Líbano: Estados Unidos huye de sus responsabilidades

El miércoles 12 de enero de 2011, mientras el presidente de Estados Unidos Barack Obama recibía en la Casa Blanca al primer ministro libanés Saad Hariri, 11 ministros libaneses renunciaban a sus cargos, provocando así la caída del gobierno. Más que para el propio Saad Hariri, se trata de una evidente bofetada para Obama.

El rediseño del Medio Oriente ampliado

Para entender lo que está sucediendo, es conveniente comenzar por situar este inesperado hecho en el contexto general de la resistencia de los pueblos del Medio Oriente al proyecto estadounidense de rediseño de esa región.

El 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos atribuyó los atentados que estaba sufriendo a un grupúsculo islamista oculto en una cueva afgana, ese país declaró la «guerra de civilizaciones». Contrariamente a lo que aconsejaban estrategas como Zbignew Brzezinski –favorable al uso de los musulmanes contra Rusia y China– y ciertas firmas petroleras –favorables a una masiva presencia militar en África y en el Caribe con vistas a controlar los campos petrolíferos del siglo 21–, los seguidores de Leo Strauss impusieron el mundo musulmán como blanco. En efecto, según el punto de vista de los seguidores de Leo Strauss, la única «amenaza revolucionaria» capaz de extenderse por el mundo y de dañar al imperialismo global es un resurgimiento de la revolución khomeinista.

Washington decidió entonces posicionar sus tropas en Afganistán y en Irak para apresar a Irán en una tenaza. Trató posteriormente de destruir a los aliados militares de Teherán: Siria y el Hezbollah libanés. Finalmente, se le ocurrió arrasar Irán y acabar con sus 70 millones de habitantes. Ya eliminada toda forma de resistencia, lo siguiente sería desmantelar los Estados de la región y rediseñarlos en base a criterios étnicos, consagrando así la Pax Americana.

Pero ese grandioso plan fracasó desde el comienzo mismo. El mayor ejército del mundo resultó ser incapaz de controlar Afganistán e Irak, a pesar de haber logrado ocupar ambos países. Más tarde, el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri y la llamada “revolución del cedro” no bastaron para provocar la guerra con Siria, ya que el gobierno de Damasco retiró oportunamente sus fuerzas de paz estacionadas en el Líbano desde el fin de la guerra civil libanesa.

Washington dejó entonces el problema en manos de Tel Aviv. En el verano de 2006, Israel atacó el Líbano, arrasó el sur de ese país con una lluvia de bombas nunca vista desde la guerra de Vietnam. Pero no pudo destruir al Hezbollah ni provocar la guerra con Siria. Contra todos los pronósticos, lo que sucedió fue exactamente lo contrario: el Hezbollah logró mantener a raya al ejército más sofisticado del mundo y Siria no tuvo que intervenir en los combates.

Obligado a poner en marcha su Plan B, Estados Unidos tuvo que recurrir a la supuesta justicia internacional.

Papel del Tribunal Especial para el Líbano en la estrategia de Estados Unidos

A la Comisión investigadora internacional sobre el asesinato de Rafik Hariri se le encomendó la misión de acusar al presidente sirio Bachar el-Assad, para así abrir el camino a una guerra que el Pentágono hubiese emprendido con el pretexto de ponerlo a la disposición de la justicia internacional.

La dirección de la Comisión investigadora estaba en manos de dos agentes altamente confiables: los alemanes Detlev Mehlis y Gerhard Lehman. Estos últimos lograron ocultar el papel de su propio país en el asesinato de Rafik Hariri, pero no pudieron inculpar al presidente el-Assad ya que los servicios secretos sirios desenmascararon a los falsos testigos de la ONU.

Pasando entonces al Plan C, Washington renunció a la idea de destruir Siria antes de atacar Irán y reajustó su dispositivo para actuar a través de los mecanismos del sistema. Conformó un Tribunal Especial para el Líbano, encargado ahora de acusar al comandante de la Fuerza Al-Quod (unidad de los Guardianes de la Revolución iraníes que entrena a los combatientes antiimperialistas en Líbano, Palestina y otros lugares), al general Kasem Soleimani y al Guía Supremo de la Revolución Islámica, el ayatola Ali Khamenei. Esta acusación judicial había que coordinarla con la acusación política del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre la fabricación secreta de una bomba atómica.

Para presidir este tribunal tan especial se designó al italiano Antonio Cassese, hasta entonces consejero jurídico de los Muyahidines del Pueblo, un grupo armado que ha reclamado para sí la autoría de miles de asesinatos políticos perpetrados en Irán por orden de Estados Unidos.

La táctica de este tribunal tan particular y de su fiscal general consistía en acusar al ex jefe militar del Hezbollah, Iman Mugniyeh (asesinado por el Mossad), y a su familia para después poner en tela de juicio a sus superiores jerárquicos, no en el seno del Hezbollah, sino en el seno de su dispositivo de entrenamiento militar, o sea al general Soleimani y al Guía Supremo Ali Khamenei. El Pentágono y el ejército israelí atacarían entonces un Irán debilitado por la adopción de sanciones internacionales, supuestamente para poner a los sospechosos a la disposición de la justicia de la ONU.

Debido a una razón puramente técnica, el acta de acusación debía publicarse antes de la expiración del ejercicio presupuestario del Tribunal Especial para el Líbano correspondiente al año 2010 (en realidad antes de terminar enero de 2011). Una conferencia de prensa con ese fin estaba prevista para el sábado 15 de enero, en la sede del Tribunal en La Haya. Fue ese calendario lo que precipitó la crisis.

Reacciones ante el Tribunal Especial para el Líbano

En aras de evitar la guerra programada, Siria, Arabia Saudita, Qatar e Irán decidieron acallar sus divergencias y unir sus esfuerzos para hacer entrar en razón a Washington. El objetivo era convencer a la administración Obama para que abandonara el plan trazado por su facción más extremista y ofrecerle una salida honorable.

Para ello, el presidente Bachar el-Assad, el rey Abdalá ben Abdelaziz Al Saud, el emir Hamad ibn-Khalifa al-Thani y el presidente Mahmud Ahmadinejad viajaron sucesivamente a Beirut. Cada uno de ellos exhortó a los partidos y comunidades sobre los que tienen alguna influencia a asfixiar al Tribunal Especial para el Líbano negándose a renovar su presupuesto y retirando de él a sus jueces libaneses. El Tribunal no se disolvería por ello. Habría sobrevivido, sólo en los papeles, pero caería en un profundo letargo.

Pero la administración Obama rechazó la salida que se le dejaba. Al no disponer de un nuevo plan de repuesto en lugar del de los seguidores de Leo Strauss, el presidente estadounidense envió a su secretaria de Estado Hillary Clinton a que anunciara a las capitales interesadas que el Tribunal Especial para el Líbano continuaría su misión hasta el fin. La secretaria de Estado dejó entrever, sin embargo, que la administración Obama se conformará en un primer momento con aislar a Teherán y a sus aliados y que no tiene previsto atacar Irán a corto plazo. Se pide entonces a cada cual que aplique las sanciones de la ONU y que se prepare para reforzarlas.

La crisis

En aquel momento, ya en Washington se estaban frotando las manos porque los partidarios de la paz se encontraban en un callejón sin salida. Cuando el semanal alemán Der Spieguel y la televisión canadiense anunciaran la inminente inculpación de la familia de Imad Mugniyeh, toda acción política del Hezbollah y sus aliados contra el Tribunal Especial para el Líbano sería presentada como una confesión de culpa. Para recuperar su margen de maniobra, Sayyed Hasan Nasrallah decidía entonces publicar imágenes filmadas por los drones [Aviones teledirigidos sin piloto. NdT.] israelíes e interceptadas por su organización. Las imágenes demuestran que Israel preparó el atentado contra Rafik Hariri. Esas revelaciones no bastaban, sin embargo, para exculpar al Hezbollah ya que no permiten determinar si fue efectivamente el Estado hebreo el que realizó o no la operación.

La publicación de nuestra investigación en la revista rusa Odnako, el semanario de las élites políticas rusas, modificó la situación. Ya que la nueva arma utilizada en el crimen era de fabricación alemana, nuevamente resultaba imposible sospechar ni del Hezbollah ni de Irán. Como consecuencia de lo anterior, se invierten los factores de la ecuación: ya no es posible seguir acusando al Hezbollah de luchar contra el Tribunal Especial para el Líbano para evadir sus propias responsabilidades.

Convencido por nuestros argumentos y con el apoyo del rey Abdalá I, el primer ministro libanés Saad Hariri estaba dispuesto a negociar una solución favorable a la paz. Pero la hospitalización del rey en Estados Unidos debilitaba su autoridad. Su medio hermano y sucesor designado, el príncipe Sultan, y su sobrino, el príncipe Bandar, parecían estar en posición de ejercer rápidamente el poder y de imponer su propia línea proestadounidense. Saad Hariri prefería entonces marcar cierta distancia en relación con el monarca de Arabia Saudita y alinearse con la posición estadounidense.

El martes 11 de enero, el rey Abdalá renunciaba, en Nueva York, a la mediación que ya había emprendido anteriormente ante el presidente sirio. Inmediatamente, la coalición libanesa 8 de Marzo exigió que Saad Hariri aclarara urgentemente la situación, mientras le exigía también que retirara a los jueces libaneses [del Tribunal Especial para el Líbano], que se negara tanto a seguir financiando ese tribunal como a mantener la colaboración con él y le reclamaba además que los falsos testigos comparecieran ante la justicia libanesa. Con la mayor discreción, se realizó una reorganización de los servicios de seguridad del Estado (que dependen del presidente libanés, el general Michel Sleimane). Ante la ausencia de respuesta por parte de Saad Hariri, las acciones de sus empresas perdieron en pocas horas el 9% de su valor en la Bolsa.

El miércoles 12 de enero, en Beirut, los 10 ministros de la coalición 8 de Marzo (entre los que se cuentan sólo 2 miembros del Hezbollah) presentaban su renuncia, mientras que Hariri se reunía en Washington con el presidente Obama, renuncia a la que se sumó otro ministro más, cercano al presidente Sleimane, llevando así a 11 el número de ministros que dimitían. El gobierno libanés se disolvía por falta de quórum.

¿Existe un Plan D?

Lógicamente, el Tribunal Especial tendría que publicar en poco tiempo, quizás el sábado, su acta de acusación. Pero, al no disponer ya de presupuesto a fin de mes, tendría por lo tanto que trabajar de gratis o poner fin a sus trabajos.

En Occidente, donde los argumentos de la oposición se censuran totalmente, la opinión pública tendría que creer en la culpabilidad del Hezbollah y en el deseo estadounidense de hacer prevalecer la justicia. Pero en el Medio Oriente ya nadie cree en eso: Estados Unidos e Israel manipulan el Tribunal Especial para el Líbano, esconden la verdad y utilizan el Tribunal para justificar una guerra generalizada en la región. Al haber perdido su legitimidad, Washington no puede esperar ningún tipo de apoyo en el Medio Oriente, fuera del que puedan aportarle sus asalariados. No queda más remedio que pasar al Plan D. Pero, ¿existe un Plan D?