El diario australiano The Age informa sobre el debate que estremece al país después que los profesores de Derecho Mirko Bagaric y Julie Clarke publicaran un artículo justificando legalmente el empleo de la tortura en la guerra contra el terrorismo. Sus detractores, sin embargo, no revelan que estos argumentos no son originales, sino parte de una campaña internacional contra las convenciones de defensa de los Derechos Humanos.
El sitio del departamento de Estado norteamericano anuncia con orgullo en primera página:¡Newsweek se ha retractado! Dicha publicación niega hoy que guardias de la cárcel de Guantánamo hayan arrojado en los servicios sanitarios copias del Corán para resquebrajar psicológicamente a los detenidos. El semanario afirmó que, en fin de cuentas, su fuente no era confiable y se plegó ante las exigencias del Estado político. Se ruega a los ciudadanos que comprendan que este caso está cerrado. En Gulf News, la analista Linda S. Heard expresa su irritación por los desmentidos de Newsweek. De hecho, el artículo del semanario no tenía nada de exclusivo. Algunas ONG como Amnesty International o Human Right Watch, o periodistas de la Associated Press o del Daily Mirror ya habían revelado esas prácticas (y otras) cometidas en Guantánamo. La única diferencia es que Newsweek era el primero de los grandes periódicos estadounidenses en hacerse eco de ello. Lo que resulta chocante no es el artículo en así, pues no revela nada, sino que la redacción se doblegue ante las presiones. Al plegarse a los desiderata de la Casa Blanca, la prensa permite que permanezcan impunes los delitos cometidos por los militares y mercenarios del Imperio. No obstante, para la editorialista neoconservadora Claudia Rosett, no basta con esa sumisión de la prensa. En el Wall Street Journal, recuerda a sus colegas que los medios de comunicación estadounidenses son el centro de la atención general, por lo cual es conveniente que sigan dando continuidad a la propaganda del Estado, que dejen de denunciar los delitos de Guantánamo y se concentren en la denuncia de los futuros adversarios de Washington.
El debate en torno al tratamiento de los prisioneros en la guerra contra el terrorismo también hace furor en Australia. The Age informa sobre los argumentos de cada cual.
El profesor de Derecho Mirko Bagaric resume el artículo que escribió conjuntamente con su colega Julie Clarke en la University of San Francisco Law Review justificando la tortura. Considera que cuando un terrorista es detenido por preparar un atentado, la tortura puede evitar que ese atentado ocurra, permitiendo así salvar vidas. Por tanto, en la lucha contra el terrorismo, la tortura puede concebirse como legítima defensa. Cuando se toman rehenes, la policía está autorizada a matar a esos secuestradores que amenazan la vida de sus prisioneros, pues se considera que la vida de los inocentes es más importante. Por consiguiente, debería permitirse a las fuerzas del orden herir intencionalmente a los criminales con el objetivo de salvar vidas.
_ Al día siguiente de publicarse ese artículo, Sarah Joseph y Marius Smith, del Castan Centre for Human Rights Law de la Universidad Monash, rebatieron esos argumentos. En una investigación, nunca se puede estar seguro de que una persona esté vinculada a un atentado, y la tortura no permite obtener informaciones fidedignas. Además, semejante legalización repercutiría en toda la sociedad: ¿cómo es posible pensar que la creación del profesional de la tortura es un acto neutral? A los dos días de la publicación, el ex primer ministro australiano, Malcolm Fraser, condenó también las tesis de Bagaric y Clarke. Legalizar la tortura representaría un retroceso al cabo de siglos de lucha por los derechos de los detenidos y no aportaría ninguna información nueva, ya que según los especialistas consultados, las informaciones obtenidas bajo tortura son raramente confiables.
_ Ambos críticas, no obstante, pasan por alto un elemento esencial de lo planteado por Bagaric: él no es el autor de lo que escribe, lo único que hace es retomar las tesis de Alan M. Dershowitz, asesor jurídico del gobierno de Sharon y teórico de la tortura legal. No se trata de un debate estrictamente australiano, sino de una campaña internacional contra los Derechos Humanos y contra las convenciones que los garantizan. Al ver sólo los incidentes nacionales de este debate, los defensores de los Derechos Humanos pierden una parte de la magnitud total del problema.
Para Israel y los Estados Unidos, la cuestión nuclear iraní constituye una oportunidad para justificar la modificación de la estrategia nuclear de ambos, al invocar la legítima defensa.
El director del Proyecto Daniel, Louis Rene Beres, pide a Israel en el Washington Times que esté preparado para ripostar contra Irán. Durante demasiado tiempo, Israel ha mantenido una ambigüedad nuclear que hoy ya no le sirve. Es necesario que Tel Aviv muestre claramente su poderío y «saque sus misiles de sus bases». Por su parte, el analista militar estadounidense, William Arkin, se preocupa por las nuevas estrategias de Washington que borran las diferencias entre ataques convencionales y ataques nucleares. En el Washington Post, Arkin exhorta a los ciudadanos a retomar su política de defensa y a promover un debate sobre el papel de la tecnología nuclear.
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