El 1 de julio, en Santafe de Ralito, municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, escenario que puede considerarse la cuna y el epicentro de la segunda “generación” del paramilitarismo, se instaló de manera formal la mesa de diálogo entre el gobierno del presidente Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La instalación de la mesa tuvo como antecedentes la discusión sobre la concentración de las AUC, el marco jurídico, el cual fracasó en dos ocasiones -el proyecto de ley de Alternatividad Penal en agosto de 2003 y el proyecto de Verdad y Reparación en mayo de 2004- y las lógicas del tipo de proceso a adelantar. Estas oscilan entre el sometimiento a la justicia, que por momentos pareciera caracterizar al equipo negociador del Gobierno y una agenda amplia de temas propuestos por las AUC, emulando a la guerrilla, temas que deberían ser tratados y concertados entre las partes.
Sin embargo, la desconfianza y las dudas en cuanto al proceso de negociación con las AUC se evidenciaron en el acto de instalación, debido a que hubo poca participación de la comunidad internacional mientras que los invitados nacionales fueron cerca de dos mil.
Visita al Congreso
Por iniciativa de las parlamentarias Rocío Arias y Eleonora Pineda, los jefes de las AUC, Salvatore Mancuso y Ernesto Báez, principales dirigentes de las dos agrupaciones de Autodefensa que llevan la batuta en este proceso -El Bloque Norte y el Bloque Central Bolívar- asistieron al Congreso de la República. Allí intervinieron ante la plenaria y expusieron sus pretensiones: ni un día de cárcel, defensa sustancial de sus economías, constitución de movimientos políticos y una exigencia de gratitud y reconocimiento por parte de la sociedad colombiana «por los servicios prestados a la defensa de las instituciones».
Ante tal show mediático, se levantaron voces de censura. La respuesta más significativa en el Congreso fue cuando Iván Cepeda se puso de pie y en completo silencio mantuvo en alto la fotografía de su padre Manuel Cepeda Vargas, Senador de la Unión Patriótica asesinado por las autodefensas en julio de 1998. Este fue un mensaje contundente para los jefes de las AUC, quienes se dirigían con discursos categóricos y desafiantes en el recinto. Ellos son dos de los más importantes dirigentes de una fuerza que ha ejercido con saña y sin medida la violencia contra miles y miles de colombianas y colombianos, perpetrando sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Pero las reacciones contra la participación de Mancuso y Báez en el Congreso fueron múltiples. Por ejemplo, fueron significativas las reacciones de Rafael Pardo y Ginna Parody, parlamentarios uribistas que criticaron duramente el acontecimiento porque consideraban que las AUC no merecían semejante premio.
La exposición en el Congreso hizo notar de nuevo, las amplias aspiraciones de las AUC de ser fuerza política legal -por que ya son una fuerza política con un importante asentamiento local, regional y nacional- y de romper con las elites que han utilizado su accionar y que hoy pareciera querer desconocer al «frankenstein» que ayudaron a criar, lo cual no deja de ser la carta bajo la manga, que los jefes de las autodefensas con alguna periodicidad enuncian como mecanismo de presión.
«Gordo lindo» y el blanqueo narco
La presencia de narcotraficantes o mejor, del carácter narcotraficante de las AUC es pan de cada día. Dieciocho dirigentes plenamente identificados están pedidos en extradición por Estados Unidos. Es conocido que el gran tema que permitió la expansión y consolidación de un ejército de 20 mil hombres es su estrecha relación con el tráfico de drogas. Esta sombra de dudas y certezas ronda no como fantasma, sino que se encarna en figuras como Francisco Zuluaga, más conocido como «gordo lindo», quien está pedido en extradición y que pertenece a los «paramilitares de último momento», los cuales ven en esta mesa de negociación su posibilidad de legalizarse y evadir la «espada de Damocles» que pende sobre sus cabezas y que se llama extradición a Estados Unidos.
Semana a semana el tratamiento de los temas de negociación cambia, debido a los hechos coyunturales que los afectan: bien sea por que el Gobierno autoriza la extradición de un supuesto jefe paramilitar, que supuestamente está en la zona de Santafe de Ralito o porque se detiene algún narcotraficante, pedido en extradición y se le encuentra evidencia de estar tramitando su ingreso a la zona. Los «gordos lindos» merodean y ponen el debate sobre la ecuación: «todo el paramilitarismo es narco, así no todos los narcos sean paras», que algunos analistas de los temas de drogas y narcotráfico con frecuencia nos recuerdan.
Narcotráfico y extradición son dos grandes variables que siguen pendiendo como una carga pesada que aún no se sabe como tramitar, pero que sin lugar a dudas, se deberán mencionar en una perspectiva de superación del paramilitarismo.
Fredy Arias
Fredy Arias era un dirigente de la etnia de los Kankuamos, quienes habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los ecosistemas más deslumbrantes del país. Este dirigente fue asesinado en la primera semana de agosto en Valledupar, cuando regresaba de denunciar la violencia que ejercen paramilitares y guerrilleros sobre las comunidades indígenas. Arias es otra víctima, de las mil doscientas que organismos de derechos humanos han contabilizado, como crímenes perpetrados por las AUC, desde el 29 de noviembre de 2002, fecha en que las AUC declararon un cese de hostilidades. La Defensoría del Pueblo, presentó un informe sobre 342 casos de violación al cese de hostilidades, que no cubre el conjunto del territorio nacional -el informe fue elaborado sobre el reporte de 10 departamentos y no de los 28 departamentos donde actúan las AUC-. Las denuncias de comunidades, organismos oficiales, la misma oficina del Alto Comisionado de Paz, el Sr. Vicepresidente, las Naciones Unidas coinciden en que las violaciones continúan, son pan de cada día, pero los efectos son nulos en el sentido de lograr un real cese de hostilidades.
OEA: la verificación es imposible
La OEA en las voces del Secretario General saliente, César Gaviria y el Coordinador de la Misión para Colombia, Sergio Caramagna manifestaron que el papel de verificación del cese al fuego y de hostilidades es técnicamente imposible. Ellos respondieron a los señalamientos que hizo el Gobierno colombiano al organismo por no lograr «meter en cintura» a las AUC en el compromiso fijado por el presidente Uribe, como prerrequisito para cualquier diálogo con grupos armados -cese al fuego y de hostilidades-. Este hecho puso en evidencia, luego de diez meses de iniciada su labor, como único organismo internacional que participa de este complejo proceso, la precariedad de la capacidad de la OEA para el enorme reto que significa cumplir un papel de verificación de unos compromisos en extremo complejos.
Guerra entre autodefensas
Martín Llanos, jefe del Bloque Centauros con presencia en los departamentos de Meta y Casanare fue asesinado por sus propios hombres, de manera similar ocurrió con Carlos Castaño en abril de 2004. Son constantes los rumores de campañas de aniquilación internas en las autodefensas, bien sea para ocultar información, controlar desajustes internos e indisciplina o como en los casos de Castaño y Arroyave por posiciones divergentes sobre este proceso.
El ambiente de Santafe de Ralito, no sólo es pesado por las altas temperaturas tropicales, sino por que los señores de la guerra que allí se encuentran desconfían unos de otros. La desconfianza es la moneda de mayor circulación y es evidente que esto no es sólo por la procedencia Siciliana de algunos protagonistas, sino que está en la médula y la constitución de las AUC, una federación donde lo mafioso y los intereses particulares priman de manera importante.
Los medios destapan
El primer fin de semana de septiembre los principales diarios y semanarios se vinieron con un “bloque” de información que impactó en la opinión publica: las AUC estaban más fuertes que nunca, seguían en el negocio del narcotráfico; sus vínculos con sectores políticos eran fluidos; mantenían sus finanzas, no sólo a punta de coca y de extorsión, sino que incursionaron en los recursos de la salud y del conjunto de obras públicas en los territorios donde son amos y señores. En fin, hacían y deshacían, al punto que en la reunión convocada por la Embajada de Estados Unidos en Cartagena, para analizar la dinámica de la guerra, una buena parte de los asistentes, todos ellos muy representativos e influyentes en sectores gremiales, de medios y políticos coincidieron en levantar su voz de alarma sobre el «desmadre» del paramilitarismo.
Los medios de comunicación levantaron en su trabajo periodístico con base en los pronunciamientos hechos en la reunión de Cartagena, convirtiéndose en los veedores de un proceso que está huérfano de controles, al punto que se acuñó la frase: «más verificación hace la Revista Semana que la OEA», en relación con una de las publicaciones que viene jugando un destacado papel en el cubrimiento de este proceso.
¿Y la comunidad internacional qué?
Estados Unidos sigue vigilante, tiene sus cartas de extradición tramitadas y aspira a obtener buenos réditos en su lucha contra el narcotráfico. La Unión Europea se involucra, pero con reservas, salvedades y exigencias. La OEA no tiene cabeza para Colombia, está sumida en su crisis tras la renuncia de su recién posesionado Secretario General y la ONU se mantiene a una distancia prudente.
El conductor del corazón grande y el pulso firme
La administración del presidente Uribe, que se autodefine como de «corazón grande y pulso firme» tiene una gestión que desconcierta, por decir lo menos, trata de aplicar un modelo de negociación que no es agenda abierta como lo pretenden las AUC, pero tampoco es sometimiento a la justicia. Falta estrategia dicen unos, no hay claridad, dicen los otros, en fin, algunos retratan el desempeño del Gobierno, en cabeza de su Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo como la del conductor de Camión, que viene transitando por una pendiente sin frenos, pero que tiene la firme convicción de poder llevar su vehículo a buena estancia, no importan las curvas y los obstáculos. Así se percibe la gestión de un consejero, que sin marco jurídico, sin cese del fuego ni hostilidades, sin concentración, sin claridades sobre narcotráfico y extradición, persevera en que esta negociación va para adelante, sin importar el cómo ni con quién.
En este proceso están en juego las posibilidades del fortalecimiento o del debilitamiento del Estado Social de derecho, de las condiciones para el ejercicio de la política sin armas, de la atención a los cientos de miles de personas y comunidades afectados por la acción de la autodefensas. Esperemos que en los ciento veinte días por venir el conductor del camión conduzca con buen tino, sobre todo con frenos y buen trato con los pasajeros, quienes en últimas somos los que no queremos cualquier destino y mucho menos estrelladas y quizás caídas en mayores precipicios, a los que el desgobierno nos ha conducido.
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