Las alianzas o intereses políticos entre Estados priman más ante una verdadera defensa de los Derechos Humanos en el Mundo. La Asamblea de las Naciones Unidas nos revela cada año el increíble funcionamiento de tales prácticas. El caso mexicano.
«Estuvimos en el limbo hasta cinco minutos antes», admitió Juan José Gómez Camacho, Director General de Derechos Humanos de la Secretaria de Relaciones Internacionales de México, al caer la tarde del pasado jueves en Ginebra, una vez finalizada la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en la cual se sancionó a Cuba.
A las 15,07 hora local, Gómez Camacho y el embajador de México, Luis Alfonso de Alba, entraron casi corriendo al recinto, cuando Honduras estaba presentando el proyecto de resolución, en los instantes precedentes a la votación. Gómez Camacho traía pegado a una oreja el teléfono celular que lo conectaba con el Canciller Derbez, a su vez en contacto con Presidente Vicente Fox, quien acababa de ordenar apoyar el texto hondureño, si no se producían alteraciones de último momento.
Fox tomó la decisión luego de intentar vanamente cambiar el documento, y de sopesar los riesgos de pasar del sí a la abstención. Prácticamente estaba por concluir sin éxito una operación al parecer destinada desmarcarse del anuncio vertido en Washington, luego de la cumbre Bush-Fox, anticipando que México acompañaría la condena contra Cuba. He aquí los detalles.
El Canciller Derbez se equivocó al anunciar el miércoles desde Asunción que la iniciativa patrocinada por Honduras no estaba tableada, y que los funcionarios mexicanos negociaban uno nueva. Adelantó, incluso, que la subsecretaria Patricia Olamendi volaba a Ginebra para pilotear la crisis, engendrada desde que el portavoz de la Casa Blanca afirmó que Fox se había alineado con Bush sobre Cuba. La propuesta de Honduras no tenía retorno desde el 5 de abril, cuando la ONU reconoció su registro oficial.
Para modificarla solo cabía hacerlo en los prolegómenos del escrutinio, ya fuera que los propios patrocinantes la corregían, o que un tercer país presentaba una enmienda, la cual debía votarse inmediatamente, antes de abordar la resolución propiamente dicha. Pero México desistió de ir hasta el final de su lógica.
En la vertiginosidad de como se sucedían los acontecimientos, Olamendi quedó fuera de juego, tal vez porque las conexiones aéreas no le fueron felices. Aterrizó en Suiza hacia las 17 horas del jueves, después que la suerte de Cuba se sellara por 22 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones. Su llegada fue precedida por una reunión entre el embajador de Alba y la delegación hondureña, donde México pidió oficialmente que se quitara el segundo párrafo resolutivo de la resolución, el que alude a requerirle a Cuba un mejor respeto de la libertad religiosa, y un dialogo «fructífero con todas las corrientes de pensamiento y grupos políticos organizados de su sociedad».
El argumento mexicano era disminuirle peso político a la redacción sin abandonar lo esencial, o sea el reclamo por los disidentes presos y el respeto de los derechos y libertades que Cuba no observa, según los parámetros vigentes en Naciones Unidas. En ese contexto, se mantenía la exhortación a que Cuba recibiera y estableciera dialogo con la representante del Alto Comisionado, la jurista francesa Christine Chanet, que tiene pendiente y sin respuesta de Fidel Castro, una petición de indulto a favor de los casi 80 condenados del año pasado, algunos hasta con penas de 28 años de cárcel.
Sin embargo, Honduras se negó. La intención de México no fue de hacerle un favor a Cuba, sino la de aligerar un texto para que consiguiera más votos, asemejándolo al del año anterior, que se alzó con una victoria holgada de 24 contra 20 y 9 abstenciones. En ese contexto, la opción para el presidente Fox era de hierro. El voto de México decidía si la resolución pasaba, pues la delegación de los Estados Unidos tenía el conteo exacto desde las vísperas, cuyos números daban de 22 a favor y 21 en contra.
Si México saltaba el cerco y se corría a la abstención, como proponían los otros dos gigantes latinoamericanos, Brasil y Argentina, el escrutinio terminaba en empate, es decir que Cuba vencía porque la igualdad de votos decreta que la resolución es desechada. De este modo se entiende mejor una frase del embajador estadounidense, Richard Williamson, en sus consideraciones generales antes del voto, cuando no sabía como votaría México, al invitar a los países latinoamericanos a «superar las barreras artificiales de lealtad regional» y castigar a Cuba. México no planteó ninguna enmienda en la sala y mantuvo el voto de sanción inaugurado por su diplomacia con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia.
Desde 1987 que la Comisión vota todos los año sobre Cuba, tal vez este fue el más calmo. Una vez presentada la resolución por Honduras, se abrió el debate a explicaciones generales, donde además del embajador Richard Williamson, se manifestaron favorables al proyecto los países de la Unión Europea, por boca de Irlanda. En defensa de Cuba hablaron China, Rusia, Zimbawe y el Congo. La replica cubana la leyó uno de sus delegados, Juan Antonio Fernández, quien atribuyó la autoría de lo que se proponía votar a Washington, «un poder hegemónico que hoy ejerce el grupo fascista» que lo «usurpa fraudulentamente». Para esta ocasión agregó a «los lacayos de la República Checa», al «delincuente» Otto Reich, enviado especial de la Casa Blanca, y al jefe del gobierno español, José María Aznar, acusándolo de haber contribuido a comprometer al presidente hondureño, Ricardo Maduro, a presentar el documento en Ginebra.
Llegado el turno de las explicaciones antes del voto, Togo y Sudan apuntalaron a Cuba, mientras que el embajador de Chile, Juan Martabit, desarrollo una valoración corta y equilibrada del sufragio afirmativo que se aprestaba a emitir. Lamentó que Cuba no reconociera el mandato a la Representante del Alto Comisionado, Christine Chanet. Recordó que esta, en su informe sometido a la Comisión, dio cuenta que «en Cuba no se respeta la garantía del debido proceso, existen detenciones y condenas arbitrarias y destaca las difíciles condiciones en que se encuentran las personas detenidas por motivos políticos», añadiendo «la ejecución de tres personas, condenadas a través de un procedimiento sumarísimo, por un delito cometido sin derramamiento de sangre».
Martabit no dejó empero de mencionar «los aspectos positivos de la realidad cubana, especialmente en educación, y salud», consignando «las restricciones y privaciones que origina el embargo aplicado a ese país», al que fustigó por carecer de fundamento, cuyos efectos «se traducen en definitiva en un deterioro de las condiciones de vida de su pueblo». Martabit finalizó aludiendo «a la situación existente en otro lugar de Cuba, en la base de Guantánamo».
Consignó su preocupación porque «allí se encuentran cientos de personas detenidas sin que se conozca su estatus jurídico ni formulados cargos en su contra; no cuentan además con la legítima defensa a que tienen derecho, por lo que reclamamos el término de dicha situación».
El australiano Mike Smith, presidente de la Comisión, preguntó a sus 53 miembros, que rotan anualmente en línea con una distribución por continentes, si querían votar o aprobaban el texto hondureño por consenso. El embajador cubano, Ivan Mora, pidió voto «bien registrado». Smith activó enseguida el mecanismo electrónico. Sin transición, la pantalla gigante exhibió los nombres de los 53 Estados, cuyos costados comenzaron a poblarse de tres colores: rojos por el no, verdes por el sí, y el azul para la abstención.
Juan José Gómez Camacho seguía reportando las vicisitudes al Canciller Derbez por el teléfono celular. Cruzó miradas y quizá algún gesto imperceptible con el embajador Luis Alfonso de Alba, que manejaba esa especie de telecomando para expresar la voluntad política internacional en la ONU, quien encendió el verde de México.
Los 11 países latinoamericanos votaron divididos. Sostuvieron también la resolución junto a Honduras, Guatemala, Chile, Perú, Costa Rica y Republica Dominicana. Se abstuvieron Argentina, Brasil y Paraguay, al margen de la obvia oposición de Cuba. El conjunto de la Unión Europea votó a favor, al igual que Estados Unidos, Corea, Japón, Armenia y Croacia, al tiempo que se abstuvieron o votaron en contra todos los países africanos y la mayoría de los asiáticos e islámicos. Sucintamente, esta fue la historia. Resta solo por saber si México va a dar explicaciones después del voto, previstas para el martes próximo, reservadas para todas las resoluciones sobre este punto conflictivo de la agenda de la Comisión, donde comparecen los países acusados de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.
Juan Gasparini
(Azul, Argentina, 30 de abril de 1949) reside en Ginebra desde 1980, donde es corresponsal de El Periodico de Cataluya, colaborando también con El Universal (México), El Tiempo (Bogotá), Bracha (Montevideo), Clarín (Argentina), CNN en español, AFP, Notimex y Agencia IPI.
Siempre en el periodismo de investigación, en España ha publicado «Roldan-Paesa: la conexión suiza» (Akal, 1997) y «Borges la posesión póstuma» (Foca, 2000). En Argentina es autor de «La pista suiza» (Legasa, 1986), «Montoneros, final de cuentas» (Puntosur, 1988, reeditado en 1999 por Ediciones La Campana) y «El crimen de Graiver» (Ediciones B, 1990). Es coautor con Norberto Bermúdez de «El testigo secreto» (Javier Vergara, 1999) y «La prueba» (Javier Vergara, 2001), y con Rodrigo de Castro de «La delgada línea blanca» (Ediciones B, 2000), libro este último que ganó el Premio Rodolfo Walsh de literatura de no-ficción 2001 en la Semana Negra de Gijón.
Veinte años de labor periodística.
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