Funcionarios y exdirectivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) están bajo el escrutinio de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por los millonarios contratos otorgados a la empresa Oceanografía, S.A. de C.V., durante el gobierno de Vicente Fox.

Entre 2001 y 2006 la naviera obtuvo más de 9 mil millones de pesos de Pemex mediante licitaciones públicas y adjudicaciones directas, monto con el que sus propietarios Amado Yáñez Osuna y Amado Yáñez Correa capitalizaron a su empresa hasta convertirla en una de las contratistas más poderosas e influyentes en la paraestatal.

Los resultados de las auditorías por parte de la SFP podrían derivar en la inhabilitación de la naviera para concursar en Pemex y sanciones a los funcionarios de la paraestatal que otorgaron los contratos, quienes lo habrían hecho por recomendación de familiares del entonces presidente de la República, sin que Oceanografía tuviera capacidad técnica ni económica para desarrollarlos, además de acumular un largo historial de incumplimientos e irregularidades con Pemex.

Funcionarios involucrados en las investigaciones explicaron que el asunto podría tomar un cause penal y el expediente podría ser turnado por la SFP a la Procuraduría General de la República para fincar responsabilidades penales a los involucrados, por el supuesto delito de fraude.

Estas investigaciones en contra de la naviera han sido documentadas desde 2004 por Contralínea e involucran a los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca, y a su tío, Guillermo Sahagún, quienes reconocieron que hacían negocios con funcionarios de Pemex para beneficiar a Oceanografía.

Una comisión especial de diputados retomó el caso en 2005 para investigar estas denuncias que la prensa ha publicado en contra de funcionarios petroleros vinculados con los hijos de Marta Sahagún de Fox, y su conclusión dada a conocer en 2006 fue el tráfico de influencias cometido desde Los Pinos.

Ahora son la ASF y la SFP, ésta encabezada por Germán Martínez Cázares, las cuales revisan el desempeño de la naviera Oceanografía en la Sonda de Campeche, y las condiciones en que le fueron adjudicados los contratos.

Los funcionarios petroleros bajo investigación son los exdirectores generales de Pemex, Raúl Muños Leos y Luis Ramírez Corzo; el director general de PEP, Calos Morales Gil; el subdirector de la Región Marina Noreste, Javier Hinojosa Puebla; el exadministrador de Activos de la Región Marina Suroeste, Jorge Andrés Pérez Fernández; el exsubdirector de Coordinación de Servicios Marítimos, Héctor Leyva Torres; el gerente de Mantenimiento Integral, José Guadalupe de la Garza Saldívar; el exabogado general de Pemex, César Nava Vásquez (actual secretario particular del presidente Felipe Calderón), y su sucesor, José Néstor García Reza.

Una vez que concluya la revisión de los contratos asignados por Pemex a Oceanografía, calificados por Germán Martínez como “irregulares”, la SFP enviará los resultados al Congreso para que los diputados los remitan a la ASF.

Desde hace algunas semanas el órgano máximo de fiscalización del país abrió su propia auditoría a la naviera y encontró graves irregularidades en la ejecución de algunos contratos.

Irregularidades

En julio pasado la ASF ordenó fiscalizar el contrato 418235843 del alquiler del barco Caballo de Trabajo, etiquetado con el rubro “rehabilitación y mantenimiento de plataformas marinas, con apoyo de una embarcación con posicionamiento dinámico”, por 969 millones de pesos y otorgado a la naviera por adjudicación directa el 20 de abril de 2005.

La contratación se hizo en un periodo en el que, de acuerdo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), Oceanografía debía estar inhabilitada por incumplimientos en contratos anteriores (Contralínea, 47).

Los resultados de la fiscalización se integrarán a la Revisión de la Cuenta Pública 2006, que dará a conocer la Auditoría Superior el próximo año.

Contralínea tuvo acceso a los primeros resultados de la revisión de la ASF, en la que los auditores detectaron incumplimiento en los servicios, deficiencia de obra y fallas en la grúa del barco, por lo que fue sacado de la Sonda de Campeche para su reparación.

La falta de una nave que lo sustituya provoca pérdidas en la producción de crudo que actualmente son cuantificadas por los auditores, por lo que la ASF dice que Oceanografía deberá asumir el impacto económico que ha tenido Pemex.

Trabajadores de Oceanografía confirman que las fallas del buque datan de junio de 2006. El problema más grave ocurrió en mayo pasado, cuando fue llevado a reparar a los astilleros de los Talleres Navales del Golfo, en Veracruz. Allí permaneció dos meses; luego, cuando fue regresado al Golfo de México, nuevamente tuvo problemas con la grúa y fue regresado a dique.

Los auditores descubrieron deficiencias en los trabajos de soldadura que la compañía aplica como parte de mantenimiento a las plataformas marinas; estiman que realizarlos de nuevo de manera adecuada incrementaría significativamente los montos que PEP paga a la empresa por rehabilitar las plataformas.

Documentan que los funcionarios de Pemex no tienen control sobre los recursos materiales y humanos que solicita la naviera, con el argumento de que se trata de un contrato abierto. Sin embargo, una de las fichas de los auditores indica: “lo anterior altera la estimación original del costo de este contrato”, que se hizo como proyecto Pidiregas.

Otra deficiencia fue en el sistema de seguridad de la embarcación y su tripulación. Se encontró que no todos los trabajadores cuentan con equipo de protección. El caso más grave es el de los buzos que trabajan con uniformes de neopreno rotos, lo que pone en riesgo su vida.

La adjudicación

En 2003, la Subdirección de la Coordinación de Servicios Marinos (SCSM) de PEP convocó a la licitación pública internacional 18575035-025-03 para “rehabilitación y mantenimiento de plataformas marinas con apoyo de una embarcación con posicionamiento dinámico”, y el 6 de febrero de 2004 se declaró desierta.

La licitación fue renumerada: 18575108-030-04, y publicada el 8 de julio de 2004. Participaron Cotemar, Condux, Naviera Armamex, Oceanografía, Instalaciones Electromecánicas Civiles y Eléctricas, Berry Contracting, Construcciones y Trituraciones, Constructora y Arrendadora México, Servicios Marítimos de Campeche, Constructora Subacuática Diavaz, Construcciones Integrales del Carmen y Consultoría y Servicios Petroleros.

La SFP confirmó que la licitación estuvo viciada, porque los funcionarios de PEP cuantificaron de forma errónea las propuestas económicas, en contravención a la LOPSRM. Aunado a que el subdirector de PEP, Héctor Leyva Torres, y el gerente de Mantenimiento, José de la Garza, permitieron a Oceanografía participar en la licitación, pese a que estaba inhabilitada por incumplimiento.

El 15 de octubre de 2004, en Ciudad del Carmen, nuevamente se declaró desierta la licitación porque ninguna de las propuestas cumplía con los requisitos. El día 16, los funcionarios iniciaron el proceso de adjudicación directa DOCSM-095-04.

En el oficio GMI-SIMICA-938-2004 del 16 de octubre, la GMICSM justifica que se procederá a la adjudicación directa del contrato a una empresa “que cuente con capacidad de respuesta inmediata, así como los recursos técnicos y financieros” para llevar a cabo la obra.

Aunque el argumento de Pemex para no licitar el contrato era la urgencia de los trabajos, inexplicablemente funcionarios al mando de Carlos Morales Gil prorrogaron en tres ocasiones la adjudicación directa.

Originalmente se había acordado para el 29 de noviembre de 2004 y la prorrogaron para el 17 de diciembre, y luego para el 6 de enero de 2005. Finalmente, se realizó hasta abril, coincidentemente, hasta que Oceanografía obtuvo los amparos que la libraban de la inhabilitación.

Historia de incumplimientos

La Ley de Obra Pública prevee rescindir un contrato por incumplimientos graves, y por una segunda rescisión en un lapso de dos años del primer contrato rescindido; el organismo no puede recibir licitaciones del proveedor sancionado ni celebrar contratos con él por dos años, contados a partir de la segunda rescisión.

De acuerdo con el oficio OAG/GJC/JPLS/139/2005, emitido por Guillermo Pérez, gerente jurídico de lo contencioso de la Oficina del Abogado General (OAG), entre 2003 y 2004 a Oceanografía se le rescindieron los contratos 411002818, 411002819 y 418233885 por incumplimientos graves.

La primera rescisión fue el 28 de noviembre de 2003 (contrato 411002818), del alquiler del barco Paula Kay; la segunda, el 26 de diciembre de 2003, del arrendamiento del barco Kristin Grace (contrato 411002819), y la tercera, el 6 de diciembre de 2004, por deficientes servicios en el arrendamiento del barco Seba’an (contrato 418233885), que fue sacado de la Sonda de Campeche sin notificar a Pemex.

Ante la SFP, los directivos al mando de Carlos Morales Gil justificaron que la adjudicación del contrato 418235843 se haría a una empresa “con capacidad de respuesta inmediata”; sin embargo, el propio Héctor Leyva había documentado los deficientes trabajos de la compañía.

En un oficio fechado el 6 de diciembre de 2004, dirigido a Jaime López Zermeño, representante legal de la naviera, Leyva Torres le recrimina los problemas que enfrenta Pemex en Cantarell por las condiciones de la embarcación Seba’an, contratada para el transporte de personal. Según Leyva, la nave tuvo problemas desde el cuarto día de arrendamiento, y en los subsecuentes, fue sacado de la Sonda de Campeche y llevado a Nueva Orleans sin notificar a la paraestatal.

En documentos enviados a PEP, Amado Yáñez, propietario de Oceanografía, justificaba, en la “falta de solvencia económica” de su empresa, los incumplimientos en los últimos dos años para operar los barcos Kristin Grace y Paula Kay (Contralínea, 61).

En el oficio UPMP-GAF-SRM-2-00001614/2003, dirigido a Pedro Caudillo Márquez, entonces subdirector de la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos, fechado en diciembre de 2003, Amado Yáñez relata pormenores de la insolvencia de su empresa. Cita que en octubre de 2002 solicitó a PEP la terminación anticipada de un contrato por la falta de pago de PEP y de liquidez de Oceanografía.

Una relatoría de Sergio Linares Pérez, apoderado de Oceanografía, dirigida a Guillermo Pérez de León, jurídico de la OAG, indica que fue hasta febrero de 2005 cuando la naviera obtuvo un amparo contra la rescisión de uno de los contratos que provocaron su inhabilitación. Con dicho argumento, Linares exigió al jurídico de Pemex que se permita a Oceanografía participar en licitaciones y contrataciones directas de Pemex.

Se solicitó una entrevista con los directores de Pemex, Jesús Reyes Heroles, y de Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, para hablar del tema, pero no hubo respuesta. Se buscó también a Amado Yáñez Correa, quien actualmente dirige la naviera, pero la entrevista fue negada.

Revista Contralínea México

Fecha de publicación: Octubre 1a quincena de 2007
Ana Lilia Pérez

Violaciones laborales en el Caballo de Trabajo

Datos de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés) indican que el barco Caballo de Trabajo fue construido en 2002 en los astilleros de Rótterdam, Holanda.

Su propietario es la Otto Candies Inc. En la ITF, Otto Candies registró como armador del barco a su filial mexicana Candies Mexican Investments; su sociedad con los Yáñez consistió en que Otto Candies ponía el barco y ellos conseguían su contratación.

Registros de la Dirección general de Puerto y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indican que el buque fue abanderado con pabellón mexicano el 18 de agosto de 2002, en el puerto de Veracruz.

Información proporcionada por sus armadores a la SCT señala que el barco costó 25 millones de dólares, así que, tan sólo con el primer contrato de Pemex cubrió casi cuatro veces su costo total; es decir, la paraestatal pudo comprar cuatro barcos igual al Caballo de Trabajo.

Irregularidades

Por el contrato para la “rehabilitación y mantenimiento de plataformas marinas”, desde mayo de 2005 PEP paga a Oceanografía un millón 8 mil pesos diarios; pese al oneroso monto, la naviera ha retrasado el salario de la tripulación (140 empleados) por periodos de hasta cuatro meses, denuncian los afectados. Señalan que apenas en julio pasado se les pagó una parte del aguinaldo de 2006.

La naviera ha despedido injustificadamente para no pagar aguinaldo, vacaciones y seguridad social, por lo que actualmente enfrenta demandas laborales en tribunales de Veracruz y Campeche.

El abogado de los quejosos, Isaías Lara, denuncia que por la complicidad de integrantes del poder judicial con los Yáñez, aunque las denuncias se abren en tribunales de Veracruz, en su mayoría los jueces declaran incompetencia y turnan los casos a juzgados de Ciudad del Carmen, donde la naviera tiene sus oficinas centrales.

Señala que este recurso es utilizado por Oceanografía para inhibir las querellas, pues la mayoría de los trabajadores son originarios de Veracruz, por lo que seguir el curso de su demanda en otro estado “les significa gastar lo que no tienen”.

El abogado dice que Pemex debe exigir a la contratista la integridad laboral para con sus trabajadores, pues, dice, las condiciones en las que trabaja personal de Oceanografía en instalaciones costa fuera no son adecuadas.

“Irónicamente, esta empresa, una de las más poderosas de Pemex, es de las que incurren en mayores violaciones laborales; a los trabajadores los deja en un estado crítico, a veces totalmente paupérrimo”, explica.

Por ello, agrega, “tratándose de la explotación de hidrocarburos, del patrimonio de la nación, también debe cuidarse la cuestión social. Pemex debe verificar el trato que su prestadora de servicios da al personal, porque, finalmente, están en sus instalaciones y debe asumir su responsabilidad.”

Hace unas semanas la tripulación del Caballo de Trabajo intentó presentar una denuncia contra la naviera ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero la empresa los amenazó con bajarlos del barco y quitarles su salario.

Los trabajadores se desistieron; sin embargo, vía telefónica, tripulantes del Caballo de Trabajo dijeron a Contralínea que este año han realizado tres motines en protesta contra la naviera por las condiciones laborales.

Por su parte, organizaciones como la ITF y la OIT documentan que Oceanografía es una de las empresas que frecuentemente incurre en violaciones a los derechos laborales y humanos de sus empleados, tales como el obligarlos a firmar su renuncia de forma anticipada, afiliarse a sindicatos blancos, no darles prestación alguna, y atrasar el pago de salarios. (ALP).