El depósito de desechos tóxicos procedentes de países desarrollados en naciones del Sur provoca daños humanos directos y deviene en factor del cambio climático, la mayor amenaza para la vida en el planeta.

Brasil calificó recientemente como racismo ambiental el envío a sus costas de residuos provenientes de Gran Bretaña, los que el país suramericano devolvió al lugar de origen como contribución a rectificar una vieja práctica extendida en el Norte.

El ministro de Medio Ambiente, Carlos Minc, se preguntó cómo países que dicen hacer todo para defender el medio ambiente y poseen tecnología, dinero y medios mandan “su basura a los países pobres”. Paralelamente, Itamaraty (la cancillería) anunció la denuncia del caso ante la Convención de Basilea. Esta normativa de Naciones Unidas, suscrita en marzo de 1989 y puesta en vigor en mayo de 1992, prevé sanciones contra los Estados que, en vez de dar tratamiento adecuado a sus desechos, los envíen clandestinamente a otros países.

Se clasifica como materiales de ese tipo a los que puedan representar, durante su normal manejo, transporte y almacenamiento, un peligro para la integridad de los seres humanos, los animales y el medio ambiente.

En el caso denunciado por Brasil se trata de toneladas de condones y jeringas usadas, pañales, desechos químicos, juguetes para niños y basura doméstica enviadas recientemente al puerto paulistano de Santos y a otro del estado de Río Grande do Sul.

La Organización de Naciones Unidas clasifica en esta categoría a los explosivos, gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión; líquidos y sólidos inflamables; sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos; otras materias venenosas, infecciosas, corrosivas, peligrosas varias, y los materiales radioactivos.

El envío de éstos, especialmente desde naciones industrializadas a las llamadas en desarrollo, constituye una amenaza para el medio ambiente de los países receptores, para los océanos de todo el mundo y para la salud de la comunidad internacional.

La transportación y el depósito, considerados irresponsables, como en el caso que afectó a Brasil, se estima que son una trasgresión contra el resto del mundo.

En junio de 2008, representantes de unos 170 países reunidos durante cinco días en Bali, Indonesia, discutieron la creación de un nuevo organismo para regular también la eliminación de los clasificados como desechos electrónicos e informáticos.

Se buscaron entonces nuevas formas para deshacerse de cantidades masivas de basura electrónica y se presentaron informes sobre todos los desperdicios peligrosos, desde el desmantelamiento de barcos hasta el envenenamiento con mercurio.

Se incluyeron sustancias peligrosas como el arsénico, utilizado en circuitos electrónicos; el asbesto, empleado en los aislamientos; el cadmio, usado en baterías; los pigmentos y los recubrimientos de metal, plástico y plomo, comprendidos en la producción de baterías.

El ministro de Medio Ambiente indonesio, Rahmat Witoelar, denunció allí que su país se encuentra expuesto al depósito ilegal de basura tóxica, debido a la naturaleza del archipiélago, cuya línea costera –“la segunda más larga del mundo– lo torna más vulnerable al tráfico “ilegal transfronterizo” de esta basura.

La secretaria ejecutiva de la Convención de Basilea sobre el tema, Katharina Kummer Peiry, declaró: “Como a menudo se nos recuerda, los desechos tóxicos siguen siendo un grave riesgo para la salud humana y el medio ambiente”. Destacó la “interdependencia entre el control responsable” de éstos y el logro del desarrollo sostenible.

La aplicación universal de este concepto, acuñado durante la Cumbre de la Tierra con sede en Río de Janeiro, Brasil, se considera vital para todas las especies, independientemente del lado del planeta en que se encuentren.

En mayo de 1995, el eurodiputado Karl-Heinz Florenz afirmó en el Parlamento Europeo que “en el umbral de una nueva era no podemos volcar los desechos de los ricos en los pobres”.

Para él, la Comisión Europea debería “establecer la prohibición absoluta de la exportación de desechos tóxicos a los países en desarrollo y darle a esa disposición fuerza de ley”.

La cámara confirmó en una resolución que la exportación de estos detritus, con destino al reciclaje, a países fuera de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), debía prohibirse lo más pronto posible, pues a menudo se utiliza como excusa para depositarlos en el Tercer Mundo.

Por su parte, la Comisión Europea reveló que desde enero de 1998 trabajaba en una enmienda para prohibir la exportación de desechos peligrosos desde países de la OCDE a otros que no la integran, aunque el reciente caso de Brasil desmiente su cabal aplicación.

El 26 de septiembre de 1990, un reporte publicado por el Diario Hoy, de México, reflejaba que entre 1986 y 1988 más de 3 millones 656 mil toneladas de desechos industriales tóxicos fueron enviados al Tercer Mundo, principalmente a Latinoamérica.

Según la publicación, en Estados Unidos la escasez de sitios adecuados y “la existencia de reglamentos locales que encarecen los costos para su destrucción” tornaban más cara la eliminación de estos residuos, por lo que Estados Unidos los enviaba a sus vecinos.

Se añadían asimismo factores como la posición creciente entre sectores de la población estadunidense, que “alientan a las industrias y a algunos gobiernos municipales a buscar en el extranjero lugares donde instalar basureros” para esos desechos.

En muchos casos se consideraba entre siete u ocho veces más barato hacerlo en América Latina que en Estados Unidos.

Todo lo que daña el entorno provoca efectos directos sobre la población y también desastres naturales, hambrunas y enfermedades, debido al cambio climático, una consecuencia de la agresión contra el medio al producir artículos nocivos y no reciclándolos.

El Foro Humanitario Global, con sede en Ginebra, estimaba en su reporte del 25 de mayo de 2009 que ello causa hoy la muerte directa de unas 315 mil personas anualmente, y afecta, al menos, a otras 325 millones en el mundo.

Se teme que para 2030 las muertes de humanos provocadas por el cambio climático lleguen al medio millón, y que el número de afectados globalmente alcance al 20 por ciento de la población mundial.

El Foro Humanitario Global también considera que las pérdidas económicas provocadas por el calentamiento global ascienden a unos 125 mil millones de dólares, anualmente, y podrían ascender a 340 mil millones en 20 años. De ahí que la carrera de la producción y el depósito de los desechos tóxicos provoque efectos negativos que se descargan mayoritariamente sobre los países del Sur, aunque las consecuencias sean para todos.

Ernesto Montero Acuña
Fuente
Prensa Latina (Cuba)