La Constitución del empate

La "nueva" Constitución llevarán la firma del presidente Ricardo Lagos, eliminando del texto el nombre de Augusto Pinochet. Sin embargo, la Constitución Política de Chile mantendrá en cuestiones medulares el espíritu de la dictadura.

Como producto de un acuerdo entre la Concertación y la oposición de derecha, las reformas no representan una victoria clara para el pueblo. El senador Hernán Larraín, de la UDI, expresó bien su sentido: "Nadie puede sentirse victorioso por haber impuesto su perspectiva a su contendor. En este caso, la victoria se halla en haber logrado un texto compartido y aceptable para unos y otros". Es decir: las reformas son resultado de un empate político que se mantiene desde el fin de la dictadura. Y cuando se acepta el empate -teniendo mayoría, como es el caso de la Concertación-, las cosas no andan bien.

Con todo, las reformas objetivamente constituyen un avance. Abren el molde de hierro de la Constitución pinochetista de 1980, pero la llave sigue en manos de la derecha que acepta las modificaciones porque ya no son indispensables los elementos que ahora se cambian. El modelo económico neoliberal está consolidado y la Concertación lo defiende como propio. Las FF.AA. mantienen de hecho su autonomía, dentro de la Constitución, y se desprenden de atribuciones innecesarias que debilitan sus esfuerzos por relegitimarse. La Concertación no representa un peligro para los poderes fácticos, que incluso aceptan de buen grado que esa coalición pueda continuar en el gobierno por otro período presidencial.

Las principales reformas constitucionales que entrarán en vigencia luego de ser ratificadas por el Congreso pleno son las siguientes:
– Disminución del mandato del presidente de la República de seis a cuatro años.
– Eliminación de los senadores vitalicios y designados.
– Aumento de las facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados.
– Establecimiento de una sola legislatura para agilizar la tramitación de las leyes.

Los senadores quedarán reducidos a 38. Pero su número y forma de elección pueden ser modificados por la Ley Orgánica Constitucional correspondiente, lo que significa -al mismo tiempo- que el sistema electoral binominal sale de la Constitución y se radica en una Ley Orgánica, con lo que disminuye el quórum necesario para su eventual eliminación o reforma.

Sin embargo, las modificaciones más importantes tienen que ver con las fuerzas armadas, los regímenes de excepción y el Tribunal Constitucional. Respecto de este último, se aumenta el número de integrantes a diez, designados por el presidente de la República, la Corte Suprema, el Senado y la Cámara de Diputados, entregándole a ese tribunal la resolución del recurso de inaplicabilidad, actualmente competencia de la Corte Suprema.

En cuanto a las fuerzas armadas y de orden, se les elimina el rol de "garantes" de la institucionalidad. Se termina con la inamovilidad de los comandantes en jefe, que podrán ser removidos por el presidente de la República mediante decreto fundado que se informará previamente al Senado. El Consejo de Seguridad Nacional a su vez adquiere un rol meramente asesor, y no puede ser convocado por los comandantes en jefe de las FF.AA.

Pero aspectos fundamentales de la Constitución de la dictadura se mantienen incólumes. Entre ellos, su orientación filosófica conservadora, expresada, entre otras cosas, en la vigencia generalizada del principio de subsidiariedad que limita gravemente las atribuciones del Estado en materia de empresas públicas. Se mantiene intangible el derecho de propiedad y no se aclara que la concesión minera está subordinada al derecho de propiedad del Estado sobre los recursos minerales, y debe tener, por lo tanto, carácter temporal y revocable. La posibilidad de remover a los comandantes en jefe no termina sin embargo con la autonomía de las fuerzas armadas. El presidente de la República seguirá eligiendo al comandante en jefe de entre las cinco antigüedades que siguen al comandante en jefe saliente. La continuación del Consejo de Seguridad Nacional en la Constitución le da un rango injustificado, que constituye un peligro potencial para la estabilidad democrática e implica -por su carácter asesor- una duplicación de funciones con otro organismo creado hace más de treinta y cinco años: el Consejo Superior de Seguridad Nacional (Consusena), reglamentado por ley.

Es crucial la mantención de diversos quórum que garantizan la intangibilidad de lo esencial de la Constitución y la legislación existente. No se toca el procedimiento para reformar la Carta Fundamental -impracticable a menos que exista consenso con la derecha- y se conservan exigencias de votación muy elevadas respecto de las leyes orgánicas constitucionales y las leyes de quórum calificado que consolidan el empate político. No se establecen normas que faciliten el plebiscito -o establezcan el referéndum revocatorio- como instrumento de democratización que permita en casos determinados recurrir directamente a la soberanía popular.

Las actuales reformas se hacen dentro de una cancha que rayó la dictadura. Obviamente no dan cuenta de lo que desean los ciudadanos y que necesita un país que en estos quince años ha cambiado profundamente. Las reformas son remiendos en un traje gastado que ya pocos quieren seguir usando. Remiendos que, en algunos casos, se han hecho sin prolijidad, como el intento de limitar la libertad de expresión e información sobre la vida pública de las autoridades, asunto que deberá vetar el presidente de la República.

Remendada o recargada, la Constitución exhibe considerable retraso frente a temas emergentes que simplemente ignora, como el reconocimiento a los pueblos indígenas, el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, el combate a la discriminación de todo tipo, la defensa efectiva del medio ambiente y la problemática del Poder Judicial, cada vez más desprestigiado.

Es evidente, entonces, que con estas reformas no ha terminado la transición hacia una democracia real y plena. Afirmar lo contrario, como ha hecho el propio presidente Ricardo Lagos, confunde y desmoviliza.

Alguna vez el diputado socialista Camilo Escalona sostuvo: "Tenemos que abandonar toda actitud vergonzante hacia las imperfecciones estructurales de la transición y dejar de mostrar como avance lo que no lo es y como consenso aquello que tampoco resulta ser consenso. Hay que superar la actitud que hace de la necesidad virtud. Hay que dejar de lado las ambigüedades y donde existe divergencia y conflicto, reconocerlo y ser capaces de tratar las diferencias para superarlas. Más aún cuando la Concertación todavía no ha concluido la tarea que le dio razón de ser, vale decir la reimplantación cabal de la democracia en Chile sin tutelas ni cortapisas de ninguna especie".

Esa gran tarea sigue pendiente. Y ella solamente puede ser cumplida por el conjunto del pueblo a través de la convocatoria a una Asamblea Constituyente que elabore la nueva Constitución para ser ratificada en un plebiscito que exprese la soberanía popular