Hoy, quienes se vieron obligados a aceptar la derrota, "trinan" por que los supuestos avances urbanos se han perdido, e inducen a la opinión publica a pensar que la política anterior era, con mucho, más social que el actual "populismo" de Lucho, e incluso muestran un alto interés por que a los vendedores no se les esté utilizando políticamente. Para estas mentes enfermas e inmorales, la persecución inmisericorde e infame de la población inerme e indefensa, debe ser norma de las autoridades, y la impunidad para quienes ayudan en la tarea de reprimir: regla. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de aterrorizar a una población que se "tragó el cuento" de ser sujetos dignos de reconocimiento de sus derechos.

La verdad es que a los esqui-zofrénicos dirigentes del uribismo en Bogotá, -cambio radical a la cabeza- les parece de dudosa legalidad los pactos de cumplimiento que adelanta la Administración Distrital con los Comités Locales -que son la gran ganancia organizativa de los vendedores-, pero respaldan en el plano nacional a los, esos sí, ilegales e ilegítimos acuerdos con quienes han masacrado poblaciones enteras.

Los pactos son el ejercicio que demostrará a la opinión pública la vocación cívica y de compromiso de nuestro sector social con la ciudad. Tenemos enemigos y obs-táculos poderosos, que van desde el estigma, pasando por la fran

ca ignorancia de la ciudadanía sobre nuestra realidad económica y llegando a la cínica utilización política del drama del vendedor y la venta ambulante, de quienes viven del dolor ajeno y juegan al discurso de la "ley y orden" frente a los micrófonos y cámaras de televisión, pero mantienen las cosas sin que se modifiquen para que el vendedor continué en la incertidumbre, siendo así fácil presa de la explotación económica y política.

Cuando por el contrario se construye con la participación directa de los implicados una política comprometida con las soluciones reales y efectivas, que beneficiarán a la ciudad en su conjunto, -pero que no surgió del acuerdo con quienes han posado de defensores de ésta-, se estaría demostrando que quienes se ganan la vida con el mandato de pensar y obrar para el progreso de la comunidad viven de mantenerla en su atraso y medran propiciando el aumento de la conflictividad contra el Alcalde al que consideran un advenedizo.

El balance en cambio para el Comité Distrital de Vendedores Ambulantes es altamente positivo. En primer lugar, ya le hizo un regalo a la ciudad que será reconocido y valorado con el tiempo, pues su lucha y política modificaron el plan maestro de espacio público que introdujo el concepto de "Uso democrático del espacio público" y abrió así, una grieta importante para que la ciudadanía entienda por qué el espacio público no es un problema sólo de vendedores. El despliegue de embellecimiento urbano en el sentido que se adelantaba, era una política de ciudad para desplazar a la población despojándola de su derecho a hacer uso del espacio público, en condiciones democráticas.

En segundo lugar, los cinco puntos que se colocaron sobre la Mesa de Concertación, son los que orientan la política pública en construcción para armonizar los derechos del sector con el espacio público. Y por último y no menos importante, el ejercicio de participación que dio legalidad y legitimidad al comité distrital, es el proceso de construcción de organización social que en algo recompensa la labor destructora que a nuestras organizaciones hicieron las pasadas administraciones. Vamos en la dirección correcta para habilitar al sector informal, como un sujeto social y político, en el nivel que requerimos los sectores populares ante la embestida del fenómeno globalizador.

Resuelto el problema conceptual, nos enfrentamos al complejo problema del método, es decir del cómo concretar el uso democrático del bien colectivo que es el espacio público.

Para ésta ardua tarea la Administración podrá seguir contando con el acumulado de experiencia y conocimiento que representa el comité distrital, el cual requiere de mayores niveles de protagonismo con miras de hacer más fluida la puesta en práctica de los acuerdos alcanzados con la Administración. Por muy buena voluntad que ésta posea, no podrá reemplazar el papel mediador de la organización social, y si los afanes por los resultados tienden a suprimir dicho papel, se estará desperdiciando lo mas valioso del proceso que consiste en dotar a la población de instancias reales de resistencia económica y política, desde donde podamos efectivamente construir alternativas que nos doten de la protección que requerimos para hacernos viables en el marco del progresivo deterioro social en el que nos tiene la actual aplicación del modelo neoliberal.

Si el Estado cumple con su función de apoyo pero impide la autonomía de la organización en virtud de su intervención, a la postre impide la superación del paternalismo y fomenta las divisiones y conflictos internos. El objetivo nos une, el método debe servir igualmente para que la comunidad halle el camino de su progreso y, dejando de ser "carga "pase a ser aportante al desarrollo colectivo de la ciudad.

Pedro Luis Ramírez B.