Tras los «acuerdos de asociación» con la Unión Europea

Es importante que esté muy claro hacia dónde quiere ir la Unión Europea, ha subrayado el primer ministro de Italia Matteo Renzi. Pero hacer ese tipo de declaración es como tratar de forzar una puerta abierta porque la dirección a seguir ya está decidida, pero no en Bruselas sino en Washington. Los acuerdos de asociación y de libre comercio que Ucrania, Georgia y Moldavia acaban de firmar con la Unión Europea no sólo tienen implicaciones económicas sino también políticas y estratégicas.

La abolición de los derechos de aduana y otras medida de «liberalización» previstas en los acuerdos pondrán las economías de esos 3 países –sobre todo la ucraniana, que es con mucho la más importante– en manos de las transnacionales, pero no sólo de las transnacionales europeas sino de las estadounidenses. Ucrania cederá el 49% de la propiedad de los gasoductos y depósitos subterráneos de gas a varias compañías estadounidenses –fundamentalmente a ExxonMobil y Chevron– y europeas, que de hecho ejercerán así el pleno control.

Al mismo tiempo, la prevista «modernización» de la agricultura ucraniana permitirá, sobre todo a las compañías Cargill y Monsanto –que ya habían logrado implantarse en ese país– apoderarse de lo que antiguamente se conocía, debido a la fertilidad de sus tierras, como «el granero de la URSS». Y se trata de un sector de primera importancia. La agricultura ucraniana, cuya producción aumentó en valor en un 14% en 2013, representa un 10% del producto nacional bruto (PNB) y un 25% de las exportaciones.

El control de la red de gasoductos y de la agricultura ucranianas proporcionará, sobre todo a Estados Unidos y Alemania, un poderoso instrumento de presión sobre Rusia. Esta última depende en gran parte de los corredores energéticos ucranianos para exportar su gas hacia la Unión Europea y absorbe más de una cuarta parte de las exportaciones ucranianas, sobre todo en el sector agrícola.

El instrumento económico está en correspondencia con la estrategia anunciada por el G7 que, reunido en Bruselas justo antes del Consejo Europeo, hizo suya la línea de Washington. Después de anunciar un programa del FMI ascendente a 17 000 millones de dólares para Ucrania, más otras 18 inversiones que harán los 7 para apoderarse de la economía ucraniana en su totalidad, el G7 «condena a la Federación Rusa por su continua violación de la soberanía de Ucrania». Formula que el Consejo Europeo hizo suya el 23 de junio.

Todo lo anterior aplana el camino a la ulterior extensión de la OTAN sobre territorios de lo que fue la URSS. No hay que olvidar que Ucrania, Georgia y Moldavia fueron repúblicas soviéticas y que la agresión del ejército georgiano contra Osetia del Sur –en 2008– seguramente era parte de la estrategia de Estados Unidos y la OTAN. Tampoco hay que olvidar que 23 de los 28 países miembros de la Unión Europa son al mismo tiempo miembros de la OTAN, así que las decisiones tomadas en la alianza atlántica, bajo la indiscutida dirección de Estados Unidos, determinan las intenciones de la Unión Europea.

En esa situación, el papel de Italia es el de la cazuela de barro [que no puede chocar con la bronce porque se rompe]. Por un lado porque la asociación de Ucrania con el área europea de libre comercio permitirá a las transnacionales estadounidenses y europeas controlar –y en eso reside la paradoja del «liberalismo»–, a través de la introducción de los productos ucranianos, el mercado agrícola italiano, que ya está enfrentando graves dificultades de orden económico y social. Y eso va a suceder mientras que, de hecho, Estados Unidos practica un riguroso proteccionismo nacional a favor de su propia producción agrícola.

Pero lo más interesante es la cuestión de las fuentes energéticas. Basta con recordar que, bajo la presión de Estados Unidos, Bulgaria bloqueó desde hace unas semanas la construcción del gasoducto South Stream, el pipeline estratégico que debía transportar el gas ruso hacia Europa sin pasar por Ucrania [1]. Esta maniobra estadounidense –respaldada por el presidente de la Comisión Europea– pone a Italia en peligro de perder contratos por valor de miles de millones de euros, entre ellos el contrato de 2 000 millones que la Saipen (una empresa de ENI, la principal compañía petrolera de Italia) acababa de obtener.

Varias voces, desmentidas por el gobierno italiano, afirman insistentemente en la prensa internacional que Italia quiere «congelar» el proyecto, nacido de un acuerdo ítalo-ruso firmado en 20007 por el entonces ministro italiano de Desarrollo Económico Pierluigi Bersani. Según ese proyecto, la terminal del South Stream debía construirse en Tarvisio, en la provincia italiana de Udine, que funcionaría como un verdadero nodo de la distribución de gas hacia otros países. Pero ahora el consorcio ruso Gazprom y la compañía austriaca OMV han firmado un contrato que prevé la extensión del gasoducto hasta Austria, país que podría sustituir a Italia como nodo de la distribución del gas.

En ese contexto, sería bueno que el primer ministro italiano Matteo Renzi –quien tanto pide que se aclare hacia dónde quiere ir la Unión Europea– comenzara por aclarar él mismo hacia dónde quiere ir Italia. En otras palabras, Renzi tendría que aclarar si Italia va a seguir o no a remolque de la estrategia Estados Unidos-OTAN, que está arrastrando a Europa hacia otra peligrosa y costosa confrontación oeste-este.