La falta de espacios de diálogo y de participación y la lucha por controlar recursos naturales de Chile aparecen como obstáculos a la solución del centenario conflicto mapuche que cobró una nueva víctima: un joven de 24 años abatido por la policía en una toma de terrenos.

Jaime Mendoza Collío, de 24 años, muerto el miércoles 12 de agosto en la comuna de Angol, sureña región de La Araucanía, es el tercer comunero mapuche caído en acciones de recuperación de tierras ancestrales desde el retorno a la democracia en 1990.

El primero fue Alex Lemún, de 18 años, muerto de un balazo en la cabeza en 2002, cuando gobernaba Ricardo Lagos. La justicia militar cerró el caso sin responsables, sobreseyendo al policía que disparó.

En enero del año pasado, un efectivo de Carabineros (policía militarizada) abatió al estudiante universitario Matrías Catrileo, de 23 años, cuya causa aún es investigada por tribunales castrenses.

“Los últimos hechos son la consecuencia natural de una política que ha sido desarrollada por largo tiempo, e intensificada en las últimas semanas por el gobierno, en relación a los conflictos por tierras en la región de La Araucanía”, dijo a IPS José Aylwin, codirector del no gubernamental Observatorio Ciudadano.

Esa política incluye el fortalecimiento de la presencia policial en la zona de conflicto y la represión de las comunidades que protestan por sus tierras, explicó el abogado especialista en derechos de los pueblos indígenas.

El contexto en que se ha desarrollado esa política es la excesiva demora en la solución de las reclamaciones de tierras y la poca voluntad política de diálogo real, opinó.

La muerte de Mendoza coincidió con la presencia de la ministra de Planificación, Paula Quintana, en Ginebra, para informar sobre la situación del país ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas.

Luego de intentar sin éxito reunirse en Santiago con la presidenta Michelle Bachelet, el 23 de julio un grupo de autoridades tradicionales (loncos) iniciaron una nueva ofensiva por la recuperación de tierras en La Araucanía, 600 kilómetros al Sur de Santiago.

Además de las ocupaciones de terrenos, se han reiterado los atentados incendiarios protagonizados por encapuchados e inclusive el resurgimiento de un grupo paramilitar antimapuche.

El gobierno alega que desde 1994 se han transferido más de 650 mil hectáreas a las comunidades indígenas, 35 por ciento de ellas en el gobierno de Bachelet, y que este país no cuenta con los recursos financieros para resolver todas las demandas territoriales pendientes de una sola vez.

Las autoridades también insisten en que sólo una minoría de las comunidades mapuches está movilizada, lo cual es desmentido por los indígenas movilizados.

En torno a los argumentos del gobierno, Aylwin estableció algunas precisiones. Las más de 600 mil hectáreas restituidas por el Estado incluyen a los nueve pueblos indígenas del país, no solamente al mapuche, aunque éste es el más numeroso, con casi 1 millón de integrantes.

Del total, aseguró el abogado, sólo 140 mil hectáreas corresponden a ampliaciones de tierras adquiridas en el mercado. “Las restantes son traspasos de tierras que el Estado considera como fiscales, pero que son tierras ancestrales de los pueblos indígenas o regularizaciones de tierras ya entregadas y reconocidas a los pueblos indígenas”, afirmó.

Los hechos han demostrado que “el presupuesto destinado a la política indígena en su conjunto, cercano al 0.3 por ciento del producto nacional bruto, resulta insuficiente”, observó.

Aylwin también señaló que el Estado emite un “mensaje ambivalente” a las comunidades, promoviendo por un lado una política multicultural, y apoyando, por otro, proyectos de inversión en sus territorios ancestrales.

Consultado por las causas profundas que a su juicio explican la demora en la resolución de los problemas de tierras, que datan desde fines del siglo XIX, el codirector del Observatorio Ciudadano respondió que “no cabe duda de que en esos territorios hay intereses económicos muy fuertes.

“Chile se inserta a los mercados globales exportando recursos naturales y esos recursos naturales están esencialmente sobre los territorios de los pueblos indígenas: la minería en el Norte, las forestales en el Sur y la salmonicultura en los canales y lagos” australes, arguyó.

El joven Jaime Mendoza recibió una bala a la altura del tórax que le provocó la muerte de forma instantánea mientras era desalojado junto a un grupo de comuneros de una hacienda reivindicada como propia por los indígenas.

Los resultados preliminares de su autopsia indican que fue abatido por un disparo que ingresó por la espalda.

El gobierno y los Carabineros señalaron que el policía que abrió fuego, Miguel Jara, actuó en defensa propia tras recibir 80 disparos de perdigones, pero un testigo de origen mapuche, que no participó en los hechos, aseguró que los jóvenes estaban desarmados y que la policía no prestó atención médica a Mendoza una vez abatido.

En medio de la refriega, algunos comuneros intentaron rescatar el cuerpo del joven, y fueron repelidos por los efectivos. Indígenas y periodistas terminaron heridos.

Mientras el caso es investigado por la justicia militar, el autor del disparo permanece detenido.

Los tribunales castrenses son los que tienen competencia para investigar delitos cometidos por personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros en el ejercicio de sus funciones, según el Código de Justicia Militar.

En 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado chileno a reformar ese Código que contravenía diversas garantías fundamentales, sentencia que no fue cumplida.

La muerte de Mendoza hizo recrudecer la violencia en la región con nuevas ocupaciones y atentados. En la madrugada del 13 de agosto en la comuna de Ercilla desconocidos incendiaron galpones de un predio privado, causando millonarias pérdidas.

Las declaraciones de repudio de organizaciones mapuches se han multiplicado, así como las convocatorias a manifestaciones y marchas.

Al lamentar la muerte de Mendoza y manifestar su pesar a la familia, la presidenta Bachelet dijo que “nada justifica la violencia en La Araucanía y debe entenderse que el único camino de solución a las legítimas demandas históricas del pueblo mapuche es el diálogo”.

“Vamos a seguir trabajando para que todos los compromisos que adoptamos con la nueva política sobre los pueblos originarios sean cumplidos. Esperamos que la investigación avance y esclarezca los hechos. Pero quiero reiterar, nada, absolutamente nada, justifica la violencia”, declaró la mandataria.

Su portavoz, Carolina Tohá, anunció que una delegación del gobierno visitará La Araucanía para reforzar las instancias de diálogo.

Pero los comuneros ponen en entredicho la voluntad de las autoridades para sentarse a conversar, considerando que la delegación que viajó a Santiago para intentar reunirse con la mandataria a principios de julio no fue recibida.

Aylwin ve en la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que comenzará a regir el 15 de septiembre, una oportunidad de salida al conflicto.

“Ese convenio establece directrices muy claras en una serie de materias, incluyendo el derecho de los pueblos indígenas a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo y el derecho a la consulta previa frente a proyectos de inversión o medidas públicas que los afecten”, apuntó.

También establece “un derecho que ha estado bastante ausente en Chile, que es el derecho a participar en las instancias donde se toman decisiones que los conciernen”, concluyó.

Daniela Estrada