Durante el accidentado periplo de esta organización guerrillera han ocurrido muchos acontecimientos que han impactado la vida política nacional: su aparición pública a comienzos de 1965 con la toma de Simacota, la vinculación a sus filas del sacerdote Camilo Torres Restrepo, destacado sociólogo que con esta decisión va a marcar transformaciones importantes en la Iglesia Católica, no sólo colombiana sino latinoamericana y va a influir en el posterior surgimiento de grupos de sacerdotes y religiosos -como el de Golconda- que van a seguir un camino similar. Camilo Torres va a tener una corta vida en la guerrilla, pues muere en su primer combate, pero va a influir mucho en la radicalización de las juventudes universitarias de su época.

El ELN vivirá posteriormente un período crítico en el cual las diferencias políticas internas se resuelven con el fusilamiento de jóvenes, sobretodo universitarios, después viene su más grande crisis en la derrota político-militar de Anorí, que lo coloca al borde de su extinción. Pero luego, bajo el liderazgo del cura Manuel Pérez y de Gabino, va a recomponerse con una estructura de corte confederado y más asimilable a un partido político en armas, que propiamente a un ejército guerrillero.

El ELN históricamente se situó en posiciones discursivas fundamentalistas frente al Estado, lo cual lo llevó a rechazar inicialmente cualquier posibilidad de negociación. Solamente a comienzos de los noventa y jalonado por las FARC, dentro de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, acepta participar en un proceso de conversaciones en Caracas y Tlaxcala. Durante ese decenio comienza a asumir el diálogo y la negociación como parte de su propuesta política, con la Convención Nacional en el centro. Incorporando como prioritarios dos temas en sus propuestas: el DIH y la política minera, energética y especialmente petrolera.

Ahora que se vuelve a plantear la posibilidad de un proceso de conversaciones entre el gobierno colombiano y el ELN, es bueno recordar la tesis que hemos planteado: la principal dificultad que ha habido entre el ELN y diversos gobiernos para lograr un proceso de conversaciones sólido ha sido lograr que sus propuestas se encuentren, que sus miradas se crucen.

Las diferentes visiones

Los gobiernos colombianos -el actual y los pasados- tienden a mirar el problema desde una lógica de tipo “realista”, es decir como resultado de un balance de poder; qué tanto poder militar representa el actor insurgente para derivar de allí qué se estaría dispuesto a cederle en una negociación.

Para el ELN, la Convención Nacional y la negociación son escenarios en los cuales la diversidad de actores de la sociedad colombiana, con un énfasis importante para el ELN de los tradicionalmente excluidos, diseñan los cambios que los problemas nacionales ameritan. Derivado de allí el problema del futuro mismo del ELN es un aspecto relativamente secundario y fácilmente solucionable, si lo anterior ha conllevado las transformaciones consensuales que ellos esperan se den en la Convención Nacional. Por lo tanto, el balance de poder militar tiene menor importancia para el ELN y sólo juega como un mecanismo para presionar el inicio de un proceso formal de conversaciones.

Mientras a esta diferencia de perspectivas no se le encuentre una alternativa para superarla, no parece probable que un proceso con esta organización guerrillera tenga futuro.

Los actuales acercamientos

A veces la superación política negociada del conflicto interno armado pareciera encontrarse en un laberinto, o en un “circulo vicioso” que por donde se le mire, conduce a profundizar la confrontación y a volverla más difícil de resolver. Por ello se imponen salidas audaces que puedan transformarse en un “circulo virtuoso” hacia la paz negociada.

Y todo indica que en esta ocasión hubo propuestas y respuestas audaces de lado y lado. Hubo varios hechos coincidentes, aunque cada uno de ellos tenía su propia dinámica: a) las comunicaciones intercambiadas entre los llamados “gobernantes alternativos” -el gobernador del Valle del Cauca y los alcaldes de Bogotá y Medellín- y el ELN que tenía varias semanas de antelación, antes de conocerse públicamente; b) la solicitud del presidente Uribe al presidente Mexicano Fox -detrás de lo cual aparentemente estuvo Gabriel García Márquez- de jugar un papel de tercero neutral y la respuesta positiva de éste; c) la respuesta inmediata del COCE al Presidente mexicano agradeciéndole su disposición y proponiéndole establecer una interlocución; d) el papel activo asumido por el gobierno mexicano expresado en el nombramiento, unas semanas después de los primeros contactos, del Embajador Andrés Valencia como su representante exclusivo para estos acercamientos; e) la autorización del Gobierno para que Francisco Galán asistiera al Congreso y leyera el mensaje del COCE al seminario sobre minas antipersonales y además para reunirse con el Embajador mexicano y el Vicepresidente.

Todo lo anterior creó un nuevo clima en los acercamientos entre las partes: no hay duda que el gesto del Gobierno de permitir la salida a Galán de la cárcel debe ser bien recibido por el ELN; por otra parte, el mensaje del COCE proponiendo un “acuerdo humanitario” y para la “liberación de presos políticos” y una tregua bilateral, así como el pronunciamiento del 14 de junio, suponen de manera implícita, que el ELN acepta hablar con este Gobierno -¿Si no con quién se irían a hacer los “acuerdos”?-

Realizados estos primeros pasos, y sin olvidar las diferencias, es necesario que las partes, con la colaboración del Embajador-Facilitador mexicano, definan una serie de aspectos que configuren una estrategia de continuidad del proceso y que podríamos ordenar de la siguiente manera: a) el rol a cumplir por México, el Grupo de Países Amigos y la ONU dentro del mismo y por supuesto, el papel que jugará la sociedad colombiana en todo este proceso, para darle el apoyo político que requiere para su culminación exitosa; b) el ELN debe precisar su decisión de avanzar en un proceso serio de conversaciones (ojalá con las FARC también se pudiera reiniciar un nuevo proceso y el camino de un acuerdo humanitario podría ser la puerta en ese sentido); c) las partes deben encontrar fórmulas que superen la distancia entre cese de hostilidades unilateral que plantea el Gobierno y la bilateralidad que propone el ELN, incluyendo el tema de mantenimiento de las fuerzas guerrilleras durante la duración del mismo; d) Gobierno y ELN deben ponerse de acuerdo en la agenda inicial dentro de lo que se ha denominado la posibilidad de firmar un ’Acuerdo Humanitario’ y, adicionalmente, acerca de la Convención Nacional como espacio de participación social sobre los problemas nacionales más relevantes y acuerden los alcances de la misma; e) posteriormente las partes deben definir el procedimiento y la agenda viable a considerar en un proceso de negociación; f) acordar un itinerario razonable para el desarrollo del proceso de conversaciones.

Este proceso, pondría a prueba la consistencia de algunos planteamientos que se vienen haciendo desde el Estado, sectores sociales y la propia insurgencia. Todos, aunque de diferente manera, plantean que es una lógica perversa generar hechos de violencia y terrorismo, para posicionarse en una mesa de negociación pretendiendo hacerlo desde posiciones de fuerza. Pero al mismo tiempo, hay voces diciendo que con el ELN no es importante negociar porque tiene poca capacidad militar, en la medida en que no ha hecho últimamente suficientes hechos de violencia o terrorismo. Una manera clara y contundente de enviar un mensaje distinto, es abrir una posibilidad seria y al mismo tiempo generosa de negociación con esta guerrilla y dejar establecido que la negociación se hace posible no con la realización de hechos de violencia, sino con una clara voluntad de transitar el camino de la paz negociada.

El ELN, por su parte, tiene el desafío de mostrar coherencia en sus posiciones y una clara decisión de apostarle a la política, haciendo realidad la afirmación de algunos de sus dirigentes, que es la hora de subirle el volumen a la política y bajárselo a la guerra.

Los presupuestos de una negociación

Los procesos de negociación entre un gobierno y un grupo guerrillero alzado en armas han tenido como presupuesto el reconocimiento mutuo de los actores. Significa que la organización guerrillera reconozca la legitimidad, así sea parcial del gobierno, y que éste acepte a su contendor como un actor incurso en delitos políticos y en esa medida susceptible de entablar con él un proceso de superación negociada de la confrontación.

Normalmente estas conversaciones se desarrollan entre actores asimétricos (el Estado es un actor mucho más fuerte militarmente, con apoyos políticos superiores y con una legitimidad nacional, a pesar de que puede ser cuestionada parcialmente), pero sí media la convicción de la imposibilidad de la derrota del adversario por la vía exclusivamente militar y la mirada de la negociación como una buena oportunidad para introducir reformas en el sistema político.

Hay al respecto dos tendencias, la primera considera que solo es viable la negociación cuando previamente se ha debilitado militarmente al adversario, lo cual implica que la parte más fuerte impone las condiciones de la misma; la segunda, considera que si se trata de transformar una dinámica de enfrentamiento militar en confrontación política, este aspecto es secundario y lo fundamental es “politizar” el proceso. Sin duda que el ELN se ha situado históricamente en esta segunda perspectiva.

No tienen razón las posiciones de algunos analistas afirmando que si las partes tiene posiciones distintas no es viable la negociación; si se tratara de posiciones similares, la pregunta obvia sería y entonces ¿para qué la negociación? desconociendo que justamente un ejercicio de negociación es algo dinámico y no estático y se trata de lograr que las partes de un conflicto, a partir de sus posiciones iniciales se vayan moviendo o las vayan transformando hasta hacer viables las mismas, de tal manera que todos ganen más en la negociación que en la confrontación.

Ojalá Gobierno y ELN sean en esta ocasión capaces de superar esas visiones que se sitúan en planos diferentes y logren, para beneficio de los colombianos, amarrar un proceso de conversaciones que tenga un final cierto, que involucre la terminación de los enfrentamientos armados, pero también avanzar en las reformas que son una necesidad imperiosa para nuestra sociedad y nuestra democracia. Sin embargo, es necesario recordar que nunca existe certeza total en este tipo de procesos y que un alto nivel de incertidumbre los acompaña.