En la reforma constitucional de 1910, sin duda una reforma democratizadora para su época, que buscó limar las aristas más autoritarias del régimen político heredado de la Regeneración, se eliminó la reelección inmediata del Presidente de la República y se estableció el período presidencial de cuatro años, adicionalmente se eliminó la pena de muerte y se buscó establecer un mayor equilibrio entre los poderes públicos. Durante el período que va de 1910 a 1991 sólo se produjo la reelección presidencial, con un período de por medio, de Alfonso López Pumarejo, durante la llamada “república liberal”. Lo intentaron y fracasaron en el post-Frente Nacional Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López Michelsen. Y se hizo reelegir por medios irregulares el General Gustavo Rojas Pinilla durante el período del Golpe MiIitar, a través de una Asamblea Constituyente de “bolsillo”. El mecanismo de la no-reelección, ha estado muy arraigado en la Colombia del siglo XX, porque en el siglo XIX se dio con frecuencia -para sólo recordar un caso, pensemos en el general Tomás Cipriano de Mosquera-.

En 1991, la Asamblea Nacional Constituyente, eliminó de manera definitiva la posibilidad de la reelección presidencial. Durante los últimos años, algunos parlamentarios intentaron volver a restablecer la posibilidad de la reelección, pero sus iniciativas legislativas no tuvieron éxito.

Reelección: ¿por qué y para cuándo?

Hay temas recurrentes en el debate nacional, uno de ellos el de la posibilidad de la re-elección presidencial inmediata, que es retomado cada vez que se está en un ciclo de opinión pública favorable para un Presidente. Ahora, de nuevo se coloca el tema con más fuerza que en el pasado, estimulado por la imagen favorable que tiene el Presidente Uribe y ya transcurrió positivamente la primera vuelta constitucional.

Sin embargo, es necesario hacer las siguientes consideraciones:

i) los cambios constitucionales en una sociedad no pueden hacerse al ritmo de la coyuntura, no pueden responder a emociones momentáneas; hay necesidad inicialmente de dar argumentos convincentes acerca de porqué debemos abandonar la tradición de no-reelección; si se requiere una reforma constitucional que permita la reelección, por una sola vez o si por el contrario lo que amerita es una modificación del período del mandato porque el actual es muy corto y no les permite adelantar una gestión adecuada, pues ese tipo de análisis y de debate se debe hacer, pero con el tiempo y el ambiente necesario para llegar a la mejor solución. Sólo a partir de argumentos sólidos podemos definir qué alternativa, es la más conveniente. Adicionalmente, una medida de este tipo requeriría una serie de salvaguardas institucionales para impedir que esto se vuelva un factor de corrupción y clientelismo y el gasto público termine para financiar la reelección del mandatario de turno.

ii) si hay algo que muestra la fortaleza y madurez de una democracia es su estabilidad institucional, este es uno de los indicadores de desarrollo en una sociedad; pero, justamente por ello no se pueden estar cambiando las instituciones al ritmo de las calenturas momentáneas, ni para que las mismas se acomoden al gusto de uno u otro sector político, o eventualmente de las veleidades de un gobernante.

iii) igualmente es importante tener en consideración una regla no escrita, pero que le da seriedad a los cambios democráticos: que en todo caso las modificaciones deben regir hacia el futuro, es decir, sería a partir de los próximos gobernantes, para que de esta manera las reglas del juego estén claras para todos los que participan en las mismas. Cambiarles el período a funcionarios que han sido popularmente escogidos para otro, no es saludable para la democracia. Un Presidente demócrata, debería ser el primero en no aceptar que se cambien las reglas del juego para beneficiarlo.

Ojalá nuestra clase dirigente mostrara seriedad para los cambios institucionales y no cayera en un desbocado proceso de desinstitucionalizar el país. Pero seguramente es demasiado pedir.

La estabilidad institucional es un activo importante de una democracia, de su eficacia y legitimidad. Por ello, cambiar las instituciones es algo que toda sociedad democrática hace después de un análisis amplío y con grandes consensos sociales; no se debe andar haciendo cambios a la ligera.

Esto es importante recordarlo, cuando los sectores políticos amigos del Presidente insisten en plantear la conveniencia de su reelección, porque consideran, adicionalmente, que sus políticas son buenas y han producido resultados y porque el primer mandatario aparece como un buen líder. Frente a esto son útiles algunas consideraciones que ayuden a formar opiniones menos pasionales acerca de la conveniencia o no de determinados cambios.

Una cosa es la necesaria estabilidad de ciertas políticas públicas y otra derivar de allí que hay necesidad de cambiar una tradición de no-reelección inmediata, que hasta el momento ha funcionado relativamente bien. Efectivamente, en campos como la política pública para enfrentar el conflicto interno armado, hay que superar la tradición de la denominada “lógica del péndulo”, es decir, que a un gobernante considerado como “blando” lo sucede otro considerado como “duro” y luego de nuevo otro “blando”; al respecto cada vez hay mayores consensos en las fuerzas políticas mayoritarias -el propio senador Antonio Navarro, dirigente del Polo Democrático Independiente lo planteó-. Se requiere un gran acuerdo político entre las fuerzas más representativas para garantizar la estabilidad en estas políticas, con los necesarios ajustes que se consideren convenientes; hay allí una tarea importante para los partidos políticos y sus dirigentes: ser capaces de construir esos consensos. Igual sucede con la política exterior, que ha tenido una tradición de considerase como una política de Estado y no solamente de gobierno, pero allí debería dársele mayor representatividad a otras fuerzas políticas, hoy marginadas.

Podríamos señalar que los principales argumentos a favor y en contra de la reelección, se pueden sintetizar de la siguiente manera, siguiendo a dos conocidos exponentes de ambas tesis:

a. Las reglas de juego

Éste es quizás uno de los argumentos más fuerte y recurrente para quienes no están de acuerdo con que se instaure la figura de la reelección inmediata. Los detractores de la reelección argumentan que no es correcto, ni política ni moralmente, modificar las reglas de juego a “mitad de la partida”, en beneficio propio. Así, señalan que el presidente Álvaro Uribe fue elegido para gobernar por un solo periodo de cuatro años, sin posibilidad de ser reelegido, y así debe ser. Por su parte, los defensores de la reelección inmediata argumentan que aunque la Constitución vigente -es decir, el reglamento- prohíbe la reelección, también allí están consignados los mecanismos que se pueden utilizar para modificar las “reglas de juego” con el fin de mejorar la “mecánica del juego”, y es a eso a lo que se debe atender, al respeto de las reglas para cambiar las reglas.

b. La madurez democrática

Este argumento es tratado de manera sencilla por ambas partes, quienes argumentan en contra del proyecto, consideran que «En países políticamente subdesarrollados -como es el caso de Colombia- cuando hay reelección inmediata, quien decide es el poder no el pueblo. Frente a quienes lo ejercen, los ciudadanos se intimidan y cohíben...». Por su parte, quienes promueven la reelección consideran que la sociedad en general, y los electores en particular han adquirido cierta experiencia y madurez para la toma de decisiones a la hora de elegir. Así anotan que «Todos los actores de la política colombiana reconocen que nuestro electorado es cada día más dinámico y está integrado por sectores ciudadanos difícilmente manipulables. El voto libre ha determinado el resultado electoral en los recientes comicios, fundado en las virtudes de los propios candidatos y en sus propuestas, y no en las recomendaciones del alcalde, gobernador o presidente de turno y menos por abusos de poder de esos funcionarios.»

c. La profundización de la democracia

Quienes ondean la bandera en pro de la reelección señalan la importancia de profundizar la democracia mediante la aprobación del proyecto de reelección, dado que no permitir poner bajo juicio del pueblo la continuidad o no de un gobernante, si éste ha desempeñado un buen papel, es una limitación -a la mitad- de las opciones por las cuales se puede votar. Quienes rechazan la reelección señalan que la democracia se profundiza en la medida en que se obedezcan las reglas de juego y en la medida en que se respeten las instituciones. Es decir, la democracia se profundiza ejerciendo el poder bajo las condiciones en las cuales se accedió al mismo; y, si es necesario avanzar en cambios sustanciales, éstos deben operar para quienes sean elegidos en esas nuevas condiciones.

d. Democracia recortada

Quienes argumentan que la prohibición de la reelección se constituye en un recorte a la democracia, dado que se reducen a la mitad las posibilidades de escoger entre la alternativa vigente en el poder y una nueva, tratan de demostrar como la figura de la reelección es benéfica para el país, dado que va a hacer de la democracia una democracia completa, en la que se fortalecen los partidos políticos, la responsabilidad del elector, y por ello se cualifica el ejercicio de la política. Por su parte, quienes rechazan ésta argumentación señalan que «Si la reelección fuese ejemplo de democracia plena, como dicen sus defensores, todos los sistemas políticos competirían por establecerla de manera incondicional e indefinida, lo cual no ha ocurrido nunca, porque cuando se autoriza se le imponen restricciones, que hoy son casi generales...»

e. Mejor ejercicio de la política

La aprobación de la reelección es para quienes la defienden, una modificación necesaria, porque los partidos políticos, el ejercicio de gobierno y de la oposición se fortalecerá. Por su parte, quienes rechazan la reelección son de la opinión que Las razones que tuvo la Asamblea para prohibir la reelección fueron múltiples: inmunizar al país «contra la instauración de dictaduras personalistas o la prolongación inconveniente del mandato democrático», permitir y facilitar «mayor participación y rotación de las diferentes fuerzas políticas en el ejercicio del poder» y evitar que «el cáncer del clientelismo siga haciendo estragos a través de las expectativas de reelección», con el fin de garantizar un mejor ejercicio de la política, más transparente y responsable.

Es evidente que la mayoría de los que están hoy promoviendo el cambio constitucional, los mueve es el deseo de prolongarle el período al actual Presidente, con nombre propio y no porque haya un análisis acerca de las insuficiencias del régimen presidencial. Prima la creencia, seguramente equivocada, pero en fin la creencia en un liderazgo mesiánico como mecanismo para resolver los problemas nacionales. Probablemente se sentirían más cómodos con una presidencia fortalecida, una especie de “presidencia imperial”. Se trataría de ir dibujando los trazos de un nuevo régimen presidencial en el cual se diluye la clásica tridivisión de poderes tan cara al discurso democrático, se subordinan al ejecutivo con el argumento de que es la mejor fórmula para terminar la guerra interna y disciplinar la sociedad, pero realmente tratando de instaurar un tipo de régimen de democracia restringida que se prolongue en el tiempo. Situándose en la tendencia de quienes consideran que el orden y la autoridad son recursos escasos en las sociedades en desarrollo y que el mantenerlos debe primar sobre cualquier otro criterio.

Sin embargo, todo indica que la adecuación de la Constitución Política a la medida de los intereses reeleccionistas del actual Presidente se cumplirá en el Congreso; falta ver si la Corte Constitucional acepta la tesis de que se trata de una reforma constitucional -simplemente modificar un articulito de la Constitución, como dijo alguien-, o si por el contrario estamos frente a la expedición de una nueva Constitución -porque la reelección modifica sustancialmente la estructura del régimen político colombiano-, caso en el cual el Congreso como constituyente delegado no está facultado para hacerlo, pues esto significaría que cuando un Presidente cuente con una mayoría parlamentaria transitoria, o la “negocie”, puede cambiar la Constitución a su antojo.
Pero, las fuerzas políticas y sociales opuestas al proyecto reeleccionista y lo que éste significa, y que defienden la Constitución de 1991 por su naturaleza democrática, deben preparase para conformar una gran confluencia democrática que tenga como bandera central su defensa, es decir la consolidación de la democracia.

Sin embargo, el punto inicial es revertir la tendencia que ha tratado de difundirse, entre otros por los medios de comunicación -deliberadamente o no- en el sentido de que el Candidato-Presidente Uribe es imbatible y quien lo enfrente está derrotado de antemano. Acabar con esta sensación de auto-derrota aparente es la primera tarea que deben abocar estas fuerzas. No es cierto, ni creíble que el Candidato-Presidente sea invencible, ni que la mayoría de los colombianos este de antemano dispuestos a refrendarle un nuevo mandato. Por ello las fuerzas anti-reeleccionistas deben iniciar un proceso de afirmación propia de sus posibilidades de triunfo, que son muchas y comenzar a transmitir a sus simpatizantes y a los colombianos en general que pueden ofrecerle una propuesta de gobierno muy superior a la del Candidato-Presidente. Construir en sus huestes y en el conjunto de la sociedad colombiana una cultura de confianza en la victoria; que es posible derrotar electoralmente a los reeleccionistas.

Y es posible por varias razones: a) se cuenta con un abanico de potenciales buenos candidatos presidenciales, con los cuales se puede ganar; b) se puede construir un programa común que tenga como centro la consolidación de la democracia y del Estado-Nación, impulsar el desarrollo con equidad, fortalecer una ciudadanía responsable y contar con una política internacional moderna, pero que tenga como eje el respeto por la soberanía nacional en un mundo interrelacionado; c) se sumaran a esta iniciativa los sectores sociales mayoritarios de la sociedad colombiana, lo cual permitirá que se jalone una estrategia ganadora, con un proyecto abierto a todos los colombianos que quieran acompañar la defensa de la democracia; d) contar con una política de seguridad centrada en la defensa de los ciudadanos, de unas instituciones estables para todos -no manipulables para intereses personales- y de firmeza con generosidad frente a las organizaciones que han estado involucradas históricamente en el conflicto interno armado.

Para ganar, las fuerzas democráticas anti-reeleccionistas lo que necesitan es sentido de nación, generosidad, vocación unitaria y sobretodo, una convicción de que lo fundamental en la hora es la defensa y consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho.

Noviembre de 2004.

Alejo Vargas Velásquez