Los derechos anulados de Los Cinco y su familia

¿Alguien creerá, realmente, que Olga Salanueva, esposa de René González, y Adriana Pérez, de Gerardo Hernández, tengan la intención de quedarse en aquel país, luego de todo el dolor y el daño causado por ese propio gobierno?

Olga pudo visitar los dos primeros años a su esposo en la prisión, pero luego fue deportada como forma de chantaje y venganza, porque René no quiso aceptar la infame acusación de que estaba espiando al gobierno norteamericano.

Fernando González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y René González, solo tienen cierta cantidad de minutos para hablar por teléfono con sus abogados, familiares y funcionarios cubanos. Las llamadas son grabadas todo el tiempo.

La correspondencia, otra vía de comunicación, está igualmente sujeta a la censura que impone la cárcel, además, es revisada.

El caso más grave es el de Gerardo, con quien, además, se viola la ley de la correspondencia legal, la cual establece que ésta debe ser entregada abierta o cerrada, pero delante de él, y le llega tardíamente y roto el sello sin su presencia.

Las madres de Tony, Fernando y René viven lo que constituye la larga espera. La de Ramón ya había fallecido hacía tiempo, pero la de Gerardo murió con el sufrimiento de que su hijo estaba preso.

Rosa Aurora Freijanes y Fernando, y Adriana y Gerardo, no tienen hijos, su edad fértil ha ido transcurriendo a la par del encarcelamiento de sus esposos.

Es muy difícil, porque no son dos meses ni dos años. Sus planes de crear una familia y de tener proyectos han quedado paralizados.

Los días siguen pasando. Las esperanzas se van acortando. Las personas se van poniendo mayores.

Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, expresó en una ocasión:

“Pedimos, exhortamos a los jóvenes y a toda la gente decente de este mundo, a que junto al reclamo de justicia por Los Cinco, continuemos exigiendo el derecho de Olga Salanueva a reunirse con René González, y de Adriana Pérez con Gerardo Hernández”.

Es que, como también ha señalado Alarcón: una persona privada de su libertad arbitrariamente, de forma ilegal, y a la que se violan todos sus derechos, está sometida a secuestro, y en este caso el secuestrador es el gobierno de Estados Unidos.

Las autoridades que fueron bien morosas en el proceso judicial, a la hora de presentar documentos y enviarlos a las instancias pertinentes, resultaron muy ágiles al sentenciarlos y encarcelarlos, y bien alejados unos de otros.

Fueron colocados por los más distantes parajes de la geografía norteña. Cada uno en prisiones de cinco estados diferentes, incluso separados al máximo de sus abogados.

Como ya se ha comprobado, y a diferencia de cualquier otro reo, ninguno ha contado con el derecho elemental de las visitas sistemáticas ni de sus representantes ni de sus familias.

Trece años después de su arbitraria detención, estos cicubanos continúan padeciendo igual situación.

Incluso ni al propio René ya fuera de prisión, le respetan el derecho de regresar a su casa y reunirse con la familia en el hogar. La libertad supervisada por tres años se lo impide.
Cuando el gobierno norteño niega las visas a Olga y a Adriana, alude como pretexto el juicio celebrado a sus maridos.

Toda persona que ha sido sometida a un tribunal es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Recordemos entonces que ellos ya fueron declarados No Guilty (no culpables), y anulada su sentencia por un tribunal de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito de Atlanta, instancia superior al que faliblemente los juzgó.

Ante la farsa legal, reconocida por los prestigiosos juristas norteamericanos, cabe preguntarse: ¿Sobre qué base les niegan, entonces, el derecho de Olga y Adriana a ver a sus esposos?