La política de bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, más recrudecida en los últimos años, especialmente en su variante financiera, no muestra signo alguno de solución definitiva.
Esto, a pesar de la presión de la opinión pública internacional, de diversas organizaciones mundiales, y de la mayoría de norteamericanos e instituciones académicas de ese país, que exigen el cese definitivo de ese criminal y extraterritorial cerco.
Aun cuando el presidente Barack Obama ha adoptado algunas medidas de flexibilización, como la posibilidad de viajar a la Isla, o el envío de remesas y paquetería, en esencia el núcleo duro del bloqueo continúa vigente.
Las leyes y disposiciones administrativas que conforman esa política, se mantienen con el gobierno del actual inquilino de la Casa Blanca, insistieron especialistas del Ministerio cubano de Relaciones Exteriores (MINREX).
Prueba reciente es el énfasis que puso la administración Obama, el pasado 2012, en perseguir y limitar las transacciones bancarias de Cuba en el sistema financiero internacional.
También en ese año se produjo un estancamiento total de la aprobación de nuevas licencias para viajar a la Isla o de la renovación de las ya otorgadas, por presiones de la derecha anticubana.
A causa de esas pulseadas, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) se ha visto obligada a ajustar las medidas de la administración Obama.
La Ley de Reformas a las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones, del año 2000, aunque aprobó la venta de productos agrícolas, prohibió los viajes de estadounidenses a Cuba.
No obstante, 12 categorías quedaron a disposición del Presidente, quien tiene la facultad de exceptuar o no, por ejemplo, los viajes por funciones académicas, religiosas y otras.
Dispone además, aclararon los especialistas del MINREX, de prerrogativas para modificar sustancialmente algunas restricciones impuestas por la ley Helms-Burton, que obliga a tener implementado un programa de sanciones contra la Isla para limitar su comercio, hasta tanto no exista una “Cuba democrática”.
Tal es el caso de la acentuada y estricta persecución financiera, para dar seguimiento a las transacciones del país caribeño en el exterior, que alcanza, incluso, a empresas y bancos líderes en el mundo, sancionadas con multas millonarias.
Cifras aproximadas hablan por sí solas. En el 2009, el total de las multas fue de más de 540 millones de dólares; en 2010, de 800 millones 700 mil; en 2011, aunque hubo una reducción alcanzó los 89 millones; y en el 2012 fue de mil millones de dólares.
Fueron perjudicadas, por ejemplo, la holandesa Philips, empresa de electrónica, la naviera francesa CMA CGM, la aseguradora estadounidense Metropolitan Life Insurance Company, y la corporación sueca Ericsson, dedicada a las comunicaciones y la telefonía móvil.
Multas aplicadas por violar las sanciones unilaterales impuestas por EE.UU. a varios países, entre ellos Cuba, que tienen el propósito de enviar un aviso de escarmiento y amenaza a otras compañías y se abstengan de realizar transacciones comerciales y financieras, a fin de debilitar las economías nacionales de esos Estados.
Y aunque hasta el momento no se prevé que haya un retroceso en la aplicación extrema de esa arcaica política, al estilo del ex presidente George W. Bush, tampoco se vislumbran en el horizonte cambios significativos que indiquen un relajamiento de la actitud de EE.UU. hacia la Isla.
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