Washington prepara un ultimátum contra la ONU

La administración Bush no ha dejado de repetir, por boca de los periodistas neoconservadores, que no entiende por qué tendría que plegarse al derecho internacional, o sea a las reglas establecidas de forma colegiada, cuando puede tomar cualquier decisión de forma unilateral.

Visto desde Estados Unidos, el mundo es unipolar y su centro está en Washington. La ley del más fuerte no es mala cuando uno mismo es el más fuerte y, además, cree gozar del favor de Dios.

Después de haber sometido a vigilancia electrónica al secretario general de las Naciones Unidas [1], de haber mentido deliberadamente ante el Consejo de Seguridad [2], de haber colonizado Irak [3], la Casa Blanca pone en marcha un plan de destrucción de la ONU.

Move America Forward, movimiento de republicanos seguidores de la administración Bush, ha desatado campañas de publicidad en las cadenas televisivas estadounidenses con el objetivo de desacreditar a la ONU, presentándola como un pilar del terrorismo y de los enemigos de Estados Unidos [4]. Esa asociación pidió el cierre de la sede de Nueva York y la expulsión de la organización.

Después, el president Bush nombró a John Bolton embajador de Estados Unidos ante la ONU [5]. Este «diplomático» adquirió notoriedad por haber lanzado públicamente un llamado a acabar con la organización internacional porque ésta frena la acción estadounidense. Ante la oposición que encontró la nominación de Bolton en el propio seno de las propias filas republicanas, Move America Forward asumió su defensa hasta su confirmación por el Senado.

El Congreso, dominado por los republicanos, no se queda atrás. En diciembre de 2004 votó un crédito de millón y medio de dólares para el Instituto Estadounidense por la Paz (USIP) con vistas a la creación de un grupo bipartidista de trabajo encargado de elaborar un informe sobre el funcionamiento de la ONU.

La ley precisa que los congresistas tomaron esa decisión porque «están profundamente perturbados ante la inacción de las Naciones Unidas en numerosos frentes, como en lo tocante al genocidio en Darfur (Sudán) y las afirmaciones sobre corrupción del Programa Petróleo por Alimentos» [6].

El grupo de trabajo, que debe entregar próximamente sus conclusiones definitivas, se encuentra bajo la presidencia conjunta de Newt Gingrich y el demócrata George Mitchell. Se compone de una decena de miembros entre los que se encuentran el inevitable R. James Woolsey y el general Wesley K. Clark, así como numerosos expertos designados por los seis principales think-tanks [centros de investigación, propaganda y divulgación de ideas, generalmente de carácter político, N del T] que se dedican al asunto [7].

Independientemente de ese diagnóstico, el representante Henry J. Hyde, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, presentó un proyecto de ley. Lejos de tratarse de una iniciativa personal, como afirma la prensa estadounidense, dicho proyecto de ley refleja -según nuestras informaciones- el punto de vista colectivamente desarrollado por los republicanos en el seno del grupo bipartidista de trabajo de la USIP.

Dicha posición común es algo menos contundente si se compara con las propuestas aún más radicales de ciertos miembros, como Edwin Feulner, presidente de la Heritage Foundation [8].

La propuesta dio lugar a audiencias en la Cámara de Representantes, el 19 de mayo de 2005. Al presentar el debate, Henry J. Hyde subrayó que todos, incluyendo los defensores de la ONU, están de acuerdos en lo tocante a la necesidad de una reforma. Afirmando que sentía apego por la institución, explicó que lo único que quería era poner fin al despilfarro y la corrupción. Sin embargo, a pesar de sus precauciones oratorias, no pudo dejar de atacar a la ONU al pretender que, desde hace décadas, esta se ve afectada por un violento antinorteamericanismo.

La redacción misma de la propuesta de Hyde corresponde a la de un ultimátum. Enumera 38 proposiciones y estipula que de no aplicarse 32 de ellas, Estados Unidos reducirá a la mitad su contribución financiera, establecida sin embargo por tratados internacionales, y se abstendrá de implicarse en toda nueva misión de mantenimiento de la paz. En pocas palabras, se obliga a la ONU a «someterse o dimitir».

Con una contribución fijada en 439 millones de dólares para 2006, Estados Unidos es el primer contribuyente de la organización ya que aporta el 22% del presupuesto. Para obtener obediencia, los congresistas estadounidenses apuntan por consiguiente al monedero de la ONU, siendo su principal idea que la contribución financiera de Estados Unidos debe financiar únicamente las acciones que cuentan con el apoyo de Washington.

También exigen la eliminación de 18 programas y agencias de la ONU, aunque aceptarían que éstos se mantuvieran mediante las contribuciones voluntarios de los demás Estados miembros. Por otro lado, la ONU no tendría en lo adelante la potestad de modificar su presupuesto durante el transcurso del año, de no ser mediante acuerdo unánime y bajo límites estrictos.

Al considerar que la administración de la ONU es deficiente y corrupta, Hyde exige la creación de una oficina independiente de auditoría (Independent Oversight Board - IOB) y de un Buró de Ética que se encargaría de evitar la aparición de conflictos de intereses entre los funcionarios internacionales.
Los republicanos subrayan de forma recurrente que los 128 Estados más pobres aportan, en conjunto, no más del 1% del presupuesto de la ONU y disponen, sin embargo, de un voto cada uno.

Pagar para financiar acciones que deciden los demás es algo que los republicanos consideran insoportable, razonamiento que viene a poner en tela de juicio el principio de igualdad entre los Estados miembros con el objetivo de instaurar, de hecho, un sufragio en función del volumen de la suma aportada al presupuesto.

La propuesta de Hyde se concentra esencialmente en la reforma de tres actividades precisas:
– Aunque Estados Unidos es uno de los firmantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no de los protocolos adicionales relativos a los derechos civiles y políticos así como a los derechos culturales y sociales, los congresistas estadounidenses no conciben que la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra y el Alto Comisariado puedan criticar al «país de la libertad» y relativizar las violaciones perpetradas por «Estados renegados».

Exigen, por consiguiente, que los Estados que hayan cometido faltas graves no puedan ser electos para ser miembros de esa comisión. Pero ¿quién se atrevería a decir que Estados Unidos es hoy por hoy uno de los Estados más criticables en la materia con su record mundial de población penal, su GULAG de Guantánamo y su práctica de la tortura?

– Como saben que la Organización Internacional de la Energía Atómica hizo resistencia ante los preparativos de la invasión contra Irak y que la está haciendo de nuevo ante la nueva aventura militar contra Irán, los congresistas estadounidenses tratan de despojar al Comité de Gobernadores de sus prerrogativas para transferirlas a un Comité de Expertos sobre el cual sería posible ejercer una influencia similar a la que ejercieron sobre los inspectores de desarme.

– Por otra parte, utilizando como argumento testimonios sobre crímenes cometidos por cascos azules en África y el Caribe, los congresistas estadounidenses tratan de limitar la utilización de fuerzas multinacionales que no estén bajo control de Estados Unidos, que se arrogaría así el papel de policía mundial.

Finalmente, con diversos pretextos, Hyde deslizó algunas ideas insólitas. Propone «reequilibrar» la importancia de Israel y de la representación palestina cortando los financiamientos de la División para los Derechos de los Palestinos (Division for Palestinian Rights), del Comité por el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino (Committee on the Exercice of the Inalienable Rights of the Palestinian People) [9], del Coordinador Especial para el Medio Oriente y de las ONG que se dedican al tema.

Más interesante aún, Hyde pide que Israel deje de ser considerado como un Estado del Medio Oriente y se convierta en un Estado de Occidente para que pueda unirse al mismo grupo de los países europeos y Estados Unidos.

Este panorama quedaría incompleto si no abordáramos la presentación, en el seno de la misma Comisión de Relaciones Exteriores, de una resolución proveniente de la representante Ileana Ros-Lethinen. Aunque el texto forma parte de la proposición Hyde, agrega una exigencia política explícita a su chantaje financiero.

Mediante su aprobación los congresistas estadounidenses pondrían como condición al pago de la cotización anual de Estados Unidos a la ONU la suspensión de todo Estado miembro cuyos embajadores se expresaran en términos contrarios a Israel dentro del recinto de la organización internacional.

El chantaje de los congresistas estadounidenses amenaza el funcionamiento de la ONU y, por ende, la carrera de sus funcionarios, algunos de los cuales podrían verse tentados a traicionar sus funciones para proteger su propio futuro. La defensa del derecho internacional no vendrá, por consiguiente, del seno de las administraciones internacionales sino únicamente de los Estados miembros. Sin embargo, nadie podrá neutralizar las presiones de Estados Unidos sin ser capaz de garantizar el equilibrio presupuestario de las Naciones Unidas.