fue trasladado con el mismo cargo a Matamoros, Tamaulipas.

De 1997 a 2001 fue suspendido por un procedimiento administrativo y, a partir de 2002, fue nombrado subdelegado de Procedimientos Penales “B” en la Delegación de Guanajuato, donde fue designado subdelegado de Procedimientos Penales “A” en octubre de 2004, y luego, en julio de 2005, encargado del despacho. Un mes después era consignado por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.

Angélica Mendoza sostiene que por lo menos desde 2004 todos los encargados de despacho y delegados que han pasado por la PGR en Guanajuato han dado protección al narcotráfico en Irapuato, y que como ella siguió denunciando, el acoso en su contra se intensificó.

Por los mismos días en que el encargado del despacho era removido del cargo, Angélica continuó sus denuncias ante la PGR en el estado. Luego denunció a Guillermo Herrera Lima ante la Secretaría de la Función Pública por irregularidades y por revelar a la PGR datos en su contra.

En su acusación contra Herrera Lima, Angélica señala: “a los pocos días en que fue el visitador Guillermo Herrera Lima a tomar mi comparecencia sobre estos delincuentes, le di el citatorio de la demanda por difamación que me había mandado y le dije que tenía errores en mi nombre y el número de la casa, luego los narcos me llamaron a mi casa y me dijeron que Guillermo Herrera Lima les había dado mis datos, que yo debía entender su poder y retractarme a mis denuncias, que ya estaban de acuerdo con él para que me encerraran”.

Sostiene que aunque la visita de Herrera Lima fue en su domicilio y que no reveló a nadie la identidad del funcionario de la PGR, recibió llamadas telefónicas donde “me decían textualmente que Guillermo Herrera Lima ya estaba de acuerdo en que me iban a encerrar”.

El cártel de Pénjamo

Por los días en que murió el ex secretario de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta, en los medios locales de Guanajuato se ventilaban versiones de la supuesta reunión de Joaquín Guzmán Loera con grupos de narcotráfico locales, versión calificada como un simple rumor por el procurador Cabeza de Vaca.

Aunque el entonces delegado de la PGR minimizaba la presencia del narcotráfico en Irapuato, en esos mismos días la PGR decidió instalar en ese municipio la primera Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN) en el estado.

Durante su inauguración, en septiembre de 2005, después de referirse a la muerte de su ex jefe Ramón Martín Huerta (cercanos desde que ambos formaban parte de la Asociación de Industriales de Guanajuato), Cabeza de Vaca declaró que se había constatado la presencia de “grandes grupos” del narcotráfico en la entidad y que Guanajuato era simplemente “un lugar de paso” para la droga, de allí, dijo la necesidad de instalar la UMAN.

Durante el acontecimiento, Angélica Mendoza entregó al procurador la denuncia donde vinculaba a funcionarios locales de la PGR con la protección a narcomenudistas de Irapuato.

Instalada la UMAN, la primera denuncia que recibió la UMAN fue la de las narcocasas de la calle Robirosa.

En otro documento enviado el 19 de noviembre de 2005 a Cabeza de Vaca, Angélica relata las agresiones físicas en su contra por parte de los presuntos narcos y acusa al delegado Diego Salido de frenar las indagatorias en complicidad con presuntos narcomenudistas, y argumenta que la falta de celeridad de la SIEDO pone en riesgo su vida.

“La SIEDO ha tenido mi caso en investigación sin ningún resultado positivo, lo único que se ha logrado fue exponerme aún más con el narcotráfico en Irapuato, ya que el sábado 13 del presente (noviembre de 2005), dos narcotraficantes con domicilio en la calle Carlos Robirosa No. 1149 Col. Rodríguez, me golpearon a dos casas de mi domicilio…”

Angélica Mendoza sostiene que funcionarios de la SIEDO y el fiscal anticorrupción, Guillermo Herrera Lima, le “recomendaron” que se mantuviera al margen del caso, pues se trataba de delincuencia organizada, del “Cartel de Pénjamo”.

Ante la gravedad del caso, Angélica solicitó la protección de la PGR, pero le fue negada y, por el contrario, aumentó el acoso y las amenazas, por lo que tuvo que salir de Guanajuato y actualmente radica en el extranjero.

Fuentes internas de la Secretaría de la Función Pública señalan que la denuncia de Angélica nunca salió de la oficina de Eduardo Romero Ramos, y funcionarios de los órganos internos de control (OIC) confirman que no tienen indagatorias contra los funcionarios señalados.

Fuentes del OIC en la PGR revelan que en 2002 se inició una indagatoria en contra del fiscal Herrera Lima por falsificación de datos en un acta circunstanciada por parte de la delegación de la PGR en Hidalgo, antes de que Herrera Lima fuera designado fiscal anticorrupción. Tras comprobársele la responsabilidad, se le impuso una sanción administrativa que los OIC se niegan a revelar.

Angélica Mendoza informa que en diciembre del año pasado presentó una denuncia ante la DEA para “que todos estén enterados de que por denunciar salí denunciada, hostigada, amenazada y sin vida, porque tengo que huir”, y responsabiliza a Guillermo Herrera Lima.

En enero de 2006 pidió apoyo a la Embajada de Estados Unidos en México para salir del país, y en carta dirigida al embajador Antonio Garza, Angélica asegura que debió dejar su casa por la persecución de funcionarios de la PGR en Guanajuato.

La huida

En entrevista telefónica desde Inglaterra, Angélica narra las vicisitudes sufridas a partir de su denuncia ciudadana: “Salí de la ciudad de Irapuato el 10 de noviembre de 2005, después de haber hecho una serie de denuncias en contra de estos narcotraficantes, sin resultado alguno. Guillermo Herrera Lima me informó que se trata del cártel de Pénjamo y cerró el caso.

“Tengo miedo de lo que puedan hacerme, ya que Daniel Cabeza de Vaca no hace detenciones y la situación que se vive actualmente es insostenible, ya que hay mucha inseguridad por este cártel y por los demás narcos que están operando en Guanajuato.

“Yo venía de Michoacán, de estudiar. Terminé una maestría (en arquitectura), vivía con mis papás en Irapuato, y vivíamos a un lado de la casa de gente que pertenece al Cártel de Pénjamo, pero yo no sabía eso, cuando yo los denuncié lo único que sabía es que vendían droga en las calles de Robirosa. Han matado ya a familias y no les hacen nada. A mí se me hacía muy raro que nadie los podía detener, yo decía ’no sé por qué esta gente está tan protegida’. Sólo quería que la PGR hiciera su trabajo, pero en lugar de trabajar me exhibieron’”.

Angélica habla de las peticiones de apoyo que ha solicitado desde Inglaterra a la oficina de Administra Internacional en Londres pues, señala, su vida sigue en peligro.

Asegura que en diferentes reuniones con el fiscal Guillermo Herrera Lima, en las oficinas de la PGR en la ciudad de México, el funcionario trataba de convencerla que retirara sus denuncias, exhorto que luego, sostiene, se convirtió en presiones y acoso por parte del propio fiscal. Una persecución, que, señala, fue determinante para que decidiera dejar el país.

Vía telefónica, el fiscal señaló que el caso “pasó a instancias superiores” en una indagatoria que, señala, continúa abierta.

“Lo que le puedo decir es que ese expediente en su momento se conoció y se remitió a la autoridad correspondiente. No le puedo dar información dadas las características del caso. Hasta donde yo sé el asunto se sigue investigando. Ese expediente ha pasado por varias áreas”.

Se solicitó una entrevista con el procurador Cabeza de Vaca y con José Reta Díaz, pero ambos funcionarios se negaron. Sobre la indagatoria de Angélica Mendoza sólo se informó que “son movimientos internos de la institución”.

La denuncia que Angélica enviara a la oficina del secretario Eduardo Romero Ramos nunca salió de la SFP, es decir, no se giró instrucciones a los órganos internos de control en la PGR para que se investigara.

Revista Contralínea. Publicado: Octubre 1a quincena de 2006 | Año 4 | No. 65