Renace el autoritarismo al servicio de los beneficios de las élites

En la desnortada Europa huele mucho a despotismo y, desde antes de la crisis, se pretende convertir la democracia en un decorado o, cuanto más, una liturgia simbólica en la que la gente no pinte nada. ¿Qué otro significado dar a la declaración del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, tras el triunfo del no a la austeridad en Grecia, de que “no puede haber ninguna elección democrática contra los tratados europeos”? ¿Los tratados europeos son intocables como la Biblia para los cristianos?

Hoy, como en la década de 1930, renacen el miedo y la xenofobia en un mar de incertidumbres, inseguridades, desigualdad y amenazas a los derechos de la ciudadanía. Y, como entonces, también surge el autoritarismo, en ocasiones maquillado, solapado. Ese renacer del autoritarismo empezó hace 3 décadas con el pretexto de la llamada guerra contra el terrorismo, tras el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Entonces Trent Lott, senador de Estados Unidos, dejó claro que en lo que el poder entendía como tiempos de guerra “las libertades públicas se abordan de otra manera”. Y ante tal aserto que expresaba la conducta del gobierno, la jueza del Tribunal Supremo estadunidense Sandra Day O’Connor alertaba al pueblo que “conocería las peores restricciones a sus libertades de toda la historia”. Por desgracia, la predicción se ha cumplido y no sólo en Estados Unidos. La guerra contra el terrorismo, difusa e inconcreta, preparó el terreno para el autoritarismo actual. Autoritarismo que oculta, impone, agrede y disculpa las sistemáticas violaciones de derechos humanos de la gente y prescinde de la ciudadanía. Y cuando se vulneran los derechos de la gente se vacía de contenido la democracia. Como en 2005, cuando el laborista ministro de Interior, Charles Clarke, amenazó con rebajar la Convención Europea de Derechos Humanos en el Reino Unido si los jueces no ajustaban su actuación a la política antiterrorista del gobierno, exigiéndoles no entorpecerla en nombre de los derechos humanos.

Hoy, la minoría rica pretende eliminar lo que considera obstáculos para sus beneficios, como las leyes que protegen los derechos humanos y el medio ambiente. Y esa eliminación de obstáculos se perpetra con actuaciones autoritarias. ¿Qué buscan los tratados bilaterales de comercio e inversión TTIP, CETA, TISA, TTP? Que nada se oponga a sus beneficios. Y lo hacen con los llamados mecanismos de presunta regulación de conflictos con los Estados, fuente de ingresos por medio de demandas multimillonarias contra los gobiernos cuando las corporaciones crean que perjudican sus beneficios. Pero también son medio de extorsión para evitar que los gobiernos actúen a favor de la gente y del medio ambiente por temor a esas demandas. En realidad son una patente de corso para que la minoría rica haga lo que le dé la gana en su búsqueda de ganancias.

Como ha escrito Eduardo Subirats, “el poder financiero se concentra en pocas manos, en un puñado de corporaciones que impone el autoritarismo del Estado a su servicio con la naturalidad de la voluntad divina”. No es casual que renazca el autoritarismo. Es la herramienta de la minoría al servicio de sus beneficios.