Durante sus 10 años de operación, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) –que sustituyó al Fobaproa, instituido por Carlos Salinas de Gortari en 1990– ha incrementado sus costos de operación. Dentro del paquete presupuestal que se discute en el Congreso, el secretario de Hacienda y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto planea que éste maneje 265 mil millones de pesos.

La diputada Valentina Batres Guadarrama, integrante de la Comisión de Hacienda, advierte que la insistencia de Agustín Carstens de capitalizar el IPAB tiene como finalidad “inyectar capital al Instituto, del que tiene poder absoluto: sólo él y su grupo más cercano sabe lo que pasa, porque prevén el periodo de crisis que se avecina y no quieren renunciar a los privilegios que les han dado a sus amigos y compadres con recursos del erario. Quieren recetarnos otro Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario)”.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) plantea que el IPAB tenga una disponibilidad inicial de 35 mil millones de pesos; otros 31 mil millones de pesos de los apoyos del gobierno federal para ahorradores y deudores de la banca; otros 3 mil 200 millones de ingresos derivados de intereses por inversiones; y 187 mil millones de pesos mediante nuevos créditos para “refinanciamiento”.

De éstos, 34 mil 587 millones 36 mil 893 pesos estarían destinados a los pagos de la deuda; 9 millones 700 mil pesos a la asistencia de funcionarios; 2 mil 166 millones 187 mil 362 pesos a reserva de protección al ahorro; 14 millones de pesos a gastos de administración.

En ese mismo periodo pagará 65 mil 351 millones de pesos por intereses y comisiones de la deuda. En ese mismo periodo, Hacienda proyecta que el Instituto tendrá pérdidas, también por la reserva de protección al ahorro, por 3 mil 874 millones de pesos.

Durante 2009, según la SHCP, el IPAB tendrá un gasto programable por 528 millones 422 mil 928 pesos, de éstos, 378 millones 95 mil 903 pesos serían para servicios personales; 5 millones 476 mil pesos para materiales y suministros; 137 millones 386 mil 65 pesos para servicios generales. Es decir que cada día de operación del IPAB costará a los mexicanos poco más de 1 millón de pesos.

Incosteable, el presupuesto solicitado

Analistas económicos coinciden en que, dada la recesión en Estados Unidos y el monto que el secretario Carstens pretende que maneje el IPAB, es necesario revaluar los costos del rescate bancario mexicano y que el IPAB transparente sus operaciones para evitar otro millonario quebranto como el que provocó el Fobaproa.

El economista y sociólogo Alejandro Álvarez Bejar, responsable del proyecto “Crisis Financiera y Patrones de Readecuación y Especialización Productiva en los Sistemas Industriales de la Región Centro-Norte de México”, de la UNAM, cuantifica que hasta ahora el monto invertido en el rescate mexicano es de 130 mil millones de dólares, es decir, cerca de 1.5 billones de pesos.

“Es una cifra vergonzosa cuando vemos que la economía no crece o tiene un crecimiento mediocre, cuando se ha llegado a los niveles más altos de desempleo y que se habla de la excelencia educativa cuando las escuelas se están derrumbando”, dice.

Gerardo Esquivel, doctor en economía e investigador del Colegio de México, señala que en el contexto de la situación financiera nacional no sería conveniente que el Legislativo destinara mayores recursos al IPAB, dado que no se justifica su destino. Por su parte, Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda, asegura que el monto solicitado por la SHCP no se aprobará.

La deuda

Independientemente de los recursos que se le aprueben, el comparativo de los estados financieros del Instituto asienta que para cubrir la deuda privada convertida en pública en el periodo comprendido entre 1999 y 2008, el gobierno federal le debió haber asignado un presupuesto promedio de 700 mil millones de pesos para cubrir sus pasivos.

Además, para compensar el déficit presupuestal, se le han inyectado recursos por medio de préstamos bancarios y de la colocación de Bonos IPAB en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En términos financieros, a medida que más se prolonga la deuda, más crece el monto de los intereses y, por ende, crece más la deuda.

En octubre de 2002, el legislador José Antonio Magallanes Rodríguez, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, denunció en el Congreso que ilegalmente la SHCP estaba destinando onerosos recursos al IPAB, dentro del Presupuesto de Egresos, para “subsidiar la operación de los bancos”, y que el IPAB estaba incluyendo pasivos no considerados en el programa de rescate para “inflar” los recursos fiscales asignados al IPAB desde su creación en 1998.

Aunque el objetivo del IPAB en 1999 era sanear el sistema bancario mexicano con la venta de los propios activos del Fobaproa, en el sexenio de Vicente Fox y en lo que va de Felipe Calderón paulatinamente redujo las operaciones por concepto de las cuotas de bancos y venta de activos, para ampliar el rubro de operaciones a cuenta del erario público, según los estados financieros. Por ello, Álvarez Bejar lo define como “un parásito financiero”.

De acuerdo con los estados financieros de 1999 a 2008, sus activos demuestran que para 1999 se requerían ingresos por 655 mil 215 millones de pesos, considerados 92 mil 573 millones de pesos dentro de las operaciones del IPAB, y los otros 562 mil 642 millones de pesos, es decir, el 86 por ciento, vía presupuesto de egresos.

Para 2000, la estimación era de 650 mil 107 millones de pesos; de éstos, 83 mil 75 millones de pesos, por operaciones del IPAB; los otros 567 mil 32 millones de pesos, es decir, el 87 por ciento, vía presupuesto. En 2001, la estimación era de 681 mil 917 millones de pesos, 58 mil 154 millones ingresados vía operaciones del IPAB, los otros 623 mil 753 millones, es decir, el 91 por ciento, vía presupuesto.

En 2002 se estimaban 698 mil 997 millones de pesos, 58 mil 181 millones de pesos vía IPAB, y los restantes 640 mil 816, es decir, el 92 por ciento, vía presupuesto. En 2003 se estimaban 802 mil 541 millones de pesos, 113 mil 892 millones de pesos vía IPAB, y el resto, 688 mil 649 millones de pesos, es decir, el 86 por ciento, vía presupuesto.

En 2004, del total de los 748 mil 207 millones de pesos, vía IPAB ingresarían 106 mil 942 millones de pesos; el resto, 651 mil 265 millones de pesos, es decir, el 87 por ciento, vía presupuesto. En 2005, el estimado era de 739 mil 517 millones de pesos: el 18 por ciento, 60 mil 753 millones de pesos, vía IPAB; el 92 por ciento, 678 mil 764 millones de pesos, vía presupuesto.

Para el último año de gobierno de Vicente Fox se estimaron 774 mil 621 millones de pesos: el 18 por ciento, 61 mil 774 millones de pesos, vía IPAB; 92 por ciento, 712 mil 847 millones de pesos, vía presupuesto.

En el primer año de gobierno de Felipe Calderón, la proyección fue de 752 mil 351 millones de pesos: vía IPAB, 38 mil 989 millones de pesos, y vía presupuesto, 713 mil 362 millones de pesos, es decir, el 95 por ciento. En 2008, los ingresos se calculan en 759 mil 611 millones de pesos: vía IPAB sólo el 5 por ciento, 37 mil 300 millones de pesos; el otro 95 por ciento, 722 mil 311 millones de pesos, vía presupuesto de egresos.

Los estados financieros de 1999 a 2008 revelan que el IPAB obtuvo ingresos por 451 mil 678 millones de pesos provenientes de cuotas recibidas de las instituciones, productos financieros, resultados por posición monetaria, recuperación de derechos de fideicomisarios y los recursos recibidos del Fondo IPAB. La diferencia entre los recursos presupuestados y los recibidos son considerados por el IPAB como pérdidas.

Para cubrir el hueco presupuestal, en una primera etapa adquirió millonarios créditos bancarios. Según sus estados financieros, de 1999 a la fecha, el IPAB ha pagado 103 mil 692 millones de pesos por préstamos bancarios a HSBC y Serfin. Para algunos bancos, los intereses que les paga el Instituto de la cartera Fobaproa representan sus principales activos en México. Los bancos acreedores serán los beneficiaros directos de 65 mil millones de pesos por los intereses que el IPAB les pagará en 2009.

Paralelamente, el IPAB comenzó a emitir sus propios bonos y a colocarlos en la BMV. Los bonos IPAB son emitidos por el fideicomiso del Instituto a plazo de 1 mil 50 días, con corte cada 28 días, y tasas de interés igual a los de los Cetes en moneda nacional y a la tasa de interés Libor para la moneda extranjera. Su vencimiento va de tres a 10 años. Los primeros bonos IPAB vencieron en 2008, los emitidos a largo plazo (hasta el día de hoy) vencerán en 2015.

La deuda en bonos

En los últimos ocho años, el IPAB ha emitido bonos por 723 mil 230 millones de pesos. En 2009, el pago de éstos representará uno de los rubros más costosos para la hacienda pública, ya que en ese año vence el 20 por ciento del monto colocado en la BMV: 143 mil 636 millones de pesos, de los que 761 millones de pesos son intereses.

Tan sólo en 2008 se debieron pagar 74 mil 247 millones de pesos, que corresponde a 73 mil 900 millones de pesos del importe colocado, y 347 millones de intereses devengados. En 2009, el monto será de 143 mil 636 millones de pesos; en 2010, 149 mil 761 millones de pesos. Hacia el 2015, se deberán haber pagado los 723 mil 230 millones de pesos, lo que significa que el presidente que suceda a Calderón deberá asumir una deuda de 140 mil millones de pesos por los bonos IPAB, más los que se emitan en lo que resta de este sexenio para cubrir lo que se debe actualmente.

Según datos de la SHCP, durante una década, el IPAB ha consumido en promedio el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La deuda del IPAB ha representado el 22 por ciento de la deuda pública.

Entre 1999 y 2008 –según el estado de egresos– el IPAB ha pagado 579 mil 722 millones por los intereses por concepto de compra de cartera y saneamiento financiero del Fobaproa. Otros 259 mil 003 millones por reconocimiento de pérdidas por los programas de saneamiento financiero y compra de cartera. Los recursos asignados a instituciones financieras en liquidación o quiebra ascienden a 194 mil 907 millones de pesos.

Las pérdidas por concepto de quebranto derivado de las cuentas incobrables del programa de compra de cartera y saneamiento financiero ascienden a 166 mil 623 millones de pesos. Los recursos destinados al saneamiento de instituciones intervenidas ascienden a 60 mil 402 millones de pesos.

Las pérdidas por valores adquiridos en moneda extranjera ascienden a 53 mil 650 millones de pesos y las pérdidas de acciones adquiridas a los bancos intervenidos ascienden a 29 mil 450 millones de pesos. Por cuotas “para cubrir las obligaciones garantizadas”, el gasto asciende a 7 mil 381 millones de pesos.

El gasto corriente del IPAB por pago de nóminas, recursos materiales y servicios generales y por asesoría, asciende a 22 mil 674 millones de pesos, es decir, en promedio 2 mil 200 millones de pesos. Esto quiere decir que el gasto que en su década de operación ha tenido el IPAB en el rubro de manejo administrativo asciende al presupuesto obtenido vía egresos de la federación durante 1999. Otros gastos personales, de los cuales el IPAB no precisa en qué se han erogado, ascienden a 9 mil 104 millones de pesos.

El pago de nómina a los funcionarios de alto nivel ha sido uno de los más costosos. La secretaria ejecutiva recibe, en promedio, 150 mil pesos de sueldo, más gastos de alimentación, seguro de gastos médicos mayores, prima vacacional, automóvil y uso de teléfonos celulares. Los mismos beneficios son para los vocales. Los secretarios adjuntos, directores generales y adjuntos reciben un salario de 110 mil pesos, y otros 5 mil pesos por gastos administrativos.

Según los estados financieros, las cuentas incobrables del Fobaproa, a junio de 2008, han representando un quebranto por 328 mil 32 millones de pesos.

Los grupos de los cuales se adquirió cuentas incobrables son: Banco Unión, por 138 mil 722 millones de pesos; Banca Cremi, por 53 mil 79 millones de pesos; Banco del Oriente, por 30 mil 147 millones de pesos; Abaco Grupo Financiero, por 25 mil 435 millones de pesos; Grupo Financiero del Sureste, por 19 mil 592 millones de pesos; Grupo Financiero Asemex, por 16 mil 726 millones de pesos; Banco Obrero, por 11 mil 983 millones de pesos; Banco Interestatal, por 11 mil 192 millones de pesos.

Además de cuentas incobrables de Banco Capital, por 10 mil 722 millones de pesos; Grupo Financiero Pronorte, por 9 mil 205 millones de pesos; Grupo Financiero Cremi, por 1 mil 923 millones de pesos; Mexival Banpaís, por 527 millones de pesos; Estrategia Bursátil, por 370 millones de pesos; Walworth de México, por 322 millones de pesos; Mandatos Obrero-Dina, por 78 millones de pesos; y “otras cuentas” –no especificadas– por 78 millones de pesos.

El quebranto de los activos adquiridos por concepto de los fideicomisos de Banco Santander, Banco Mercantil del Norte, HSBC y Nacional Financiera asciende a 63 mil 375 millones de pesos. El monto más alto corresponde al Banco Mercantil del Norte, cuyo quebranto asciende a 62 mil 745 millones de pesos; HSBC de México, por 455 millones de pesos; Banco Santander, por 128 millones de pesos; Nacional Financiera, por 44 millones de pesos; los otros 3 millones de pesos corresponden a otras cuentas no especificadas.

A ello se suman los pasivos contingentes que se derivan de los litigios laborales y juicios en contra de las instituciones rescatadas, que mediante los contratos de compra venta el IPAB asumió como obligaciones de pago, que ascienden a 3 mil 200 millones de pesos.

Desincorporación de activos

En 2008, el IPAB prácticamente concluyó la venta de los activos –bienes muebles, inmuebles y cartera de crédito– que entre 1994 y 1995 fueron trasladados al Fobaproa. La diputada Valentina Batres Guadarrama define a este periodo como “la segunda etapa del fraude Fobaproa”.

La legisladora explica que “en un primer momento del rescate bancario se desperdiciaron recursos públicos en rescate de deudas personales; pero la voracidad de los panistas hizo que el IPAB se convirtiera en su “caja chica”.

De acuerdo con declaraciones que ante el Legislativo hizo la secretaria del IPAB, María Teresa Fernández Labardini, la recuperación fue de poco menos del 30 por ciento del valor que los activos tenían al momento del rescate. Sin embargo, las estimaciones de algunos auditores externos consultados por el Legislativo son que por cada peso se recuperaron apenas 17 centavos.

Según Labardini, la desincorporación de los activos representó ingresos por 106 mil millones de pesos. En contraste, en 2001 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuantificó el costo del rescate bancario en 1 billón 200 mil millones de pesos, monto que ascendería en promedio al 20 por ciento del PIB; ello significa que, considerando las estimaciones de la ASF, la recuperación es menor al 10 por ciento.

Una de las operaciones que malbarató activos sucedió en junio de 2002. Entonces, el IPAB vendió a la Fundación Humanismo Político Acción Civil, del Partido Acción Nacional, el edificio ubicado en el número 136 de la avenida Paseo de la Reforma en 88 millones 207 mil 959 pesos. Éste fue pagado con recursos del Poder Legislativo. La transacción de la denominada Torre Azul fue operada por el entonces senador Diego Fernández de Cevallos.

Mediante supuestas licitaciones y subastas públicas, el IPAB enajenó los activos físicos y financieros, bienes inmuebles y muebles del Fobaproa durante 10 años. Otro caso polémico es el de Construcciones Prácticas, a la cual el IPAB le remató bienes muebles e inmuebles en cinco entidades del país, operación que habría beneficiado a los hijastros del expresidentes Vicente Fox, Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún y sus socios Miguel Khoury Simman.

Otro favorecido fue Cosme Mares Hernández, señalado por el Legislativo como supuesto prestanombres del entonces presidente Vicente Fox. Mares adquirió el predio El Tamarindillo, en la comunidad El Ticuiz, Michoacán. Los terrenos estaban dentro de la cartera de “activos grises” de Banca Serfín, considerados así por su supuesto “poco valor estratégico o comercial”.

Además está el de Mexicana de Aviación, compañía aérea vendida en el sexenio de Vicente Fox al Grupo Posadas, de Gastón Azcárraga, por 165 millones de dólares y con una deuda de 294 millones de dólares.

El empresario Olegario Vázquez Raña, propietario del consorcio Grupo Ángeles, benefactor de la Fundación Vamos México, de Marta Sahagún, adquirió por 254 millones de dólares los Hoteles Camino Real, propiedad del Banco Unión.

Durante el sexenio de Calderón, en octubre de 2007 el IPAB vendió al consorcio estadunidense Citigroup, la línea aérea Aeroméxico por 249 millones de dólares; este costo se cubrió con recursos del propio IPAB: pagarés del Fobaproa adquiridos por Banamex, institución bancaria adquirida por Citigroup en 2001.

La hipoteca de la nación

Después de la crisis económica y financiera de 1994, el gobierno de Ernesto Zedillo decidió utilizar al Fobaproa para llevar a cabo el rescate del sistema bancario nacional. Para ello se crearon programas para apoyar a los deudores de la banca y programas para apoyar a los bancos.

El apoyo se dio en dos modalidades: mediante los llamados Programas de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), que consistieron en incrementar el capital de los bancos mediante la sustitución de un activo financiero de baja calidad (carteras con problemas) por pagares emitidos por el Fobaproa. Estos apoyos se dieron a Banamex, Bancomer, Bital, Banorte y Serfin. La otra vía fueron los Programas de Intervención y Saneamiento, que operaron mediante la aportación de capital contra la participación accionaria, en la que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores asumió el control de 12 instituciones financieras, entre septiembre de 1994 y agosto de 1997.

Paralelamente se realizaron procesos de saneamiento de los bancos, que consistían en el otorgamientos de líneas de crédito para que éstos pudiesen cumplir con sus obligaciones, ser rehabilitados y posteriormente vendidos. Las instituciones financieras beneficiadas fueron: Serfin, Atlántico, Banco del Centro, Promex, BBVA y Santander.

Para 1997, la deuda representaba el 40 por ciento del PIB, y significaba dos terceras partes del Presupuesto de Egresos de la Federación 1998, y el doble de la deuda pública interna. En 1999, los activos que adquirió el IPAB del Fobaproa ascendían a 655 mil 215 millones de pesos. Supuestamente se recuperaría por lo menos el 50 por ciento con la posterior desincorporación de activos.

La deuda se incrementó. Cuando la Ley del IPAB obligó al canje de pagarés de capitalización y compra de cartera, a cargo del Fobaproa, por obligaciones a cargo del recién creado IPAB, el monto se había incrementado a 876 mil 254 millones de pesos, según registró la ASF en su revisión a la cuenta pública correspondiente a ese año y publicada en marzo de 2001. Entre las irregularidades, destaca que en el caso de algunos bancos, como Banamex, la adquisición de la cartera por parte del Fobaproa se hizo con todo e intereses moratorios.

Fortuna solicitó una entrevista con la secretaria técnica del IPAB. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Octubre 15, 2008

Ana Lilia Pérez

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Secreto bancario a modo
Durante 10 años, los dos secretarios ejecutivos que ha tenido el IPAB en los gobiernos panistas –Mario Beauregard con Vicente Fox, y María Teresa Fernández Labardini, con Felipe Calderón– se han negado a transparentar los adeudos de los grandes corporativos que entraron al Fobaproa, bajo el amparo de la Ley de Protección al Ahorro Bancario que, según ellos, no faculta ni obliga al Instituto a hacer pública información que está protegida por los secretos bancario y fiduciario.
Incluso, las auditorías que el Congreso ha solicitado han sido obstruidas por los funcionarios del Instituto, pues argumentan que sus operaciones están blindadas por los artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Un ejemplo es el del consorcio Zeta Gas, que entró a las cuentas del Fobaproa. En una entrevista concedida en 2007 a las revistas Contralínea y Fortuna, el presidente del corporativo, Jesús Alonso Zaragoza López aseguró que para esas fechas, tanto él como su hermano Miguel Zaragoza López habían liquidado sus adeudos al IPAB, luego de varias reestructuraciones de la deuda. Sin embargo, se negó a proporcionar los documentos respectivos. Estos mismos se solicitaron al IPAB y éste los negó, alegando secreto bancario.
El blindaje al IPAB no se ha ceñido a las decisiones de los secretarios ejecutivos o de los titulares de Hacienda, Francisco Gil Díaz y Agustín Carstens. En abril de 2003, la Presidencia de la República promovió una controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados y de la ASF, por los resultados obtenidos en las auditorías practicadas al Fobaproa-IPAB.
Carlos Altamirano, exdirector general de política presupuestal en la SHCP, dice que por lo menos ahora que el IPAB vendió todos los activos del Fobaproa, debe transparentar las operaciones: “En la venta de los activos nunca hubo rendición de cuentas, ahora creo que es justo que se transparente porque ya todos los mexicanos los pagamos y la sociedad mexicana tiene derecho a que se transparente, que se sepa quién se quedó con todo lo que la sociedad pagó”.
La toma de decisiones sobre las operaciones del Instituto queda en manos de su secretaria Ejecutiva y de la Junta de Gobierno, integrada por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens Carstens; el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez; el presidente de la CNBV, Guillermo Babatz Torres, y cuatro vocales designados por el Ejecutivo Federal: Carlos Enrique Isoard y Viesca, Ernesto Zamarripa Morones, Jorge Eduardo Familiar Haro, Jorge Alejandro Chávez Presa. (ALP)

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Efectos de la recesión estadunidense

Aunque el presidente Felipe Calderón aseguraba que la crisis de Estados Unidos no afectaría al país, algunos de los organismos oficiales han dado cuenta ya de los primeros efectos. El pasado 1 de octubre, el Banco de México reportó la caída de las remesas en 12.2 por ciento, en comparación con el mismo periodo en 2007, y advirtió que el descenso se incrementará en los próximos meses.

El organismo, que preside Guillermo Ortiz Martínez, explicó que el fenómeno se deriva de que “el debilitamiento de la actividad económica en Estados Unidos ha sido más agudo en sectores con mayor presencia de trabajadores inmigrantes mexicanos”.

Dos días después, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó la pérdida de 159 mil empleos, la cifra más alta de los últimos seis años. Entre los rubros más golpeados citó el manufacturero, de la construcción, la producción industrial y el comercio minorista. De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, los inmigrantes mexicanos representan en promedio el 10 por ciento de la mano de obra en estas áreas. En la construcción son el 13.8 por ciento y en la manufactura el 7.3 por ciento.

El economista Germán Rojas Arredondo, director de la licenciatura en economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, explica que además de las remesas, la recesión afectará también las exportaciones.

Alejandro Álvarez Béjar, investigador visitante del Center for US-Mexican Studies, University of California-Berkeley, explica que aún cuando el gobierno de Felipe Calderón ha asegurado que el sistema financiero mexicano está prácticamente blindado, el hecho de que dentro del sistema bancario se tenga al Citigroup como principal grupo financiero, y a los españoles Santander y BBVA, en cuyo país de origen se habla ya de extensiones de crisis, “hace prácticamente emergente que el Ejecutivo haga un diagnóstico serio para tomar previsiones”. (ALP)

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Políticos, entre los beneficiarios

En 1999, el IPAB atrajo en bloque 12 instituciones bancarias que habían sido intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Un año después, atrajo Banca Quadrum. Las que según el instituto aún están en liquidación son Banco del Atlántico, Banco Anáhuac, Banco Capital y Banca Quadrum. En quiebra: Banca Cremi, Banca Unión, Banco Obrero, Banco del Oriente, Banca Interestatal y Estrategia Bursátil.

El importe que el IPAB asumió de montos irrecuperables de dichos bancos, según datos del IPAB, a 2008 ascienden a 400 mil 711 millones de pesos. Aunado al quebranto, el “seguimiento, avance, evaluación de los procesos de liquidación o quiebra” tendrá en 2009 un costo de 49 millones 256 mil 154 pesos.

Entre los beneficiados en este esquema estaban los Fox Quesada, Creel Cobián, Labastida Ochoa, y las compañías de Fauzi Hamdan Amad. Todo ello fue decisivo para que los legisladores, entre quienes se encontraban los políticos enumerados, aprobaran el proyecto del Ejecutivo. (ALP)