Noche de cristal en Venezuela

Ya había anunciado lo que iba a pasar. El 9 de abril, 5 días antes de la nueva elección presidencial, Henrique Capriles había declarado: «Yo no soy el mismo del 7 de octubre, voy a defender los votos de toda Venezuela» [1]. Al día siguiente, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presentaba en la televisión pública una serie de pruebas que confirmaban la intención de la derecha de rechazar los resultados de la elección para intentar en Venezuela un golpe de Estado de color [2]. Al final de la jornada electoral, y a pesar de la diferencia de 272 865 votos [3] a favor del candidato socialista Nicolás Maduro, el candidato de la derecha se niega a reconocer su derrota. Sin embargo, todos los observadores internacionales insisten en la transparencia de las elecciones venezolanas. Vicente Díaz, uno de los rectores del Centro Nacional Electoral (CNE), abiertamente vinculado a los partidos de la oposición, también declara: «No tengo dudas del resultado arrojado por el sistema electoral» [4] que da como vencedor al heredero político de Hugo Chávez.

Será esa la única promesa cumplida por el candidato de la derecha. Echando a un lado la retórica de la unión, de la paz y la seguridad que aún proclamaba a los cuatro vientos una semana antes, Henrique Capriles Radonski llama a sus partidarios a movilizarse para obtener un recuento total de los resultados. Extraño método democrático para obtenerlo este que consiste en ordenar a los ultras de la derecha la toma por asalto de las calles del país, cuando la ley electoral es extremadamente clara al señalar que los candidatos están en la obligación de presentar al CNE las pruebas del fraude. De ser rechazadas esas pruebas, el candidato reclamante tiene aún la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo de Justicia.

A pesar de lo anterior, la oposición no inició ningún trámite administrativo. Lo cierto es que sus acusaciones no resisten frente al hecho que todos los miembros de la oposición designados para supervisar el trabajo de los colegios electorales otorgaron su aval a los resultados en sus respectivos centros
 [5]. Pero eso no importa. El verdadero objetivo no era fortalecer la democracia electoral sino más desencadenar un golpe de Estado soft al mejor estilo de los que ya hemos visto en países como Serbia, Georgia, Ucrania, Irán, etc. Los jóvenes neofascistas que tratan de arrasar el país a sangre y fuego se formaron en su mayoría en Serbia, con el grupo Otpor y se reconocen como partidarios de las técnicas de la Albert Einstein Institution, matriz ideológica de las llamadas revoluciones de colores [6].

Al llamado de Capriles, grupúsculos neofascistas invaden las calles del país. Destruyen símbolos del chavismo, atacan y asesinan a sus militantes, saquean y destruyen pequeños comercios. Se contabilizan 7 muertos y 61 heridos, en su mayoría alcanzados por disparos. Cinco sedes regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) son destruidas por las llamas, al igual que 12 clínicas populares en las que trabajan médicos cubanos.

En el Estado de Lara, cuyo gobernador –Henri Falcón– es además jefe de la campaña electoral de Capriles, la policía regional nada hace por impedir la ola de odio. En plena noche, una abuela me llama desde Barquisimeto, la capital de ese Estado: «Estoy atrincherada con mi hermana en la lavandería. Hay gente tratando de tumbar la puerta.» A través de una pequeña ventana, esta señora pudo ver a sus propios vecinos, antorcha en mano, incendiar la clínica pública situada frente a su casa. Otros compañeros nos contaron escenas similares de las que fueron testigos, tanto ellos como sus familias. Y que no aparecerán en los titulares de los grandes periódicos, a pesar de que fueron muchos los militantes agredidos por las hordas fascistas.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolas Maduro, exhorta entonces a sus propios partidarias a conservar la calma, a no hacerle el juego a la violencia y a dejar que la policía y la Guardia Nacional se encarguen de restablecer el orden. Y a Capriles le advierte: «Si tú no me reconoces como presidente, yo no te reconozco como gobernador de Miranda.» Lógico ultimátum ya que las reglas de la elección de Capriles, en diciembre de 2012, fueron exactamente las mismas reglas que ahora permiten la elección de Maduro como presidente de Venezuela.

La prueba de fuerza ha comenzado y no parece favorable al ex candidato de la derecha. La mayoría de los dirigentes mundiales han reconocido a Maduro como nuevo presidente de Venezuela: los países latinoamericanos –entre ellos los gobiernos de derecha de Colombia, Chile y México–, los países del BRICS (Brasil, Rusia, India, Chine y Sudáfrica), varios países de África así como varios países europeos, como España. Estados Unidos sigue negándose a reconocer la legitimidad del proceso democrático venezolano.

El ejército venezolano ha reconocido a Nicolás Maduro como nuevo «comandante en jefe de las fuerzas armadas», título que corresponde al presidente de la República, y ha reiterado su compromiso de preservar la paz y la seguridad. A través del mayor general Wilmer Barrientos, jefe del Comando Estratégico Operacional, la institución armada invitó a los venezolanos a respetar las leyes y reglas de la democracia [7].

Aún si la derecha cuenta con mantener su estrategia de la tensión mediante el uso de los mismos grupos –disfrazados incluso con el rojo que identifica a los chavistas– como medio de achacar al gobierno la responsabilidad de la violencia, pero el espectro de un golpe de Estado soft parece haber sido contrarrestado y Nicolás Maduro sale fortalecido de esta prueba de fuerza. En cambio, los mensajes de paz y unión de Capriles han volado en pedazos. Varias personas han sido asesinadas, heridos o maltratadas por haber cometido el delito de no identificarse con la retórica del responsable de las violencias que acaban de producirse en Venezuela. Han caído las máscaras y el fascismo ya tiene rostro.