Una disputa por la orientación de la educación

En la toma participan los Consejos Comunitarios de la zona de Tumaco y el Sindicato de Maestros de Nariño de la misma ciudad. Los Consejos son la forma oganizativa contemplada en la Ley, precisamente para asegurar las posibilidades de autodeterminación y autonomía sobre las políticas que deben ser implementadas en sus territorios. Entre ellas la educativa. Pero son muchos más los problemas comunes. Por ello, aunque con intereses y demandas diferentes, estos dos sectores de los afrodescendientes actúan aquí como una sola fuerza. Frente a los graves problemas de violencia, económicos y políticos que viven estas comunidades, decidieron unirse en una misma pelea y llegar con un pliego único de demandas ante el gobierno nacional.

Para Segundo Pío Bandera, presidente del Sindicato de Maestros, la «copa que derramó el vaso fue el decreto 3323, por medio del cual se convocaba a concurso, a docentes y directivos docentes de todo el país en nuestros territorios». Éste es un decreto lesivo para las comunidades afro, pues al convocar a docentes de todo al país, incluso para las clases de etnoeducación, se desconoce que actualmente están siendo dictadas por profesores de las mismas comunidades, y es obvio que son éstos los que conocen la cultura de los afrodescendientes, siendo por lo tanto los más indicados para esta labor.

Este decreto, además, deja por fuera a los bachilleres pedagógicos, a los técnicos y a los tecnólogos, quienes hacen parte integral del sistema educativo. Son ellos quienes vienen realizando desde hace más de quince años, el trabajo en zonas marginales y con altos índices de violencia. La convocatoria a personas que desconocen completamente la cultura y el territorio de los afrodescendientes y son a su vez desconocidas en este medio puede traer problemas con los actores armados - alegan las comunidades - y entorpecer el proceso educativo que, con muchas dificultades, llevan construyendo en sus territorios colectivos.

Todo un programa de lucha

Pero esta no es la única demanda del pliego de exigencias. Así como dijo Segundo, el problema de la educación fue solamente la gota que rebosó el vaso. Desde hace un tiempo, las comunidades negras se han visto amenazadas por diversas estrategias de los grupos armados y del gobierno nacional para desplazarlos de sus territorios y acabar con la organización comunitaria que han logrado construir a través de sus consejos. Para Ana Granja Castillo, representante de alto nivel del Consejo Comunitario del sur del pacífico, que agrupa a más de 3 Consejos Comunitarios de esa zona, la pelea de las comunidades negras también es en contra del TLC, de las fumigaciones, del otorgamiento de licencias a proyectos industriales dentro de los terrenos colectivos; contra la violencia dentro de sus territorios, la Ley Forestal y el censo que se lleva a cabo actualmente.

En el caso de las fumigaciones, éstas no sólo están afectando a los cultivos ilícitos, sino, en palabras de la dirigenta: «también a los lícitos. Y más a los lícitos. Las fumigaciones también están afectando a los animales, que se están muriendo». Uno de los problemas más inquietantes para los afrodescendientes tiene que ver con la última resolución del INCODER, mediante la cual se desconoce la autonomía en los territorios comunitarios y se favorecen los intereses de particulares, fomentando el desarrollo de proyectos agroindustriales a gran escala que sólo tendrán como consecuencia la deforestación y destrucción de la biodiversidad y el desplazamiento de las comunidades que en esos territorios habitan.

Para Jairo Castillo, del Proceso de Comunidades Negras (PCN), el argumento del gobierno de que las mismas comunidades pueden entrar a concursar en estas iniciativas industriales, es una falacia: Para que una iniciativa de estas sea productiva – dice-, se necesita la siembra de más de 1000 hectáreas, lo cual implica una gran inversión en maquinaria, insumos químicos etc. En general, una inversión que para estas comunidades, en el caso en el que quisieran hacerlo, resulta imposible. Así, en el mejor de los casos, si las comunidades no son desplazadas de sus territorios ancestrales por la vía de las armas, como viene ocurriendo actualmente, entonces son contratados como mano de obra barata mientras que personas extrañas a la comunidad sacan el provecho económico de estos proyectos. A todo esto se suma el proyecto, actualmente en curso, de Ley Forestal, frente a la cual la posición es que no se firme, pues busca convertir sus territorios en mercancías, estimulando la tala indiscriminada de los bosques en favor de las grandes empresas madereras.

Otro de los puntos en discusión tiene que ver con el censo. Según las comunidades, la concertación que se venía realizando para que las comunidades afrodescendientes, que superan los 10 millones de personas, sean en realidad contadas dentro de él, fue rota unilateralmente por el gobierno nacional.. Para las comunidades esto es muy importante pues las políticas que se vayan a tomar en el futuro van a depender directamente de la magnitud de la población afrodescendiente.

Una victoria parcial

La persistencia de las más de 700 personas que participaron de la toma rindió sus frutos. El pliego propuesto fue finalmente reconocido por el gobierno nacional. A través de sus Ministerios de Educación y del Ambiente, y de instituciones como el INCODER, aceptó una transacción con las comunidades sobre los principales puntos de sus exigencias. Sin embargo, para los afrodescendientes, a pesar de que esta es una lucha que están ganando y que saben que van a ganar, es sólo el comienzo de una toma de consciencia de las comunidades para luchar por sus derechos. Para Castillo, «El gobierno no ha visto nada del proceso de las comunidades negras que se le va a venir encima, porque nos está violando derechos y no da la cara para responder por estas violaciones». Una de las corrientes organizadas más significativas, Proceso de Comunidades Negras, PCN, lo advierte categóricamente: «la pelea de las comunidades negras va a durar hasta que sus derechos sean plenamente reconocidos y protegidos».

Con base en el informe de Redher

Ley forestal

Marchitan la vida

El Gobierno Nacional y los Representantes a la Cámara Armando Amaya Álvarez y Zulema Jattin Corrales, lideran el Proyecto de ley forestal No. 025 de 2004-Senado y 264 de 2004-Cámara. El proyecto tiene una estrecha relación con la supervivencia de los pueblos indígenas y afrocolombianos por su inescindible relación con la tierra. De aprobarse, 60 millones de hectáreas, de bosques colombianos de los cuales aproximadamente 27 millones pertenecen a las comunidades indígenas y afrocolombianos , pasarían a manos de inversionistas extranjeros especialmente madereros quienes cuentan con todos los incentivos y garantías necesarias para apropiarse de esas tierras y explotarlas, lo cual sería un desastre ecológico descomunal para el país y para el mundo entero.

Oídos sordos

Sus impulsores no tienen oídos para la comunidad, que ha evidenciado las consecuencias de esta iniciativa:

– 1. Favorece a las empresas madereras. El proyecto se tramitó sin consultar a las comunidades indígenas y afrocolombianas a través de los mecanismos adecuados para ello, como lo precisa el Convenio 169 de la OIT.
– 2. Rompe la concepción de unidad entre suelo y bosque a través del concepto de «vuelo forestal» (separa el suelo de los árboles, las flores, la fauna, etc.). Altera la relación entre ecosistema de bosque y la diversidad étnica y cultural. Vulnera los derechos territoriales de las comunidades indígenas y negras que incluyen el derecho sobre los recursos naturales y no solamente sobre el suelo. Todo ello atenta contra el carácter constitucional de inalienables, inembargables e imprescriptibles que tienen estos derechos territoriales.
– 3. Desconoce la legislación ambiental vigente, el actual Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) y las normas internacionales que regulan la materia simplificando la concepción de bosque para efectos de su máximo aprovechamiento económico y contrariando la noción integral de ecosistema.
– 4. A pesar de la obligación del Estado de proteger a las minorías étnicas y garantizar sus derechos sin discriminación alguna, se vulneran los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y afrocolombianas en relación con la propiedad colectiva de sus territorios, la propiedad de los recursos naturales renovables, y la administración, uso, manejo y aprovechamiento del patrimonio natural.
– 5. El proyecto crea un ente nuevo denominado Consejo Nacional Forestal como órgano de coordinación y concertación de la política nacional forestal que desconoce la representación y participación de las comunidades afectadas y de las organizaciones ambientales. Este Consejo está integrado por catorce miembros, de los cuales solamente dos representan a las comunidades indígenas y afrocolombianas y no hay ningún representante de las organizaciones ambientales. El proyecto, restringe, a su vez, la participación de las comunidades únicamente para “vender sus tierras” pero no le permite participar en otras decisiones que impliquen la protección de sus recursos naturales.

Comisión colombiana de juristas
Bogotá, noviembre 1 de 2005

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