Las discusiones entre las dirigencia de las AUC y el presidente, que han llevado incluso a la suspensión de las desmovilizaciones, tienen razones de fondo.
Desde el día en que Diego Fernando Murillo, Don Berna, fue detenido y trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita y luego a la de Itagüí, se abrió un “pulso”, entre la administración del Presidente Alvaro Uribe y el grupo que hoy lidera las AUC.
La temperatura ha subido a su punto máximo cuando el Presidente, en tono enérgico y de manera pública, conminó a la Fuerza Pública a detener a los lideres paramilitares que hagan política sin previa desmovilización y definiciones sobre su situación jurídica, y en anterior alocución había exigido el cumplimiento del acuerdo de Santa Fe de Ralito de junio de 2003 donde se estableció como fecha máxima para culminar la desmovilización del conjunto de la fuerza paramilitar el 31 de diciembre del año en curso, ante el congelamiento de las desmovilizaciones por la detención de Don Berna.
Están claras las motivaciones que han llevado a las partes a “trazar la raya”, de la cual aspiran a no moverse: extradición y ejercicio de la política son los dos temas que están en disputa en estos momentos.
Las AUC aspiran, con sobradas razones, a tener garantías jurídicas y políticas de que no se les aplicará el mecanismo de extradición, el cual pesa como “espada de Damocles”, sobre las cabezas de un importante grupo de líderes paramilitares. Y sobre el segundo punto, el ejercer política “monda y lironda”, igualmente las aspiraciones chocan, porque todo parece indicar que el “recambio” de liderazgos políticos que las fuerzas paramilitares pretenden en buena parte del territorio nacional, los enfrenta con el Partido Liberal y lo que se ha dado en denominar el “Uribismo Urbano” -por ejemplo Germán Vargas Lleras con Cambio Radical y Juan Manuel Santos con el Partido de la U-. Son entonces dos temas enormes los que enfrentan a las AUC con el Presidente Uribe, y aunque en la opinión pública pareciera haber la sensación de que es una “farsa”, (según una encuesta de la Revista Semana, que a la pregunta “Cree que la pelea de Uribe con las AUC es:” le da a esta denominación una opinión del 66.3%, contra un "normal" de 20.3% y un "Muy grave" de 13.3%), lo cierto es que las aspiraciones de las AUC y el Presidente Uribe sí están en distancias importantes.
El Presidente Uribe no puede dar ninguna garantía jurídica en un tema que lo confronta directamente con la administración Bush y es de alta sensibilidad en Washington. En el tema de la extradición nada puede el Presidente ofrecer más allá de su palabra de que no extraditará a quienes se mantengan en el cumplimiento de los acuerdos, respeten la ley y no perturben la vida social, política y económica de Colombia, situación harto complicada porque todo parece indicar que la vocación de las fuerzas paramilitares es la perturbación, evidenciada en un propósito de consolidar sus poderes económicos, sociales y políticos, no actuando de manera civilista, sino recurriendo a la intimidación y a la acción violenta cuando se considere pertinente.
Las fuerzas paramilitares están ante el más importante dilema de toda su historia: se “someten” al estado de derecho y se aplican en un proceso de rectificaciones que los aleje de la intimidación, las prácticas mafiosas, la captura ilegal de rentas, y los lleve al respeto del pluralismo político y el acometer una agenda de verdad, justicia y reparación a fondo, o se mantienen en las zonas grises de la acción ilegal y de esa manera acercan sus pasos a la justicia norteamericana.
Se dice que los Estados Unidos esperan de manera paciente para juzgar en sus tribunales a los que consideran que tienen deudas pendientes. Los paramilitares, deben entonces ganarse la confianza de amplios grupos de la sociedad colombiana que estarían dispuestos a defender unos acuerdos si éstos nos acercan a la paz y a una sociedad de derecho, con inclusión y respeto por los derechos humanos. Igual hacia el futuro se deberá transitar ese camino con las guerrillas de las FARC y el ELN, pero todo parece indicar que lo que cunde en importantes sectores de la sociedad colombiana es la censura y la crítica a un proceso que se ve como poco transparente, ¿o qué otra cosa se evidencia en las voces de César Gaviria y Juan Camilo Restrepo, connotados dirigentes del Partido Liberal y el Partido Conservador respectivamente, que semana a semana presentan críticas y solicitan rectificaciones al Presidente Uribe, frente al proceso con las AUC?.
Cómo se desenvolverá esta crisis está por verse, de momento las dirigencia paramilitar se mantiene en la “dura” y anuncia que se pueden tornar en “subversivos”, afirmación más bien grandilocuente de Ernesto Báez, pero lo cierto es que el “pulso” esta en marcha y hay que estar atentos a los desarrollos de esta situación en las próximas semanas, dos temas demasiado sensibles; política y garantías de no extradición.
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