Desde 2014, las fuerzas de seguridad ucranianas vienen realizando operaciones militares en el territorio de Dombás. Durante los casi ocho años transcurridos desde entonces, las autoridades y las unidades paramilitares ucranianas se han dedicado de hecho a aniquilar a la población civil de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Luhansk y Donetsk.

Los incesantes disparos de artillería de gran calibre, morteros y lanzagranadas y de armas pequeñas les han costado la vida a miles de personas, incluidos ancianos y niños. En otros casos, la vida de las personas se ha visto truncada para siempre por las graves lesiones sufridas, como le sucedió a Vanya Voronov, que sobrevivió milagrosamente a la explosión de un proyectil. Se trata de personas (ni que decir tiene en el caso de los niños) que no participan en el conflicto armado, lo cual es también evidente para los propios soldados ucranianos que disparan con toda precisión contra edificios residenciales, escuelas, hospitales, casas de cultura, centros de servicios públicos esenciales y medios de transporte público. Sin embargo, las autoridades oficiales ucranianas no prestan atención a estos tiroteos despiadados ni ofrecen garantías de seguridad a la población civil; antes bien, ignoran de hecho este problema y promueven los actos ilícitos de su personal militar, en contravención de los acuerdos concertados a nivel internacional.

El Comité de Investigación de la Federación de Rusia, que reúne todos los requisitos jurídicos necesarios, lleva investigando desde 2014 cientos de crímenes de terrorismo y extremismo contra la paz y la seguridad de la humanidad perpetrados durante el conflicto armado. Sobre la base de los hechos documentados, se han abierto 467 causas penales relativas a los acontecimientos ocurridos en Ucrania y Dombás. Entre los inculpados se encuentran representantes de la cúpula militar y política de Ucrania, miembros de las asociaciones nacionalistas radicales Pravi Sektor y Cuerpo de Voluntarios Ucranianos, miembros del batallón Azov y todos los implicados en estos crímenes.

En las investigaciones se determinó que desde abril de 2014 Ucrania ha estado bombardeando zonas pobladas en las dos repúblicas autoproclamadas, para lo que ha utilizado sistemas de misiles tácticos Tochka U, sistemas de lanzamiento múltiple de misiles Grad y Uragan, misiles aéreos no guiados y otros tipos de armas ofensivas pesadas de efecto indiscriminado y con propiedades altamente dañinas, así como armas pequeñas y armas ligeras. Como resultado, miles de civiles murieron o fueron heridos, y más de 2.200 instalaciones de infraestructura civil fueron destruidas total o parcialmente.

La principal causa de las muertes de civiles fueron el lanzamiento de proyectiles explosivos y el fuego de armas pequeñas y armas ligeras por parte de las fuerzas gubernamentales ucranianas.

 

En total, durante la investigación se interrogó a más de 146.000 personas, y más de 22.000 personas, entre ellas unos 2.500 menores, quedaron reconocidas como víctimas. Ya se ha procesado en rebeldía a 103 personas por crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad cometidos durante el conflicto armado, entre ellos el ex Ministro del Interior ucraniano, Arsen Avakov, el exgobernador de la provincia ucraniana de Dnepropetrovski, Ihor Kolomoyski, y los comandantes de brigada y otros miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania que abrieron fuego contra la población civil.

Además de utilizar medios y métodos de guerra prohibidos, las fuerzas de seguridad y los representantes de las autoridades de Ucrania asesinaron a periodistas rusos, al defensor de los derechos humanos Andrey Mironov y al ciudadano italiano Andrea Rocchelli, realizaron llamamientos públicos en favor de una guerra de agresión y cometieron, entre otros, delitos de secuestro, obstrucción de las actividades legales de los periodistas, tortura, incitación al odio o la hostilidad.

Por ejemplo, se han constatado secuestros de ciudadanos rusos en territorio ucraniano realizados por miembros de una organización criminal en los que también intervinieron agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania. Los secuestros obedecían al propósito de intercambiar a las personas secuestradas por militares ucranianos o mutilarlas, y someter a la población civil del sureste de Ucrania a torturas, tratos crueles y hostigamiento.

Además, se dictaron sentencias contra Nadiya Savchenko, que fue declarada culpable de asesinar a periodistas rusos y de cruzar ilegalmente la frontera estatal de la Federación de Rusia, y contra Serguei Litvinov, declarado culpable de asaltar a mano armada a un ciudadano ruso en el territorio de Ucrania. Asimismo, se emitieron sentencias contra otras personas juzgadas en rebeldía. Se han documentado 21 casos de ataques a las oficinas diplomáticas de la Federación de Rusia en Kiev, Járkov y Lvov y de obstrucción del derecho de sufragio de los ciudadanos rusos en el territorio ucraniano. En relación con esos delitos, se ha conseguido identificar a 25 personas implicadas, entre ellas, los exdiputados de la Rada Suprema Andrei Lozovoi y Volodymyr Parasyuk. Sigue en marcha la labor de identificación de los demás atacantes.

Las pruebas obtenidas durante las investigaciones de determinación de los hechos también se utilizan para conformar la posición del Estado en diversos tribunales internacionales. La demanda que la Federación de Rusia ha interpuesto contra Ucrania ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se basa en las copias de los expedientes penales transmitidos por el Comité de Investigación en relación con el genocidio de la población rusoparlante de Dombás, los ataques a las instituciones rusas, los ataques de artillería en la provincia de Rostov y los asesinatos y otros actos violentos contra periodistas.

Con la ayuda del Comité de Investigación de la Federación de Rusia, las asociaciones rusas de abogados han tramitado más de 39.000 expedientes, a partir de los cuales se han preparado y enviado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos unas 7.500 denuncias de víctimas de la actuación de las autoridades ucranianas. El importe total de la suma que se reclama en las denuncias sujetas a indemnización es de más de 350 millones de euros.

Estos actos ilícitos no quedarán impunes y, tarde o temprano, todos los responsables de estos delitos deberán responder ante la ley. Es posible que la criminalización de las mentes de sus ciudadanos sea algo aceptable para los órganos encargados de hacer cumplir la ley y las autoridades de Ucrania; no obstante, el Comité de Investigación de la Federación de Rusia no se quedará de brazos cruzados ante los atropellos que están teniendo lugar. Los investigadores seguirán recopilando pruebas de la culpabilidad de todos los implicados en los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad y contra los ciudadanos rusos.

El Comité seguirá tomando todas las medidas posibles para imponer penas a los responsables de los crímenes cometidos en el territorio de Donetsk y Luhansk.

El Comité de Investigación de la Federación de Rusia, en cuanto garante de que se hará comparecer ante la justicia a los autores de estos actos, seguirá respondiendo a todos los hechos ilícitos cometidos de manera proporcional a la amenaza que representan para la sociedad.