ILEA: ¿Resurgen las guerras sucias de EEUU en América Latina?, por Benjamin Dangl, Wes Enzinna

**Paramilitares operando como escuadrones de la muerte haciendo su sucio trabajo en América Central.**

El presupuesto federal de EEUU de 2008 incluyó 16.5 millones de dólares para financiar una Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (International Law Enforcement Academy, ILEA) en El Salvador, [igualmente] con operaciones vía satélite en Perú.

Es decir que con estas nuevas iniciales: ILEA, se esconde la nueva cara de la tristemente célebre Escuela de las Américas (ver video documental abajo).
Con inmunidad estipulada ante eventuales acusaciones de crímenes contra la humanidad, cada academia entrena anualmente en «técnicas de contraterrorismo» a un promedio de 1.500 oficiales de policía, jueces, fiscales y otros cuerpos encargados de imponer el cumplimiento de la ley en toda Latinoamérica.

La academia de El Salvador forma parte de una red de ILEAs creada en 1995 bajo el gobierno del presidente Bill Clinton, quien promocionó las instalaciones de entrenamiento como una serie de escuelas estadounidenses «en todo el mundo para combatir el tráfico de drogas, la criminalidad y el terrorismo internacionales por medio del fortalecimiento de la cooperación mundial».

Hay ILEAs en Budapest, Hungría, Bangkok, Tailandia; Gaborone, Botsuana; y en Roswell, Nuevo México [EEUU].
Según directores de ILEA, el centro de El Salvador se creó para que América Latina fuera «segura para la inversión extranjera» al «proveer seguridad regional y estabilidad económica y combatir el crimen».
La mayoría de los instructores provienen de agencias de EEUU, como por ejemplo la DEA (Drug Enforcement Administration), el ICE (Immigration and Customs Enforcement) y el FBI.

Éste último ha tenido una presencia notablemente grande en El Salvador desde que abrió su propia oficina allí en 2005. La mayoría de los gastos de la escuela se pagan con dólares provenientes de los contribuyentes de EEUU.

Los salvadoreños se refieren a la ILEA como una nueva Escuela de las Américas (School of the Americas, SOA) para policías.
Las sospechas se agravan con comparables políticas de secreto. Al igual que en la SOA, la lista de asistentes y graduados de la ILEA es confidencial, así como el contenido de los cursos.
A muchos observadores les preocupa este secreto, teniendo en cuenta las atrocidades de la SOA que salieron a la luz en septiembre de 1996 con el descubrimiento de la reportera Dana Priest del Washington Post de los manuales de la SOA de entrenamiento para la tortura, y después con la adquisición, por parte del Padre Roy Bourgeois, fundador del SOA Watch (Observadores de la Escuela de las Américas) de una lista previamente clasificada de graduados de la SOA, muchos de los cuales fueron reconocidos como líderes del escuadrones de la muerte y notorios grupos de contrainsurgencia.

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El embajador de los EEUU, Charles L. Glazer y el ministro salvadoreño de Justicia presentando los planos de la futura académia internacional de policía.

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Video: School of the Americas = School of Assassins (en inglés).
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Segunda parte del video documental.

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Después del anuncio de Condoleezza Rice de nuevos planes para la ILEA en San Salvador durante una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Miami en junio de 2005, el Padre Bourgeois escribió:

«El legado del entrenamiento de fuerzas de seguridad por parte de EEUU en la SOA y por toda Latinoamérica es el derramamiento de sangre, la tortura, el tiroteo dirigido a poblaciones civiles, los desaparecidos... (...) El reciente anuncio de Rice sobre los planes para la creación de una academia internacional para el cumplimiento de la ley en El Salvador debe suscitar serias preocupaciones en cualquier persona interesada en los derechos humanos».

Las sospechas se agravaron aún más con la cláusula de inmunidad autorizada por EEUU que exime al personal de la ILEA de cualquier crimen contra la humanidad.

Aunque la falta de transparencia hace imposible conocer el contenido de los cursos, la conducta de la policía salvadoreña -que constituye el 25 por ciento de los graduados- ha demostrado un alarmante empeoramiento desde que se inauguró la ILEA.
A principios de mayo de 2007, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado (the Archbishop’s Legal Aid and Human Rights Defense Office) emitió un informe implicando a la Policía Nacional Civil salvadoreña (PNC) en ocho asesinatos del tipo de los cometidos por los escuadrones de la muerte sólo en 2006.

Entretanto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del Salvador también publicó informes que conectaban a la PNC con los escuadrones de la muerte y repetidos casos de corrupción y falta de ética profesional.

Mientras el interés de EEUU en las ILEAs consiste en asegurar un ambiente que proteja al libre comercio y a los intereses económicos estadounidenses, la PNC ha desempeñado un activo papel en cuanto a medidas enérgicas contra los derechos civiles, dirigidas a reprimir las protestas sociales y el crimen. Los acuerdos de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio para Centroamérica (CAFTA, en inglés) han sido muy polémicos y la administración del presidente Saca hizo todo lo posible para asegurar que tuvieran éxito -incluyendo la aprobación de una ley contra el terrorismo en septiembre de 2006, inspirada en la Patriot Act de EEUU, que ha sido utilizada para arrestar desde activistas opuestos a la privatización del agua hasta vendedores ambulantes que violan las normas de propiedad intelectual del CAFTA (Ver posteriormente el tema # 11 que será publicado).

A medida que los graduados de ILEA son empleados en toda Latinoamérica, los militares de EEUU también establecen mecanismos similares de cooperación en toda la región.
La ILEA se une a una gran cantidad de centros de entrenamiento policial y militar dirigidas por agencias estadounidenses, tales como el FBI, el ICE y la DEA, así como en los programas dirigidos por compañías de seguridad privadas de EEUU, como DynCorp International y Blackwater.

El periodista Ben Dangl observa que continuando el legado de las «guerras sucias» de América Latina de los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando los secuestros, torturas y asesinatos eran utilizados para aplastar a la disensión y los opositores políticos, Colombia y Paraguay también ponen de manifiesto cuatro características del militarismo de derecha en Suramérica: ejercicios conjuntos con los militares de EEUU en el entrenamiento de la contrainsurgencia; seguimiento de disidentes potenciales y organizaciones sociales; uso de mercenarios privados para la seguridad; y criminalización de la protesta social mediante tácticas y leyes «antiterroristas».

Actualización de Wes Enzinna

El 22 de mayo, el Congreso de EEUU aprobó la «Iniciativa de Mérida» que, como parte de un paquete de 450 millones de dólares para un programa contra las bandas y el crimen en México y América Central, proporciona 2 millones de dólares para el presupuesto de 2009 de la ILEA de San Salvador.

Con estos nuevos fondos, la academia intensificará sus esfuerzos, entrenando a la policía de todo el hemisferio, sin supervisión pública o transparencia en cuanto a las operaciones o el plan de estudios de la academia. Lo que exactamente se estudia en la escuela continúa siendo un secreto, y la implicación de la Policía Nacional Civil (PNC) en la academia, no ha disminuido en lo más mínimo, al igual que los presuntos abusos de la PNC.

Aunque la presencia en la escuela de Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA (Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas») en El Salvador ha sido motivo de desprecio y crítica -un tópico en el que me centré en mi artículo— la organización estadounidense de derechos humanos Washington Office on Latin America (WOLA) ha salido públicamente en defensa de Cuéllar.

Al mismo tiempo, WOLA negocia con el Departamento de Estado un trabajo conjunto con Cuéllar y el IDHUCA para monitorear los ILEA.

Aunque la lógica de WOLA es que espera «presionar para que haya una mayor transparencia y responsabilidad dentro de la institución», no ha articulado un plan para idear cómo exactamente van a conseguir lo que Cuéllar no ha podido lograr (una escuela más transparente haciendo público su plan de estudios), ni han explicado la forma en que su presencia en la escuela, como la de Cuéllar, podría ofrecer legitimidad a las actividades de los ILEA sin producir realmente ningún cambio en la manera en que funciona la academia.

Como precisaba Lesley Gill en mi artículo original, el uso del discurso de los derechos humanos y la manera de [captar a los] defensores de los derechos humanos por parte de las instituciones militares y policiales de EEUU en América Latina es un viejo truco en la estrategia de las relaciones públicas de la que fue pionera la tristemente célebre Escuela de las Américas, y NO -recuerda Gill- «un indicio de esfuerzo alguno de EEUU por reformar las fuerzas militares o policiales con las que están involucradas».

Sólo el tiempo dirá si la asociación con el Departamento de Estado planeada por WOLA para monitorear los ILEA ayudará o no a hacer más transparente la escuela, o si le dará legitimidad a una academia que continúa estando ligada a abundantes abusos de los derechos humanos.

Las señales, sin embargo, no son prometedoras. En marzo, fue rechazada la solicitud sobre la base de la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés) hecha por este escritor para obtener los materiales del curso de los ILEA, porque, como señala la carta de rechazo, «podría razonablemente esperarse la revelación de estos materiales de entrenamiento y correr el riesgo de que se burle la ley. Además, las técnicas y procedimientos en cuestión no son bien conocidos por el público».

Desde la publicación de mi artículo, han continuado los abusos y los asesinatos políticos de la PNC en El Salvador, y el secreto de los ILEA sólo parece haberse afianzado más, a pesar de la participación de Cuéllar y del IDHUCA y a pesar de la creciente protesta internacional.
Todavía no está claro si los ILEA resultarán o no ser «otras escuelas de asesinos», como los detractores llaman a la academia. No obstante, si la situación actual constituye algún indicio, estas críticas pueden resultar ciertas.

Actualización de Benjamín Dangl

Varios acontecimientos recientes han cambiado de manera espectacular el panorama militar y político de América Latina. Mientras algunas victorias electorales en América Latina señalan un cambio regional hacia la izquierda, Washington continúa ampliando su presencia militar y naval por todo el hemisferio.

El 20 de abril de 2008, Fernando Lugo, de tendencia izquierdista, fue elegido presidente de Paraguay. Su victoria rompió el reinado de 61 años del derechista Partido Colorado.
Lugo, un ex obispo que comparte la Teología de la Liberación, se unió a una creciente lista de líderes de centro izquierda de toda la región y ha prometido tomar medidas enérgicas contra las violaciones de los derechos humanos en Paraguay vinculadas con las relaciones militares paraguayo-estadounidenses.
Poco después su victoria, Lugo dijo a los reporteros que Washington debería reconocer el nuevo ambiente regional en que los gobiernos latinoamericanos «no aceptarán ningún tipo de intervención de país alguno, sin importar cuán grande sea».

En la vecina Bolivia, el presidente izquierdista indígena Evo Morales ha enfrentado una creciente resistencia de la oposición de derecha.
Documentos y entrevistas del gobierno de EEUU sobre el terreno en Bolivia prueban que Washington ha gastado millones de dólares en otorgarle poderes a la derecha boliviana por medio de la USAID -Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (US Agency for International Development)- y la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy).
(Para conocer más sobre el tema, ver “Undermining Bolivia”, The Progressive, febrero de 2008: www.progressive.org/mag_dangl0208).

El 1 de marzo 2008, los militares colombianos bombardearon un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en suelo ecuatoriano, desencadenando una crisis regional.
Este ataque fue parte de un conflicto de varias décadas alimentado por el entrenamiento militar y el financiamiento de EEUU a los militares colombianos.

Al mes siguiente, el 24 de abril, el Pentágono anunció que la IV Flota de la Marina de Guerra de EEUU se colocaría nuevamente para monitorear las actividades en el Caribe, la América Central y Suramérica.
La IV Flota había cesado sus operaciones en el área en 1950.
Los analistas en la región sugieren que la reactivación de la IV Flota es una advertencia a los líderes latinoamericanos, como Hugo Chávez en Venezuela, que trabajan para construir un bloque regional progresista fuera de la influencia de Washington.

Aunque Washington continúa expandiendo su alcance por una América Latina cada vez más izquierdista, las alianzas regionales como la Alternativa Bolivariana para las Américas crecen entre los líderes latinoamericanos progresistas. Tal cooperación política, económica y militar está contrarrestando eficazmente la hegemonía de EEUU.
Al mismo tiempo, el futuro de las relaciones estadounidense-latinoamericanas dependerá en gran parte de cómo el próximo presidente de EEUU [es decir el actual presidente Barack Obama] interactúe con esta región radicalmente transformada.

Mientras la mayoría de los medios corporativos [de prensa] ignoran a América Latina, su cobertura de la región está por lo general predispuesta contra los líderes izquierdistas y los movimientos sociales de la región.
Dos publicaciones en línea que proporcionan coberturas y análisis continuos en la región son UpsideDownWorld.org, un sitio Web que cubre el activismo y la política en América Latina, y Toward Freedom.com, una perspectiva progresista de los acontecimientos mundiales.

Los activistas interesados en conocer más sobre la agresión militar de EEUU en América Latina pueden visitar el sitio Web de Americas Watch: Soaw.org.
Para mayor información sobre las operaciones militares en la región y la esperanzadora respuesta de gobiernos progresistas y movimientos sociales, ver mi libro “The Price of Fire: Resource Wars and Social Movements in Bolivia” (El precio del fuego: Guerras de información y movimientos sociales en Bolivia, AK Press).