Extradiciones sumisión de Calderón a EEUU

Calificadas por prestigiados académicos como un golpe mediático del presidente Felipe Calderón Hinojosa para legitimar su gobierno y lejos de inhibir el narcotráfico, las 15 extradiciones realizadas el pasado 19 de enero vulneran la soberanía nacional y amenazan con romper la seguridad pública.

Manuel Becerra, doctor en Filosofía y Derecho Internacional, explica que, a diferencia de otros gobiernos que niegan la extradición de sus nacionales, México se somete a los intereses de Estados Unidos y envía un “paquete” de presuntos delincuentes para que sean juzgados en ese país.

El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierte que la decisión marcará la política exterior de la administración federal. El sometimiento a un gobierno extranjero, dice, se revela en la aplicación discrecional del Tratado de Extradición.

Y es que el artículo sexto del acuerdo bilateral, signado entre México y Estados Unidos en 1978, establece que “ninguna de las partes contratantes estará obligada a entregar a sus nacionales”.

Para el investigador este principio se relaciona directamente con la soberanía de ambos países. “La soberanía comprende las facultades del Estado de dictar sus leyes, de aplicarlas y de juzgar a nivel interno, de someter a los nacionales a su poder legal. Se trata de la sujeción de sus ciudadanos al poder creado por el Estado.”

Por encima de este principio, el mismo tratado determina que “el Poder Ejecutivo de la parte requerida tendrá la facultad, si no se lo impiden sus leyes, de entregar al nacional si a su entera discreción lo estima procedente”.

Cinco días antes de mandar al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a recibir asesorías de las autoridades colombianas, Calderón decidió suspender los procesos judiciales en contra de Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, y de 14 mexicanos más, para que estos presuntos delincuentes sean sometidos a las leyes y a los juzgados estadounidenses.

Manuel Becerra señala que las extradiciones reflejan la sumisión del gobierno calderonista. “La política exterior de México se sujetará a la voluntad de Estados Unidos, que no tiene amigos sino intereses”.

En coincidencia, José Luis Reyna, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, apunta que al igual que Colombia, México está realizando las extradiciones como una medida para complacer a los intereses estadounidenses. “El presidente Calderón está tratando de quedar bien ante el gobierno norteamericano y por eso la decisión es aplaudida por la Casa Blanca”.

El doctor en Sociología dice que las extradiciones van de la mano con los operativos militares instrumentados en días pasados. “Ambas medidas tratan de proyectar una especie de imagen de un gobierno sin ningún tipo de temor, que actúa con firmeza ante el crimen organizado. El problema son las implicaciones de estas medidas. La primera pregunta que debemos hacer es si efectivamente el Estado mexicano está preparado para tolerar, aceptar, estar en línea ante una respuesta del crimen organizado. Particularmente de los cárteles, que tienen inmensos recursos, equipos bélicos, armamentos más sofisticados que muchas de las policías locales e incluso federales.”

El doctor Carlos Resa Nestares, consultor de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delincuencia y académico de la Universidad Autónoma de Madrid, expone la lógica del gobierno mexicano: “Soy el nuevo presidente, con una legitimidad escasa, así que opto por enfrentarme a un enemigo fácilmente manipulable ante la opinión pública: la industria de las drogas. Nada nuevo. Todo muy aparatoso, pero con nulos efectos reales, fuera de los publicitarios para el nuevo gobierno”.

Colombianización, el riesgo

Durante su comparecencia del 23 de enero ante el Congreso y dos días antes de viajar a Colombia para recibir asesoría, el procurador Medina Mora negó que la extradición de “barones de la droga” a Estados Unidos generen una ola de violencia, como la desatada en el país del fallecido capo Pablo Escobar, en la década de 1980.

Esta opinión no es compartida por los investigadores. José Luis Reyna advierte que “los cárteles son pequeños ejércitos, muy bien equipados que pueden desestabilizar al gobierno y poner en jaque a la sociedad. Decir esto no es aventurar en escenarios improbables. Si nos vamos a experiencias previas, en Colombia, cuando el gobierno de Virgilio Barco empezó a extraditar narcotraficantes, se inició una guerra que mató jueces, agentes policiacos y civiles”.

Manuel Becerra dice que, al ser un golpe contra la inseguridad, esta medida logra legitimar temporalmente al gobierno de Felipe Calderón. Pero se corre el peligro de colombianizar en forma total al país, de convertirnos en un país sumamente violento.

Agrega que “México ya está colombianizado. Lo que dice la prensa, los niveles de violencia son muy graves. Las ejecuciones ocurren a diario y en todo el territorio. Degollar a las personas, matar policías, ajustar cuentas, ya es una guerra tipo Colombia”.

Más allá de la búsqueda de legitimidad, la lucha contra el narcotráfico debe hacerse en el marco de la ley y con un plan integral de Estado, porque en nuestro espejo colombiano los narcotraficantes tienen como parte de su fuente de reclutamiento a las clases más bajas y del lumpemproletariado, explica Manuel Becerra.

Para el doctor en Derecho Israel Alvarado, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), si el gobierno mexicano no toma medidas preventivas, la perspectiva a mediano plazo puede ser parecida a lo que sucedió en Colombia.

“Se espera la reacción del crimen organizado en contra de las organizaciones policiales, sobre todo porque extraditaron a sus líderes, y se espera violencia con mayor intensidad hacia el interior de las organizaciones, por la disputa del liderazgo, y en contra de otras organizaciones, por el territorio.”

Aunque el académico pone en duda que los niveles de violencia sean tan cruentos como los vividos en Colombia -donde, en la década de 1980, la mafia asesinó cuando menos a 40 jueces, 500 policías y cerca de 5 mil civiles-, reconoce el riesgo que implica la extradición de Osiel Cárdenas, “quien seguía dirigiendo la organización y por consiguiente extraditarlo significa quitarles al líder”.

Medida ineficaz

El efecto mediático y de legitimación a su gobierno es el único resultado “positivo” previsto por los investigadores, pues las extradiciones instruidas por Felipe Calderón no inhibirán el problema del narcotráfico.

“Cuando se hicieron las extradiciones en Colombia se pensaba abatir todos los índices relacionados con la delincuencia implícita en el tráfico de enervantes, y resultó todo lo contrario: la violencia aumentó no sólo en términos de la guerra entre cárteles sino también en los asesinatos de jueces, e incluso se dio la toma del palacio de justicia por parte de una guerrilla financiada por Escobar. Imaginemos que un comando armado y financiado por un cártel tome la Suprema Corte de Justicia de México. Eso significaría una enorme crisis”.

El investigador del Colegio de México dice: “lo que debemos valorar es si esta medida resuelve el problema. Entonces tal vez sea correcto correr el riesgo. Pero si no lo resuelve y, si como todas las estadísticas indican, sigue habiendo una alza en el consumo de estupefacientes en Estados Unidos, México sigue siendo el principal punto de tránsito -además de volverse un país consumidor- pues el problema se agrava con el nuevo elemento: la extradición. Se vuelve una medida inútil e infructuosa”.

El doctor en Sociología señala que el 5 por ciento de la población de Estados Unidos consume el 50 por ciento de enervantes que se comercializan en el mundo. “Ahí está el enorme mercado que exige más estupefacientes; por eso volvemos a los cuestionamientos sobre si el problema son los países que producen y procesan o los países que consumen”.

Para Carlos Resa Nestares, miembro del proyecto The economics of civil war, crime and violence, del Banco Mundial, la medida sólo es eficaz para ahorrar costos a los contribuyentes mexicanos de la construcción y mantenimiento de las cárceles. “Si México está en la guerra contra las drogas como efecto de la presión del gobierno estadounidense, parece incluso una medida de responsabilidad: quien desea una política, la paga. Por el contrario, sobre el mercado de las drogas, su efecto es nulo”.

Agrega que hay un mensaje subyacente en esta medida: “no podemos hacer frente a la política de represión de las drogas a la que legalmente estamos comprometidos con la sociedad. Todo depende de cómo se expliquen las decisiones. No es lo mismo decir ’no puedo’ que ’no quiero’. Pero si no lo explican como ’no quiero’, el mensaje que emiten es ’no puedo’: no puedo gestionar la política de administración de justicia y readaptación social”.

La extradición es eficaz en términos de cooperación internacional en contra del crimen organizado, explica el doctor Israel Alvarado. El académico del Inacipe dice que lo que está en duda es si estas actividades concretas del Estado mexicano repercutirán de manera directa en el crimen organizado.

Para el doctor Manuel Becerra recurrir a la extradición no es más que asumir el mensaje de la guerra frontal, pero esto no enfrenta ni abate el problema. “Eso lo podemos ver desde la perspectiva de Colombia, que es el espejo de México, al final de cuentas se sigue produciendo, procesando y traficando la droga. Una de las aristas de este fenómeno es el mercado de Estados Unidos, que es un imán, ahí están los grandes intereses de carácter financiero. Sería interesantísimo que aparte de los capos buscaran la red financiera internacional, adónde va el dinero”.

El investigador de la UNAM afirma que la lucha contra el narcotráfico debe ser de carácter integral. Y pregunta, “¿ya con extraditar, las cárceles van a ser buenas? Es absurdo. Hay que reformar el sistema penitenciario, porque el gran problema es que no se cree el sistema del Estado de Derecho. Ése es el problema de no ser escrupulosos con la ley, independientemente de que sean narcotraficantes, porque no se trata de aplicar justicia divina. Se trata de que como parte de una sociedad se debe de cumplir la ley y que se les juzgue de acuerdo con la ley”.

El investigador español especializado en el análisis del narcotráfico nacional, Carlos Resa Nestares, concluye que los mexicanos no deben esperar “nada” de la “lucha” contra este flagelo emprendida por el presidente Felipe Calderón.

“Nada aparte de los efectos que recaigan sobre los intereses burocráticos del nuevo gobierno: un poco de publicidad positiva ante la opinión pública y ante la administración estadounidense. La maniobra es fácil y barata. Pero sus efectos a medio y largo plazo, incluso en el corto plazo, son nulos. Y si es por demostrar, demuestra una incapacidad para generar soluciones creativas y propuestas de más largo alcance.”

Revista Contralínea
Publicado: Febrero 2a quincena de 2007