« La consecuencia de esta centralización que sólo tiene las apariencias del federalismo ».
Jean Meyer, La Revolución Mexicana
Los conservadores a la mexicana, a los que el estadista atinó encapsular en la definición “los reaccionarios, que al fin son mexicanos”, aparte de sus persistentes anhelos clericales y religiosos en busca de la religión única, contra nada han combatido tanto como contra las instituciones federales. La descentralización administrativa y política (Hans Kelsen, Centralización y descentralización, traducción de Ariel Peralta), que se ha sintetizado en el concepto Estado federal, cuya cara opuesta es el Estado unitario, nuevamente es cuestionada ante los muy serios problemas nacionales (delincuencia, empobrecimiento, desempleo, impunidad y corrupción), que las fallidas alternancias de los empresarios de Fox y los burócratas de Calderón no pudieron resolver. Esto porque el sexenio calderonista ya concluyó política y económicamente. Y porque el foxista no termina por la continuidad del mal gobierno antirrepublicano y antidemocrático de su sucesor. Resultaron ser la misma cosa y más y peor de lo mismo.
El foxismo vulneró gravemente la institución presidencial con el matriarcado de Mart(h)a como poder tras el trono y el abordaje a la nave estatal de su familia para el botín. Mientras Calderón ha emprendido, sobre ese foxismo, un victorianohuertismo militarizando el territorio, para, con ese golpe de Estado, restarle federalismo a las instituciones y adicionarle centralismo. La creación en marcha de una policía única y más militares implica resucitar la unificación de los códigos penales. Y después, un solo código civil, fiscal, etcétera; de tal manera que todas las leyes reglamentarias de los fines constitucionales sean la única legislación para normar la conducta de la nación.
Se trata de ir suprimiendo la descentralización del federalismo, sustentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para implantar e imponer una constitución centralista como texto de un Estado unitario. Es la solución calderonista para quitar de en medio a los municipios como forma de gobierno republicano, representativo y popular de los estados. Y éstos convertidos en sucursales de la matriz autoritaria del presidencialismo. Aunque no basta el último tramo del fallido sexenio para el viraje. Ya con las condiciones puestas por el actual expansionismo militar, en una de ésas se le ocurre a Calderón, con su divisa del “haiga sido como haiga sido”, emular a Victoriano Huerta y completar el golpismo, imponiendo en amañadas elecciones al sucesor; sin descartar que él mismo intente lo que parece imposible: prolongar su presencia con arreglo a la justificación de que un relevo presidencial (y que todo apunta sea del Partido Revolucionario Institucional, siempre cuando éste postule, antes que una cara bonita, a una cabeza política) impediría continuar con el combate (a tontas y locas y con palos de ciego) a las delincuencias exacerbadas por la fallida estrategia del Partido Acción Nacional, que es una estupidez política.
Al plantear una policía bajo el mando del temible García Luna, como policía única, impulsar un código penal único… y ampliar las facultades federales fiscales, mercantiles y civiles, no hay la menor duda de que el objetivo es establecer un Estado centralista (el ideal de los conservadores y antiliberales, derrotados en todos los frentes históricamente), al que se le denomina conceptualmente Estado unitario. Buscan Calderón y los panistas imponer una legislación para todo el territorio, anular los congresos de los estados, volver letra muerta las constituciones estatales… y regresar al autoritarismo más allá del porfirismo, a lo que fue Santa Anna, con todo y el constante aumento de impuestos (que no son contribuciones, como en los regímenes democráticos) y precios de los servicios. Mientras Calderón, aparte de los millonarios fideicomisos (para el botín) tiene ahorrados más de 100 mil millones de dólares, reduciendo el gasto gubernamental para obras, escuelas, carreteras y mantenimiento de las aduanas. Pero gasta los ingresos petroleros en pagos millonarios a sus colaboradores.
El Estado federal se caracteriza (consultar el ensayo “Centralización de la legislación en un Estado federal” y “Una confederación de Estados”, de Hans Kelsen, en su libro Derecho y paz, Fondo de Cultura Económica, 2000) por un orden jurídico válido para todo el territorio de la federación. Y según los estados miembros, igual número de órdenes locales válidas y vigentes para ellos. Imponer una policía única, con mando centralizado, quitando las policías locales, es centralismo autocrático con miras a extinguir el Estado federal, como pretende Calderón (y sus alianzas con el Partido de la Revolución Democrática en manos de los Chuchos). Esto, para restarle autonomía a estados y municipios, con el pretexto de que la policía única es el medio para dirigir mejor los fines contra los delincuentes que se han apoderado de pozos petroleros donde han establecido sus jurisdicciones.
En vez de fortalecer la institución federal con sus alas democráticas y republicanas, el calderonismo insiste en sabotearla. Y con esto Calderón interrumpe la vigencia de la carta constitucional, como también lo hace la Suprema Corte al aislar el apartado segundo del artículo 97 y sacarlo de contexto para no fincar responsabilidades en el homicidio de 49 niños de la guardería sonorense, ignorando que la Constitución es un orden jurídico positivo y escrito que ha de cumplirse como una norma de conducta con sus conexiones entre sí, sobre todo cuando se trata de la defensa de los derechos humanos y la responsabilidad de los servidores públicos.
Calderón y los panistas ensayan derogar de facto el artículo 40 constitucional, donde se establece que la nuestra es una “república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
La policía única es la punta de lanza contra ese federalismo ya bastante vulnerado, porque Calderón hace caso omiso del artículo 29 constitucional que lo obliga a recurrir al Congreso de la Unión para hacer frente a la perturbación grave de la paz pública, que tiene a la sociedad en peligro, y en vísperas de que Calderón lleve su militarismo y su policía única hasta las últimas consecuencias golpistas, equivalente a establecer un gobierno contrario al establecido por la Constitución.
El Estado federal mexicano corre gravísimo riesgo. Y es que Calderón pinta para querer una regresión política a la Victoriano Huerta contra las instituciones del federalismo que, con la policía única, apunta a una mayor centralización por la vía de las fuerzas militar y policiaca. El país es un hervidero de problemas y la solución calderonista es pretoriana, cesarista y antifederalista.
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