La derecha, representada por viejos caudillos políticos, iglesia, cámaras de producción, seudo izquierdistas, e incluso conocidos deportistas, lleva a cabo una campaña en contra del proyecto de Constitución redactado en Montecristi, induciendo a votar por el No o promoviendo el “nulo rebelde” para el referéndum aprobatorio. Su campaña consiste en desinformar o engañar al pueblo, apelando a sus valores religiosos y a su emotividad.

Los sectores más conservadores de la iglesia, diciendo defender la fe, la familia y la vida, son los opositores más visibles al proyecto de cambio. Argumentan que como el artículo 66, literal 10, permite a las personas ‘decidir cuándo y cuántos hijos(as) tener’, la nueva Constitución es abortista; cuando el derecho a la planificación familiar está garantizado hasta en la Constitución vigente y el proyecto de nueva Constitución no sólo garantiza el derecho a la vida “desde la concepción”, sino su “cuidado y protección” (Art. 45).

Alegan defender los derechos y los principios éticos “no negociables” de los seres humanos, como la formación de la familia, argumentando que el reconocimiento de los derechos de la ‘unión libre’ atenta contra la familia, a pesar de que la Constitución del 98 ya los reconoce; aún más, el artículo 69 del proyecto de Constitución ‘promueve el cumplimento de las funciones de los integrantes de la familia, como la paternidad y maternidad responsables, y sobre todo garantiza el cumplimiento de sus derechos’.

Desde los púlpitos incitan a los fieles en contra del cambio, los desinforman y así desarrollan su campaña política por el NO. Guillermo Navarro dice que la cúpula de la iglesia, en temas referidos a la Constitución, “carece de argumentos religiosos, para ubicarse en el plano puramente político”, pues “se sustentan en la fe, pero de fondo hay, tal como sucedió en la actuación política contra la revolución liberal y el asesinato de Alfaro, una defensa de sus intereses económicos y políticos”.

La iglesia intenta mostrar su participación como “apolítica”: “No nos corresponde como obispos asumir una actitud política. Nos corresponde, en cambio, iluminar las conciencias de los católicos con la doctrina del Evangelio para que tomen una decisión responsable y en conciencia, ante Dios y la sociedad”, dijo Mario Ruiz, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, para un medio local. Sin embargo, la posición de la iglesia es clara, como argumenta Navarro: “la cúpula de la iglesia tiene plena conciencia de que no han abandonado ni abandonarán su objetivo político de fortalecer la posición política por el NO, para con ello lograr su propósito de oponerse a la aprobación del nuevo texto constitucional.”

La oligarquía se ha manifestado en contra de este proceso desde su inicio, como ocurrió en la consulta popular para llamar a Asamblea Nacional Constituyente, en la conformación de la misma y durante su desenvolvimiento; por lo que era de esperar que, por más progresista que sea la Constitución, se manifiesten en contra, por lo que no extrañan los diferentes mecanismos que han impulsado para promover el NO.

Hoy generan controversia sobre temas de interés común, como el de la propiedad y la empresa privada. Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano, a través de diferentes medios de comunicación, ha dicho que la nueva Constitución es “estatista, centralista y presidencialista”; que “el Estado se coloca por encima del ciudadano”. Con respecto al tema de la propiedad, dice que “la generación de riqueza no debe estar en manos del Estado sino de la empresa privada”; ‘si se aprueba la nueva Constitución, el Estado podrá hacer posesión de la empresa privada y su riqueza, en razón de que no cumpla la función social’, esto con el objetivo de crear fantasmas sobre la nueva Constitución, pues él sabe perfectamente que el artículo 323 prohíbe la confiscación.

Este período, en el que las posiciones progresistas y las retardatarias, enfrentadas se han hecho más visibles, se ha caracterizado por la gran acogida de los medios de comunicación a líderes religiosos encargados de ‘interpretar’ el proyecto de nueva Constitución; muchos de ellos han asegurado que la despenalización del consumo de drogas fomentará entre los jóvenes la adicción, cuando en el artículo 364 se dice que ‘las enfermedades de adicción serán tomadas como un problema de salud pública y, por lo tanto, no se permite su criminalización’ y más aún, ‘se promoverán programas de prevención e información y control’, destinados a disminuir el consumo de drogas .

El movimiento Polo Democrático, en la revista digital “La Otra Historia”, edición número siete, promueve el voto nulo señalando que el proyecto de nueva Constitución entregado por la Asamblea ‘renuncia a los cambios profundos por lo cual han luchado los movimientos populares y que está sometido a los intereses del gobierno’, reflejando así su falta de visión política, pues, a pesar de decirse de izquierda, no entiende que la no aprobación de la nueva Carta Magna significaría un retroceso de todo el proceso de cambio que se ha venido dando en el país: el voto nulo no contribuye en nada al progreso y al cambio que se espera con la aprobación de la Constitución.

La nueva Constitución es progresista en temas de importancia nacional como la soberanía, los derechos de los trabajadores, la soberanía alimentaria, la educación, la declaración del agua como derecho humano fundamental, por lo que es nuestro compromiso, y el de todos los partidos y organizaciones de izquierda, debe ser realizar una campaña para acabar con todos los fantasmas que se han creado en torno a la nueva Constitución e informar lo que realmente dice.

Carolina Recalde