El supremacismo turco

A la luz del Derecho Internacional, todo individuo tiene derecho a la protección de un Estado. Sin embargo, hay en el mundo 10 millones de apátridas [1], entre los que se cuentan 4,5 millones de palestinos, 1 millón de musulmanes birmanos, 700 000 refugiados de Burkina Faso en Costa de Marfil, 500 000 tailandeses y 270 000 rusos residentes en Lituania. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Gueterres, hallarse en la situación de apátrida «puede significar una vida sin educación, ni atención médica o empleo formal, una vida sin libertad de movimiento, sin esperanza ni perspectiva de futuro».

Sin embargo, en aplicación de una ideología supremacista, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan abre la vía a la anulación de la nacionalidad de todos los ciudadanos de Turquía que no sean étnicamente turcos y de toda aquella persona perteneciente a la etnia turca que se atreva a apoyarlos. En julio de 2015, Erdogan reactivó deliberadamente la guerra civil en su país, violando con ello su promesa de igualdad para todos. Erdogan emprendió operaciones militares, implantó un toque de queda en localidades pobladas por los kurdos, ocupó iglesias templos cristianos y, en definitiva, «neutralizó 5 000 terroristas», según sus palabras textuales.

¿Es necesario recordar que aunque numerosos kurdos están bien integrados en grandes ciudades del oeste de Turquía, la mayoría de los kurdos de ese país vive relegada en regiones pobres y que su cultura está siendo nuevamente objeto de represión? ¿Es necesario acaso recordar que aunque varios patriarcas cristianos viven en Turquía, la ley turca les prohíbe construir iglesias?

Los países occidentales, cegados por su propio odio contra Siria, respaldan el expansionismo turco y financian su guerra contra el pueblo sirio. Y no reaccionaron el 5 de abril, cuando Erdogan habló de la posibilidad de despojar de su nacionalidad a los electores que votaron por el HDP. Según los occidentales, Erdogan –que estaba hablando ante el Colegio de Abogados– sólo estaba amenazando a los juristas que cuestionan su política. Por cierto, durante un viaje a Europa, el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, aseguró que aquello no era más que una posibilidad de trabajo.

Sin embargo, el 7 de abril de 2016, al recibir a los responsables de la Policía Nacional, el señor Erdogan amenazó también a los adeptos de su ex aliado, Fethullah Gulen, a quienes ahora acusa de ser «terroristas» porque se niegan a condenar la resistencia de los kurdos.

Al ser interrogado por los periodistas, el 8 de abril, a la salida de la plegaria del viernes, Erdogan precisaba lo que tiene en mente:

«Quise decir que todos los que están implicados en actos terroristas o que respaldan el terrorismo deben ser sancionados (…) [Esos individuos] no están aptos para ser ciudadanos turcos. Ya están en busca de otra nacionalidad o del estatus de apátrida. Es inaceptable que un ciudadano de la República Turca traicione Turquía, que traicione la patria turca, la Nación turca. Ellos traicionan esta Nación, esta patria y la República de Turquía. No me parece justo mantener la ciudadanía de quienes traicionan la República de Turquía.»

Por consiguiente, el presidente Erdogan planea despojar de su nacionalidad a los 5 millones de electores que votaron por el HDP, turcos en su mayoría provenientes de las minorías y 1 millón de sunnitas del Hizmet, el movimiento de Fethullah Gulen. Si eso llegara a suceder, la medida tendría un efecto comparable al de la Nakba [2] y abriría fatalmente la puerta a un largo conflicto armado regional.