Libertad para Arturo Campos Herrera

Este comité ha organizado una lista en la que, además de los nombres, se incluyen datos generales acerca de las condiciones en que fueron detenidas estas personas, generalmente activistas, líderes sociales, campesinos, indígenas y defensores de derechos humanos. Otras organizaciones señalan que son 650 los casos. Las que cuentan con los cálculos más conservadores dicen que son alrededor de 500. En lo que coinciden todas es que en este país se castiga la disidencia. Oponerse a la entrada de mineras a las comunidades; organizarse para exigir derechos, y protestar por arbitrariedades sufridas puede costarle a los mexicanos su libertad.

Hoy destacamos el caso del indígena guerrerense Arturo Campos Herrera. Tuve la oportunidad de platicar ampliamente con él a finales de 2009 y también a principios de 2010. La violencia en la Costa Chica de Guerrero ya causaba grandes estragos entre las comunidades indígenas organizadas. En el resto del país, todavía no se sabía de tantos desaparecidos, ejecutados, torturados y de escuadrones de la muerte que aliados con, o tolerados por, las fuerzas del orden, someten a pueblos enteros, asesinan activistas y acosan movimientos sociales. Pero en la Costa Chica, en aquellos años, ya había empezado la guerra.

La guerra contra la organización social en la región se había desatado desde el 7 de junio de 1998, cuando centenas de militares masacraron a cuatro guerrilleros y siete indígenas, e hirieron y torturaron a varias decenas más. La presencia del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en la Costa Chica fue castigada por el gobierno mexicano desde entonces.

A finales de 2009 y principios de 2010 recorrí varias comunidades del municipio de Ayutla y por dos semanas permanecí en su cabecera: Ayutla de los Libres. Conservo vivas imágenes de los militares y policías recorriendo las calles, fusiles en mano. Incluso, su presencia chocante en el asombroso mercado, donde se trueca y se comercia en me’phaa, na’asaavi, náhuatl y español. Nunca pude advertir que la militarización y paramilitarización que vi, los enfrentamientos armados que documenté, los asesinatos que me relataron sólo eran el preludio de lo que vendría después para todo Guerrero, para Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Chihuahua…

Todavía no llegaba al poder Felipe Calderón, pero sólo en Ayutla ya se contaban 23 líderes comunitarios y defensores de derechos humanos asesinados. La violencia en la región había provocado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas cautelares en favor de 107 integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Además, militares habían violado a las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, y la Secretaría de Salud había puesto en marcha un programa para esterilizar, mediante engaños, a las mujeres de la zona. Yo mismo presencié la destrucción de milpas y huertos por integrantes del Ejército Mexicano.

Na’saavi (o mixteco), Arturo Campos Herrera –entonces de 38 años de edad– ya era un líder reconocido en la región por ese tiempo. Su comunidad, San Felipe, participaba en la OFPM como también había sido fundadora de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT, antecesora de las OPIM y de la propia OFPM).

Con la claridad de quien conoce su región, me explicó el proceso mediante el cual se condenó a Ayutla y a toda la Costa Chica a una violencia extrema. Primero, sin razón que lo ameritara, se saturó de policías y militares tanto la cabecera como las comunidades y los caminos rurales. Luego aparecieron grupos armados de la delincuencia organizada (aun cuando entonces en la región ni se producía ni se trasegaban drogas). Con su llegada, estos grupos, entonces declaró Arturo: “tienen la encomienda de entorpecer la organización de los pueblos indígenas y asesinar a los líderes de la región”. La otra pinza contra la organización indígena la cerraban los militares: “el Ejército metió mucha inteligencia militar en la zona y grupos paramilitares, que comenzaron a crear muchos conflictos en la comunidades”.

Arturo señaló entonces que la delincuencia organizada era sólo una coartada para justificar el embate contra las organizaciones: “Cualquier asesinato es achacado a la delincuencia organizada y ya: ahí queda. Pero estos grupos llegaron con el Ejército y éste los protege: son los mismos. Lo que en realidad está ocurriendo en Ayutla es contrainsurgencia, y todo porque las comunidades indígenas se organizaron por sus derechos”. Era 2009 y era el laboratorio de lo que Felipe Calderón traería después para todo el país.

Arturo está preso desde el 1 de diciembre de 2013. Ya ha pasado más de 3 años tras las rejas. Fue detenido en la capital de Guerrero, Chilpancingo, adonde había acudido, por mandato de asamblea, a demandar la liberación de 13 presos integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), entre quienes se encontraba Nestora Salgado. Fue trasladado de manera inmediata al puerto de Acapulco. Se violentó el debido proceso y se le obligó a presentar su declaración preparatoria sin la presencia de su abogado. Con rapidez inusitada en las anquilosadas estructuras penales, se le envió al Centro Federal de Readaptación Social 1 El Altiplano, un penal de máxima seguridad. Durante 1 año permaneció aislado. Ahora se encuentra en la húmeda y herrumbrosa cárcel de Ayutla. Ha demostrado su inocencia; pero no es un asunto judicial lo que lo tiene tras las rejas. Está encarcelado porque quienes lo encerraron consideran que así entorpecen la organización de la CRAC-PC en la región y detienen la lucha de los pueblos indígenas por su autonomía.

Difícil entender a un país que encierra a los indígenas pobres que se organizan y deja en libertad a gobernadores y funcionarios de toda laya que se embolsan cínica e impunemente miles de millones de pesos.